Voces

martes 13 abr 2021 | Actualizado a 04:05

Libertad de expresión y COVID-19

Resulta irreal pensar que una norma que prohíbe las noticias falsas evitará que se produzcan y difundan

/ 13 de abril de 2020 / 06:57

El Decreto Supremo 4200, del 25 de marzo de 2020, fue emitido por el Gobierno para hacer frente al COVID-19. Entre las medidas establecidas por este decreto están principalmente la cuarentena y un par de paliativos sociales, como las reducción de las tarifas de los servicios básicos y subsidios alimenticios.

Sin ser este su principal tema, en el Art. 13, numeral II, se dispone una medida relacionada con la libertad de expresión, la cual establece que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo, desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. Varios países en la región (Perú, El Salvador y Honduras, por mencionar algunos) han elaborado proyectos e incluso aprobado normas con el mismo tenor, orientado a evitar los daños que algunos contenidos publicados en internet puedan producir.

Ya conocemos que las noticias falsas y los procesos de desinformación pueden polarizar a las sociedades, producir alarma social, radicalizar discursos de odio, promover violencia digital, lastimar la cohesión social, entre otros resultados nocivos. Es indiscutible la necesidad de dar soluciones a problemas como estos. Sin embargo, pensar que una norma los resuelve puede vulnerar derechos humanos básicos como la libertad de expresión y ser poco efectivo.

Es irreal pensar que una norma que prohíbe las noticias falsas evitará que se produzcan y difundan. Es posible crear cuentas anónimas precisamente como reacción a una norma de este tipo, para poder seguir expresando libremente opiniones o generar disturbios en la opinión pública digital. Identificar la identidad de las cuentas es engorroso y toma tiempo, y en determinados caso es imposible.

Además, no es deseable. Una norma de este tipo desincentiva la libre expresión porque no hay claridad en ¿quién juzga qué es desinformación o generación de incertidumbre?, ¿qué es desinformación y qué no lo es?, ¿o qué grado de incertidumbre debe generar para iniciar el mencionado proceso penal? Por ejemplo, los informes diarios del progreso de la infección que emite el Gobierno generan nervios e incertidumbre en la población, porque no hay certeza del futuro. ¿Serían entonces plausibles de ser acusados bajo este artículo? Son algunas preguntas que requieren un debate social más amplio para poder llegar a soluciones complejas.

El Gobierno necesita calibrar el delicado equilibrio entre garantizar la paz social y dar todas las condiciones para un debate democrático y el desarrollo de internet como tecnología que favorece las libertades, incluso en un estado de excepción como el actual.

Eliana Quiroz, ciberactivista

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Facebook y los DDHH

/ 12 de abril de 2021 / 01:39

El 16 de marzo de este año, Miranda Sissons, directora Global de Derechos Humanos de Facebook Inc., presentó la Política Corporativa de Derechos Humanos de esa empresa que es válida para todas sus apps. Es la primera política empresarial de este tipo emitida por una plataforma digital, como se les dice de manera genérica a las empresas de redes sociales, mensajería instantánea, streaming o cualquier otro servicio que se da en Internet de manera masiva.

La directora ha expresado el compromiso empresarial con un sinfín de cuerpos legales de defensa de los Derechos Humanos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad, los Principios de Libertad de Expresión y Privacidad del Global Network Initiative (GNI) y los Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial, entre varios otros.

Sin duda es un enorme trabajo y un enorme cuerpo de principios al que se compromete Facebook y lo hará además con un fondo de apoyo a los defensores de Derechos Humanos en el mundo. ¿Por qué lo hace siendo que esto implica recursos y un esfuerzo importante de cambio en sus procesos empresariales?

Es una respuesta a presiones que viene recibiendo hace varios años acerca de vulneraciones de Derechos Humanos en sus plataformas relacionadas a libertad de expresión, privacidad, discriminación, discurso de odio, entre otros. Estas denuncias hicieron crisis con el escándalo de Cambridge Analytica que implicó el uso de millones de registros personales de usuarios y no usuarios de la plataforma para la supuesta manipulación de elecciones. Mark Zuckerberg confesó ante el Parlamento norteamericano que no entendía plenamente los efectos que su plataforma podría estar provocando en la democracia. Se dio cuenta de que se había metido en temas grandes y serios que necesitaban otro tipo de soluciones, no solo las tecnológicas.

Será interesante seguir el desarrollo de estas iniciativas que juntan dos mundos, el privado y el público; dos intenciones: la búsqueda de beneficios y la defensa de derechos.

Este debate y sus soluciones están en inglés, responden a la opinión pública de Estados Unidos y conversan con Asia y África en inglés, por el momento. Es de esperarse que algo más adelante lleguen a América Latina y conversen acerca de nuestras propias preocupaciones en castellano.

 Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Prontis y la pandemia

/ 29 de marzo de 2021 / 00:54

Uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 es la aceleración de la digitalización de nuestras actividades cotidianas, lo que hace que el acceso a internet con estándares mínimos de calidad resulte fundamental.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en colaboración con sus relatorías especiales, ha presentado una guía práctica que titula ¿Cómo promover el acceso universal a internet durante la pandemia de COVID-19? Esta guía menciona que “las comunidades indígenas, mujeres, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, entre otros grupos con necesidades específicas, están sufriendo limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales.” Es decir, las brechas digitales que ya existían se incrementan durante la pandemia afectando a las poblaciones que previamente estaban precariamente conectadas o incluso peor, desconectadas.

La guía también aconseja que los gobiernos deben acelerar las políticas de acceso universal a internet, ampliando la infraestructura que lo sostiene, facilitando el acceso a dispositivos idóneos y promoviendo la alfabetización digital. En Bolivia, el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis) tiene parte de la responsabilidad para aportar a la solución de este problema, la parte referida a la infraestructura de telecomunicaciones (la que permite llevar internet) en áreas rurales y alejadas.

El Prontis y Entel se hacen cargo —por decirlo de una manera excesivamente sencilla— de comprar antenas y tender fibra óptica para conectar a municipios rurales y lo han venido haciendo durante varios años, pero hay al menos un par de temas que requieren mejora en la gestión de este programa: 1) Falta de transparencia de su ejecución. Imaginé que los municipios que reciben la infraestructura conocen el Prontis, pero en contacto con algunas autoridades municipales, no suelen conocerlo aunque mencionen que les han instalado antenas e incluso que tienen fibra óptica a su territorio. Lo cierto es que nadie sabe del Prontis, ni reciben información de su ejecución. 2) La inclusión tecnológica no solo se logra con infraestructura de telecomunicaciones sino con alfabetización digital adecuada a las necesidades de cada grupo poblacional, que vendría bien que esté incluida entre las atribuciones de este programa, mucho más tomando en cuenta que cuenta con un presupuesto abultado y porque nadie en el Estado se encarga de esto.

Ya hemos cumplido un año de usar internet intensamente para reducir los efectos de la pandemia, pero no se conocen políticas de conectividad y alfabetización digital que resuelvan el problema de raíz.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Leyes de información y datos

/ 1 de marzo de 2021 / 00:42

En las dos últimas semanas se ha conocido que el Ministro de Justicia y la bancada de Comunidad Ciudadana han elaborado sendos proyectos de Ley de Acceso a Información Pública. Celebro ambas iniciativas que muestran el interés de dos posiciones políticas por ponernos al día en la garantía de derechos ciudadanos. Bolivia junto a Venezuela y Suriname. Si miramos a América Central, tres países más se unen a este triste grupo: Costa Rica, República Dominicana y Haití.

Es verdad que contamos con un Decreto Supremo 28168, la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Ley 341 de Participación y Control Social que dan algún marco legal para acceder a información pública, pero ninguna establece plazos obligatorios para que las instituciones públicas provean de información pública a la ciudadanía, por lo tanto, el acceso depende de la voluntad de cada funcionario que atiende estas solicitudes.

Este vacío legal lleva a desconocer las características de las políticas públicas que implementa el Estado y evita que la ciudadanía ejerza un rol de control social real y de coparticipación en las soluciones a los problemas comunes.

Hay mucho que conversar acerca de estos proyectos de ley pero ahora me quiero centrar en un aspecto, en una ley que es complementaria y que también viene recibiendo atención de parte de algunas instancias del Ejecutivo, de la Asamblea legislativa y de la sociedad civil desde hace unos tres años, es la Ley de Protección de Datos Personales. Este puede ser un buen momento para debatir y aprobar ambas leyes que tienen un enfoque común al ser garantistas de derechos.

Por un lado, la Ley de Acceso a Información Pública pretende garantizar el acceso a información de la gestión de gobierno y, si bien, los proyectos legislativos que se están elaborando no incluyen específicamente el acceso a datos abiertos —hasta donde sabemos—, es lógico que se incluyan porque son, digamos, un tipo de información pública.

Por otro lado, no sería correcto que cualquier persona acceda a datos personales de la ciudadanía poniendo como marco esta Ley de Acceso a Información Pública cuando se trate de bases de datos gestionadas por el Estado, eso vulneraría la privacidad de las personas. Entonces, se requiere una Ley de Protección de Datos Personales para preservar los datos de los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno y las empresas administran.

De esta manera, se legisla garantizando el derecho de las personas a acceder a información gestionada por el Estado y también se legisla para garantizar el derecho a la privacidad de la ciudadanía. Vamos a darle atención a ambas leyes y esperemos que efectivamente se debatan y aprueben en la Asamblea.

   Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. Blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Violencia política de género

/ 15 de febrero de 2021 / 00:27

La violencia contra las mujeres es estructural y hay una dura resistencia para reconocer que existe y de la necesidad de un cambio que permita que las mujeres tengan los mismos derechos políticos que los hombres y que no sean amedrentadas por ejercerlos.

En el mundo político es de suponer que estos esquemas machistas se expresen de maneras incluso más violentas y crueles. Los reportes del Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional y de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) proporcionan evidencia al respecto. Por esto, en 2012 se aprobó la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres que reconoce el problema del ejercicio violento de la política especialmente en contra de las mujeres. El objetivo de los agresores es evitar que las mujeres tengan poder en el espacio público y que no ejerzan sus derechos políticos.

Esta ley se elaboró y aprobó como reacción al asesinato de Juana Quispe, concejal electa del municipio de Ancoraimes. Es tremendo que se tenga que elaborar leyes porque la gravedad del problema tiene un pico con un asesinato.

La gama de acciones políticas violentas contra mujeres pasa por usarlas para que ganen una concejalía y después de unos meses o un año obligarlas a dejar el cargo a su suplente hombre, evitar que asistan a sesiones, amenazarlas con violaciones sexuales, insultarlas, ridiculizarlas, agredirlas físicamente y matarlas. Estas acciones violentas se expresan también en internet. El ciberacoso tiene el objetivo de denigrar la imagen de las mujeres políticas, las prácticas más comunes son compartir información personal sin consentimiento, organizar grupos de personas o bots para atacar y amenazar a las mujeres y a sus familias por diversos servicios de mensajería, entre otros.

Los videos sexuales íntimos de Jeanine Áñez y de Eva Copa que circularon el año y anteaño pasados como invitación a meternos en su intimidad, juzgarlas y usarlas como material pornográfico incluso tenían ese objetivo. Llama la atención que no exista ningún video de un político hombre con esos mismos fines. Que ambos videos hayan sido falsos, es decir, en ningún caso se trataba de las autoridades políticas, no exime la intención de denigrar y que sea un delito. Es injuria y es violencia política que tiene una pena de 3 a 8 años.

A pesar de los ejemplos, legislación y esfuerzos por combatir este triste aspecto de la vida política nacional hay personas que descalifican este fenómeno, niegan su existencia y su especificidad de género. La política es así ¿para qué se meten?, dicen. A las mujeres no nos corresponde estar en casa y dejar que la vida pública sea gestionada por los hombres.       

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Digitalizar la educación

/ 1 de febrero de 2021 / 00:01

El mayor reto de digitalización que la cuarentena ha impuesto a Bolivia es la educación virtual o educación a distancia. Y aún no ha sido resuelta, desde este lunes veremos si hemos logrado articular alguna opción que haga que los incrementados presupuestos que las familias dedican a conectarse a internet valgan la pena.

Es verdad que los matices del reto no se terminan con la conexión a internet, sino que se extienden a la imperiosa necesidad de mejorar las escasas habilidades digitales de docentes y estudiantes con fines educativos, a la necesidad de creación de espacios extracurriculares que refuercen los conocimientos trabajados en clase y abran la curiosidad a otros nuevos, e incluso al escaso volumen de contenidos educativos creados por el Ministerio de Educación, profesores y profesoras. Aún más complicado, un reto de modelo pedagógico: utilizar los espacios interactivos propios de internet para que estudiantes creen contenidos en el entendido que se aprende más haciendo que solo escuchando o leyendo.

En las últimas semanas, he estado conversando en El Alto, La Paz y algunas zonas rurales con docentes, padres y madres de familia, y con estudiantes. Todas las personas han hecho esfuerzos importantes para que las clases virtuales funcionen, pero hay permanentes quejas de cortes del servicio, de presupuestos elevados en compras de crédito para conexión, de desconocimiento del funcionamiento de las plataformas educativas, entre varias otras experiencias duras. Nos han contado algunas madres artesanas que han tenido incluso que pagar a técnicos para que les enseñen a usar Zoom porque querían apoyar a sus hijos e hijas en sus clases.

La presión está por todos lados. En el servicio Alexa.com que muestra los sitios web más visitados por país, los sitios de las universidades públicas de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija se hallan por primera vez entre los primeros 50 sitios web más visitados desde Bolivia y el sitio web del Ministerio de Educación está en el puesto 12. Es la primera entidad de gobierno que aparece en la lista.

La plataforma que el ministerio ha implementado tiene que dar servicio a 27.000 clases simultáneamente, se requiere un enorme ancho de banda y recurso técnico para estabilizar el servicio. Profesores no han recibido más que algunas charlas acerca del uso de recursos tecnológicos para la educación, hasta donde sé no ha habido una capacitación de creación de contenidos educativos. El reto es enorme y se lo tiene que enfrentar entre el Gobierno, los establecimientos educativos, docentes, padres y madres, y estudiantes.

De lograrlo, se consolidará el gran paso que nos vimos obligados a dar en inclusión digital el año pasado. Esperemos que se logre.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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