Voces

sábado 18 sep 2021 | Actualizado a 16:04

Libertad de expresión y COVID-19

Resulta irreal pensar que una norma que prohíbe las noticias falsas evitará que se produzcan y difundan

/ 13 de abril de 2020 / 06:57

El Decreto Supremo 4200, del 25 de marzo de 2020, fue emitido por el Gobierno para hacer frente al COVID-19. Entre las medidas establecidas por este decreto están principalmente la cuarentena y un par de paliativos sociales, como las reducción de las tarifas de los servicios básicos y subsidios alimenticios.

Sin ser este su principal tema, en el Art. 13, numeral II, se dispone una medida relacionada con la libertad de expresión, la cual establece que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo, desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. Varios países en la región (Perú, El Salvador y Honduras, por mencionar algunos) han elaborado proyectos e incluso aprobado normas con el mismo tenor, orientado a evitar los daños que algunos contenidos publicados en internet puedan producir.

Ya conocemos que las noticias falsas y los procesos de desinformación pueden polarizar a las sociedades, producir alarma social, radicalizar discursos de odio, promover violencia digital, lastimar la cohesión social, entre otros resultados nocivos. Es indiscutible la necesidad de dar soluciones a problemas como estos. Sin embargo, pensar que una norma los resuelve puede vulnerar derechos humanos básicos como la libertad de expresión y ser poco efectivo.

Es irreal pensar que una norma que prohíbe las noticias falsas evitará que se produzcan y difundan. Es posible crear cuentas anónimas precisamente como reacción a una norma de este tipo, para poder seguir expresando libremente opiniones o generar disturbios en la opinión pública digital. Identificar la identidad de las cuentas es engorroso y toma tiempo, y en determinados caso es imposible.

Además, no es deseable. Una norma de este tipo desincentiva la libre expresión porque no hay claridad en ¿quién juzga qué es desinformación o generación de incertidumbre?, ¿qué es desinformación y qué no lo es?, ¿o qué grado de incertidumbre debe generar para iniciar el mencionado proceso penal? Por ejemplo, los informes diarios del progreso de la infección que emite el Gobierno generan nervios e incertidumbre en la población, porque no hay certeza del futuro. ¿Serían entonces plausibles de ser acusados bajo este artículo? Son algunas preguntas que requieren un debate social más amplio para poder llegar a soluciones complejas.

El Gobierno necesita calibrar el delicado equilibrio entre garantizar la paz social y dar todas las condiciones para un debate democrático y el desarrollo de internet como tecnología que favorece las libertades, incluso en un estado de excepción como el actual.

Eliana Quiroz, ciberactivista

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Internet, acelerador de procesos

/ 13 de septiembre de 2021 / 01:40

La tecnología —Internet en especial— es un acelerador de procesos y al acelerarlos algunas veces cambian su naturaleza. Por ejemplo, si antes de Internet nos comunicábamos por carta, teléfono fijo, telegramas y télex, lo que nos permitía recibir entre cinco y seis mensajes diarios, con el avance de la tecnología ahora podemos fácilmente recibir 50, 200 o 500 a través de WhatsApp, correo electrónico y redes sociales, entre otros. Si bien continúa siendo el mismo fenómeno: enviar y recibir mensajes para reducir la entropía de significados, cuando el ritmo se acelera, el proceso en sí mismo termina cambiando su naturaleza para convertirse en una fuente de estrés y confusión.

Lo mismo sucede con la autenticación de identidad, es decir, la acción de demostrar la identidad ante un sistema o institución para recibir un servicio sea público o privado, digamos un bono o una apertura de cuenta bancaria. Antes del desarrollo informático de las últimas dos décadas, se realizaba esta autenticación en papel, era lenta e ineficiente, muchas veces las personas no tenían un documento de identidad o tenían varias identidades. Ahora, a pesar de las excesivas fotocopias de carnet de identidad que nos piden para hacer cualquier trámite, hay computadoras por detrás, se van construyendo bases de datos informáticas con los datos personales y al acelerarse está búsqueda incesante de datos se eleva el perfil de vigilancia y control estatal, y se pone en riesgo las libertades humanas: la privacidad, el derecho a reunión y protesta pacífica, entre otros.

Por esto, cuando se dice que cualquier fenómeno asociado a Internet “existió desde hace mucho, no es nuevo”, no solo se dice una obviedad, sino que se expresa un deseo de minimización y negación del impacto de la aceleración de los procesos y el cambio de su naturaleza debido a la tecnología.

Y esto es peligroso porque construye una burbuja donde se siente que los cambios son manejables y entendibles, y no se requiere cambiar nada porque no existen nuevos problemas.

La verdad es que, al cambiar la naturaleza de los problemas, varios ya no son manejables. La inteligencia artificial, el machine learning y los algoritmos que gobiernan las plataformas tecnológicas permiten a las máquinas crear nuevos procesos independientemente de los humanos, hasta el punto que existen inteligencias artificiales y algoritmos que funcionan de formas que ni sus creadores pueden explicar ya.

Se requieren varios tipos de medidas para darle forma a las nuevas tecnologías de manera que sirvan al ser humano y no dañen a la naturaleza: están las regulatorias, lideradas por los gobiernos idealmente en conjunción con otros actores del sistema; también las tecnológicas, principalmente promovidas por las mismas plataformas tecnológicas, aunque algunas empresas ya han comenzado a trabajar en soluciones regulatorias privadas también. Y están las iniciativas de monitoreo, transparencia y alfabetización digital, principalmente promovidas por la sociedad civil.

Un entendimiento de la complejidad de los problemas ayudará a que estas soluciones propuestas sean más acertadas y ayuden a construir mundos mejores.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Datos personales

/ 2 de agosto de 2021 / 00:44

En América Latina, 12 países cuentan con una Ley de Protección de Datos Personales. Ecuador la aprobó hace unos meses este año y otros como Argentina y Chile están revisando sus leyes que ya cumplieron 20 años para adecuarlas a los últimos adelantos tecnológicos, como los relacionados a la inteligencia artificial.

Bolivia tuvo un momento pasado en el que tanto sectores de la sociedad civil y de la academia como el ejecutivo del gobierno nacional, y las bancadas oficialista y de oposición en la Asamblea Legislativa, estaban impulsando proyectos de Ley de Protección de Datos Personales en debates de múltiples partes interesadas con intenciones de dar el siguiente paso hacia el debate parlamentario. Sucedió en 2018 y 2019. Las razones para identificar la necesidad de una ley de este tipo tenían que ver con dos principales razones: darse cuenta de que varios datos personales de ciudadanos y ciudadanas estaban en bases de datos públicos y privados en Bolivia sin ninguna regulación, aunque sí con reconocimiento institucional acerca de privacidad, por lo tanto, había la necesidad de garantizar este derecho, ya que la situación de falta de legislación abría la posibilidad de usos abusivos de estos datos. Por otro lado, para que las entidades de gobierno y las empresas privadas pudieran utilizar los datos personales para mejorar los servicios brindados a la ciudadanía, requerían de un marco legal que les indicara las reservas que debía tomarse debido a la naturaleza delicada de esos datos. Es decir, posibles mejoras de servicios como la simplificación de trámites se paraban por la ausencia de esta norma.

Ese proceso se truncó en 2019, pero los últimos meses se ha retomado con nuevos bríos como una iniciativa desde la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué regula este proyecto de ley?

Los datos personales son datos que pueden llevar a la identificación de la identidad de las personas y de características sensibles que podrían llevar, en el peor de los casos, a estigmatizaciones o discriminaciones como la identidad ética, sexual, preferencia religiosa o política, situación de salud, entre otros, como fue el caso del magistrado Cusi, de quien se develó su condición de salud relacionada al VIH.

Las innovaciones basadas en datos han acelerado el ritmo de uso de este tipo de datos incrementando también los riesgos de violaciones a la privacidad de las personas. Se dice que el nuevo petróleo de la economía global son los datos y si bien las grandes empresas tecnológicas son las que usan con mayor frecuencia este nuevo petróleo, los Estados y las empresas locales, como bancos y supermercados, también obtienen muchos datos nuestros.

Estamos a la expectativa del debate.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com.

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Municipios e Internet

/ 19 de julio de 2021 / 00:47

Los debates de política tecnológica no suelen incluir a gobiernos locales (municipales, departamentales, regionales y autonomías indígenas) en Bolivia. La dinámica de toma de decisiones de política pública de este sector está centralizada en los ministerios temáticos, la ATT y las empresas de proveedoras de servicios y alguna otra organización de carácter nacional.

Los territorios locales suelen recibir instrucciones que forman parte de políticas nacionales sin mucha información adicional. Uno de los principales roles de los gobiernos locales —y casi el único— ha sido gestionar permisos para la colocación de antenas de telecomunicaciones que habilitan la conexión a Internet para las poblaciones. Cuando se produjo la cuarentena, las instituciones públicas, nacionales y locales reaccionaron lenta e insuficientemente frente a la acelerada digitalización que impuso la pandemia en ámbitos críticos de la vida como son el trabajo, la educación, la gestión comercial y financiera, entre otros.

Sin embargo, hay algunos ejemplos del ámbito local dignos de mención. En el municipio de Villamontes se capacitó en uso de plataformas a profesores, se hizo préstamos de computadoras a estudiantes de bajos recursos y se estableció un centro de fotocopiado gratuito, mientras que en otros municipios como Copacabana se utilizó radio y televisión para clases a distancia para poblaciones sin conexión a Internet. Incluso se decidió dotar de chips con crédito para uso educativo en Yacuiba. La licitación no se concluyó porque el año escolar fue suspendido.

Es paradójico que esta baja capacidad de reacción haya sucedido justo ahora cuando hemos experimentado el salto más importante en tendido de fibra óptica, de 5.000 kilómetros en 2010 a 26.587,10 kilómetros en 2019. También provee evidencia para entender que se debe desarrollar una política pública más flexible y descentralizada.

Se abre un reto para las entidades nacionales acostumbradas a decidir roles para los gobiernos locales sin demasiada consulta. Son los gobiernos locales los que pueden desarrollar mejores soluciones de alfabetización digital, apoyo de comercialización virtual, teleeducación, desarrollo de redes comunitarias, entre otras funciones. Nuevos esquemas de gobernanza y toma de decisiones sensibles a la diversidad local serán necesarios.

Por otro lado, los funcionarios de entidades públicas locales tendrán que incorporar algunos conocimientos nuevos relacionados a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y contratar nuevos perfiles profesionales.

Sin duda es un nuevo horizonte en la política pública tecnológica que puede llevar a una mayor y mejor conexión de Internet para toda la población.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Linchamientos digitales

/ 21 de junio de 2021 / 01:59

Las últimas semanas estuve en contacto con las experiencias de varias periodistas que han sufrido durísimas represiones por sus reportajes en sus países. Un documental acerca de María Reesa de Filipinas, quien dirige el medio Rappler; entrevistas a Rana Ayyub y Neha Dixit, dos reporteras en la India; y la experiencia de Patricia Campos Mello, una periodista de Folha de Sao Paulo en Brasil, en su magnífico libro A maquína do odio.

Todas las periodistas cuentan la forma en que internet es usado para ejecutar linchamientos digitales en contra de ellas. Los mecanismos suelen ser masivos, duramente ofensivos, de contenido sexual, plagados de amenazas de violación y muerte contra ellas y sus familiares, y suelen ser ejecutados de manera abierta por los presidentes de sus países que al ridiculizarlas y hacer eco de las ofensas dan permiso e invitan a influencers que apoyan al oficialismo y miles de cuentas falsas y legítimas a violentar, ofender y amenazar de todas las formas posibles en espacios digitales a estas periodistas.

El fenómeno es diferenciado en el caso de las mujeres. Los periodistas también son violentados pero los argumentos usados son diferentes y la virulencia suele ser menor. En el caso de las mujeres, los ataques son claramente misóginos. En general, los comentarios hacen referencia al cuerpo o al aspecto de las periodistas, apuntan a las relaciones familiares o personales y cuestionan su rigor intelectual y sus credenciales profesionales. En todos los casos mencionados hay material gráfico e incluso audiovisual sexual trucado que se viraliza asegurando que se trata de ellas. Incluso se publica sus números de teléfono en páginas porno masivas para que clientes las contacten buscando servicios sexuales.

Un estudio de la International Women’s Media Foundation y TrollBusters muestra que en 2019 aproximadamente el 63% de las periodistas a nivel global han sido amenazadas o acosadas en línea. Entre las periodistas que trabajan en Estados Unidos y que han sufrido ataques en línea, el 78% sostiene que la cuestión del género fue un factor determinante para convertirlas en objetivo. Conozco en Bolivia a varias periodistas que también han sufrido este tipo de linchamientos digitales.

En época de desinformación y de disputa hegemónica de narrativas, las y los periodistas se ponen más en el centro del conflicto y en la mira de ataques violentos. Las periodistas son blanco más fácil por las estructuras machistas que caracterizan a nuestras sociedades. Esta es una situación que requiere una atención global y local pronta e integral. Una ley de protección de datos personales podría dar un marco de mayores garantías también en estos casos y ser parte de una solución.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Espacio cívico

/ 7 de junio de 2021 / 00:20

La organización Civicus realiza un monitoreo anual de libertades y derechos humanos en el mundo, mide tres derechos como indicadores de espacio cívico: libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y libertad de expresión.

El informe de 2020 muestra que la gran tendencia global es la restricción del espacio cívico, 87% de la población mundial actualmente vive en países clasificados como cerrados, represivos u obstruidos. En América Latina varios países han retrocedido en la garantía de derechos o ya tenían serias restricciones: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, México y Venezuela.

Algunas de las causas son las medidas para combatir la pandemia que crearon un contexto de emergencia sanitaria aprovechado por los gobiernos para imponer medidas restrictivas de los derechos humanos y si bien la declaración de emergencia sanitaria era necesaria, los estándares internacionales de derechos humanos aclaran que estas medidas deben ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, lo que no se respetó en la mayor parte de los casos.

Las tácticas más usuales para restringir libertades y derechos, según Civicus, son la intimidación, el acoso, los ataques a periodistas, la detención de manifestantes y el uso excesivo de la fuerza contra protestantes.

Además, para luchar contra la desinformación asociada a la pandemia se implementaron medidas de control de noticias y se tomó presa a gente bajo el cargo de desinformar. Esto último también sucedió en Bolivia durante el gobierno de transición y los decretos por la pandemia que incluían artículos contra la libertad de expresión que luego fueron anulados debido a la presión internacional de organizaciones de derechos humanos.

Lo que está sucediendo en Colombia las últimas semanas, lo que pasó en Chile antes de su referéndum, en Estados Unidos durante las protestas por el caso George Floyd o en Brasil con la difamación pública de las organizaciones de sociedad civil y la criminalización de activistas, todos estos casos, incluido el boliviano, forman parte de este fenómeno de restricción del espacio cívico que se extiende a espacios digitales con apagones de internet, ataques computarizados en redes sociales contra activistas y colectivos (lo que Facebook ha dado por llamar coordinated unauthentic behavior) o vigilancia estatal de civiles.

Sin duda, la situación es preocupante porque nos estamos acostumbrando a vivir con esas restricciones y las justificamos muchas veces como parte necesaria de la experiencia de la pandemia. No debemos olvidar que tenemos derecho a vivir con libertad y que el retorno al disfrute de una vida así debe ser uno de los objetivos colectivos.

   Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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