Puede parecer banal y hay quienes tratan de olvidarlo: ahora la Argentina es un país pobre, un país que tiene más del 40% de su población bajo la línea de pobreza. Dos de cada cinco argentinos son pobres; tres de cada cinco niños argentinos son pobres; uno de cada 10 argentinos pasa hambre. Más allá de dimes y diretes, idas y venidas, tales y cuales, pactos y pactitos, eso es lo que define.

Por esa pobreza Mauricio Macri perdió las elecciones. El día que asumió, hace exactamente cuatro años, prometió “pobreza cero” y pidió que lo juzgaran por cuánto reducía la cantidad de pobres. El balance es preciso: hoy hay casi 5 millones más que entonces. Semejante catástrofe social pudo producir cualquier efecto. En un continente en llamas, es casi milagroso que uno de sus países más inflamables no se haya incendiado. Lo salvó, supongamos, la combinación de dos elementos: un nivel de desazón y desesperanza extremo, que hizo que tantos creyeran que no había salida cercana, por un lado. Y por otro, unas elecciones que permitían enfocar las escasísimas expectativas en una dirección precisa (que para eso, finalmente, sirven estos actos).

Por esa pobreza una opción política que hace cuatro años parecía terminada, que desde 2013 venía perdiendo elección tras elección, que sufrió el juicio y la condena de algunos de sus dirigentes por corruptelas varias, ha vuelto a gobernar. O quizá no: ese es, ahora, un punto en debate. Porque, por esa pobreza, millones votaron a un raro rejunte de figuras políticas que hace unos meses estaban todas peleadas entre sí (y se decían cosas horribles), y que ahora se aliaron para hacer aquello que los peronistas hacen como nadie: conseguir poder. Por esa pobreza un abogado porteño sesentón, que acaba de contar en una entrevista que en abril su mayor aspiración política era ser embajador en España (“para descansar” y “dejar lugar a los más jóvenes”), fue nombrado candidato a presidente por su vicepresidenta y ahora tiene unos meses para mostrar qué tiene.

Alberto Fernández es un peronista clásico: uno que trata de quedar bien con todos los que puede, que intenta integrar a cuantos más mejor. Comparado con la rispidez de los discursos kirchneristas, su tolerancia y amabilidad funcionaron como un bálsamo, y así consiguió navegar con cierta calma la transición hacia su presidencia. Pero ya no será suficiente; es fácil decirle a cada uno lo que espera oír; es mucho más complicado contentar a todos cuando hay que definir qué se hace y qué no.

Por la pobreza, entonces, por la crisis, el nuevo Gobierno empieza con tres necesidades principales: devolver cierta esperanza a los que la perdieron, conseguir pronto algunos resultados económicos y sociales, y mantener la unidad de un frente interno muy complicado.

Sobre el frente interno se escribe sin parar: cada movimiento de cada Fernández (Alberto y Cristina) se lee, se relee, se interpreta con una meticulosidad digna de los divanes que supieron asolar Buenos Aires. Parece que es el aspecto que más atrae a los analistas políticos habituales; no parece ser el aspecto que más influirá en la vida de esos millones de argentinos en problemas. Los Fernández y los suyos se pelearán, se disputarán lugares, cada cual ganará y perderá espacios y poderes, y es probable que esas pequeñas victorias y derrotas no cambien gran cosa de las grandes cosas.

Si alguien todavía quisiera entender (¿por qué querría?) el sistema discursivo del kirchnerismo, la construcción de su identidad política, le alcanzaría con escuchar extractos de esta deposición de la nueva vicepresidenta, días atrás en uno de sus juicios. Ante el tribunal, Cristina Fernández, iracunda, desdeñosa, repite con creces una frase célebre de la izquierda latinoamericana: allí donde Fidel Castro decía “la historia me absolverá”, ella dice “a mí me absolvió la historia”. Pero, sobre todo, allí donde Castro la usaba para justificar su alzamiento en armas contra una tiranía, Fernández la usa para explicar el desvío de ciertos fondos del Estado. Las palabras se parecen, los hechos ni un poco —y ahí está la clave—.

Pero en esas peleas de palacio no se decidirá el rumbo económico y social de la Argentina próxima, lo que realmente importa: esos resultados que urge conseguir para sofocar posibles fuegos. Junto con la pobreza, otro efecto del gobierno Macri fue la constitución de una deuda externa desmesurada (solo este año vencen más de $us 60.000 millones) que el país debe encarar de algún modo. “No hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Para poder pagar, hay que crecer primero”, dijo Fernández en su investidura, confirmando la hipótesis dominante: que piensa pagar, pero no sabe cuándo, y eso es lo que le ha ofrecido al FMI.

Antes que nada, el nuevo Gobierno necesita recuperar la actividad económica. La crisis actual es despiadada. Algunas cifras permiten atisbarla. Unas son macro: el PIB argentino bajó en los dos últimos años un 11%, y la inflación de 2019 superó el 50%; otra, muy micro: en 2019 se publicó un 45% menos de libros que en 2016. Y otra, más decisiva: el consumo de alimentos bajó un 15,1%. No hay dinero, no hay actividad, la necesidad aumenta.

Por eso el nuevo Gobierno anuncia medidas para “poner plata en el bolsillo a los sectores más golpeados”. Se trata de reactivar el consumo con pequeños aumentos de las pensiones y los sueldos bajos para aliviar a los más apretados, dar sensación de que la crisis pasa, y conseguir que la economía vuelva a funcionar. El problema, como siempre en la Argentina, es cómo lograrlo sin disparar la inflación. El Ejecutivo dice que sabe cómo hacerlo; todos los anteriores también lo decían.

Queda entonces, mientras tanto, el tercer punto: la administración de la esperanza. El nuevo Presidente ha demostrado, por ahora, ser bueno para eso: su oratoria funciona. Los hechos, queda dicho, se le complican más. Un ejemplo reciente: aunque habla mucho de igualdad de género, su nuevo gabinete, con 17 ministros y cuatro ministras, no la cumple ni un poco; se parece bastante al viejo patriarcado peronista.

Pero, como suele pasar con los nuevos gobiernos, una buena parte de los argentinos está dispuesta a esperar que les mejore la vida. En este, por peronista, confían más los que más necesitan. Al peronismo siempre le resultó más fácil aplacar a los más urgidos: para eso sirvió, históricamente, desde sus principios. Sindicatos y barriadas le toleran más que a ningún otro. Pero esta vez la mayoría de las organizaciones que suelen ocupar las calles de las ciudades argentinas ya dijeron que su tolerancia con este Gobierno será breve.

La cuestión es —sigue siendo— esa pobreza: dos de cada cinco argentinos, la urgencia más brutal, y los millones de personas que no comen lo que necesitan. Por eso el nuevo Presidente habló mucho de esa necesidad: “Sin pan, no hay presente ni futuro (…); sin pan no hay democracia ni libertad”, dijo, y anunció el pronto lanzamiento de una gran campaña contra el hambre. Todo consiste en que ese plan consiga dejar atrás el asistencialismo clientelar y humillante que suele acompañar, en la Argentina, a estas iniciativas: que no vuelva a repartir limosnas.

Empieza un tiempo diferente; es una incógnita. El crédito del gobierno de los Fernández es limitado. Si no lo usan rápido y bien, la Argentina, un país pobre, puede dejar, más temprano que tarde, de mirar la hoguera sudaca desde afuera.

Martín Caparrós 

Es periodista y novelista. Nació en Buenos Aires,

vive en Madrid, es profesor en la Universidad de Cornell y

colaborador regular de The New York Times en español.

© The New York Times Company, 2020.

Un hombre frente al espejo, esta mañana. El hombre se mira la cara; los hombres mayores tratan de no mirarse mucho, esquivar los estragos del tiempo en sus caras. El hombre mira, sin embargo, hoy (hay algo extraño) por más tiempo esa cara que ya no es su cara: que se ha reproducido en miles de afiches, millones de boletas; el hombre mira la cara que en unos días va a estar en miles de retratos en miles de oficinas, cuarteles, hospitales. El hombre, en unos días, va a ser el presidente de un país.

El hombre lo cree y no lo cree. Hace unos meses era un político semirretirado que pocos recordaban. No hay muchos casos de aparición tan súbita, tan inesperada. El hombre va a mandar un país. El país está en crisis; el hombre debe estar lleno de sí, lleno de ideas, lleno de temores. El hombre, un suponer, está apurado: en un rato debe ir a ver al Presidente y, poco después, van a abrir los mercados. “Los mercados” es el eufemismo que se usa en la Argentina para nombrar a la Bolsa, los bancos y los grandes cambistas que rigen, a golpes de maniobras financieras, la vida del país, las vidas de sus ciudadanos.

Alberto Ángel Fernández, un abogado porteño de 60 años atildado y sonriente, recibió los votos de más de 12 millones de compatriotas (el 48%), que hicieron innecesaria la segunda vuelta. El mérito no fue completamente suyo: tras cuatro años de gestión errática, que terminará el año arañando el 60% de inflación y el 40% de pobreza, el rechazo contra Mauricio Macri, su adversario, fue una razón de peso. Sin embargo, su resultado fue menor que lo esperado: cuando los pronósticos auguraban 15 o 20 puntos de diferencia, fueron menos de ocho. En los últimos días, el miedo u odio al peronismo, la reivindicación del orden institucional y el recuerdo de las corruptelas le permitieron al macrismo repuntar y perder casi de manera digna.

Y aguarle la fiesta a su adversario: Fernández se imaginaba triunfador en todo el país, una fuerza de unificación avasallante, pero los resultados no acompañaron esa idea. Macri, pese a todo, le ganó en los cinco distritos más ricos: la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. La división sigue firme: los resultados son un mapa de las clases sociales argentinas, provincias pobres peronistas, liberales las acomodadas.

Es cierto, además, que la derrota de Macri sigue el modelo latinoamericano actual: muy pocos líderes, estos últimos años, lograron reelegirse. Los partidos gobernantes pierden elecciones porque millones de ciudadanos están insatisfechos y, sin muchas más opciones, caen en el ida y vuelta: votan a un partido, no funciona, votan a su rival, tampoco, votan de nuevo al primero, menos todavía. Hasta que, a veces, salen a la calle. Estos días en Chile, por ejemplo, el proyecto del presidente Sebastián Piñera (la “versión exitosa de Macri”) se derrumbaba en calles y avenidas.

Así que ahora en la Argentina la opción kirchnerista, que hace cuatro años parecía acabada, ha vuelto con renovados bríos. O quizá no. No se sabe, y es la gran intriga. Porque Alberto Fernández basó su campaña, breve y terminante, en convencer a millones de que lo que volvía no era el kirchnerismo, sino el peronismo. Son cosas muy distintas. El kirchnerismo es una forma política que se fue aislando cada vez más: se quedó con los incondicionales y fue excluyendo a todo el resto. El peronismo es, en principio, lo contrario: el arte de incluir más allá de cualquier lógica aparente.

El peronismo, que siempre derrota a los que intentan definirlo, es una máquina de concentración y conservación del poder que lleva 75 años dominando la escena política argentina; su metáfora básica es la bolsa de gatos. Ya lo decía su fundador, el general Perón: “Los peronistas somos como los gatos. Cuando nos oyen gritar, creen que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo”.

Su gran arte consiste en mantener a los gatos en la bolsa. La potencia peronista siempre estuvo en la coexistencia inverosímil de todo tipo de variantes; el kirchnerismo no lo supo entender y por eso (y por sus descuidos con el dinero ajeno) perdió dos o tres elecciones seguidas y estuvo a punto de desaparecer. Macri, con su incompetencia y su maquiavelismo de moqueta, le hizo el favor de mantenerlo a flote, pero fue el peronismo “albertista” el que le dio la posibilidad de volver al poder con su silogismo ya casi famoso: “Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza”. La frase sintetizaba dos hechos concurrentes: que la expresidenta retenía 30 o 35% de los votos, que la otra mitad de los votantes jamás la elegiría.

Alberto Fernández es un hombre que, a lo largo de su vida, cambió muchas veces de ideas. Hace tiempo encontró por fin este lugar donde casi cualquier idea puede encontrar el suyo. Y ha dedicado su campaña a tratar de convencer a cuantos más mejor de que está con ellos, prometerles lo que quieren oír: que él es uno de ellos, aunque también tiene que hablar con todos los demás para que sus proyectos salgan adelante.

Fernández sabe hacerlo y lo ha hecho en estos días con banqueros, sindicalistas, empresarios, luchadores sociales, terratenientes, obispos, cultureros varios. Pero es cierto que en campaña es, relativamente, fácil; la cosa se complica cuando el prometedor tiene que gobernar. Entonces debe tomar medidas efectivas y esas medidas favorecen a algunos, perjudican a otros. Por eso, por si acaso, Fernández insiste en que quiere empezar su gobierno con una especie de gran acuerdo nacional: todavía nadie sabe en qué consistiría, aunque se habla de precios y salarios y potenciar el papel del Estado y mejorar la situación de los más pobres.

Pero es cierto que no ofrece nada muy estentóreo. Sus propuestas intentan ser más o menos razonables, mesuradas; hay quienes se lo critican. Pero, frente a la gritería reciente, eso sedujo o tranquilizó a muchos. Mientras tanto, su proyecto económico no está nada claro (además, en la Argentina los proyectos económicos duran meses, semanas, hasta que la siguiente sacudida obliga a buscar otro).

El hombre, en su camino hacia la quinta presidencial donde lo espera el Presidente, recibe los primeros datos: el dólar no se disparó y, siguiendo la tendencia de los últimos días, la bolsa resiste. Parece que, por el momento, los capitales lo apoyan, confían en él (o que ya habían descontado su triunfo). No sabe cuánto puede durar; nadie lo sabe. Mientras, el hombre se maravilla de cómo ha cambiado su destino: ahora, pase lo que pase, estará en los manuales de historia. Hace unos días decía que su aspiración era modesta: “Devolver la Argentina a la normalidad, terminar con el ciclo de crisis tras crisis”. Parece poco y no hay nada, en verdad, más ambicioso: muchos ya fracasaron intentándolo.

Esta mañana, en cualquier caso, empiezan sus mejores días, sus peores. En este mes y medio de poder sin gobierno que le queda hasta la asunción podrá armar pactos, repartir promesas, conceder mercedes sin tener que confirmarlos en los hechos. Mientras tanto, el que pronto será su gran opositor seguirá en el Gobierno sin poder, capeando crisis, dividido entre su deber de sostener el país y su tentación de complicarle las cosas al enemigo que acaba de vencerlo. Para volver, eventualmente, Mauricio Macri depende de algo que, en la Argentina, siempre fue una buena apuesta: que al siguiente también le vaya mal. O sea: que al país le vaya mal. Es su única opción.

Antes, el 10 de diciembre, el hombre recibirá un bastón de mando, un sillón, vivas y vítores y abrazos y un país siempre a punto de quebrar. Entonces tendrá dos problemas principales. Deberá, para empezar, consolidar su poder dentro del peronismo: gobernadores, jefes sindicales, sectores económicos, caciques varios. Es fácil, en principio, para un presidente que maneja la mayoría de los botones; parece más difícil cuando se recuerda que quien lo nombró fue su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Para que el hombre consiga gobernar, el peronismo debe terminar de imponerse al kirchnerismo, su idea incluyente a la práctica excluyente de su vice, la componenda a la pelea.

El hombre, ahora, no quiere pelea; los argentinos, ahora, se diría, no la quieren. Para evitarla, el hombre debe mantener a todos los gatos satisfechos en la bolsa. En cuanto vacile, en cuanto falle, ese reino de taifas ambiciosas que es el peronismo respetará sus tradiciones y se alzará en su contra. Quizá pueda evitarlo, pero no será fácil. Si lo logra, solo le quedará el otro problemita: la Argentina.

* Periodista y novelista nacido en Buenos Aires y radicado en Madrid. Su libro más reciente es la novela "Todo por la patria. Es colaborador regular de The New York Times en Español. © New York Times News Service, 2019.

El 24 octubre, el Estado español sacó los despojos mortales de quien lo manejó durante 36 años, el generalísimo Francisco Franco, “Caudillo de España por la gracia de Dios”, de su tumba oficial en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Allí los había depositado, el 23 de noviembre de 1975, días después del anuncio de su muerte, el rey Juan Carlos, su heredero; allí estuvieron, en terreno sagrado y estatal, durante todos estos años.

La basílica es un adefesio monumental, coronada por una cruz de 150 metros que es, dicen, la más grande del mundo, y se ve a 40 kilómetros de distancia. La hizo construir el generalísimo en 1940 para agradecer a su dios su victoria sobre la República, y usó para eso mano de obra semiesclava: miles de prisioneros políticos tardaron casi 20 años en terminarla. El régimen de trabajos forzados era brutal; muchos presos murieron y fueron enterrados allí mismo, en tumbas colectivas y anónimas.

La muerte del dictador abrió, hace ya 44 años, la transición española hacia la democracia. Eran tiempos inciertos, y aquellos políticos decidieron que la posibilidad de caminar hacia adelante valía la pena de no mirar atrás. Todos, incluidos socialistas y comunistas, los grandes derrotados de la guerra y la represión posterior, decidieron dejarlas de lado. Los Pactos de la Moncloa suelen citarse como ejemplo de superación de rencores históricos; otros los consideran un triunfo cobarde del olvido.

Durante décadas nadie lo rompió: cientos de miles de víctimas de la guerra civil española seguían en fosas comunes y tumbas ignoradas, y el dictador, en la suya pomposa, y nadie decía nada. Hasta que, a fines del siglo pasado, descendientes de los muertos republicanos empezaron a preguntar, a buscarlos. No eran muchos; se inspiraron, en general, en los deudos de las dictaduras sudamericanas de los años setenta, con diferencias fuertes. En América, las que buscaban a los desaparecidos eran sus madres; en España, si acaso, sus nietos. En América habían pasado cinco o 10 años; en España, 50 o 60. En América, en general, los gobiernos militares habían dejado países más pobres, descontentos; en España, en cambio, había una sociedad más rica y satisfecha que prefería no pensar más en todo aquello.

Así que esos pactos del olvido tuvieron el apoyo de grandes mayorías. Es un caso interesante: ¿qué pasa cuando el derecho a la verdad histórica y la identificación de los restos choca con la convicción mayoritaria de que no conviene sacudir el avispero? ¿Qué tiene prioridad en democracia, la justicia o la voluntad general?

En 2007, un gobierno socialista promulgó la Ley de Memoria Histórica, que aceptaba las reivindicaciones de los deudos y prohibía los nombres y símbolos franquistas en calles y plazas, pero el caudillo siguió en su basílica. Eran pocos los que insistían en que los despojos de un dictador no podían reposar en un monumento público; nadie les hizo mucho caso. Hasta que hace poco más de un año, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió el poder con una maniobra parlamentaria y formó un gobierno provisorio.

Su posición era precaria: no tenía la mayoría ni la voluntad necesarias para producir cambios significativos, y decidió apelar a los símbolos emocionales: anunció que sacaría el despojo de Franco de su gran mausoleo. Su partido había gobernado 22 de los 41 años de la democracia española sin intentarlo nunca.

Hubo reacciones. La familia del dictador buscó —y obtuvo— el apoyo de la Iglesia católica para oponerse. Ambos pelearon para mantener a Franco bajo la cruz gigante. El proceso parecía detenido hasta que, hace unos días, el Tribunal Supremo dio por rechazados todos los recursos y habilitó la retirada del cadáver y su traslado al panteón familiar de El Pardo, junto a su esposa, en las afueras de Madrid: un lugar lo suficientemente retirado y controlable como para que no se vuelva un centro de peregrinación.

El partido socialista se precipitó sobre la ocasión: no podía llegarle en un momento más propicio. El 10 de noviembre tendrá que enfrentar nuevas elecciones generales —las cuartas en cuatro años— porque no quiso o supo formar gobierno tras su módica victoria de abril: aunque lo había prometido en la campaña, se negó a armar una alianza a su izquierda. Así, decepcionó o enojó a muchos votantes de ese sector; el retiro de los restos de Franco puede servirle para recuperar a algunos. Quizás aquí también el modelo fue latinoamericano. En Argentina, por ejemplo, los presidentes Kirchner utilizaron la condena de la dictadura para lavar sus pasados dudosos y mejorar sus alianzas presentes: para darle a su gobierno un barniz de izquierda que le sirvió para legitimarse y ganar votos.

Son los problemas de la “memoria”, como se llama en castellano sudamericano al recuerdo de las atrocidades cometidas por un régimen dictatorial. No hay nada más legítimo que recuperar y revisar esas historias; no hay nada más fácil, para ciertos gobiernos, que usarlas como material simbólico, con muy poco riesgo concreto, con muy pocos efectos sobre las realidades más estructurales.

España tiene muchos problemas —la degradación de la salud y la educación públicas, el desempleo de los jóvenes, el aumento de la pobreza, la incesante crisis catalana, la inacción del Gobierno— que esta administración no ha mejorado casi, pero ahora el presidente y candidato socialista, Pedro Sánchez, podrá decir que ha terminado con una injusticia histórica. Será verdad. También será verdad que, a esta altura, es un símbolo vacío de realidad.

Pero produce discusión, enfrentamientos. Franco llevaba 44 años muerto y enterrado entre sus mármoles y pocos se inquietaban: casi todos lo habían olvidado. Ahora, de pronto, se ha transformado en un tema de debate. Nada es más variable que el pasado. Está claro que la historia de un país es lo que los pueblos —y sus poderes— deciden, en cada momento, recordar. Y que esas decisiones son, siempre, un resultado del presente.

Incluso las estrategias planeadas con más cuidado pueden fallar. Si el Gobierno español no consigue resolver la crisis en Cataluña —y, al menos por el momento, no ha hecho nada al respecto—, la “Operación Franco” se perderá en este presente caótico tan complejo que es imposible apaciguarlo solo con maniobras políticas.

* Periodista y novelista argentino. Su libro más reciente es la novela ‘Todo por la patria’. Es colaborador regular de The New York Times en Español. © New York Times News Service, 2019.

Pensé escribir “hay palabras que engañan” y me encantó mi ingenuidad: las palabras engañan. Las palabras están hechas para engañar, para que cada quien escuche y lea lo que quiera, escriba lo que pueda, se enrede en ellas. Sabemos que las palabras engañan pero son lo que tenemos, las usamos. Y sabemos que todas lo hacen, pero algunas más o mucho más.

Las que más engañan, probablemente, son aquellas que alcanzan la cima y se transforman en lugares comunes. Definamos: se entiende por lugar común algo que se escucha sin pensar, que se acepta sin más reflexión. Nunca las palabras engañan más que cuando se transforman en lugares comunes: cuando, a fuerza de repeticiones, se convierten en un envase en el que cabe todo y cualquier cosa, una manera de decir nada para que cada quien escuche lo que quiera.

En eso se basa la política en tiempos de democracia encuestadora, que algunos llaman demagogia o populismo. Embarrados en una discusión política más confusa que nunca, más inquietante que nunca, creo que habría que empezar por repensar las palabras que usamos, cómo, para qué. Empezar a ponernos de acuerdo sobre ciertos sentidos. O, por lo menos, a cuestionar los que damos por ciertos.

Es un trabajo inmenso, por supuesto, que “excede los límites —otro lugar común— de este trabajo”. Pero hay ejemplos que lo muestran. Todos proclaman, por ejemplo, su férrea voluntad de construir “una sociedad mejor”. Hubo tiempos en que muchos creían saber cómo debía ser una sociedad para ser mejor: igualitaria, justa, abierta, decían, y algunos incluso la llamaban socialista. Tenían proyectos, los discutían, los proponían. Cuando las experiencias que se pusieron ese nombre terminaron de fracasar en Europa Oriental o en el Caribe americano, los que querían cambiar las estructuras de su sociedad se escondieron con el lugar común: queremos hacer una sociedad mejor, trabajamos para una sociedad mejor. Y los que no quieren cambiarlas descubrieron que no les costaba nada decir que querían una sociedad mejor, ya que nadie les pregunta cómo lo sería.

Así que seguimos escuchando a pusilánimes acomodaticios —lo que en política llaman “oportunistas” o “políticos”— que dicen que quieren construir una sociedad mejor sin ofrecer la menor explicación sobre sus rasgos, y seguimos sufriendo a descuidados que los siguen votando sin pedirles esa explicación. Lo prometo: al primero que se suba a un banquito y anuncie que quiere hacer una sociedad peor me lo llevo en andas por toda la ciudad. Pero no es probable que suceda.

A veces la palabra “sociedad” es reemplazada por la palabra “mundo”: queremos hacer/construir/conseguir un mundo mejor. La falacia se mantiene o crece: ya no es solo el orden social el que será confusamente optimizado; también lo será el mundo en su conjunto y, quién sabe, algún planeta próximo.

Del mismo orden es el uso de “la gente”. Se dice “la gente” —que algunos socarrones han transformado en un concepto y ahora escriben “lagente”— para no tener que definir quiénes integran ese colectivo. Lagente es otro refugio reciente; se podría definir como “un conjunto amplio y voluntariamente vago de personas que deberían compartir intereses y opiniones”. A diferencia de otros conjuntos sociales, lagente no tiene un proyecto propio. En realidad, es la depositaria de ese sistema de ideas que los medios y los políticos de la derecha suelen llamar la falta de ideología. Los medios y políticos de la derecha postulan que “ideología” es aquello que piensan sus enemigos, habitualmente situados más a la izquierda; lo que ellos piensan no lo es.

A lagente le pasaría lo mismo. Lagente no tiene “ideología”; tiene, por supuesto, ideas: el sentido común; lagente piensa lo que se puede pensar sin pensar. Lagente no tiene, tampoco, pertenencia política precisa. Lagente deberíamos ser todos, más allá de nuestra posición social; por eso los intereses de un patrón y su empleado serían los mismos: son parte de lagente. Aunque lagente también sabe excluir: en general, los marginales —los pobres de los barrios precarios, los delincuentes, los adictos varios— no forman parte.

Como lagente es un todo confuso, sin un proyecto claro, se le pueden atribuir tan variadas ideas y emociones. Lagente es el lugar común donde se pueden colocar todos los otros: el lugar común de los lugares comunes. Es un triunfo sin fisuras. Lagente, sin dudas, quiere “una sociedad mejor” (siempre que se parezca a ésta).

Y hay otros mecanismos. Están esas palabras que cuyo abuso no consiste en hacerlas vagas, exageradamente amplias, sino, al contrario, en reducir su significado para beneficiar al sector que lo consigue. Mi mejor ejemplo es “redistribución”. Se habla mucho de la necesidad de hacerlo, de redistribuir los bienes, las riquezas de un mundo ahogado en injusticias y en necesidad. Lo que nunca se dice es que hay una redistribución que sucede todo el tiempo, incesante, avasallante: que desde hace décadas los bienes y las riquezas del mundo son redistribuidos en beneficio de los que tienen más, que las grandes fortunas consiguen más fortunas, que si algo decisivo ha pasado en estos años es precisamente esa redistribución que no llamamos redistribución para que no se note.

Y algo semejante pasa con la inseguridad, otro tema central en estos días. Millones de mujeres y hombres asustados, sobre todo en América Latina, claman que necesitan más seguridad y dan sus votos a quienes podrían dársela —y encumbran dinosaurios, trilobites, triceratopos, trogloditas varios—.

La palabra inseguridad ha sido secuestrada por los violentos que pululan y, así, cuando se habla de inseguridad no se habla de la inseguridad de un trabajador que no está seguro de si conservará su empleo, la inseguridad de un padre o una madre que no están seguros de si alimentarán a sus hijos, la inseguridad de un ciudadano que no está seguro de si su gobierno le permitirá vivir como querría. Todas esas inseguridades se quedan sin palabra, tapadas por la inseguridad —horrible— de la persona que teme que la asalten o la maten. Y, así, nos convencen de que lo peor de nuestras sociedades no es ese desempleo o esa hambre o esas represiones, sino el crimen: que eso es lo que nos hace vivir inseguros, que ese es el principal flagelo de lagente.

Son, insisto, ejemplos: llamadas de atención, llamados a extremar la atención a las palabras. Que son, sabemos, herramientas de poder; vale la pena, en estos tiempos de poderes cada vez más extremos, tratar, al menos, de conocer sus herramientas, de mellarlas. Como decía el otro: si no podemos cambiar el mundo, empecemos por cambiar la conversación. Para eso, antes que nada, hay que pensar qué dicen las palabras.

En estos días los medios argentinos rebosan de la verba que dos señores más o menos presidentes (uno que todavía lo es, otro que pronto lo sería) derrochan para intentar torcer o enderezar esos destinos. Los dos se han pavoneado tanto que sabemos que sus palabras valen poco: son previsibles, miles de veces dichas, más veces traicionadas (pero seguimos jugando al juego de escucharlas).

Y, mientras, por detrás, casi callando, el azar escribe historias verdaderas. No hay mejor relator que el azar; no hay, sin duda, ninguno más feroz. Tres momentos aparecieron esta semana en la prensa argentina: entre los tres construyen, como al descuido, un retrato despiadado de la patria.

i) El señor llevó su coche o carro a un taller para un arreglo menor: necesitaba cambiar los silenciadores del caño de escape o tubo de escape o exosto, una cosa de nada. Su coche o carro era un tremendo Mustang rojo, casi nuevo, importado, en un país donde los coches o carros importados cuestan mucha plata.

Cuando lo vio, el mecánico se entusiasmó: no sabía hacer ese arreglo, pero no quería perdérselo, así que le dijo al dueño que se lo dejara y mandó a su empleado, un muchacho de 25 años, a llevarlo a un taller donde sí: ya sacaría una diferencia. El muchacho fue al segundo taller; le dijeron que volviera en una hora. Entonces, impresionado por la tremenda máquina que estaba manejando, impresionado sobre todo por la imagen de sí mismo manejándola, decidió que tenía que mostrársela a un amigo. Lo subió, salieron a pasear, se entusiasmó, se creyó más allá, se le trabó —diría después— el acelerador y terminó estampando el Mustang contra una pared. Las fotos muestran un juguete roto, un cúmulo de errores.

Uno simuló que podía hacer algo que no podía; otro quiso hacer algo que no sabía. Entre los dos lograron estrellarlo. El muchacho no tiene, faltaba más, forma de hacerse cargo de los efectos de su vanidad. El coche cuesta lo que ganaría, con suerte, en unos 30 años de trabajo. La respuesta, tan criolla, es “Uy, carajo, me metí en un kilombo, ahora qué hacemos”.

ii) La mujer tiene 36 años, una carrera de economista en pleno ascenso, artículos, cursos, asesorías, convicciones muy firmes. Tanto que, desde hace unos meses, se integró a un partido de la derecha pura y dura: lo encabeza un José Luis Espert, también economista, que propone bajar impuestos, privatizar pensiones, limitar el derecho de huelga, defender a cualquier precio la sacrosanta propiedad privada.

La mujer es simpática, habla bien, y el jefe del partido le propuso ser candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos días compraba provisiones en un supermercado de su barrio, clase media alta, cuando un guardia vio algo sospechoso y la paró. La revisaron: su carrito de las compras tenía, cuidadosamente armado, un doble fondo. Allí la mujer había escondido varios chocolates, jamón, queso, un gel facial, un cepillo de dientes y una pasta. La llevaron a la comisaría y tuvo que reconocer su delito y, sobre todo, que lo había preparado: el doble fondo era una prueba contundente. La condenaron a hacer trabajos de caridad cristiana. Su jefe tardó un par de días en echarla; sus compatriotas, mucho menos en reírsele en la cara.

Es demasiado fácil hablar de la distancia entre los dichos y los hechos: la feroz defensora de la propiedad decidida a quebrarla por tan poco. Más impresiona ese tan poco: que alguien se arriesgue a perder todo o casi todo por unos chocolates, por un poco de comida y una crema. ¿Por el gusto de vivir en el borde o por esa confianza de que nunca nada va a tener castigo? Hay personas (hay países) que lo hacen una y otra vez, como si no aprendieran.

iii) El hombre tiene 49 años y llevaba casi 15 trabajando de odontólogo: empastes, extracciones, implantes inclusive. Su esposa también era dentista. Juntos atendían un consultorio bien plantado, coqueto, en un barrio acomodado de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Mantenían una casa bonita y suburbana, cuatro hijos, sus gustos y placeres, su prestigio. Hace unos días una de sus pacientes fue a quejarse al Colegio de Odontólogos: de 10 implantes que el doctor le había colocado, ocho se le movían o se le habían caído. Cuando buscaron su registro descubrieron que no estaba inscripto.

Era, sin embargo, un tipo serio. Quince años antes había organizado una gran fiesta para celebrar su título —que nunca había obtenido—; se aprendió algunas técnicas y empezó a ejercer. No le fue mal. Consiguió sostener a su familia, hacerse una posición, impostar una vida, engañarlos a todos: engañarlos a todos. Cuando lo descubrieron, su mujer publicó un texto en Facebook (posteado a las dos de la mañana) donde cuenta que él no le dejaba ver sus certificados y diplomas so pretexto de que ella “se los desordenaba”, y que es “una víctima más, totalmente ajena a la ilegal actuación de mi ahora exmarido”: que ella y sus hijos “no somos culpables de nada, solo víctimas de un manipulador, mitómano y estafador”.

Debe ser bruto descubrir de pronto que la persona con quien has pasado muchos años, tenido hijos, imaginado planes, no es el que decía —pero sucede con frecuencia; no tan claro, no tan feroz, pero sucede—. Debe ser raro descubrir que tu médico no lo era: de pronto, toda esa estructura de controles que cada Estado supuestamente garantiza tambalea, la confianza de los ciudadanos tambalea, el papel del Estado tambalea. Y, por fin: debe ser duro vivir sabiendo que te pueden descubrir a cualquier hora; debe ser tanto más trabajo que estudiar y recibirse de dentista, pero hay personas —hay países— que, se diría, lo prefieren.

No hay moraleja —ya hay suficiente moraleja—. Son historias, azares. En estos días se estrenó una serie sobre la vida difícil de Carlitos Tévez, futbolista un poco mítico de Boca, en sus inicios: su barrio marginal, sus amigos ladrones, sus tentaciones, sus peligros. En la serie aparece su amigo más amigo, un muchacho del barrio que se mató cuando lo iba a agarrar la Policía (que lo quería matar porque él había matado a uno de ellos). El muchacho tenía 17 años, se llamaba Darío Coronel y ahora todos dicen que jugaba mucho más que Tévez. Como nunca terminó de ser, como fue solo una promesa trunca, quedó como el mejor: lo que podría haber sido.

* Periodista y novelista argentino, su libro más reciente es la novela ‘Todo por la patria’; profesor en la Universidad de Cornell y colaborador regular de The New York Times en Español. © 2019 The New York Times Company.