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jueves 1 oct 2020 | Actualizado a 00:26

Derecho a la información y COVID-19

Bregar por el cumplimiento del derecho a la información sembrando certezas es también una manera adecuada de combatir la pandemia

/ 24 de abril de 2020 / 06:05

Empiezo con una certeza tan básica como importante en este momento: ninguna pandemia pone en suspensión todo lo establecido en la Constitución Política del Estado, más aún en lo que refiere a los derechos y garantías constitucionales que protegen a las y los ciudadanos del accionar del Estado. Uno de éstos, que data de hace una década en nuestro marco normativo, es el derecho a la información, que además de estar inscrito en el Art. 106 de la CPE, se encuentra garantizado mediante su Art. 21, que señala que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”; además de estar establecido en varios convenios y tratados internacionales ratificados por Bolivia.

En tiempos de pandemia este derecho parece aún más vulnerable que antes, cuando las acciones del Estado son realizadas en medio de un escenario altamente volátil, incierto y cambiante a medida que pasan los días. Es cierto que, con la gran cantidad de acciones que deben realizar los gobiernos de todos los niveles, es altamente complejo recoger, sistematizar, analizar y comunicar la información pública que se genera en torno a todo el accionar estatal. Las y los periodistas que conocen a detalle las varias y continuas trabas que se han generado históricamente desde instancias públicas para brindar información, que es de todos, afrontan hoy más limitaciones en su trabajo diario, lo que se suma a las dificultades para la consecución de esta información.

En general, la ciudadanía no está cegada ante lo que ocurre. Sabemos que esta emergencia sanitaria es global, que existen confrontaciones entre los países por conseguir insumos sanitarios para afrontarla; y entendemos, con claridad, que no existe gobierno en el mundo que estaba preparado para una amenaza de esta envergadura. Aun conociendo todo ello, hay demasiada información pública que no se está comunicando oportuna y adecuadamente. Hay cambios de autoridades y técnicos en medio de la pandemia que no se conocen puntualmente y simplemente “ocurren” de un día para otro. Hay intervenciones y acciones sobre las cuales se solicita documentación de respaldo administrativo y se termina encarando políticamente estas solicitudes.

Los funcionarios públicos declaran que llegarán al país insumos (equipos de bioseguridad, reactivos, respiradores, UTI) en “una semana”, a “fin de mes”, en “15 días”; pero estos nunca llegan. Se señala que habrá evaluaciones y conferencias en determinados días y horas; y los días no llegan y las horas no se cumplen. Instructivos y protocolos que son de suma importancia en este tiempo tienen que “filtrarse” en vez de ser puestos a disposición de la prensa y la ciudadanía. Tenemos cuentas en redes sociodigitales de instituciones gubernamentales que transitan entre el “hackeo” continuo y las recetas de panqueques de chocolate, en vez de encarar con transparencia las acciones de gobierno. 

La burocracia estatal, en todos sus niveles, cuenta con una potente estructura comunicacional que debiera tener como principal fin el transparentar la información pública de las acciones gubernamentales. Uno de los principales signos de esta emergencia es el nivel de incertidumbre que inyecta en los hogares y la sociedad. Aunque las noticias sean malas, bregar por el cumplimiento del derecho a la información sembrando certezas es también una manera adecuada de combatir la pandemia.

Verónica Rocha, comunicadora social

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Campañas electorales digitales II

/ 25 de septiembre de 2020 / 03:20

Esta serie de apuntes sobre las campañas electorales digitales iniciaba bajo el supuesto de que un proceso electoral realizado en medio de una pandemia iba a imprimir un cambio sustantivo en las formas de hacer campaña y propaganda por parte de los partidos políticos y la ciudadanía. Este escenario cambió inesperadamente cuando a días del inicio del periodo de campaña electoral se determinó, desde el Gobierno, una flexibilización de la extensa cuarentena que atravesó el país desde marzo.

Tras tres cambios de la fecha de votación producto, precisamente, de que el escenario de la pandemia empeoraba esta flexibilización de la cuarentena —sobre todo durante el periodo de campaña y propaganda— resultó una novedad inesperada. Con todo, aún se podía mantener en pie la hipótesis de una sobredigitalización de las campañas puesto que aún son obligatorias las medidas de bioseguridad en toda actividad.

Históricamente, la penetración de Facebook ha sido tan alta en el país que se la conoce como la red sociodigital más usada en Bolivia desde que se tiene registro de su uso. Así, esta red se ha constituido en una plataforma para campañas electorales de manera más clara durante los procesos democráticos de 2014, 2015 y 2016 en el país. No obstante, en 2018 Facebook atravesó por un complejo escándalo que develaba la influencia de las tecnologías de información y comunicación en el desempeño de las democracias y en los resultados electorales. Este punto de inflexión obligó a esta empresa a buscar la forma de implementar mecanismos que permitieran transparentar los recursos que se invierten en esta plataforma para promover contenidos políticos. Así nació la herramienta denominada Transparencia, mediante la cual se hacen públicos para consulta los datos de administración de anuncios pagados en páginas de contenido político. Aunque esta funcionalidad existe desde 2018, Facebook comunicó su disponibilidad para el país a poco de arrancar este periodo de campaña electoral 2020.

A casi una semana de iniciado el periodo de propaganda se pueden evidenciar algunos apuntes que son importantes al momento de generar hipótesis en torno a lo que es el desarrollo de las campañas electorales digitales, al menos en Facebook, por ahora. Un barrido a las páginas verificadas de las siete candidaturas presidenciales en carrera, muestra que tres de ellas comparten su administración desde otros países: la página de Luis Arce cuenta con siete administradores de Argentina, la de Jorge Quiroga tiene tres administradores en Estados Unidos y la de Carlos Mesa tiene un administrador en México. Además de ello, esta herramienta permite ver la cantidad de mensajes pagados que han circulado en esta red desde el inicio del periodo de propaganda, destaca la cantidad de mensajes “posteados” por Quiroga (67), seguido por Mesa (12), Chi Hyun Chung (3), Camacho (2) y, hasta la fecha, no se ha pagado por la difusión de ningún mensaje desde la página de Arce. Ojo, existen algunos casos de mensajes pagados previos al inicio del periodo de propaganda. Desde las páginas verificadas de los partidos políticos no se emiten estos contenidos, se los difunde preferentemente desde las cuentas de los presidenciables.

Preguntas. ¿Los candidatos están empezando tarde, no cuentan con presupuesto o no las están contemplando en su estrategia? Lo cierto es que lo que sí se ha visto bastante son los clásicos mecanismos de campaña “de tierra”, es decir: caravanas, concentraciones, proclamaciones y caminatas. Actividades cuyo éxito depende de una gran cantidad de adherentes, todo un riesgo en pandemia. Así, hasta ahora, la paradoja de las campañas en medio de una pandemia.

Verónica Rocha es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Campañas electorales digitales I

/ 11 de septiembre de 2020 / 04:09

Apenas seis años han transcurrido desde que las campañas electorales digitales comenzaron a prefigurarse como tales en nuestro país. La investigación Comicios Mediáticos, realizada tras las elecciones generales de 2009 y 2014 pudo evidenciar que si bien en 2009 hubo algunos esfuerzos por utilizar espacios digitales para las campañas de entonces, fue un hecho marginal. Así, se puede considerar que el año 2014 fue en el que las plataformas digitales fueron consideradas como verdaderos espacios de realización de campaña electoral por parte de las organizaciones políticas, esto acompañado de la legitimación de los mismos por parte de medios de comunicación y ciudadanía. Salvo puntuales excepciones, de manera general la clase política había llegado tarde al ciberespacio, años antes las y los cibernautas ya transitaban los escenarios digitales intentando conocer y documentar sus características, usos y beneficios. Luego de un buen tiempo de escepticismo se les unieron las y los periodistas.

Con todo, aún en 2014 (e incluso en 2015) se mantenía —con algunas reservas— la mirada tecno-optimista sobre el ingreso de estas nuevas plataformas de comunicación a las arenas de la política institucionalizada. Desde entonces la forma de entenderlas cambió aceleradamente, sobre todo durante el desarrollo de campañas electorales entre 2016 y 2018, en las que tanto en Bolivia como en el mundo la mirada en torno al uso de redes sociodigitales en campañas electorales terminó constituyéndolas en una posible amenaza a los procesos democráticos.

Elecciones anuladas el pasado año y pandemia de por medio durante todo este año, se ha tendido mucho a calificar prematuramente a esta campaña 2020 como el año en que presenciaremos la campaña electoral digital por excelencia. Sea por el camino avanzado en breve tiempo, por el aumento lógico (aunque aún lento) de los niveles de conectividad en el país o porque la pandemia nos ha llevado a “digitalizar” abruptamente muchos aspectos de nuestras vidas y tendremos elecciones en medio de ella.

Es difícil pensar qué estaría ocurriendo en este momento si aún se mantuvieran las estrictas medidas de confinamiento establecidas hasta hace pocos días producto de una larga cuarentena, pues lo primero que se pensaba hasta el pasado mes cuando se trataba de ensayar las características de esta campaña electoral era en su digitalismo. La sorpresiva flexibilización de una mermada cuarentena aún dejaba sobre la mesa la duda en torno a cómo las campañas iban a ser encaradas; no obstante, la población ha atestiguado desde el pasado domingo que pese a los riesgos que todavía implica la aglomeración de personas, nuestra política pareciera aún no estar preparada para abandonar del todo las calles.

Si bien las campañas electorales digitales ya habían arrancado mucho antes del 6 de septiembre en las redes sociodigitales ante la mirada de todos, lo cierto es que será seguramente durante lo que resta de estos 45 días de campaña y 30 de propaganda, los que nos servirán para comprobar cuán cierta es la hipótesis de que estamos ad portas de vivir la campaña electoral más digitalizada de nuestra historia democrática. Mientras tanto, lo crudamente cierto es que la mirada con la que se la espera desde la ciudadanía puede estar siendo más bien tecno-pesimista. Habrá que ver pues si, al final del proceso electoral, esta campaña habrá posicionado más conceptos como posverdad, desinformación, noticias falsas y manipulación; u otros como interacción, participación, propuestas y voto informado.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Pedagogía electoral, tarea conjunta

/ 28 de agosto de 2020 / 02:15

A pesar de lo erosionada que se encuentra nuestra democracia, se puede afirmar (hasta que se demuestre lo contrario) que Bolivia aún goza de una saludable cultura del voto que ha permitido que entendamos a la jornada de votación como una fiesta democrática. Habiéndose retomado por segunda vez el calendario electoral pendiente para el desarrollo de las elecciones generales 2020 pareciera ser que, en esta ocasión y casi sin tránsitos, se ha dejado de lado el debate ciudadano en torno a las complejidades que demandará llevar adelante una votación en medio de una pandemia para adentrarnos de lleno en otros temas colaterales al proceso electoral como tal.

Así, lo que parece ocurrir en el siempre dinámico espacio de la opinión pública y publicada es que aún por fuera del periodo permitido por la norma, las campañas electorales han comenzado y parecieran avanzar sin pausa rumbo a que el posicionamiento de discursos, sucesos de campaña y, ojalá, propuestas programáticas vayan copando progresivamente las agendas informativas y de opinión.

A ello se suman las no pocas demandas de acción al Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde partidos políticos, comités cívicos y ciudadanía organizada por vías digitales que incluso llegan a exigir acciones que exceden los alcances de este proceso electoral pero que la institución deberá asumir explicando y transparentando en aras de afianzarse como el único poder estatal con la capacidad de generar espacios de encuentro, en medio de nuestra tensa coyuntura.

En suma, parece ser que la importante cantidad de cambios logísticos electorales que experimentaremos por vez primera el 18-O corren el riesgo de permanecer tras bambalinas de la avalancha de hechos que se irán desarrollando en las siete semanas que aún le preceden a la fecha de votación, donde se jugarán principalmente intereses político partidarios de poder.

Por el otro lado, en muestra de que las actividades preparatorias avanzan, el TSE aprobó esta semana el protocolo de bioseguridad que guiará el accionar de los múltiples actores institucionales y ciudadanos encargados de garantizar el éxito de la jornada electoral.

El mencionado documento consigna 51 medidas sanitarias, distribuidas en siete actividades concretas que tienen lugar en el proceso electoral y especialmente durante la jornada de votación. Las medidas de bioseguridad que se han establecido permitirán garantizar el incremento de recintos, la ampliación por una hora del horario de votación, la restricción de actividades comerciales cerca de los recintos, dos horarios para la votación diferenciados por terminación de los carnets de identidad, el sorteo de jurados exclusivamente entre ciudadanos de entre 18 y 50 años, la orientación a las y los electores, y el uso obligatorio de  barbijos y lentes de protección durante la jornada de votación. 

La adecuada implementación de estas medidas será el ingrediente determinante que permitirá que la ciudadanía acuda a ejercer su derecho político resguardando simultáneamente su salud y, como todas las medidas de bioseguridad relativas a la prevención de la COVID-19 que hemos ido implementando los últimos meses, tendrán su éxito garantizado solamente si toda la comunidad las conoce y practica adecuadamente.

Así, a la ciudadanía democrática interesada en que las elecciones se realicen de la manera más segura, organizada y transparente posible le corresponderá constituirse parte activa de un acelerado y complejo proceso de pedagogía electoral que permita que las innovaciones logísticas sean adecuadamente conocidas e implementadas y que su éxito le pueda ganar a la desinformación propiciada desde los ojalá pocos flancos interesados en no llevar adelante las elecciones.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Binarismo simplificador

/ 14 de agosto de 2020 / 01:58

En periodo electoral es común evaluar todo hecho político mediante el balance en torno a las “ganancias” y las “pérdidas” que cosechan las fuerzas políticas institucionalizadas que pugnan por el voto, con especial énfasis en aquellas que encabezan la preferencia electoral. De hecho, este análisis de tipo político es moneda corriente en la mayoría de los espacios periodísticos y mediáticos. Así, son periféricos los análisis de tipo sociológico o cultural en torno a nuestra agenda política cotidiana, se trata de una omisión muy normalizada en el ajetreo mediático y que, como resultado, deja por fuera la valiosa pregunta en torno a qué gana y qué pierde la sociedad (como tal) en estos hechos políticos.

Las causas y consecuencias de que una de nuestras ventanas al mundo esté configurada de esta manera, sea por la volatilidad de nuestra política diaria o sea porque vivimos en una sociedad altamente politizada nos lleva inevitablemente a una simplificación de la realidad que se torna muy riesgosa para nuestra convivencia democrática. De ahí que resulta bastante fácil y simplista dividir la política viva de este país en clave binaria: aquellos de absoluta bondad contra los de inconmensurable maldad. Y es que es así cómo desde buena parte de los partidos políticos se construyen estos relatos, fruto de posiciones dogmáticas propias de instituciones verticales y patriarcales. Para corroborarlo, basta mirar un poco el escenario de las vocerías y fuerzas políticas hasta encontrar a quienes se muestran más reactivos ante las corrientes autoritarias y que suelen ser quienes mejor han aprendido y replican esa forma de mal entender la democracia.

Volviendo a la sociedad, lo cierto es que pareciera ser que la imposibilidad de leer sociológica, cultural o políticamente (por fuera de la política formal) a la sociedad boliviana nos lleva a elaborar y manifestar nuestros (pre)juicios en torno al comportamiento de los otros con base a estos parámetros propios del campo político institucional; que, ya se dijo, actualmente están establecidos de forma plana y binaria. Es así que un desaforado discurso de un Comité Cívico tienda a asociarse directamente a la totalidad de una ciudadanía calificada como “pitita” o que un intransigente pliego petitorio de una organización sindical tienda a ser asociado directamente a la totalidad de una ciudadanía calificada como “masista”.

Esta forma sesgada de leer la política que se hace desde la sociedad permite que las manifestaciones propias de grupos sociales con intereses y agenda propia sean reducidas a adjetivos que nacen en los relatos de la política institucional confrontada. Esto hace que se tienda a eliminar definitivamente su complejidad y, al hacerlo, se cancele la necesidad de su comprensión.

El tiempo ha demostrado que casi a toda generación de bolivianas y bolivianos le ha tocado mirar(se) al espejo para resolver las grietas sociohistóricas que comúnmente salen de debajo de la alfombra cuando no se resuelve o gestiona adecuadamente lo que es la bolivianidad y la democracia. Y aunque la historia nos encuentre hoy bastante cansados de hacerlo una vez más, es necesario que encontremos las formas de renovar las preguntas antes de acudir a respuestas pre fabricadas, descubramos las formas creativas de dialogar antes de recurrir a instancias agotadas en su recurrencia, (re)inventemos el espíritu democrático que nos permita no solo tolerarnos sino entendernos y, sobre todo, usemos con templanza y buena fe el pasado común para visualizar un futuro.

Verónica Rocha es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Orfandad y extravío

/ 31 de julio de 2020 / 02:39

Al momento en que la agenda pública del fin de esta terrible semana transita entre la difusión en internet de un video denigrando a una autoridad, la solicitud de la Procuraduría a la CIDH para que le quiten un “Me gusta” a un tuit y un comunicado de la Cancillería acerca de un supuesto robo de dos envases de shampoo, existe un innumerable número de compatriotas que acuden a sus redes más cercanas de familiares, amistades y conocidos en busca de un tanque de oxígeno. Cuando logran conseguirlo a precios exorbitantes y luego de múltiples llamadas, caen en cuenta que le falta un accesorio y empieza esa otra angustiante búsqueda. Otros compatriotas, mientras tanto, están buscando medicinas en las farmacias, un espacio en algún hospital, una médica, un enfermero, una aspirina. También están los que, simultáneamente, se pasan datos para conseguir gas, otro tanto hace filas para adquirirlo. El fin de semana de encierro se acerca y hay casas donde comer ha sido una maniobra esta semana, encontrar trabajo una utopía.

Cada vez que una conferencia de prensa es convocada por alguno de los poderes nacionales es para hablar de elecciones, procesos judiciales, marchas, bloqueos, acusaciones, chantajes. Nadie sale a decir dónde están las soluciones, no hay quién dé la cara en vivo, solo quedan las promesas de hace una, dos, tres semanas. Uno, dos, tres meses atrás. Entonces al menos señalaban que el equipamiento estaba en camino, UTI, respiradores, medio millón de pruebas que llegaban a mediados de julio, así como se debía inaugurar el Hospital del Sur en La Paz. Hoy ya ni eso. Nada abastece, nada llega.

En sus declaraciones no parecen saber que apenas tenemos las noticias con algo de volumen en las casas mientras en realidad estamos tratando de cuidar de nuestro entorno: en la cena, en la puerta, en el barrio, en el teléfono. Ahí, en los noticieros, se dice cada noche que los Sedes se encargan de las pruebas y que nos brindan datos para saber cómo estamos. Pero todo eso ya parece una leyenda urbana, el mercado de pruebas privadas corre por debajo, de mensaje en mensaje; a ver si hay suerte. Claro, para quien pueda darse el lujo. Los que no, a la cola de la mítica instancia. La gente que desde un inicio propositivamente había intentado trabajar con los datos empieza a bajar los brazos al saber que no nos hablan de la realidad. Ya no es un secreto que los reactivos escasean, no todos los laboratorios funcionan.

Esta se ha vuelto nuestra realidad cotidiana y todo compatriota bien lo sabe porque la tiene cerca. Hoy es más urgente escribir mirando a la calle que mirando los datos. Esta desastrosa realidad está cerca de nosotros y parece que lejos, bien lejos de nuestras autoridades nacionales que aparecen de tanto en tanto para alguna condolencia porque también a diario muere o se enferma alguien que sí importa.

¿Cómo llegamos hasta acá? No faltará quién señale primero los 500 años, luego los 14 y finalmente los ocho meses. Y, lo peor, si en este panorama se osa preguntar en palestra pública qué demonios estamos haciendo parados en este abismo, no faltará quién empiece a agredir, a insultar o a calificar tal alevosía. Lo cierto es que mientras seamos una sociedad herida al punto de que la enfermedad o muerte ajena nos produzca algo que no sea dolor y respeto seguiremos estando al borde del abismo, espalda contra espalda. Necesitamos con urgencia curarnos colectivamente y no solo del COVID-19. Y, huérfanos y extraviados, no pareciéramos estar listos para ello.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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