La directora de Página Siete envió una carta al Ministro de Gobierno solicitando garantías para el caricaturista de ese diario, Abel Bellido, víctima de amenazas de personas anónimas a través de redes sociales e incluso de su móvil personal. No es el primer trabajador de los medios que vive con temor por el contexto en el que debe desarrollar su trabajo.
Sin ir muy lejos, en noviembre pasado Alejandro Salazar, el caricaturista de este diario, sufrió un ataque similar y aunque reclamamos en este mismo sector por la presión desmedida e injusta que estaba recibiendo, la indiferencia, cuando no la intolerancia a las ideas que expresaba en sus viñetas, terminó por empujarlo a declarar “pausa permanente” y a dejar de trabajar para La Razón.
Muchos otros periodistas de la redacción de este diario también sufrieron en carne propia la presión de quienes habían cebado su intolerancia en las semanas de movilización y protesta que desembocaron en el cambio de gobierno y luego en los trágicos sucesos de noviembre. Personas que creían aceptable usar insultos, cuando no amenazas de violencia física, para amedrentarlos e inspirar la autocensura.
Volviendo al caso del caricaturista del diario colega, el que la dirección de un medio deba pedir garantías al Ministro de Gobierno para que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin riesgo ni miedo dice mucho sobre el Estado de derecho en Bolivia, donde la normativa parece criminalizar la libertad de expresión confundiéndola con “atentado a la salud pública” si no “instigación a delinquir” o “sedición”, tal y como han señalado organizaciones internacionales de derechos humanos.
También dice mucho sobre las prioridades de las autoridades el celo puesto en perseguir a través de las redes sociales a quienes manifiestan opiniones contrarias a la línea del Gobierno, arrestando, en aplicación de la señalada normativa, a personas y presentándolas en público como delincuentes; lo que incrementa la lista de derechos y garantías constitucionales vulnerados.
El problema con estas señales que envía el Gobierno es que al menos una parte de la sociedad se siente habilitada para pretender la censura de opiniones que le son ajenas, como acaba de suceder con un pronunciamiento público de un numeroso grupo de periodistas en defensa del caricaturista mencionado, y que ha provocado una cascada de insultos y descalificaciones en redes sociales.
Son tiempos inquietantes y peligrosos para la libertad de expresión, derecho central en el sano ejercicio de la democracia, no solo porque implica la posibilidad de participación de cualquier ciudadano en los asuntos públicos, sino sobre todo porque en un espacio público sin voces críticas, o por lo menos periodistas informando a cabalidad de lo que está sucediendo, están dadas las condiciones para caer en la tentación del autoritarismo, que depaupera la democracia y la pone en franco riesgo.