La promulgación, el jueves 30 de abril, de la ley que posterga las elecciones presidenciales previstas para ayer ha provocado un encendido debate entre el oficialismo transitorio y la oposición encarnada en el partido gobernante hasta noviembre de 2019. La norma establece que los comicios deben realizarse en 90 días como máximo a contar desde ayer, lo cual para el Gobierno es un despropósito.
La aprobación y promulgación de la polémica norma estuvo precedida por una sesión en la que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó un proyecto de ley que especificaba un rango de tres meses, entre fines de junio y septiembre, para que el Órgano Electoral fije la fecha de los comicios “en base a consideraciones técnicas y parámetros científicos”. En cualquier caso, la máxima autoridad del TSE garantizó la “calidad técnica” de la votación y la “seguridad” para la salud de los votantes. Anuncio que luego ratificó, aunque lamentó que la ley promulgada reduzca “de alguna manera, la posibilidad de hacer una selección de la fecha de acuerdo con estos parámetros técnicos y científicos que el TSE consideraba importantes”.
El tratamiento del proyecto de ley, que mereció “dispensación de trámites” (es decir que fue considerado por la Cámara de Diputados y el Senado sin contar con un informe circunstanciado de la Comisión de Constitución de ninguna de las cámaras), fue sorprendentemente veloz, al extremo de que al final del trámite, en cuestión de horas fueron desestimadas las observaciones de la Primera Mandataria, y se dio curso a su promulgación por la presidenta de la Cámara Alta.
Tal prisa puede explicarse, en parte, en la advertencia lanzada por el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana antes de la aprobación de la norma, en sentido de que no promulgar una ley antes del 3 de mayo hubiese convertido todos los actos del Gobierno transitorio en nulos de pleno derecho. Luego de la promulgación de esta norma, el mismo candidato lamentó que el MAS aliente la violencia al poner un plazo a los comicios, a tiempo de cuestionar que la Presidenta haya respondido “como candidata” a la situación. Tales declaraciones no son sino indicio de que al menos las tres principales fuerzas políticas en competencia ya encendieron los motores de sus carros de campaña.
Finalmente, en un intento por poner freno a la ley que le ha puesto un plazo final al Órgano Electoral, el Ministro de la Presidencia anunció que esta semana presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la norma ante del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyo resultado es difícil de predecir. Queda, pues, la certeza de que las voces que demandaban elecciones en un plazo razonable han sido escuchadas, incluso si solo por cálculo del partido del expresidente. Corresponde ahora que el Gobierno transitorio abandone la posición de víctima y ejecute lo que tenía mandado desde noviembre de 2019: llamar a elecciones y conducir la nave del Estado durante la transición, incluyendo la inesperada crisis por el COVID-19.