Voces

martes 13 abr 2021 | Actualizado a 14:45

Una fotografía en tiempos de tormenta

Esta primera ronda de la encuesta Delphi muestra una fotografía interesante de este tiempo de tormenta.

/ 4 de mayo de 2020 / 06:18

La crisis, polarización e incertidumbre es la marca de nuestro tiempo. Y más aún para los actores políticos que están viviendo lo que Fernando Mayorga caracteriza como “el tiempo de la kamanchaca”, en referencia a la palabra quechua-aimara usada por Fernando Calderón para referirse al momento en que “la niebla baja y no deja ver”. Pero el kamanchaca no es cualquier bruma, es una niebla viva en la que si te mueves puedes tener serios problemas, pero, si no te mueves, también. Es el tiempo en que no solo se vive intensamente la incertidumbre, sino también cuando “los espíritus gozan con el riesgo de la gente”.

Y en este tiempo nada mejor que la investigación para iluminar, así sea parcialmente, la sensibilidad política sobre la que actuamos. Por ello, celebramos que la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) presente su primer informe de análisis prospectivo sobre la situación política del país. Se trata de la primera ronda de la encuesta Delphi realizada a 126 líderes de opinión pública boliviana (dirigentes políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos), que nos presenta un estado de la percepción pública en este momento de emergencia sanitaria, crisis económica y suspenso electoral, que podría desencadenar una crisis social catastrófica.

¿Qué alertas podemos identificar en el informe? El primero tiene que ver con una sensación mayoritaria de pesimismo sobre la situación actual y el porvenir en el país. Casi dos tercios de los consultados creen que el país va por mal camino; y cuatro de cada cinco consultados asume un escenario de crisis de representación política. A este clima de pesimismo y miedo se suma la irresuelta disputa de narrativas sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.

En igual proporción se presentan quienes consideran que la renuncia de Evo Morales se debió al fraude y la movilización de los 21 días, y quienes defienden que fue resultado de un plan golpista con intervención cívico-militar-policial e intervención externa. Esta división de criterios respecto a la verdad histórica de los hechos incluso admite lecturas mixtas; es decir, quienes sostienen que pudo haber movilización ante el fraude, pero también golpe. En lo que existe consenso es en el reconocimiento de que se produjo una “fractura social”, y que se mantiene latente un alto potencial de violencia y enfrentamiento que puede resurgir en cualquier momento.

La buena noticia es que hay una mayor confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y ha disminuido la sensación de que “habrá fraude”. Pero es preocupante la opinión mayoritaria en sentido de que no se reconocerá el resultado de la votación de las próximas elecciones y que ello generará conflicto poselectoral. Se contrapone a esta idea un apoyo casi unánime a favor de un compromiso público de los candidatos para respetar el resultado, así como apoyo amplio a posibles acuerdos en la Asamblea Legislativa, guiados por un liderazgo concertador.

En este estudio la gestión del gobierno de Jeanine Áñez tiene nota de reprobación (3,6 sobre 10), aunque en general se registra un apoyo moderado (4,2 sobre 10) a la respuesta ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Es significativo que el 81% de los líderes consultados considere que hay persecución política en el presente y exprese su desaprobación mayoritaria de los hechos de violencia en Sacaba y Senkata por parte de la fuerza pública.

Más allá de esta percepción, lo evidente es que todos reconocen que la pandemia tendrá fuertes efectos económicos, políticos y electorales. Cerca del 90% de líderes consultados prevé que la emergencia sanitaria derivará en una nueva crisis política y económica, lo que genera una expectativa de ampliación de la conflictividad. En todo caso, es evidente que el curso de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país, y las medidas para mitigar los impactos en los próximos meses, tendrán efectos en la administración del proceso electoral, en las preferencias de voto e incluso en el resultado.

En síntesis, esta primera ronda de la encuesta Delphi muestra una fotografía interesante de este tiempo de tormenta, acerca de las percepciones desde la voz de los liderazgos de la opinión pública. Sin duda la señal positiva es la reafirmación de la necesidad de diálogo, acuerdos y participación para encaminar una nueva agenda de reformas en el escenario poselectoral. En tanto que la señal preocupante tiene que ver nuevamente con el no reconocimiento del resultado de las elecciones y el muy probable escenario de conflicto, violencia y enfrentamiento que los actores esperan del proceso poselectoral.

Lourdes Montero, cientista social.

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El desafío de la vacunación masiva

/ 4 de abril de 2021 / 00:23

Este mes iniciamos en Bolivia el gran desafío de la vacunación masiva. Y llegamos a la primera semana de abril llenos de incertidumbre. La información sobre el Plan Nacional de Inmunización es dispersa, confusa y muchas veces contradictoria. Estamos expuestos a una serie de conferencias de prensa de diversas autoridades que solo contribuyen a una mayor confusión. Como nunca, comprendemos (y extrañamos) el sentido de un Ministerio de Comunicación que pudiera aportar una estrategia de mensajes y vocerías medianamente organizada. A este desastre comunicacional se suma el hecho de que los gobiernos departamentales y municipales tendrán nuevos gobiernos el próximo 3 de mayo, y las autoridades salientes están más distraídas en el cierre de sus funciones que de participar activamente en la lucha contra la pandemia.

Veamos qué contribuye a la incertidumbre de la población. La primera pregunta que nos hacemos está referida a la interconexión que existe (o no) entre el recién lanzado sistema de prerregistro nacional de vacunación contra el COVID-19 y las diversas plataformas de registro ya existentes de los gobiernos municipales, el Sistema Único de Salud (SUS) y las Cajas de Salud. ¿Será que las ciudadanas y ciudadanos nos registraremos en todas, esperando que alguna tenga utilidad? Al presentar la herramienta, la viceministra de Promocion, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro, afirmó que esta plataforma del prerregistro está vinculada con el registro nominal de vacunación electrónica que está disponible en todos los establecimientos donde se vacuna; sin embargo, nos siguen exigiendo como requisito para la vacunación el registro previo del SUS (que implica un trámite de al menos cuatro días). Ayer, el Sedes La Paz aclaró que el proceso de vacunación se realizaría según la numeración de nuestro CI, con prerregistro o sin él; el municipio de Santa Cruz ya lleva un mes registrando en su propia página web y las Cajas de Salud están pidiendo actualización de datos en sus propias plataformas. Así, nos preguntamos: ¿Cuál la utilidad real de este nuevo registro nacional?

Una segunda pregunta surge de la eficiencia en los procesos de vacunación en los departamentos, liderados por los Servicios Departamentales de Salud (Sedes). Según el Plan Nacional de Inmunización, la primera fase de la vacunación contemplaba la inmunización de personal de salud y personas con enfermedad de base. El propio ministerio calculó dicha población en un universo de 1.497.228 personas. El resultado es que, al 31 de marzo apenas hemos alcanzado a 186.985 inmunizaciones; es decir, un 12% de lo esperado. La Defensoría del Pueblo ha levantado información sobre este pésimo desempeño y denuncia deficiencia en la información sobre fechas y requisitos de la vacunación, lo que deriva en escasa afluencia en los puntos de inmunización. Además, “después de hacer largas filas, algunos pacientes no eran vacunados por falta de algún documento, dado que en cada centro los requisitos varían”. Nos preguntamos: ¿Alguna autoridad nacional está realmente coordinando y supervisando el trabajo de los Sedes o estamos librados a la suerte de tener una buena o mala autoridad departamental?

Siguiendo el plan, ahora corresponde la vacunación de personas de 60 años o más, además de atender el rezago de los enfermos crónicos, así como la aplicación de segundas dosis. Solo contando a las personas mayores, se trata de una población de 1.200.000 personas. La semana pasada, el Sedes La Paz informaba la atención en los centros de primer nivel tan solo de 08.00 a 14.00, según nuestro número de carnet. ¿De verdad no podemos hacerlo mejor?, ¿las autoridades del Sedes están asumiendo la responsabilidad de atender una pandemia?

La vacunación masiva es la tarea en la cual los flamantes gobiernos subnacionales y el ya no tan flamante Gobierno nacional no pueden aplazarse. No solo nuestra salud, sino también la economía y la estabilidad política del país dependen de ello.

 Lourdes Montero es cientista social.

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Nos salvamos todos, o nadie

/ 21 de marzo de 2021 / 00:03

 Imagine un naufragio donde, en una pequeña barca, un conjunto de desconocidos nos reconocemos frágiles, asustados y dependientes de las decisiones del colectivo. Nuestra primera reacción tal vez es abrazarnos como sobrevivientes de una enorme tormenta que se cobró la vida de al menos uno de nuestros seres queridos; y luego, con premura y recurriendo a todas nuestras fuerzas, nos empeñamos juntos en alcanzar la orilla. Hoy, nuestra ribera, es lograr la inmunidad colectiva en todos los países.

Hace un año exactamente el mundo se descubrió en esa pequeña barca al enfrentar la primera pandemia del siglo XXI. Y es que el COVID-19, de un empellón, nos confrontó con la pertenencia común de un todo llamado humanidad. Mientras todavía buscábamos aferrarnos al mito moderno de la autonomía de Robinson Crusoe, Paolo Giordano nos soltaba en la cara: “en tiempos de contagio, somos un solo organismo, una sola comunidad”. Por ello, nuestro sentido común hoy nos demanda: o nos vacunamos todos o aquí nadie se salva.

Pero la maquinaria del privilegio y la exclusión ya comenzó a funcionar. Las naciones más ricas, buscando disminuir su vulnerabilidad, han comprado suficientes dosis para vacunar a toda su población casi tres veces más de lo necesario. Según denuncia la ONU, 10 países han acaparado el 75% de la producción de vacunas. Canadá encabeza la clasificación con suficientes dosis para vacunar a cada canadiense cinco veces. Los países ricos, que representan apenas el 16% de la población mundial, han adquirido el 60% de todas las vacunas. Debido a que la capacidad de fabricación global es limitada, esto deja menos dosis para todos los demás. Como resultado, se estima que el 90% de los habitantes de 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra el COVID-19 incluso en 2022.

Sin embargo, esta es una carrera en la cual no gana el primero en llegar, ya que los expertos temen que, de continuar como va el actual sistema de distribución, el virus podría seguir propagándose y mutando, aumentando el riesgo de que la lista de vacunas no cubra eficazmente nuevas cepas. Así, como en la peor de sus pesadillas, los países que tienen mayores recursos no podrán poner a salvo a su población si no comparten las dosis que han acaparado con sus vecinos menos favorecidos. Como sostuvo António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), “debemos asegurarnos de que todos, en todas partes, puedan ser vacunados lo antes posible”.

En este esfuerzo global es indudable que el Covax es necesario, pero insuficiente. Se trata de un acuerdo de 190 países para garantizar la producción y el acceso equitativo a una vacuna. El mecanismo ya ha asegurado la provisión de 2.000 millones de dosis para su uso en todo el mundo, con lo que asegura la cobertura de 20% de la población. Si bien se trata de un avance fundamental en la solución, los países pobres seguirán enfrentando brechas masivas de un 40 a 50% de su población para alcanzar la inmunidad colectiva.

Así, Noruega ya ha comprendido que la colaboración es necesaria para su autoconservación y ha declarado que donará dosis en paralelo con el lanzamiento de su propia campaña de inmunización. Científicos especialistas en pandemias sostienen que los líderes de los países ricos deben comenzar a donar dosis a los países más pobres sin dejar de vacunar a sus propias poblaciones. Las proyecciones recientes demuestran que de no hacerlo probablemente devastará las economías y creará una situación en la que nunca estaremos libres del virus.

Es evidente que todos los países del mundo deben tener acceso a las vacunas, y para que funcione la inmunidad colectiva deben hacerlo al mismo tiempo. Sin duda, los líderes de los países ricos deben entender que nadie está a salvo hasta que todos alcancemos la otra orilla.

Lourdes Montero es cientista social.

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Amparar depredadores

/ 7 de marzo de 2021 / 00:15

El muro de Facebook “El Confesionario UCB” nos ha permitido asomarnos a la cultura de la violación que comparten los ámbitos universitarios. La treintena de relatos sobre abusos sexuales que sufrieron colegialas y universitarias durante fiestas, donde eran emborrachadas y drogadas, es estremecedor. Semejante nivel de brutalidad, de humillación, de cosificación extrema nos revuelve el hígado. Pero los relatos se vuelven más estremecedores cuando concluyen sosteniendo que “todos sabían”, “era normal”, “al día siguiente, todo seguía como si nada hubiera pasado”, confirmando el pacto de silencio que ampara la violación y permite que una red de depredadores sexuales ejerza la extorsión y el miedo. Eso, ejercido impunemente en una universidad que se jacta de sus valores religiosos, solo puede ser reflejo de un orden político que siente desprecio por las mujeres.

¿Qué tan mal puede estar nuestra sociedad para que esto ocurra en una de las universidades más prestigiosas (y caras) del país? ¿En qué cultura de la impunidad se amparan esos jóvenes para abusar de su poder de esta manera? ¿Qué les hizo pensar que tenían total libertad para violar? La respuesta es contundente: en Bolivia, la cultura de la violación es omnipresente, está grabada en nuestra forma de pensar, de hacer bromas; incluso en el derecho que sienten muchos hombres de abordarnos cuando caminamos por las calles.

Parte del amparo social del que goza la cultura de la violación proviene de las instituciones que deciden mirar hacia el costado y lavarse las manos. Ese fue el tono del primer comunicado de la Universidad Católica Boliviana, Regional La Paz, al sostener: “sobre los hechos que afectarían a algunos estudiantes de nuestra comunidad, aclaramos que los mismos no se produjeron en ámbitos de nuestra casa de estudios ni en eventos organizados por la institución”. Ni una sola palabra de empatía con las víctimas y todo el comunicado en “masculino” solo afirmaba el pacto patriarcal de sus autoridades con la impunidad. Es como decir “reconocemos que nuestra comunidad puede albergar un asesino, pero si éste comete su crimen del otro lado de la cerca, nosotros no nos involucramos. Eso sí, nos ponemos a disposición de quien pueda tener interés en investigar el caso”. Una avalancha de críticas hizo cambiar la actitud de la universidad en cuestión y días después tuvo que publicar un mensaje comprometiendo su apoyo a las víctimas.

Hemos aprendido de Rita Segato que los hechos de violación son actos moralizadores que buscan disciplinarnos. Quien viola es la autoridad, quien viola es el sujeto moral que coloca a la mujer en su lugar. Y la sociedad, a través de sus instituciones, amparan al depredador volcando la acusación a la víctima: “qué hacía tomando en la fiesta”, “por qué no se hizo respetar” son los discursos que limitan la vida de las mujeres hasta lugares insospechados. Por ello comprendemos que la violación no está fundamentada en un deseo sexual descontrolado, ni siquiera es un acto sexual: es un acto de poder, de dominación, es un acto político. Un acto que se apropia, controla y reduce a la mujer a través de apoderarse de su intimidad.

Los relatos del Confesionario UCB son el mejor ejemplo de esta afirmación. Por ello, las alumnas y exalumnas de la Universidad Católica nos sentimos en el derecho de exigir de sus autoridades no solo acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, sino un liderazgo claro y firme como investigadores y acusadores de los hechos de violencia para dejar en claro de qué lado de la historia quieren que las mujeres los recordemos.

Como nunca resuena en nuestros oídos el estribillo del grupo chileno Lastesis que, poniendo el dedo acusador en las instituciones afirma “el violador eres tú”.

   Lourdes Montero es cientista social.

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Paro médico

Los profesionales en salud bolivianos pierden nuestro respeto ante la inhumana decisión de declararse en paro en plena pandemia.

/ 22 de febrero de 2021 / 01:55

El mundo entero ha aplaudido de pie el trabajo en primera línea de los médicos, enfermeras y profesionales sanitarios que hacen frente a la pandemia. Miles de fotografías, murales, videos y canciones han circulado buscando rendir homenaje al personal de salud que combate al COVID-19. En Bolivia, todos lloramos la muerte del doctor Óscar Urenda porque simboliza la entrega en la lucha contra la pandemia. Muchos médicos han ofrendado su vida y muchos otros se han ganado nuestro respeto creando redes de atención gratuita y proporcionando no solo medicina contra la enfermedad, sino sobre todo contención emocional a una población llena de miedo y desinformación.

Pero hoy los profesionales en salud bolivianos pierden nuestro respeto ante la inhumana decisión de declararse en paro en plena pandemia. Ya nadie se siente inducido a colocar en su ventana un letrero que diga “yo apoyo a mi médico” porque su dirigencia ha demostrado no tener compasión por la salud y la vida del conjunto de la población. Nuestros queridos trabajadores en salud han perdido la batalla de la opinión pública porque los motivos que exponen para oponerse a la Ley de Emergencia Sanitaria representan privilegios de un gremio que pierden sentido frente a la dura realidad de una pandemia mundial. Por ello, es posible afirmar que el paro médico refleja la defensa a ultranza de un privilegio de casta inaceptable en tiempos de crisis sanitaria.

Esta dura afirmación se basa en comprender que la dirigencia médica ha convocado a una medida extrema de protesta buscando defender tres privilegios que se contraponen con el bien común.

El primero, el más cuestionable, es la defensa de que no haya límite en el costo de salvar nuestra vida. ¿Quién puede oponerse al control de precios en medicamentos y servicios sanitarios si hemos sido víctimas de los excesos de las clínicas privadas que exigían depósitos de entre $us 10.000 y 50.000 previa internación? Tal vez la dirigencia médica no comprende que las familias bolivianas, al hacer frente a la enfermedad, hemos consumido nuestros ahorros, estamos endeudados y, para enfrentar la especulación de precios en la atención medica solo nos queda invocar la solidaridad o la caridad de nuestros amigos.

Esta actitud explica por qué gran parte de enfermos de COVID-19 en Bolivia hemos recurrido a la medicina tradicional, a la ivermectina, al dióxido de cloro o a cualquier receta casera que nos aleje de un centro médico.

El segundo privilegio del que goza el sector de salud es el de vetar la política pública para defender sus intereses. Su derecho a la protesta no puede estar por encima del bien mayor como es la salud de la población. Como nunca podemos afirmar que, en tiempos de pandemia, la protesta expresada en un paro indefinido se constituye en un riesgo para la vida de todos los bolivianos.

Por último, un tercer privilegio que la dirigencia médica defiende es el derecho exclusivo de un conjunto limitado de personas a desarrollar su actividad en Bolivia, sin ninguna sensibilidad en tiempos excepcionales de pandemia. Necesitamos más personal en salud y si el Estado determina medidas excepcionales para contratarlos, debemos apoyar la disposición. La pandemia nos coloca en tiempos excepcionales y respetar a ultranza el derecho de exclusividad que impone el gremio médico es un monopolio inaceptable.

Es imperativo que los intereses gremiales sean puestos de lado en un momento como el actual, cuando se pone de manifiesto que salvar vidas es la principal función de la profesión médica. Queremos volver a aclamar de pie el espíritu humanista de quienes han decidido consagrar su vida a preservar la salud de la población.

   Lourdes Montero es cientista social.

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ATB y la hipersexualización de niñas

/ 8 de febrero de 2021 / 02:52

La semana pasada se inició el año escolar. El programa Que Viva la Mañana del canal nacional ATB mostró a sus presentadores disfrazados de escolares. Por el estilo del programa, que hace un uso comercial del cuerpo erotizado de sus presentadoras, el resultado fue la sexualización de las prendas de uso colegial. Quisiera con este motivo profundizar sobre la responsabilidad de un medio de comunicación en las imágenes que proyecta y su contribución al incremento de la violencia contra las mujeres en Bolivia.

Seguramente quienes conciben y producen el programa Que Viva la mañana saben que Bolivia es la nación donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica. Dos de cada 100.000 mujeres sufren feminicidio en territorio boliviano, cifra que duplica a países con mucha violencia y criminalidad como por ejemplo Brasil, donde el margen es de 1,1.

Si este dato no conmueve a los productores de ATB, pasemos a hablar de su contribución directa al grave problema de la violencia sexual: la erotización de las niñas y adolescentes. Bolivia, según la Organización Panamericana de la Salud, ocupa el segundo lugar en la región —después de Haití— en prevalencia de violencia sexual. Cada año se registran 14.000 casos de mujeres violadas sexualmente. Los datos estadísticos revelan que 7 de cada 10 mujeres bolivianas en algún momento de su vida han sido víctima de abuso sexual. A esto, debemos sumar los problemas del acoso callejero y la desaparición de niñas y jóvenes en la trata y tráfico de mujeres.

Pero vayamos al problema concreto al que ATB contribuye mostrando a sus presentadoras como Lolitas. En Bolivia, cada día al menos cuatro niñas y adolescentes son víctimas de violación, y prácticamente todos los delitos sexuales son perpetrados por conocidos de las víctimas. Como agravante debemos subrayar que los delitos sexuales cometidos por desconocidos implican una agresión única, mientras que las agresiones por parte de conocidos suponen un ejercicio de violencia repetitiva ya que los agresores próximos al entorno familiar como vecinos, padrastros, padres y familiares son los que predominan. Miles de estas niñas seguramente serán sometidas al aborto clandestino, corriendo el riesgo de perder la vida y otras serán niñas maternando niños. Si tienen dudas sobre estos datos, les recomiendo leer el estremecedor informe publicado por la Defensoría del Pueblo, donde se expone cómo la violencia sexual en Bolivia es naturalizada y normalizada.

Pero hablemos claro, la hipersexualización de las niñas normaliza la pedofilia. Resulta curioso, por tanto, asistir a este despliegue de doble moral. En Bolivia, por un lado, se condena la pederastia, mientras por otro, se promueve en la televisión a mujeres que aparentan ser niñas en cuerpos sexualizados enviando un peligroso mensaje: el erotismo proporciona beneficios sociales. Se está diciendo a los niños y a los adultos que las niñas están a su disposición, que son objetos, se está educando este tipo de deseo sexual. Por ello, la sexualización de las niñas (o de su imagen) contribuye al aumento de abusos sexuales y propicia las conductas sexuales agresivas, contribuyendo a la perpetuación del patriarcado y la violencia.

Todo esto, amigos míos, es estremecedor. Por ello, no encuentro ni gracioso, ni peculiar, ni creativo que el programa Que Viva la Mañana de ATB presente a las niñas y adolescentes escolares como objeto de consumo sexual para el entretenimiento mañanero de su audiencia. Es momento que exijamos que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

    Lourdes Montero es cientista social.

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