Voces

Friday 12 Aug 2022 | Actualizado a 10:13 AM

Una fotografía en tiempos de tormenta

Esta primera ronda de la encuesta Delphi muestra una fotografía interesante de este tiempo de tormenta.

/ 4 de mayo de 2020 / 06:18

La crisis, polarización e incertidumbre es la marca de nuestro tiempo. Y más aún para los actores políticos que están viviendo lo que Fernando Mayorga caracteriza como “el tiempo de la kamanchaca”, en referencia a la palabra quechua-aimara usada por Fernando Calderón para referirse al momento en que “la niebla baja y no deja ver”. Pero el kamanchaca no es cualquier bruma, es una niebla viva en la que si te mueves puedes tener serios problemas, pero, si no te mueves, también. Es el tiempo en que no solo se vive intensamente la incertidumbre, sino también cuando “los espíritus gozan con el riesgo de la gente”.

Y en este tiempo nada mejor que la investigación para iluminar, así sea parcialmente, la sensibilidad política sobre la que actuamos. Por ello, celebramos que la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) presente su primer informe de análisis prospectivo sobre la situación política del país. Se trata de la primera ronda de la encuesta Delphi realizada a 126 líderes de opinión pública boliviana (dirigentes políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos), que nos presenta un estado de la percepción pública en este momento de emergencia sanitaria, crisis económica y suspenso electoral, que podría desencadenar una crisis social catastrófica.

¿Qué alertas podemos identificar en el informe? El primero tiene que ver con una sensación mayoritaria de pesimismo sobre la situación actual y el porvenir en el país. Casi dos tercios de los consultados creen que el país va por mal camino; y cuatro de cada cinco consultados asume un escenario de crisis de representación política. A este clima de pesimismo y miedo se suma la irresuelta disputa de narrativas sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.

En igual proporción se presentan quienes consideran que la renuncia de Evo Morales se debió al fraude y la movilización de los 21 días, y quienes defienden que fue resultado de un plan golpista con intervención cívico-militar-policial e intervención externa. Esta división de criterios respecto a la verdad histórica de los hechos incluso admite lecturas mixtas; es decir, quienes sostienen que pudo haber movilización ante el fraude, pero también golpe. En lo que existe consenso es en el reconocimiento de que se produjo una “fractura social”, y que se mantiene latente un alto potencial de violencia y enfrentamiento que puede resurgir en cualquier momento.

La buena noticia es que hay una mayor confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y ha disminuido la sensación de que “habrá fraude”. Pero es preocupante la opinión mayoritaria en sentido de que no se reconocerá el resultado de la votación de las próximas elecciones y que ello generará conflicto poselectoral. Se contrapone a esta idea un apoyo casi unánime a favor de un compromiso público de los candidatos para respetar el resultado, así como apoyo amplio a posibles acuerdos en la Asamblea Legislativa, guiados por un liderazgo concertador.

En este estudio la gestión del gobierno de Jeanine Áñez tiene nota de reprobación (3,6 sobre 10), aunque en general se registra un apoyo moderado (4,2 sobre 10) a la respuesta ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Es significativo que el 81% de los líderes consultados considere que hay persecución política en el presente y exprese su desaprobación mayoritaria de los hechos de violencia en Sacaba y Senkata por parte de la fuerza pública.

Más allá de esta percepción, lo evidente es que todos reconocen que la pandemia tendrá fuertes efectos económicos, políticos y electorales. Cerca del 90% de líderes consultados prevé que la emergencia sanitaria derivará en una nueva crisis política y económica, lo que genera una expectativa de ampliación de la conflictividad. En todo caso, es evidente que el curso de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país, y las medidas para mitigar los impactos en los próximos meses, tendrán efectos en la administración del proceso electoral, en las preferencias de voto e incluso en el resultado.

En síntesis, esta primera ronda de la encuesta Delphi muestra una fotografía interesante de este tiempo de tormenta, acerca de las percepciones desde la voz de los liderazgos de la opinión pública. Sin duda la señal positiva es la reafirmación de la necesidad de diálogo, acuerdos y participación para encaminar una nueva agenda de reformas en el escenario poselectoral. En tanto que la señal preocupante tiene que ver nuevamente con el no reconocimiento del resultado de las elecciones y el muy probable escenario de conflicto, violencia y enfrentamiento que los actores esperan del proceso poselectoral.

Lourdes Montero, cientista social.

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¿Qué es vivir sabroso?

/ 7 de agosto de 2022 / 00:53

Francia Márquez estuvo de visita en Bolivia la semana pasada y hoy es investida como vicepresidenta. Una madre soltera de 40 años que dejó su comunidad por amenazas de muerte y salió adelante como trabajadora del hogar, llegó a Bolivia para decirnos que el vivir sabroso no es más que vivir en dignidad, vivir en armonía con la Madre Tierra, vivir en paz. Vivir sabroso es vivir con amor, alegría y con derechos.

Si hay alguien que encarna el profundo viraje de una Colombia conservadora y solemne hacia un nuevo progresismo es Francia Márquez. Con un perfil, una historia de vida y un lenguaje inesperado para el campo político colombiano, la activista irrumpe desde abajo en el poder de esa Colombia centralista y excluyente.

La potente voz con la que llega al escenario Francia Márquez es un discurso feminista y antirracista. De hecho, Márquez espera estar a la cabeza del nuevo Ministerio de la Igualdad desde donde se plantean tres objetivos inmediatos: lograr igualdad salarial entre hombres y mujeres, reconocer el tiempo de trabajo en el hogar para la jubilación, y medio salario mínimo a las madres cabeza de familia. Su discurso por la igualdad de géneros es combinado con un fuerte compromiso con el medio ambiente. Al recibir el Goldman Environmental Prize, la virtual vicepresidenta sostuvo: “Soy parte de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, bosques y páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte, para darnos paso a construir un modelo que garantice vida”.

Y es que esta mujer de origen humilde encarna las ilusiones de un nuevo pensamiento progresista en América Latina que finalmente deje de considerar el ecologismo, el feminismo y el antirracismo como cuestiones periféricas de la izquierda. Francia Márquez trae en su historia la marca de todas esas luchas. Nacida en el Cauca, una región del sur occidente colombiano marcado por la pobreza y el conflicto armado, fue madre a los 16 años y se fue a trabajar a las minas de oro locales para mantener a su hijo. Una de sus primeras experiencias como activista fue la lucha por mantener el cauce de un río de su comunidad y en 2014 llamó la atención nacional liderando una marcha desde el Cauca hasta Bogotá, exigiendo que el gobierno detuviera a los mineros ilegales que habían invadido su territorio con retroexcavadoras.

Antes de la ceremonia de su investidura como vicepresidenta, Márquez ha emprendido una gira por Brasil, Argentina, Chile y Bolivia. Se trata, según medios colombianos, de una avanzada diplomática ante gobiernos amigos que serán vitales para la propuesta de liderazgo regional que planteó Gustavo Petro en su discurso como ganador de las elecciones. Y es que Colombia, tradicionalmente muy cercana a Estados Unidos, busca retomar un liderazgo en Sudamérica con una agenda de colaboración que podría considerar temas como el incremento del comercio intrarregional, freno al narcotráfico y una política ambiental que incorpore la transición energética y la protección de la Amazonía.

El cambio de gobierno en Colombia llega cuando se habla de una nueva “marea rosa” latinoamericana en referencia al aumento de fuerzas socialistas moderadas. Las elecciones de los últimos años han dado como resultado que 10 países (entre ellos cuatro de las economías más grandes de la región: México, Colombia, Argentina y Chile) y cerca del 51% de la población latinoamericana se encuentren regidos por gobiernos de izquierda.

Sin duda nos llena de esperanzas el liderazgo de Francia Márquez en la región latinoamericana y hacemos nuestra su frase de campaña: “Vamos de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Lourdes Montero es cientista social.

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Anteproyecto para fortalecer la Ley 348

/ 24 de julio de 2022 / 00:34

Esta semana, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural realizó la entrega del Anteproyecto Modificatorio de Fortalecimiento a la Ley 348 al presidente Luis Arce Catacora. Con este acto concluye un proceso de construcción colectiva que ha demorado 19 meses en lugar de los 60 días hábiles que el Decreto Supremo 4399 establecía.

Y es que las consultas públicas, el análisis y los consensos, luego de nueve años de implementación de la ley, no supusieron una tarea fácil pues reunieron cerca de 1.000 propuestas modificatorias que fueron la base para una profunda reflexión de las fallas que actualmente provocan impunidad, e incluso constituyen un incentivo para el incremento de los ciclos de la violencia hasta llegar al feminicidio.

Solo un dato para dimensionar el tamaño del problema: del total de casos que ingresan anualmente, el sistema judicial atiende apenas el 45%; el resto es dejado en rezago para la siguiente gestión. De ese total, el 92% se queda en proceso de investigación y solo un 7% pasa a juicio, dando como resultado que apenas el 1% logra llegar a sentencia.

Analizando esta realidad, el anteproyecto presenta 159 artículos que buscan un abordaje integral de la violencia. Veamos algunos de los principales cambios estructurales que plantea.

Un primer vacío que llena respecto a la 348 y que hay que destacar es que la ley explicita la atención, protección y tutela judicial para todas las mujeres, sin ninguna distinción, incluyendo a las mujeres transexuales y mujeres transgénero, uno de los colectivos que mayores índices de violencia y feminicidio sufre actualmente.

Un segundo vacío importante que aborda es la concurrencia y coordinación de los actores para la implementación de la ley. Para ello, propone la creación de la Red Funcional de Lucha y Erradicación de la violencia contra las mujeres para garantizar la coordinación de las políticas y la ejecución de recursos por las instancias nacional y subnacionales. A destacar el papel de articulador territorial que se otorga a las gobernaciones, así como la participación de la sociedad civil en el marco del control social y la implementación de la ley.

Un tercer factor a destacar es que crea un procedimiento penal especial para sancionar delitos de violencia, eliminando etapas o audiencias innecesarias. También refuerza la aplicación de medidas de protección especial desde el primer momento en que la mujer denuncia.

Se crea el Sistema Administrativo Sancionador de actos o hechos de violencia que no constituyen delitos. Este sistema, a ser aplicado por las entidades territoriales autónomas municipales, requiere de todo un cambio de los actuales Servicios Legales Integrales (SLIM), con una importante transformación de sus atribuciones y el fortalecimiento y jerarquización del equipo humano que lo gestiona.

En el anteproyecto en discusión, todos los tipos de violencia tienen un proceso sancionador administrativo y/o penal. Un vacío importante de la 348 es que, si bien reconoce 17 tipos de violencia, muchos de ellos son enunciados, pero no se establece sanción. A este avance se agrega el reconocimiento y sanción de la violencia obstétrica, violencia digital, violencia sindical y acoso callejero.

Sin duda el anteproyecto es un esfuerzo ambicioso en el reconocimiento de los problemas y posibles soluciones. Ahora, la discusión pasa a la Asamblea Legislativa y seguramente el desafío mayor estará en la implementación, donde se espera un liderazgo decidido del ente rector: el Ministerio de Justicia.

Desde la sociedad seguiremos con mucha atención todo este proceso por la responsabilidad compartida que tenemos todas y todos los bolivianos por garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Lourdes Montero es cientista social.

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Las paradojas del modelo brasileño

/ 10 de julio de 2022 / 01:09

Según las proyecciones oficiales, en 2022, Brasil alcanzará un nuevo récord en el volumen de granos de soya, maíz y arroz cosechados. Así, en un contexto de guerra en Ucrania que ha precipitado el incremento de precios, la producción de cereales de Brasil este año será histórica. Sin embargo, este mismo año, el hambre en Brasil se dispara a niveles de hace tres décadas, alcanzando a 33 millones de personas. El país que alimenta al mundo no logra alimentar a su propia gente, ¿cómo puede ocurrir esto?

En los últimos 20 años, Brasil ha pasado a ser el tercer mayor exportador agrícola del mundo. La agroindustria en su conjunto representa el 20% de su PIB. Brasil es hoy el primer exportador mundial de carne de res, de pollo, de café, azúcar y soja, llegando a 150 países y alimentando a más de 1.200 millones de habitantes en todo el mundo. ¿Cómo es que un país tropical se convierte en una superpotencia agropecuaria?

Registran algunos investigadores que todo comenzó en la década del 70, cuando la recién creada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), el mayor instituto mundial de investigación biotecnológica tropical, logra alcalinizar la acidez del suelo amazónico con cal para adaptarlo al cultivo de la soja, y así logran duplicar la productividad del campo brasileño. De allí en adelante la frontera agrícola de Brasil no ha parado de ampliarse año tras año.

Sin embargo, esa enorme riqueza productiva no evitó que, como lo registra de manera detallada un informe de la Red Penssan sobre soberanía y seguridad alimentaria, actualmente “el 16% de la población no tiene qué comer”. Y es que, explican los investigadores, en el gobierno de Bolsonaro, “la negligencia del Estado ha pasado a ser determinante”. Así, sostiene el informe, el hambre es un proceso. Los 33 millones de ciudadanos hambrientos son parte de un grupo mucho mayor, el de los 125 millones de brasileños que viven de manera cotidiana en la pobreza producto de la desigualdad.

A este desastre social hoy se suma el desastre ambiental. El periódico El País registra que los incendios intencionales baten récords ante el temor de que un triunfo de Lula da Silva traiga leyes de control más duras. La denuncia de los especialistas es que, en año electoral, siempre hay un aumento de la deforestación porque nadie presta atención a lo que ocurre en la selva. Pero en estas elecciones es mucho más evidente, pues las personas saben que Bolsonaro no tiene ninguna intención de castigar a los infractores y, como no saben lo que pasará el año que viene, la actitud es “vamos a hacer todo lo posible para deforestar y quemar ahora”. Esto incluye a los invasores de tierras públicas y los mineros informales, pues sienten que tienen que correr para consolidar sus delitos.

Literalmente, la ley de la selva. Y justo hoy se cumplen 35 días de ese símbolo: la desaparición y muerte del activista brasileño Bruno Pereira y del periodista inglés Dom Phillips en la Amazonía, el hecho que marca la visibilidad internacional de la impunidad de los asesinatos de defensores ambientales, ante la pasividad del Gobierno, al tiempo que el crimen organizado y el narcotráfico toman posesión del territorio amazónico.

La Amazonía es una sola, y hablar de la amazonía brasileña es también hablar de la amazonía boliviana. Por ello el modelo agroindustrial y minero (legal e ilegal) no puede ser un horizonte que nos deslumbre. En la Amazonía, los incendios están directamente ligados a la deforestación y a la desertificación; no es normal que la selva tropical arda, pero el cambio climático está dejando la Amazonía más seca de lo normal, lo que facilita la combustión. Otra forma de convivencia y productividad con los bosques es posible.

Lourdes Montero es cientista social.

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Bolivia frente al Comité de la CEDAW

/ 26 de junio de 2022 / 03:01

En días pasados, el Estado boliviano presentó su VII Informe Periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta rendición de cuentas voluntaria frente a la comunidad internacional refleja nuestro compromiso de acatar las recomendaciones del Comité de Expertas de Naciones Unidas que realiza observaciones a los Estados esperando mejoras luego de cada informe. Nuestro último examen fue en 2015, y las recomendaciones que hicieron entonces son las que ahora discuten las expertas con la jefa de la delegación boliviana, la ministra María Nela Prada.

Podemos resumir en seis ejes los temas que preocuparon de manera estructural al comité en 2015: i) las fallas estructurales de la justicia; ii) la limitada autoridad decisoria y los escasos recursos de la instancia estatal responsable de las políticas de igualdad de género; iii) la persistencia de estereotipos discriminatorios sobre mujeres y hombres; iv) la persistencia de la violencia y la falta de una estrategia de prevención; v) el número desproporcionadamente alto de mujeres que trabajan en el sector informal; y vi) los temas de salud vinculados a las tasas de mortalidad materna, la falta de educación en salud sexual y reproductiva; la tasa de embarazos en la adolescencia y la penalización del aborto.

Es doloroso constatar los pocos avances que podemos presentar en estos siete años. Tal vez por ello, la ministra Prada centró su introducción en el trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, sobre todo en la sentencia constitucional de avocación emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que establece una agenda de cómo una serie de instituciones podrían/deberían actuar (a futuro) si realmente se comprometieran con una sociedad libre de violencia.

Esta introducción fue contrastada con el diagnóstico de la Defensoría del Pueblo que, apoyándose con cifras contundentes, expresó la sensación compartida sobre la indefensión de las mujeres frente a la falla sistémica de la justicia que se complementa muy bien con la falta de políticas de prevención en el sistema educativo para sostener la persistencia de la violencia por razones de género. Y las preguntas de las expertas fueron profundizando en torno a esas fallas sistémicas y el poco avance que hemos logrado en el tema. Y es que, a pesar de los esfuerzos por dotar de material pedagógico y manuales de despatriarcalización, es en nuestros maestros donde mejor se refleja el problema de estereotipos discriminatorios sobre los roles de género que pueden bloquear cualquier buena intención estatal de cambio en el sistema patriarcal.

Un tema que fue enfrentado con valentía por la ministra Prada fue la denuncia de la permanente confrontación que las políticas de salud (y yo agregaría educación y justicia) deben enfrentar con grupos conservadores pro vida que bloquean el cumplimiento de derechos fundamentales. Seguramente ese conflicto ha resonado en muchos países donde la escalada de los fundamentalismos religiosos representa un desafío cada vez mayor al cumplimiento de los derechos humanos.

Seguramente de este informe tendremos nuevas recomendaciones que nos permitirá establecer como país un horizonte con nuevos desafíos. Lo penoso es que muchos de ellos son persistentes, como las fallas estructurales de la justicia y la impunidad que provoca. Otras cosas pueden ir cambiando, como los estereotipos de género, o los cambios posibles en la prevención de la violencia o en el acceso a la salud. Pensar y discutir colectivamente en qué poner las energías da sentido a estas conversaciones. En ese sentido, las preguntas incómodas de las expertas son siempre bienvenidas.

Lourdes Montero es cientista social.

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En defensa de la Defensoría del Pueblo

/ 12 de junio de 2022 / 00:57

Mientras la ciudadanía observa horrorizada el incremento desmedido de casos de violación a niños, niñas y adolescentes, nuestro sistema político y judicial parece concentrar su energía en el desprestigio de una institucionalidad que nos costó construir y tiene como único fin intentar poner límites al poder.

La pregunta que hoy propongo es ¿quién gana con el desgaste, desprestigio y potencial desaparición de la Defensoría del Pueblo?, ¿a quién molesta esta institución?, ¿quién se sentiría más cómodo sin su existencia? Plantearnos estas preguntas puede llevarnos a entender mejor esta mala voluntad que el sistema político y judicial, en inesperado contubernio, parecen tener contra la Defensoría del Pueblo.

En primer lugar, revisemos el bochornoso proceso al que fue sometida recientemente esta institución para la designación de su principal autoridad. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa llevó adelante durante dos meses un trabajo desordenado y poco confiable que concluyó en la falta de consenso y paralización del proceso. A nadie pareció importarle la falta de acuciosidad y objetividad en los parámetros de evaluación, puesto que parecía que todo estaba preparado para que quien saliera elegido debía ser producto de favores de alguna fuerza política y, por tanto, no era necesario mayores esfuerzos. Finalmente, el Legislativo definió aplazar, sin fecha prevista, la elección de la autoridad. Por supuesto a nadie le molestaba tener una defensoría debilitada por un par de años más.

Pero el menosprecio de la institucionalidad estatal llega a extremos cuando escuchamos la declaración de la señora Grace Mercado, coordinadora del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quien al ser interpelada por las deficiencias de su gestión no tiene mejor defensa que desconocer el mandato de la actual Defensora y acusarla de “prorrogarse en un cargo”. La señora Mercado, en lugar de responder a las recomendaciones defensoriales realizadas en 2020, prefiere desconocer la autoridad de Nadia Cruz, intentando con ello resolver los serios problemas que su institución enfrenta, y que repercuten en el acceso a la justicia por parte de las víctimas.

En un reciente informe de la Defensoría, basado en la visita de 20 institutos forenses, se constató que, además de la falta de equipos, insumos e infraestructura adecuada, la deficiencia que más preocupa está relacionada al personal especializado. En 18 oficinas no cuentan con personal especializado; 11 señalaron la ausencia de especialistas en toxicología forense; 8 carecen de biólogos forenses y en 8 les faltan médicos forenses. Tal vez por ello, la Defensoría del Pueblo tiene registradas 46 denuncias en contra del IDIF, referidas a violencia física hacia mujeres, restricción al acceso a la justicia, incumplimiento de plazos en procesos judiciales, administrativos, disciplinarios y debido proceso.

Leyendo el informe se me agolpan en la mente la serie de historias que he leído, me han contado y he escuchado en primera persona de víctimas de violencia sexual que han acudido al IDIF buscando reunir pruebas en contra de la impunidad y es por ello que puedo decirle a la señora Mercado que no es la voz de la Defensoría del Pueblo la que “enloda” su institución, sino su penoso desempeño en la búsqueda de justicia.

Por todo esto, seguramente quien estaría más tranquilo si la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo se extinguiera sería el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, pues ya no tendría esa molesta voz reclamando una y otra vez que desempeñe el trabajo por el cual todos los bolivianos y bolivianas le pagamos.

Lourdes Montero es cientista social.

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