DIBUJO LIBRE

La rutina es un esqueleto fósil cuyas piezas resisten a la carcoma de los siglos. No es la hija de la experiencia, es su caricatura. En su órbita giran los espíritus mediocres. Evitan salir de ella y cruzar espacios nuevos. Acostumbrados a copiar escrupulosamente los prejuicios del medio en el que viven, aceptan sin contralor las ideas destiladas del laboratorio social. Su impotencia para asimilar las ideas nuevas los constriñe a frecuentar las antiguas. Los rutinarios razonan con la lógica de los demás. Disciplinados por el deseo ajeno, encajonándose en su casillero social. Son dóciles a la presión del conjunto, maleables bajo el peso de la opinión pública que los achata. Reducidos a vanas sombras, viven del juicio ajeno, se ignoran a sí mismos, limitándose a creerse como los creen los demás. Estas palabras tienen dueño, fueron escritas por José Ingenieros a inicios del siglo XX. De origen italo-argentino, su texto “El Hombre Mediocre” ejerció gran influencia en la juventud argentina y en el movimiento que impulsó la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918. José Ortega y Gasset, años después, sobre la propuesta de Ingenieros, construiría las categorías analíticas a las que refirió de forma universal: el hombre-masa y el hombre noble. Ingenieros habló del hombre inferior, el hombre mediocre y el hombre superior que es el hombre idealista, aquel que se indisciplina contra los dogmáticos. En tiempos actuales, el hombre mediocre es el hombre que simplifica.

Bolivia es un país extensamente complejo. El Estado boliviano es un Estado complejo y compleja es también la sociedad boliviana. Siendo palpable la dificultad comprensiva del todo nacional, se presentan cotidianamente miradas, desde el conservadurismo simplón y la irracionalidad misma, que quieren simplificar esto, que intentan y buscan sin digresión alguna decidir el tamaño del país y la entidad societal que en él habita. Nombran la parte asumiendo que expresa el todo y atribuyen cualidades humanas a una entidad abstracta como es el Estado o el país mismo. Sinécdoque y prosopopeya diríamos respectivamente. Válidas figuras retóricas pero que disimulan engaños conceptuales que confunden y turban.

Desde ya hace unos años, pero con mayor dramaticidad interesada en el tiempo actual, en Bolivia se ha asentado lo complejo y lo fatigoso. Lo complejo se advierte en su misma naturaleza, su radical diversidad, la embrollada historia y esa, a momentos inexplicable, disparidad territorial, social y cultural. Lo fatigoso está expresado por el deseo inacabado e inconcluso de esa intencionalidad de ser democrática en lo político y social, de ser un nudo que se desate a varias manos y no a golpe de hachazos. La complejidad y la fatigocidad es lo que llamamos democracia, pero también inclusión y justicia estructural. No podrá ser, nunca, simplificada y comprendida, con dos frases y tres acciones fáciles simbólicas. Con premisas de consumo rápido y explicaciones insustanciales. En definitiva, con argumentos rutinarios.

La complejidad también está dada por las desigualdades sociales aún hoy presentes; por las resistencias, la intolerancia y el desprecio a la otredad de piel oscura; por las añoranzas a las sociedades de privilegio; por el intento de reinstalar el colorismo como referencia primera de la calificación habilitante; por la molestia indisimulada a las diversidades territoriales; a la no aceptación de la posibilidad de convivencia y coexistencia social pacífica; de miradas económicas diferentes y necesarias; por la no aceptación del defecto hoy presente de una institucionalidad decadente.

¿Cómo se reacciona ante esto que nos condiciona y determina? ¿Simplificando con abordajes del sentido común, que son más desde el diario vivir antes que en perspectiva de lo que propuso Gramsci? Frente a modelos hegemonizantes, malogrados y consumidos, es preciso renovar nuestra historia y repasar lo hecho. Claramente, las complejidades no pueden simplificarse porque son varias y profundas, las relaciones entre espacios de nuestra territorialidad son unas, pero las hay políticas, entre clases y segmentos sociales, culturales y ahora, desde el 2019, entre las memorias, entre lo republicano y lo plurinacional.

La simplicidad discursiva se ha apropiado de las miradas analíticas y evaluativas del país. En un reduccionismo que no deconstruye la problemática profunda de las lógicas societales y estatales, es la negación irracional de la otredad y la impasible sordera a la palabra de quien es distinto (a) lo que se quiere imponer. Se resiste la diversidad política, cultural y económica en nombre de una añorada república encogida y restrictiva donde la blanquitud señala quienes tienen cabida. Por supuesto esto solo desbarata las posibilidades de convivencia social pacífica y abona rápidamente en el espacio de conflictología.

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El conservadurismo áspero, pero también inhumano, la derecha radical y el irracionalismo definen a Bolivia dentro de una noción sobre simplificada e incluso abstracta. En ese marco más referencial que conceptual, la Bolivia existente es señalada como un país encolerizado, rabioso, de salvajes y bestias humanas, la de los violentos. Estas miradas radicalizadas, estructuradas como consignas de consumo fácil y que niegan las nacionalidades y la historia social misma, son hoy infranqueables a la complejidad societal/estatal del país. Se presenta en consecuencia, como la mayor expresión de las dificultades que pergeñan aún hoy, lo que ya fue el trazo de un país mal construido social y políticamente.

La simplificación discursiva aún con su naturaleza ligera e insignificante consigue avanzar, instalarse como actor político y obtener poder. Señalarla de fracaso por las constantes pérdidas electorales de los procesos generales es también reducir la mirada estrictamente el proceso nacional, porque éste se construye de diversas formas y maneras. Una de ellas, por la acumulación de hechos regionales que, dentro de un proceso, adquieren posibilidades de agregar fuerzas dispares en esencia, pero homogéneas en el objetivo. En el país, la derecha ha tomado el control de los principales gobiernos subnacionales, espacios regionales y municipios de capitales. Vencen y se rehacen operando sobre una sociedad, cada vez, antropológicamente, menos democrática y más reaccionaria. La simplificación discursiva y rutinaria construye sociedades políticamente incorrectas y desfiguradas en su convivencia societal.

La Bolivia compleja y fatigosa es en consecuencia una Bolivia de izquierdas, pero también de derechas. De izquierdas diversas y distintas y de derechas varias, radicales y otras dialoguistas, en tanto que, a la par, es plurinacional. Lo plurinacional, en el espacio constitucional envuelve lo intercultural y lo republicano, conviven, aunque no se entienden ni lo hacen pacíficamente. Y es unitaria y autonomista, de economías diversas, comunitarias, estatales, liberales, pre capitalistas y capitalistas. Todo en un entretejido social, político, económico y cultural que reseña la complejidad nuclear de nuestra estructura societal/estatal.

Ante la simplicidad rutinaria y repetitiva, se precisa elaborar una pedagogía de la dificultad. La Bolivia fatigosa y compleja, esa de izquierdas y derechas, tiene y debe convertirse en un proyecto con futuro. El conglomerado de cálculos, desencantos y ambiciones no pueden impedir que el nudo sea desatado colectivamente. Si bien el camino hacia la democrática convivencia entre distintos aún no se avizora posible en el tiempo inmediato. Si tampoco somos democráticamente, plurinacional y autonómicamente plenos como Estado, las dirigencias políticas sí están en la obligación de intentar y ser más democráticas e inclusivas. Comprensivas de la complejidad de esta Bolivia en apariencia incognoscible.

(*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

DIBUJO LIBRE

El futuro de la sociedad boliviana y su Estado debe repensarse, inventarse y construirse. El espacio de lo que viene no puede seguir desprendiéndose del pasado. Desde 2005 la Bolivia que emerge de aquella victoria electoral de los actores centrales del Proceso de Cambio construye un país uniforme desde la perspectiva de la hegemonía ideológica dominante. La izquierda de la corporatividad social y popular se hace con todas las referencias importantes de la política nacional y señala el rumbo de un país que transita su camino hacia el Estado Plurinacional.

El siglo XXI en Bolivia empieza en enero de 2006. Aquel mes marca una ruptura con la hegemonía de consensos a partir de la fragmentación del Estado. Desde entonces, las perspectivas posibles del conservadurismo raído de la partidocracia boliviana se fueron diluyendo en un “deambular oscuro” y trastornado. Hubo un cambio epocal en lo ideológico, un nuevo tiempo que incorporaba a los históricamente excluidos, y por ello era esperanzador y a su vez imprevisible por las reacciones en las tradicionales oligarquías. En ese tiempo de cambio la idea de soberanía fue resignificado, se basó más en la idea de nación y fue recogido así por la nueva CPE. Parafraseando a Enzo Traverso: una sociedad de individuos reemplazó a una sociedad de órdenes predilectas. Las palabras tomaron nuevos significados, lo colectivo se instaló como una lógica societal/política y la misma historia recuperó la ancestralidad oculta. Las categorías Izquierda y Derecha, a las que Norberto Bobbio refiere con claro sentido de utilidad interpretativa de la política y sus contextos de dirección, emergen con fuerza referenciadora.

Lo que en 2003 se había despedazado con la caída de Sánchez de Lozada era una forma de comprender la democracia, de entender y accionar la política, en definitiva, la organización misma de la sociedad y el Estado neoliberal. Se esperaba un tiempo más democrático y lo fue. Se esperaba también una mayor comprensión y conciencia de una sociedad que debía aprender a coexistir con lo nuevo incluido y algo más de paz y tranquilidad social, esto no fue posible.

En 2019, los noviembristas enterraron su esforzado relato de monumental fraude electoral bajo los masacrados en Sacaba y Senkata. Rápidamente la dialéctica mostró que las luchas señaladas como épicas, libertarias y democráticas por los accionantes de noviembre de aquel año en el golpe de Estado eran apenas la restauración más envilecida del peor momento de decadencia del neoliberalismo. Registraron sus nombres en el evento más deplorable y ominoso de la nueva construcción democrática. Sin embargo, la dramaticidad de aquella crisis oculta entre su polvareda las necesidades urgentes de este Estado nuestro y esta sociedad.

Transcurridos los hitos de hegemonías dominantes, hoy, el país no supera la faz descentrada de nuestra sociedad y Estado. La estructura estatal no se articula pacíficamente con la sociedad civil. Los esfuerzos son tensionados y frágiles. Sobre ese escenario, con la vista puesta en 2025, se confrontan la sociedad plurinacional y la sociedad obsesionada por el pasado.

El proyecto social y popular construido sobre los ejes de la movilización popular, asambleísmo y deliberación social como mecanismos de petición e incidencia del pueblo sobre el poder y el gobierno brotó por años como una estructura que portaba un andamiaje inoxidable. La homogeneización de la conducta electoral de los movimientos sociales, de la corporatividad social y del pensamiento progresista construía victorias electorales con asombrosa facilidad. Alguna clase media participaba allí con entusiasmo en la idea de un país de inclusiones más extendidas. El tiempo de las victorias indudables se va desvaneciendo, nada está asegurado y hoy, como las palabras del Manifiesto Comunista, un fantasma recorre el país popular, el fantasma del fin de la historia.

El fin de la historia se imagina como el eclipse de la fortaleza electoral del movimiento social y popular, y a pesar de ello, desde el frente ideológico contrario, allí donde cohabitan algunas piezas del museo neoliberal con las nuevas voces de las corrientes libertarias, sin horizonte de expectativas ni expectativas en el horizonte, han renunciado a la idea de otra sociedad, se quedan anclados en el adjetivo que descalifica y abandona el esfuerzo de pensar, imaginar y proyectar un concepto nuevo de sociedad y Estado. Una derecha enrabietada antes que pensante habla del 2025 con su único y esmirriado objetivo, ganarle el proceso electoral siguiente al MAS.

Cuando un proyecto político agota su ciclo, quienes pretenden sustituirlo deben saber por qué reemplazarlo. Pero no dejan caer en sus altisonantes declaraciones ni un esbozo de algo nuevo o distinto, condenándonos a vivir en la misma tensión cíclica y recurrente que desde hace décadas caracteriza a la política boliviana.

Las figuras políticas del armario neoliberal/ conservador boliviano quieren relevar el proyecto social popular, pero desconocen por qué sociedad hacerlo. Apenas unas palabras, aquellas de la consigna de fácil consumo es lo que logran exponer. Ello los hace, inevitablemente, portadores del germen del caos, la incertidumbre, la ingobernabilidad y de la reconducción hacia la siguiente crisis social/política de expectativas frustradas y esperanzas derrotadas. Este preanuncio del escenario posible a vivir por el club de la derecha dura tiene un argumento que lo respalda, algo estructural y poco meditado, su memoria está construida de neoliberalismo, sociedades de privilegio, desgano democrático y exclusión social. Carecen de liderazgos nacionales, van faltos de estrategia y su consistencia ideológica no madura. No son gente para el debate político ni las miradas de estadistas. Son el consorcio de la no-política, un surtido de odios, tiktokers y engreimientos.

Los límites de la derecha nacional no deben encontrarse tanto en la falta de líderes, esto podría ser hasta un profundo error del análisis. Sus límites están marcados por la época actual, el tiempo histórico y el Estado Plurinacional. Hoy arrastran como pesada carga la derrota de la Revolución que creyeron construir en 2019. El peso es abrumador e insoportable, los ha transformado en despechados hasta perder la imaginación. Así, el 2025 es un escenario incómodo para ellos que solo se especula posible por el imaginado fin de la historia del proyecto social y popular.

Siendo complejo y crítico el panorama electoral de la derecha boliviana, el proyecto social popular también viaja en aguas agitadas. Entendido en toda su dimensión el proceso sociopolítico que relevó al caído Estado neoliberal el ciclo político de lo social popular como movimiento político en acción gubernamental evidenciaba señales de agotamiento. Los hechos de 2019, el rupturismo como lógica política, el compromiso directo y abierto en ese proceso de parte de todos quienes hoy buscan indirectamente ser nominados a candidatos por un frente de derecha fueron elementos que parecieron regenerar el período hegemónico, sin embargo, los desencuentros internos cercenan el pensamiento ideológico para conducirlo en riesgo elevado a una polaridad interna que se anota dentro de la cultura de la confrontación permanente, del enemigo constante, de la construcción de bandos antagónicos y de extremos irreconciliables que gráfica la política boliviana. Las sociedades confrontadas, agrietadas, así como las divisiones intrapartidarias de los movimientos de masas son de lenta y compleja reconstrucción, requieren valores democráticos añadidos y comprensión de la importancia de la paz social como elemento indispensable para la gobernabilidad y la convivencia pacífica de una sociedad plural y fuertemente abigarrada. La discrepancia ácida y diaria con los sectores de derecha radical y hoy también en lo interno, con impactos en las posibilidades económicas, laborales pero también en la tranquilidad social, están asociando pesadamente al proyecto popular a espacios de resistencia y fatiga desde la sociedad. Ello configura la necesidad de miradas, abordajes y propuestas que no se estructuren sobre la base de la memoria reciente del proceso de cambio. Nuevo marco de convivencia social se llama.

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Los excluidos de antes no pueden excluir hoy, es una contradicción histórica que inviabiliza el camino del socialismo en Bolivia. El Estado Plurinacional, que generó inclusión social, representación política oportuna y reacomodo de prioridades económicas y sociales, puede transformarse en un Estado imposible, como forma de organización societal justa y equilibrada, si no se perfecciona y sobrepasa el rezago institucional que hoy lo expone a sensaciones de impotencia que facilita la tarea de sus interpeladores.

Estas necesidades impostergables de la sociedad y el Estado, no vistas ni percibidas en el actual y extenso abanico político, ideológico y electoral van abriendo el camino a que nuevas referencias animen su participación. La derecha va, llena de entusiasmo, reduciendo todo a recursos económicos, apoyos de la potencia imperial y márketing político, no advierten que el regresionismo del Estado neoliberal socialmente asimétrico y carente de equilibrios está sepultado en la conciencia social de aquellos que determinan categóricamente los resultados electorales. La aspiración de que los últimos sean los primeros ya está asentada desde hace tiempo.

El fin de la historia es el fin de los proyectos de hegemonías dominantes, el declive de las opciones políticas excluyentes y de las lógicas circulares de sustitución de élites. El tiempo que se va abriendo espacio busca complementariedades sociales, económicas y paz social.

(*)Jorge Richter es politólogo

El punto sobre la i

“Pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar” afirmaba el fundador de la escuela de psicología analítica Carl Gustav Jung. Pensar es una acción que verbaliza el hecho de formar ideas, de establecer representaciones de la realidad, ya sea en palabras escritas o dichas y relacionarlas unas con otras. Para los griegos, en Platón primero, el pensamiento es una actividad desarrollada a partir de las capacidades del intelecto, una conversación interna en la que el alma habla consigo misma: “El acto de pensar no es sino un diálogo que el alma sostiene consigo misma, interrogando y respondiendo, afirmando y negando”. En el otro extremo, Aristóteles conceptualiza de forma opuesta, prioriza la razón, esto es, el encuentro entre el intelecto y la esencia del objeto pensado. Ya en Kant observamos el elemento señalado anteriormente, la representación, el acto de pensar es el representar, y en el representar se muestra el percibir. Heidegger como un corolario imaginado, nos dice que pensar es algo que debemos estar dispuestos a aprender y que se alcanza en el instante en el que nosotros activamos la acción de razonar. En el debate sobre el Modelo Cruceño, se observa más un juzgar que una efectiva acción de pensar, de comprender y racionalizar la discusión.

El Modelo Cruceño no es una cuestión desarrollista/empresarial, tampoco industrial ni productiva en sus factores constitutivos fundamentales. Su naturaleza encierra otros elementos de mayor determinación a su esencia: es una forma de organización societal, también política, de hechos económicos y cooptaciones institucionales. Profundamente conservador en su médula, determinado por una religiosidad verbalizada que incomoda sus acciones diarias; en sentido opuesto, lo económico es ampliamente liberal, individualista, proclive al capitalismo consumista y hoy seducido por las referencias libertarias.

Cuando hoy se refieren al Modelo Cruceño aún se insiste en exhibir particularidades propias de una burguesía industrial. Pero ello no grafica ni define adecuadamente el espacio en disputa y los alcances en una mirada de integralidad sobre la sociedad cruceña toda. El Modelo Cruceño impuesto tiene una forma de preeminencia social, económica y política que beneficia a unas élites que marcan el éxito a partir de la exhibición de satisfacción del factor aspiracional. Metodológicamente construye legitimidades en sus fachadas para actuar con supuestos apoyos, por ello convoca, moviliza, acalora el regionalismo y el cruceñismo como ideología, construye enemigos diversos, imaginarios sociales muy aprensivos, instaura el temor, toma y controla el pleno de la institucionalidad del departamento a tiempo que, también despliega una narrativa discursiva fortalecida por la corporación mediática empresarial de la que es propietaria, allí controla la libertad de prensa que va quedando adherida a quienes privadamente acumularon el capital para conformar sus redes y finalmente, con indolente desapego, se apropia de los recursos económicos de la sociedad.

Desde los espacios más sensatos del pensamiento cruceño, aquellos que se resisten a ser parte del club de relatores de la narrativa tarifada, de los dueños del uso irrestricto del adjetivo injurioso, se argumentan dos líneas, que el Modelo Cruceño es la simbiosis perfecta de los factores tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad, una mirada con mayor énfasis en lo productivo. Sin embargo, señalar sobre ello que la institucionalidad es el elemento disruptivo mayor. Sobre la base de la cooptación de esa institucionalidad, precisamente, se construye un modelo que abdica de productivo/empresarial/ desarrollista y transfigura en Modelo de Poder, interventor de una sociedad para la construcción de una superestructura de ventajas económicas, sociales y políticas que los favorece. La superestructura elitaria y de las prerrogativas hoy resiste con odio la intención democratizadora que se propone.

No están en discusión las capacidades productivas de la región, de sus actores más dignos y decorosos, el reclamo alcanza a aquellos que, en su conservadurismo extremo y hoy radical, disocian el orden social, político y económico sobrecargando de beneficios y privilegios a un pequeño grupo.

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En la idea de establecer un continuo de aportaciones al debate del Modelo Cruceño, sumo la referencia oportuna que realiza Pablo Deheza en su razonamiento “Fassil y el ideario cruceño”: “Si bien hoy es moneda común en Santa Cruz la ampliación discursiva hacia lo ´camba´, la mirada de superioridad cultural permanece. Siguiendo con Alcides Parejas, la cultura cruceña tiene la ventaja de ser local; en otras palabras, tiene teóricamente el derecho de imponer las reglas del juego”. Esas reglas del juego son las que exigen un espacio adecuado y propicio para que el modelo se ejecute sin restricciones y controles normativos estatales, se requieren condiciones de libertad autárquica, aquella que coloca las decisiones en manos del grupo dominante. Ahí la pregunta, ¿quiénes constituyen hoy ese conjunto de referencias en dominancia? Y la respuesta señala: aquellos en los que gira la representación política, el poder privado de logias, la oligarquía económica y los pocos clanes familiares que aún quedan e inciden. Allí el modelo de cooptación deja marginados a millones de cruceños que solo pueden circundar productiva y profesionalmente por los bordes de quienes son los propietarios mandantes de este sistema excluyente. No siendo el modelo perfecto, éste avanza hacia su degeneración (como todo modelo) pues ha exacerbado la búsqueda de acumulación económica para abonar con éxito el factor aspiracional y la demanda social. Las condiciones óptimas requeridas, como la libertad de mercado y libertades autárquicas regionales confrontan con un modelo distinto que se impuso en el país desde el año 2006, con lógicas contrarias en lo que hace a la organización societal y que es más colectivista que individual. Por lo tanto, tensiona, resiste y confronta con este.

Hoy esa narrativa ya no tiene columna de soporte. Imaginar un espacio único de lógicas de mercado y sociedades de jerarquías es inviable. La base social de participación, no solo política, sino económica y societal se amplió con la incorporación de nuevos derechos y la extinción de los escalafones sociales y los factores que los suscitaron. El Estado, la sociedad y sus formas de cohabitar se han modificado estructuralmente. La organización societal cruceña del modelo de castas familiares, clanes políticos, oligarquías económicas y poderes privados del formato logias está empobrecida, desplazándose de forma decadente hacia una ineludible democratización social, institucional y política.

Se está buscando otra forma de sociedad, y la búsqueda es sinónimo de libertad.

(*) Jorge Richter es politólogo

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El hecho inconstitucional pervive porque está asociado a la impunidad. La impunidad es una construcción jurídica con favores políticos entrecruzados. En el caso de la desaparición de José Carlos Trujillo Oroza, detenido, torturado y desaparecido el 2 de febrero de 1972 durante la dictadura de Banzer, la Corte IDH estableció “que la falta de tipificación de la desaparición forzada de personas en el ámbito interno contribuye a la impunidad, al constituirse como un obstáculo para el desarrollo del proceso efectivo”. Cuatro fueron las circunstancias que protegieron impunemente a sus autores: a) el transcurso del tiempo; b) la falta de tipificación del delito de desaparición forzada; c) la aplicación de la prescripción de la acción en el proceso penal, y d) las irregularidades cometidas en la tramitación del proceso penal. El poder político se encargó de montar esas “circunstancias insalvables” y blindó a los responsables. Banzer no respondió por ello.

Golpismo y neogolpismo. La profesora de Teoría Comparada, Rosemary O’Kane, nos dice que todas aquellas cesaciones de mandato de titulares del poder ejecutivo, con perfiles de obligatoriedad ineludible, ante amenaza o sugerencia insalvable, resultante de un levantamiento o insurrección y con elementos presenciales de intromisión militar en la política se evalúan como golpe de Estado. El profesor Huntington, por su parte, desde las Ciencias Sociales y la politología resume que un golpe de Estado constituye una acción de un grupo político y de poder que traza como objetivo un esfuerzo por desalojar ilegítima e ilegalmente a quien detenta y ocupa el poder por medio de mecanismos violentos o amenazas de su utilización, y aunque la violencia sea menor o nula, sus actores individualizados y de grupo preservan estamentos de poder institucional dentro del sistema político vigente donde se produce el hecho.

Con procesos democráticos afianzados y extendidos en el tiempo, la cultura “rupturista” se expone aún vigente. Han mutado sus formas y éstas hoy se caracterizan por ostentar nominalmente una “continuidad democrática” que en el caso boliviano se denomina “sucesión constitucional”, ello no impide dilucidar y percibir el quiebre del pacto constitucional y la desatención a la institucionalidad democrática. El descrédito histórico de las irrupciones militares en el poder político, de las dictaduras instaladas y de algunos procesos judiciales que las condenaron unánimemente hizo que las nuevas formas de golpismo hayan incorporado dos elementos sustanciales para construir la fachada democrática: la presencia civil, que aporta una supuesta legitimidad al hecho de ruptura y el elemento jurídico/discursivo que esmalta de legalidad aparente al movimiento de facto.

El neogolpismo hoy actúa construyendo escenarios de confrontación política con elementos que puedan generar indignación social y apoyado en corporaciones mediáticas y empresariales. La acción política junto a una potente industria propagandística va erosionando la legitimidad de gobernantes y gobiernos populares hasta que la inestabilidad haga propicio el ingreso desequilibrante del factor militar/policial. En el neogolpismo, el ejército es un instrumento más —determinante por supuesto— que interviene en la parte final de esa puesta en escena del esquema de rupturas.

En Bolivia, el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) mostró este rol de forma categórica. “El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”. García Meza fue la muestra del golpismo militar convencional. Áñez representa el neogolpismo cívico militar.

Un gobierno de facto con anhelos constitucionales. Un gobierno de facto refiere a aquel que se hace con el control del Estado contraviniendo los procedimientos constitucionales en clara oposición a los de jure. Ocupa todos sus poderes o alguno de ellos. Sustituye el poder de derecho y lo ejerce de hecho. El 12 de noviembre de 2019, la Sra. Áñez, después de particularísimas interpretaciones de la CPE, se presenta ante el país con la banda presidencial; había dejado de lado el litúrgico juramento congresal que sin excusa todo presidente constitucionalmente electo respeta. Su paso de senadora a presidenta de forma clara no fue constitucional. Pero eso dicho ya está y juzgado también. La cuestión es otra, ante el hecho consumado del gobierno de facto es su saldo de gestión, ése tiene tanta sangre y dolor que cuesta hasta escribirlo; lo que nos lleva a preguntar: ¿esto debe juzgarse y los inculpados asumir su insensatez? Quien no permitió derechos, ¿puede pedir privilegios?

Para el jurisconsulto argentino Bidart Campos, cuatro tesis buscan comprender en diferentes dimensiones aquello que versa sobre el reconocimiento de los gobiernos de facto. Pero son dos las que hoy están difundidas argumentativamente en la cotidianidad discursiva: La Tesis Legitimista que, contraria a la doctrina de facto, rechaza rotundamente el reconocimiento de los gobiernos que han llegado a sus cargos apelando a la violencia y, la Tesis de la Necesidad, donde se afirma que el gobierno de facto ha de ser reconocido por necesidad, es el principio ya enunciado de la continuidad del Estado y la necesidad de asegurar sin interrupción el ejercicio del poder. La Tesis de la Necesidad es la expresión del vacío de poder argumentado en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Nada, de forma principista, puede conducir a reconocer un gobierno de facto. Los principios se enfrentan a momentos con la realidad. La fuerza de las armas pretende disuadirlos y ante ello es posible y perentoria la negociación política para restablecer el orden alterado y salvar la Constitución, pero sin impunidad ni dilaciones inacabadas. Y acá está lo central del urgente apuro de una nueva doctrina complementaria a la Tesis Legitimista: aquellos que de acuerdo a la definición dada constituyen un gobierno de facto no deben ser favorecidos por juicios políticos de privilegio, pues no tiene valor comparable quien ejerce la presidencia de un Estado de forma legítima y en delegación del poder popular y quien llega a ella quebrantando la CPE.

La realidad normativa actual, que en responsabilidades equipara a un gobierno legítimo con otro de facto para su juzgamiento, no hace más que dejar la puerta abierta para aquellos que transgrediendo el camino constitucional intentan hacerse del poder con palabras enmascaradas de democracia y, que, de forma habitual y posterior, construyen estructuras político partidarias para revestir de impunidad suficiente su conducta antidemocrática. Con habilidad camaleónica el golpismo ha mutado sus formas violentas por fachadas de aparente “sucesión constitucional”, pues entonces también la doctrina de resguardo de la democracia y responsabilidades de los mandatarios debe virar para enfrentar a ese enemigo de la institucionalidad que es la eterna impunidad.

(*)Jorge Richter R. es politólogo.