En 2017 experimentamos una disminución en la producción natural de castaña en el país (entre el 45 y el 60% respecto a los niveles usuales) debido al clima. La respuesta en el mercado internacional fue un aumento en el precio, sumado al incremento de las cotización de otras nueces de las que depende el precio final de la castaña. El volumen de exportación final de 2017 fue de 14.500 toneladas (por debajo de las 20.000 t registradas desde el 2012). Y el valor de las ventas por exportación fue de $us 169 millones, apenas $us 14 millones menos que en 2016.
Además, el precio de las operaciones de compra y venta en las que el transporte se realiza por barco (Free on board, FOB), llegó ese año a $us 5,1, valor que normalmente oscila entre los $us 3,4 y los $us 4,2. A nivel de las familias que recolectan este fruto, la poca castaña que pudieron obtener del bosque fue altamente cotizada por los intermediarios, rescatistas o las empresas beneficiadoras a las que les vendieron su producto.
Este año hemos experimentado un fenómeno completamente distinto. A principios de enero surgieron señales de alarma en varios municipios de Pando por la disminución de los precios de la castaña comparados con los del año pasado (por ejemplo, en 2019 fue de Bs. 275 por cada caja de 23 Kg; y en 2020, oscilado entre Bs 100-120). Esto desató un movimiento social de casi tres semanas que terminó luego de que los recolectores de castaña y el Gobierno acordasen un precio de Bs. 140 por caja, derivando a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) la responsabilidad de implementar una estrategia de compra que beneficie a la mayoría de las familias castañeras. Pero a pesar de sus esfuerzos, esta entidad no logró su propósito. En consecuencia, los ingresos económicos esperados por cada familia por la recolección y venta de castaña no fueron los estimados. A esto se ha sumado la emergencia sanitaria nacional y la cuarentena que atravesamos por el brote del COVID-19.
Todo apunta a que el bajo precio de la castaña devino por la reducción de su demanda en el mercado internacional. Esta dinámica ha puesto de manifiesto, una vez más, la alta dependencia de este recurso por parte de las familias castañeras, que este año han visto mermada su economía familiar (reducida liquidez, capacidad de compra, etc.). Afectando también la dinámica económica propia de sus comunidades, las cuales no cuentan con las condiciones necesarias para hacer frente a la pandemia.
En este escenario han resurgido prácticas tradicionales como el intercambio o el trueque de productos que, por supuesto, no serán suficientes. Junto con el acompañamiento del esquema de entrega de bonos decretados por el Gobierno y el seguimiento sanitario de cada comunidad, urge diseñar e implementar estrategias postcuarentena que fortalezcan el sistema alimentario de cada familia, y que promuevan la tan ansiada diversificación económica de la región. La cual viene de acompañada con otro desafió: promover intercambios comerciales bajo protocolos y estándares de bioseguridad.
Daniel M. Larrea, doctor en Ecología Tropical, miembro de la Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA).