Voces

viernes 5 mar 2021 | Actualizado a 09:28

Banderas blancas del hambre

Aquellas banderas blancas sacudidas levemente por la briza otoñal son íconos del hambre.

/ 12 de mayo de 2020 / 05:15

Muchas banderas blancas aparecieron colgadas en las puertas rústicas, en las ventanas rotas, en las paredes desportilladas y en los muros de adobe de las casas abatidas por la pobreza. En Llallagua, estas banderas no significan el cese bélico o algún armisticio, no hay guerra (aunque el gobierno de Jeanine Áñez tiene su propia guerra y persigue a sus contrincantes políticos). Aquellas banderas blancas sacudidas levemente por la briza otoñal son íconos del hambre.

A finales de abril, a dos semanas del “encapsulamiento” en la ciudad cruceña de Montero, una niña de 12 años decidió suicidarse. “Me quiero morir”, le dijo a su mamá. Ella no comió nada en dos días. Esta noticia conmovió a Bolivia. Una muestra dramática de una hambruna extendida.

La cuarentena forzada, necesaria en muchos casos, está condenando al hambre a los más pobres; a aquellos que comen el pan de cada día con el trabajo diario. Para ellos, el confinamiento es atroz. La FAO pronostica que el hambre puede atacar a 100 millones de personas más: “una epidemia espeluznante solo para pobres”, dice el periodista Martín Caparros. “Necesitamos ayuda para comer”, es el mensaje de las banderas albas. Es el límite del hambre.  No es solo una estrategia usada en Llallagua. Se ha propagado en varios confines pobres de América Latina desde que se desató la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En Llallagua tiene su propia peculiaridad. Allí se ensambló un circuito comunicacional de solidaridad. Comienza en las casas de adobes donde el hambre se hace insoportable. En su desesperación, los hambrientos cuelgan las banderas blancas. Luego, en la web “Llallagua Noticias” se suben fotografías de esas casas con las marcas del hambre; ponen su ubicación exacta en el mapa de Google, o la imagen del inmueble y sus coordenadas: “al frente de la casa azul”, por ejemplo. Mensajes solidarios acompañan las imágenes: “Una familia de escasos recursos necesita tu ayuda. No tienen que comer, solo están con agua”. Posteriormente, las personas, la mayoría pobres, responden al mensaje: “Mañana pasaremos por su domicilio a dar nuestro aporte, gracias por la información”. En muchos casos, quienes aportan sacan fotos como un registro de su gesto solidario.

Esta ayuda mutua se desperdiga en varios barrios periurbanos y también en el campo. Allí se refuerza el tejido solidario que han heredado de sus abuelos. Es la lógica del “el pueblo salva al pueblo”, o aquella otra que dice: “solo nos tenemos a nosotros mismos”. Las banderas blancas son símbolos de la crisis alimentaria en tiempos de pandemia. Pero, al parecer, el Gobierno transitorio se niega ver.

Estos actos solidarios se convierten así en gestos que cuestionan a un Gobierno incapaz de administrar la crisis sanitaria y, peor aún, resolver la crisis alimentaria; procurando zanjar la hambruna con represión, oraciones, ayunos o bonos exiguos. Quizás un Gobierno democrático emanado de las urnas hubiera generado los consensos necesarios con distintos niveles gubernativos y, sobre todo, con los sectores sociales/populares para articular este tejido social solidario, y así enfrentar adecuadamente al COVID-19 y al hambre.

Volviendo a Llallagua, una foto conmovedora de una señora palliri, hoy sin trabajo por la cuarentena, recibe con lágrimas los alimentos en la puerta de calamina oxidada de su casa. Allí colgaba una banderita hecha con plástico blanco; como otorgándole razón a uno de los pensamientos de Umberto Eco: “el símbolo es un signo cuyo significado desborda al significante”.

Yuri F. Tórrez, sociólogo.

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Alfabetización, postalfabetización, ¿son valoradas?

/ 5 de marzo de 2021 / 02:17

En Bolivia, en general, la alfabetización tuvo tres fases claramente diferenciadas. La primera en la Colonia y parte de la República, en el intento de privilegiar el poder de élites, marcada por la negación del derecho a la educación de una gran mayoría de la población, principalmente pueblos indígena originario campesinos, mujeres y de bajos ingresos. En la segunda, se pusieron en práctica una serie de programas destinados a resolver el analfabetismo, la mayoría carentes de sostenibilidad y carácter asistencial, buenas intenciones sin resultados de consideración. Esos antecedentes explican que, en pleno siglo XX, gestión 2001, existían más de 1.300.000 personas mayores de 15 años analfabetas, con una tasa de analfabetismo del 13,28% (CPV, 2001), la gran mayoría mujeres y poblaciones de alta vulnerabilidad.

La tercera fase se inició en marzo de 2006, hace 15 años, con la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización “Yo, sí puedo”, política pública que hace historia en la educación para bienestar de la población en el marco del Vivir Bien. En el periodo 2006-2019 se alfabetizó a más de 1.043.000 personas mayores de 15 años, más del 70% mujeres, reduciendo la tasa de analfabetismo a 2,26%. Bolivia es un Estado libre de analfabetismo, alcanzó la tasa más baja de su historia, está entre los tres países con mayores logros y cumplió con creces acuerdos internacionales. Paralelamente, desde 2009, se inició el Programa Nacional de Post-alfabetización “Yo, sí puedo seguir” y promovió la lectura en el conjunto del sistema educativo. En la actualidad, existen muchas personas que concluyeron la educación primaria y secundaria de personas jóvenes y adultas para luego formarse en el nivel de educación superior hasta egresar como profesionales. Los logros de la alfabetización y postalfabetización, si bien tienen directa relación con la lectura y escritura, también contribuyeron a que la población antes ignorada restituya sus derechos en la sociedad y educación. Pero, como producto de la mirada que reduce el concepto de educación a escolarización, pese su impacto social, muchas veces estos logros son ignorados o menospreciados.

Siendo un acumulado histórico del conjunto de las áreas del sistema educativo, la alfabetización y postalfabetización contribuyen al incremento de los años de escolaridad (promedio de años de estudio de la población igual o mayor de 19 años). Una mayor escolaridad es determinante para fortalecer las capacidades de desarrollo del país y el ejercicio de derechos, además fortalece los logros del sector educativo. En Bolivia el promedio de años de escolaridad de 7,4 (año 2001) se incrementó a 9,8 (2018). En promedio, a 2018, las y los bolivianos mayores de 19 años permanecen en el sistema educativo prácticamente 10 años.

La alfabetización y postalfabetización también contribuyen a la dignidad de las personas y la equidad social. La dignidad de la persona que deja de ser analfabeta se valoriza en su relación con sus hijos que son parte de la escolarización y del resto de su entorno social. Téngase en cuenta que la mayoría de las personas analfabetas eran mujeres, así también es una contribución a la equidad. Esta situación también puede verificarse con variables de carácter nacional, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado y medido por Naciones Unidas. En Bolivia, entre 1990 y 2019, el valor del IDH se incrementó de 0,551 a 0,718, crecimiento del 30%. Si consideramos que el IDH, entre otras variables, se incrementó por el crecimiento de los años de escolaridad y que parte de estas variables comprenden a las tasas de alfabetización y postalfabetización, nuevamente se puede verificar que el aporte va más allá de la lectura y escritura, contribuye a mejorar la calidad de la población marginada en otros tiempos.

Tenemos que dejar actitudes que ignoran logros para reconocer avances. Por supuesto, además de dar continuidad a sus acciones, más en tiempos de pandemia, también debemos seguir en permanente mejora de sus concepciones y prácticas, como la alfabetización y posalfabetización en idioma materno, vinculadas a la producción, desarrollo tecnológico y a una sociedad que se forma integralmente, así como fortalecer su pertenencia al sistema educativo. Claro, bajo el supuesto que construimos una sociedad con dignidad, inclusión y equidad. Reto para la sociedad e instancias gubernamentales.

    Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.

 

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El CCCM respalda el acuerdo Mercosur-UE

/ 5 de marzo de 2021 / 02:06

Las cámaras de comercio de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) manifiestan su apoyo a la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. El respaldo fue dado a conocer mediante una declaración conjunta del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM) —léase Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y países asociados (Bolivia y Chile).

Este apoyo se funda en que la vinculación entre ambos bloques —que en conjunto representan un mercado de 800 millones de habitantes y casi una cuarta parte del PIB mundial, que se refleja en los flujos comerciales de bienes y servicios por cerca de $us 100.000 millones al año— generará un considerable aumento en las exportaciones regionales, consolidando la participación de empresas sudamericanas en las cadenas de valor, acelerando el proceso de transferencia tecnológica y aumentando la competitividad de la economía.

Este acuerdo también permitirá el permanente fortalecimiento de los vínculos políticos, culturales y económicos estratégicos de los países del Mercosur con la UE, a la par que facilitará las condiciones de acceso a bienes, servicios e inversiones, al reducir y eliminar actuales restricciones.

Al mismo tiempo, este acuerdo implicará una nueva etapa en la relación de los países de ambas regiones, dinamizará el comercio intrarregional del Mercosur y dará lugar a nuevos compromisos en materia de circulación, armonizando normativas y simplificando procedimientos internos. Por todo ello, el CCCM expresa públicamente su apoyo a la firma y puesta en marcha del acuerdo.

Tras 20 años de negociaciones, a mediados de 2019 el Mercosur y la UE acordaron conformar una asociación que representa un hito en las relaciones de estos dos procesos de integración.

En lo comercial, como lo señala un informe del BID, la UE se comprometía a liberalizar el 92% de las importaciones provenientes del Mercosur, mientras el bloque sudamericano liberaría gradualmente el 91% de las importaciones europeas.

Con la entrada en vigor del acuerdo, el Mercosur pasaría a tener tratados de libre comercio con 23,5% del PIB global (vs. tan solo 1,4% cuando empezaron las negociaciones). Los plazos acordados para la desgravación contemplan las heterogeneidades estructurales entre ambas regiones, con tiempos sustancialmente más cortos para la liberalización que debe realizar la UE, y una transición más gradual para el Mercosur. En cuatro años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, la UE estará aplicando la mitad del arancel promedio actual mientras que el Mercosur reducirá su arancel promedio a la mitad recién en nueve años.

Este acuerdo es importante porque brindará certidumbre legal y mejorará el clima de negocios, aumentando el atractivo de los países miembros del Mercosur como destino para la Inversión Extranjera Directa (IED).

También, el convenio consolida una mesa de diálogo y negociación permanente, abre oportunidades para mejorar el acceso al cerrado mercado europeo de bienes agrícolas, y podría contribuir a fortalecer las cadenas de valor y aumentar la competitividad de las economías del Mercosur.

Junto a la declaración conjunta del CCCM también se difundió la declaración firmada entre este Consejo y la Eurochambres sobre el acuerdo, espacios que nuclean a las instituciones empresarias del comercio y los servicios de los países miembros y asociados del Mercosur y la UE, y que manifiestan públicamente su apoyo a la firma.

El respaldo mencionado se funda en la convicción de que el acuerdo generará un considerable aumento en el flujo comercial, consolidando la participación de empresas sudamericanas y europeas en los mercados respectivos, acelerando el proceso de transferencia tecnológica y aumentando la competitividad de las economías de los países miembros. A la vez, establecerá un vínculo político, cultural y económico estratégico permanente entre ambos bloques, a la par que facilitará las condiciones de acceso a bienes, servicios e inversiones, al reducir y eliminar restricciones.

Por todo ello, y conociendo que los pasos esperados para consolidar el acuerdo están vinculados con la garantía del cumplimiento de los estándares y normas productivos expresados en el texto ya aprobado por ambos bloques, el CCCM y Eurochambres se adhieren al propósito de apoyar las mejoras que resulten oportunas para alcanzar las condiciones cualitativas necesarias, a fin de prontamente avanzar con el proceso de la firma y puesta en marcha del acuerdo.

   Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y académico de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.  

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¡Elijamos al mejor!

/ 5 de marzo de 2021 / 01:43

Nuestras ciudades son hijas del siglo XX, lo que no hace alusión a sus edificaciones altas o bajas o a las cientos de miles de personas que acogen, sino a cómo construyeron lo urbano, que no es otra cosa que la riqueza de sus contextos. Estos forman su identidad como urbes apoyadas por las comunidades que las habitan, las cuales esperan contar en el mañana cercano con una especie de ficción compartida en su desarrollo. Y para eso están los procesos destinados a elegir a las autoridades que llevarán las riendas de ese futuro.

Lo singular es que la población siempre vio las campañas políticas en una ciudad libre de proyectarla y disfrutarla, empero, hoy los nuevos tiempos ni siquiera dan la posibilidad de vivirla en libertad. Esto por las recomendaciones y cuidados personales que exige el tan mentado coronavirus.

Lo interesante y notorio del momento, sin embargo, es cómo la ciudadanía manipula el tiempo y el espacio. Y mucho más porque son momentos eclipsados por el delirio de las próximas elecciones y por el apoyo al partido político al que se piensa favorecer con el voto.

Si bien nadie niega que aún existen ideales políticos, tampoco se puede afirmar que todas las fuerzas partidarias participantes tengan visiones claras sobre el mañana de esta ciudad y menos cuáles son de prioridad. Por tanto, esa perspectiva debiera ser general y de interrelación entre la lógica de hacer ciudad y la revisión de qué es lo que se requiere para proyectarla al futuro.

Así, lo importante no solo es saber que se deben ganar los comicios, sino que ese triunfo debe estar respaldado en la calidad de las propuestas rumbo al porvenir de esta urbe. No obstante, pareciera que La Paz necesita mayor claridad sobre el camino que debe transitar. Esto porque va quedándose atrás en su desarrollo y mucho más en su crecimiento territorial planificado.

Pese a ello, no falta la algarabía, el gran deseo y amor por esta ciudad de parte de la población; sentimientos que son tan grandes que no dejan de emocionar. Este tiempo de elección de las futuras autoridades nos da la posibilidad no solo de definir con nuestro voto la atención que requiere una ciudad dominada por la política, sino de establecer una mirada clara hacia un futuro mejor. Esto apoyado por los distintos cambios que colaboren en construirla para un mañana prometedor. Por tanto, son momentos que obligan a tomar la decisión más beneficiosa para este departamento.

Y es justamente el día de la elección la única oportunidad en la que nos encontramos totalmente solos para manifestar en libertad nuestros anhelos e ideales de contar con la ciudad contemporánea que recupere el ámbito humanizador, autentica metrópolis y para ello dar el voto al postulante que nos convenza mejor.

Esa jornada se constituye en una especie de dispositivo democrático tanto de libertad de acción como decisión, respaldado en el anonimato del sufragio que permite elegir conscientemente y en libertad al representante que llevará adelante los ideales, sueños y esperanzas, pero también los planes y programas.

Una fiesta democrática en la que tendrán un peso determinante aquellas propuestas con una fundamentación sólida para su ejecución en beneficio de La Paz.

Como es obvio, el día de los comicios predomina un aire político en los recintos de votación, así como la matemática del número de sufragios. Aun así, la ciudadanía no debiera dejar al azar su voto, ya que son momentos en que su decisión colaborará a definir el destino de La Paz.

Esperemos que el domingo 7 de marzo la alta tensión emocional de la política no convierta a las elecciones en una catarsis colectiva.   

Patricia Vargas es arquitecta.

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Rompiendo los eufemismos del FMI

/ 3 de marzo de 2021 / 03:45

Hace días varios opinadores económicos salieron en medios de comunicación al estilo de “cuenta cuentos”, aseverando que el Gobierno cometió un error al devolver el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) pactado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, entre ellos Alberto Bonadona, quien asegura que el préstamo no se trataba de un crédito en sí y que se trata de una medida política y no económica.

Empecemos con la primera opinión errónea por parte de los “cuenta cuentos”, el préstamo realizado por el FMI en abril de 2020 por $us 327 millones se trataba de un crédito, ya que éste generaba pago de capital e intereses; es importante señalar que acá y en China, por no decir en cualquier parte del mundo, cualquier pago que contemple intereses y comisiones tiene la definición de crédito. Y no así como pregonan los opinadores económicos.

Por otra parte, llama la atención el pánico que tratan de transmitir estos políticos disfrazados de “analistas” al mencionar que se cometió un error en la devolución de dicho crédito; denominemos esta acción como “doble moral” ya que el año pasado varios de estos opinadores mencionaban que el crédito debería ser devuelto o fue un error contraer deuda con el FMI, y ahora en un intento de búsqueda de fama de cinco minutos aseveran que la medida fue errónea.

Es necesario señalar nuevamente que el crédito del FMI gestionado por las exautoridades autoproclamadas se encontraba en la ilegalidad al no cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE) y poner en riesgo la libertad y soberanía económica del país; si leemos la CPE en sus artículos 158 y 322, nos damos cuenta de que cualquier préstamo/crédito que el país solicite debe ser aprobado para su desembolso y ejecución por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), acción que no se dio durante el gobierno transitorio, aceptando el desembolso sin el visto bueno de la ALP durante abril de 2020, y además incurriendo ya en costos financieros al pagar la comisión por desembolso impuesta por el FMI de $us 1,6 millones.

Si realmente dicha operación no se trataba de un crédito y Bolivia no se estaba endeudando con el FMI, ¿por qué se empezó a cobrar comisión e intereses?, ¿por qué la expresidenta autoproclamada en reiteradas ocasiones pedía a la ALP que apruebe el desembolso de dicho crédito? Son preguntas cuyas respuestas dejan en “jaque” a los opinadores económicos y exautoridades de transición.

Y por si fuera poco, en un intento de engaño a la población boliviana, las exautoridades de facto en el Banco Central de Bolivia ocultaron la operación de deuda con el FMI del registro de estado mensual de deuda externa que publicaba la Gerencia de Operaciones Internacionales de la entidad en cuestión, engaño que salió en los medios de comunicación el 12 de agosto de 2020 y acción por la cual no se hicieron responsables ni dieron explicación alguna; queda claro entonces que las exautoridades autoproclamadas buscaron los medios para encubrir la ilegalidad de la deuda contraída con el FMI.

Por último, el exministro José Luis Parada y el expresidente del Banco Central de Bolivia Guillermo Aponte en ningún momento tuvieron la intención de explicar a la población boliviana el condicionamiento del crédito del FMI, el cual claramente se encontraba escrito en el acuerdo de deuda entre Parada, Aponte y el FMI, donde se mencionaba que “Bolivia considerará un cambio gradual hacia mayor flexibilidad del tipo de cambio en el mediano plazo”. ¿Esto qué quiere decir?, que Bolivia iba a presentar cierto “entreguismo” en materia fiscal, monetaria y financiera hacia el FMI, perdiendo así la libertad económica y aceptando las viejas recetas del FMI que años atrás trajeron desigualdad y crisis económica al país.

Para que los opinadores económicos logren entender la gravedad del asunto y lo acertado de la devolución del crédito del FMI, les pondré un ejemplo de novela donde una madre interesada obliga a su hija a casarse con un hombre solo por su dinero, donde la hija se encuentra obligada a aceptar todas las condiciones del hombre solo por su dinero; el lector sabe quiénes son los personajes.

   Miguel Clares es economista.

 

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El desairado fin de Lava Jato

/ 3 de marzo de 2021 / 03:37

Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia. El anterior mes, el grupo de trabajo a cargo de la operación Lava Jato fue disuelto por el Procurador General de Brasil. El fin de la operación anticorrupción, cuya acción cambió la historia de Brasil y de América Latina, pudo haber suscitado una reacción encendida: para unos se trata de uno de los pocos esfuerzos contra la impunidad a políticos y empresarios que debe seguir activa y para otros es un ejemplo más de politización de la justicia que nació con severas fallas de origen.

Se esté a favor o en contra de la operación, queda clara una cosa: el tejemaneje entre corrupción y política sigue estando al orden del día. El mismo día en el que se anunció la disolución de la operación, Arthur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción, fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Pero ni en las calles ni en las redes sociales, ninguno de los dos anuncios generó mayor indignación. El inmenso capital político y social acumulado por Sergio Moro, el célebre juez que inició Lava Jato, y los procuradores se ha ido evaporando en los últimos años. Y esto lleva a otra conclusión: en lugar de ayudar a erradicar la corrupción, lograr mayor transparencia en la política y fortalecer la democracia, la famosa operación contribuyó al caos que hoy vive Brasil. Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia brasileña.

Su desairado fin nos dice mucho sobre el descrédito en el que cayó después de la victoria de Jair Bolsonaro, impulsada en buena medida por la indignación social provocada por el “lavajatismo”. También permite esbozar una reevaluación del legado de la operación y de la manera en la que entrará en los libros de historia, en particular tras la publicación reciente de nuevos diálogos vía Telegram entre Moro y los procuradores, que confirmaron su carácter eminentemente político. Para defender su obra, los procuradores de Lava Jato han presentado una serie de cifras, que dan muestra del tamaño descomunal de esta operación. En siete años, se libraron 1.450 órdenes de aprehensión, 179 acciones penales, 174 condenas de empresarios y políticos del más alto nivel, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero, para conseguirlo, los procuradores cayeron en violaciones al debido proceso sin que por ello la corrupción haya disminuido.

Si bien era conocido desde hace tiempo que Moro había condenado a Lula da Silva por “actos indeterminados” y cargos dudosos, ahora se sabe que fue el propio Moro quien dirigió la construcción de la acusación contra el expresidente, violando el principio jurídico de no ser juez y parte al mismo tiempo.

Moro se ufanó en sus conferencias de las sumas de dinero recuperadas a favor de las arcas públicas, pero omitió decir que el 50% del dinero proveniente de las multas impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Petrobras y Odebrecht tendrían como destino una fundación de derecho privado, cuyos gestores serían los propios miembros de Lava Jato, junto con dirigentes de oenegés. En 2019, la Corte Suprema suspendió la fundación.

Si usamos los criterios del juez Moro para juzgar las acciones del ciudadano Moro, estos diálogos revelan actos ilegales. Ante estas revelaciones, Moro y los procuradores continúan negando la veracidad de los diálogos. El inconveniente de ese argumento es que fue la propia Policía Federal brasileña, bajo las órdenes de Moro, cuando era ministro de Justicia, que llevó a cabo una revisión de los mensajes, y consideró que eran verdaderos.

En 2019, los periodistas de The Intercept recibieron 43,8 gigabytes de datos que originaron más de un centenar de artículos sobre Lava Jato. Hasta ahora, solo 10% de 7 terabytes han sido analizados, con lo que se espera que sigan apareciendo fallas e ilegalidades en la operación. Pero incluso con ese pequeño porcentaje revisado, los diálogos confirman que esta operación pervirtió la Justicia, vulneró el Estado de derecho de Brasil y fue un factor fundamental en la construcción de la distopía que vive el país, con una crisis política exacerbada y con el segundo lugar mundial de más fallecidos por la pandemia.

Hay, dentro de todo, buenas noticias para Brasil: no todas las instituciones han sido cooptadas. Algunas han denunciado estos atropellos, haciéndose eco de las voces de la sociedad civil que exigen el restablecimiento del Estado de derecho, empezando por la restitución de los derechos políticos de Lula. Es necesario continuar fiscalizando y denunciando estas arbitrariedades y reevaluar de manera crítica el significado de la operación Lava Jato para la Justicia y la democracia de Brasil.

Lo anterior no quiere decir que no sea imprescindible la actuación firme de la Justicia en contra de la corrupción. Por el contrario, es necesario reforzar los instrumentos para terminar con la relación incestuosa entre el dinero y la política.

Gaspard Estrada es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

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