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sábado 4 jul 2020 | Actualizado a 02:22

Bolivia y México, política anticrisis II

El COVID-19 ha sido identificado como una enfermedad con implicaciones clasistas.

/ 15 de mayo de 2020 / 07:00

Contra los pronósticos de los “falsos profetas de la pospandemia” (Waisbord dixit), en esta crisis económica, el Estado se ve forzado a actuar en el marco del sistema económico vigente, a pesar de que al producir desigualdad y miseria, este sistema determina la diferente forma en la cual pobres y ricos enfrentan la tragedia. Por ello, el COVID-19 ha sido identificado como una enfermedad con implicaciones clasistas, cuyo sentido parece superar, sin embargo, lo inimaginable, puesto que los dueños del capital, que toman al Estado como agencia de defensa de sus intereses, vienen cabildeando a su favor con más ahínco en esta coyuntura; tanto que resulta determinante el rol que juegue la clase política.

En ese sentido, México y Bolivia, los dos países con las tasas más altas de informalidad en la región (60% y 80%, respectivamente), por cuya razón sus gobiernos deberían focalizar sus políticas, actúan de modo diferente, porque mientras el Gobierno mexicano niega disponer cualquier tipo de medida que favorezca a las grandes empresas, basándose en el principio de separación de lo político y lo económico, cuya relación considera la fuente histórica de la corrupción y de desfalco al país; en Bolivia, quienes facilitaron la instauración de un gobierno de facto dejaron tan debilitado al Estado que hoy los grupos de poder económico encuentran sus puertas abiertas.

Las cámaras empresariales, que dicen ocupar el 20% de la mano de obra disponible, están determinando las medidas económicas que dicta el Gobierno. Mientras que en México aquella decisión se justifica a partir de una concepción sobre el desarrollo centrada en el no endeudamiento del Estado y la atención de los más necesitados, no de una minoría que ocuparía solo el 25% de la población económicamente activa, en un país en el que la pobreza afecta a más de 65 millones de personas.

Es más, con el fin de beneficiar a pequeños empresarios, el Gobierno exigió a las grandes empresas el pago de impuestos adeudados, lo que provocó la furibunda reacción de los concejos patronales que, lanzados al ataque en contra del presidente López Obrador, desvelaron tentaciones golpistas. Como el acuerdo que firmaron con el BID Invest para, a través del Banco de México, obtener diferentes apoyos. Rebasado, y dada la autonomía de este organismo, el Gobierno no tuvo más que advertir la vigilancia de esos recursos para que no sean convertidos en deuda pública. En cambio, a partir de una “donación” para “fortalecer la lucha contra la pandemia”, los grandes empresarios en Bolivia, lobby mediático de por medio, urgieron al Gobierno a asumir una “economía de guerra”, presentando para ello proyectos de decreto que fueron emitidos casi en su integridad, como lo muestra la prensa escrita.

De este modo obtuvieron, entre otras cosas, créditos para el pago de salarios, suspensión temporal de deudas tributarias, cuarentena flexible “para evitar la escasez de productos”, no aumento al salario, inyección de liquidez a través del Banco Central y con cargo al Estado, y que el Ejecutivo recurra a créditos ofrecidos por organismos internacionales, a sabiendas de las condiciones que impondrán esas instancias al país, como la reducción del gasto público, la flexibilización laboral y la “eficientización” de la economía (léase privatización).

Mas en la continuidad de esa trama, banqueros exigen el pago de deudas, los mineros buscan obtener concesiones y los agroindustriales, ingresar transgénicos al país. La lógica de un Estado dadivoso, que solo debía organizar elecciones, se opone así a la lógica de austeridad del Gobierno mexicano que busca evitar el dispendio y fortalecer los programas sociales; lo cual contrasta también con la actual administración boliviana que, por medio de bonos con cargo a la deuda pública, dice otorgar un beneficio cuando en su propaganda de 24/7 parece más bien repartir prebenda a nombre de una candidata.

Carlos Ernesto Ichuta Nina, sociólogo, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México.

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Bolivia y México, política anticrisis

Aun bajo la misma condición, el miedo-pánico también ha sido utilizado como dispositivo de modo distinto

/ 13 de abril de 2020 / 07:02

En un influyente artículo, John Loannidis afirma que las decisiones que están tomando los gobiernos en respuesta a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus no dependen de datos fiables, porque los países carecen de evidencia sobre cuántas personas han sido y están siendo realmente infectadas, por lo que si bien en el corto plazo esas decisiones pueden ser soportables, en el largo plazo sus consecuencias son impredecibles.

Bolivia y México se encuentran en la antípoda de ese escenario, no sin cierto sentido contradictorio, porque mientras en el primer país aquellos que se abalanzaron sobre el poder, haciéndonos creer que recuperarían la democracia, impusieron un virtual Estado de excepción; en cambio en la nación azteca, aquellos que fueron tildados de populistas y resabios de un viejo autoritarismo han optado por medidas más “humanistas”. Aun bajo la misma condición, el miedo-pánico también ha sido utilizado como dispositivo de modo distinto. En México, por medios de oposición que desataron un contagio psíquico en la sociedad y que superó al propio Gobierno en acciones de prevención. Y en Bolivia, por el propio Gobierno, que desplegó el discurso del miedo para, en palabras de Giorgio Agambem, “limitar la libertad en nombre de un deseo de seguridad inducido por el mismo Gobierno”. “Vendrán días tristes para Bolivia”, anunciaba la Presidenta provisoria, y su coro de allegados no se detuvo en generar paranoia.

Por eso, el Gobierno mexicano declaró inicialmente su lucha en contra del pánico y la desinformación; mientras que la ironía de los hechos obligó al Gobierno boliviano a cuidar vidas humanas habiendo operado previamente dos masacres. Así, mientras en México las acciones se desplegaron desde una matriz discursiva ceñida al respeto de los derechos humanos y al cuidado de la vida pública, en Bolivia el discurso del miedo derivó en cárcel y castigo. El Ejecutivo mexicano encargó la política anticrisis a un grupo de especialistas, cuya tarea técnica se transparenta y rinde cuentas todos los días a las 19.00. En cambio en Bolivia parece haberse instalado en el Ejecutivo una suerte de triunvirato integrado por los ministros de Gobierno, de Defensa, y de Obras Públicas.

De allí que en el país el Gobierno refleja una falta de coordinación no solo por su desesperada manera de tomar medidas en función del número de muertos e infectados, sino también por su forma de gobernar por decreto. En cambio en México las medidas se han tomando pausada y sucesivamente, según transcurrieron las etapas de contención y mitigación, las cuales por cierto en Bolivia se definen arbitrariamente. Parte de lo dicho se refleja, además, en la odisea que viven más de 500 bolivianos en la frontera con Chile, impedidos de entrar a su propio país. Lo cual contrasta con los más de 8.000 mexicanos repatriados, sin distinción del color piel ni de su partido. El Gobierno mexicano se resistió a tomar medidas drásticas en esta materia porque, a decir de su Presidente, ellas exacerban el racismo, el odio y la discriminación; sentimientos que parece hacer sentido el Director de Migración boliviano.

Y para terminar de marcar diferencias, en la tarea de mitigación de la pandemia México optó por concientizar amigable y didácticamente a la gente, a través de “Su-sana Distancia”, una súper heroína (un personaje animado) que, identificada con los niños, exhorta a quedarse en casa en nombre del bienestar común. Todo lo opuesto a la forma en la que el mencionado triunvirato se confronta con la gente a punta de amenazas, y la aparición nocturna del Ministro de Salud como un “ángel de mandil blanco” de la muerte. En el razonamiento de Loannidis, ¿cuál será la consecuencia de esta disimilitud?

Carlos Ernesto Ichuta Nina, doctor en sociología.

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