Voces

domingo 12 jul 2020 | Actualizado a 17:45

¿Clima de diálogo?

Si queremos un diálogo en serio, es imprescindible reconocer al otro como interlocutor válido, no como enemigo.

/ 15 de mayo de 2020 / 06:36

Por La Razón

En reacción a las críticas contra la gestión gubernamental expresadas por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el gobierno de Áñez acudió a la Iglesia Católica para pedirle ayuda, a fin de “generar un clima de diálogo y comprensión entre bolivianos”. La intención es buena, aunque resulta inviable mientras el Ejecutivo persista en su lógica punitiva y de confrontación.

En ocasión del Día del Periodista, el presidente de la CEB, monseñor Ricardo Centellas, planteó duros cuestionamientos. “Un Gobierno de transición que se preocupa demasiado por colocar a su gente en instituciones públicas no es de transición”, disparó el sacerdote, demandando “la verdad” detrás de medidas como los transgénicos o de hechos como el narcojet. “Tenemos que saber si a este Gobierno le interesa la vida. De discurso nos dicen que la vida es lo primero, pero por detrás no obran así”, remató Centellas.

Ante estas críticas de carácter ético planteadas en clave de sermón, el gobierno de la candidata-presidenta Áñez, a través del titular de la Presidencia, se acercó a la jerarquía católica con fines concretos. “Necesitamos la ayuda de la Iglesia para informar a sus feligreses y dar mensajes de tranquilidad para salir adelante en la lucha contra el coronavirus”, sostuvo el ministro Yerko Núñez. El propósito es generar un “clima de diálogo y comprensión”, para lo cual requiere la mediación de los prelados.

Si bien toda iniciativa orientada a buscar la paz social es saludable, en algunos contextos puede ser solo instrumental o de fachada. En el caso que nos ocupa, presumiendo la buena voluntad del Gobierno provisorio, preocupa que el discurso de base sea en lógica amigo/enemigo. En referencia a algunas protestas sociales contra la cuarentena, Núñez ataca directamente con profusión de acusaciones: “intentos vanos y penosos”, “sectores minoritarios”, “afán político”, “caos y convulsión social”, “llevar luto”.

¿Así pretende el Gobierno, con ayuda de la Iglesia, generar acercamiento entre bolivianos? ¿Se puede lograr un “clima de diálogo y comprensión” partiendo de un discurso descalificador y de confrontación? ¿Basta que los feligreses reciban “mensajes de tranquilidad” cuando hay acciones oficiales con carácter punitivo y persecutorio? Si queremos un diálogo en serio, conforme a principios de solidaridad y de justicia social, es imprescindible reconocer al otro como interlocutor válido, no como enemigo.

Más allá del reencuentro del régimen de Áñez con la cúpula católica, es fundamental insistir en dos principios. El primero es el carácter laico del Estado boliviano, por lo cual las políticas públicas son independientes de la religión. El segundo principio es que, en democracia, tanto el acuerdo como la disidencia deben ser canalizados por cauces pacíficos y constitucionales. No tiene sentido ofrecer “diálogo” mientras se amenaza con muerte “por el virus o la cárcel”. Ningún dios o fe lo aceptarían.

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Nellie Bly, la pionera del periodismo encubierto

En 1888 fue enviada a un viaje alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne

/ 12 de julio de 2020 / 11:39

Nellie Bly

Por La Razón

A Nellie Bly le dijeron en 1889 que era imposible dar la vuelta al mundo en 80 días, como retaba el libro de Julio Verne. Ella lo hizo en 72. La estadounidense fue pionera del periodismo encubierto.

Elizabeth Jane Cochran nació el 5 de mayo de 1864 en Pensilvania, EEUU. Una columna sexista que leyó en el periódico Pittsburgh Dispatch la impulsó a escribir una carta al editor, informa nationalgeographic.com.es. La calidad de la misiva le valió un empleo como reportera. El editor le puso el seudónimo de Nellie Bly. En ese diario escribió varios artículos de investigación hasta que fue transferida a la sección para mujeres.

Bly se mudó a Nueva York, donde entró a The New York World, de Joseph Pulitzer. Su primer trabajo fue un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwell’s Island. La periodista se infiltró en el hospital y se expuso a las terribles condiciones en que vivían las internas. De ahí salió el reportaje Diez días en un manicomio, en que denunció los abusos de la administración, obligando a las autoridades a tomar medidas en el caso.

En 1888 fue enviada a un viaje alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. El 14 de noviembre de 1889 partió de Nueva York rumbo a la aventura. En Amiens, Francia, conoció al mismísimo Verne, quien, incrédulo, le dijo: “Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente”. Regresó a Nueva York a los 72 días, seis horas 11 minutos y algunos segundos, el 25 de enero de 1890.

Tras ser corresponsal de guerra, murió en Nueva York a los 57 años de neumonía

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Observación electoral

Las misiones de la OEA también tuvieron relevancia, incluidos equipos técnicos, hasta que empezaron a contaminarse políticamente en la gestión de Luis Almagro como secretario general.

/ 12 de julio de 2020 / 07:59

Por La Razón

En general, el acompañamiento electoral constituye una buena práctica y un factor de confianza en torno a la transparencia, la legalidad y la administración de los procesos electorales. Por ello, es necesario contar con la presencia de misiones de observación electoral. El supuesto es que son técnicas e imparciales. No es el caso hoy en Bolivia de la misión de la OEA, que está bajo sospecha.

Desde los años 60 del siglo pasado, la región ha cultivado una amplia experiencia en materia de observación electoral. En ese recorrido se fueron afinando y ampliando los criterios y recomendaciones sobre diferentes componentes del “ciclo electoral”. Diversos organismos como la OEA, UNIORE, el Consejo Electoral de Unasur (mientras tuvo vigencia), el Centro Carter, entre otros, desarrollaron buenas prácticas y estándares internacionales de acompañamiento a elecciones y consultas. Hay que celebrarlo.

En Bolivia, en el marco del proceso de democratización (iniciado en 1982), se adoptaron una serie de reformas político-institucionales, así como innovaciones logísticas y tecnológicas, para mejorar y fortalecer los procesos electorales. La presencia de misiones de observación, nacionales e internacionales, fue parte de esa ruta de avances y aprendizajes, como ocurrió en otros países. Además de participativas, la realización de elecciones plurales, transparentes y competitivas fue asumida como horizonte.

En relación a la observación electoral, hemos tenido en el país varias misiones, unas más grandes que otras, algunas más especializadas que las demás. Fue valioso, en especial, el acompañamiento de autoridades de organismos electorales de otros países, que desde su propia experiencia brindan importantes recomendaciones. Las misiones de la OEA también tuvieron relevancia, incluidos equipos técnicos, hasta que empezaron a contaminarse políticamente en la gestión de Luis Almagro como secretario general.

En el actual contexto de creciente crisis, polarización e incertidumbre en el país, resulta inevitable que las misiones de observación sean parte de la disputa política en torno al complejo proceso electoral convocado, tras dos aplazamientos, para el 6 de septiembre. Ello es evidente en el caso de la OEA, cuya anunciada misión para los comicios generales es rechazada por el MAS-IPSP y por una parte de la población. Esta misión dejó de ser un factor de confianza para convertirse en objeto de repudio.

Sin duda, una elección tan difícil como la prevista este año en Bolivia, en medio de la pandemia, requiere un amplio acompañamiento. Por ello es necesaria la presencia de muchas misiones de observación electoral, incluida la de la OEA. Claro que los informes que emita este organismo serán recibidos con sospecha, debido al activo papel que tuvo en los hechos de octubre-noviembre del año pasado. Hoy la OEA es parte de la polarización y sus narrativas en el país. Que venga, pero será con estigma.

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Dolorosa herida

Menudean los argumentos que remiten a estereotipos, estigmas y argumentos racializados.

/ 8 de julio de 2020 / 09:01

Por La Razón

Al menos desde mayo pasado, la zona de K’ara K’ara, distrito al sur de Cercado, la capital de Cochabamba, es un punto en permanente conflicto con muy pocas probabilidades de solución pronta o pacífica. No se trata solo del ánimo beligerante de las y los vecinos movilizados, sino también de los intereses que buscan beneficio en mantener activo un conflicto lleno de matices ideológicos.

Ya hace dos semanas hubo un pico de tensión en la zona, cuando en un enfrentamiento las y los movilizados retuvieron a un policía y solo lo liberaron horas después con la mediación del Defensor del Pueblo. El desaguisado sirvió no solo para confirmarlos prejuicios de clase y raciales de parte de la población de Cochabamba respecto de los pobladores de la región en conflicto, también fue útil para que periodistas se vieran obligados a desplazarse hasta la zona para dar cuenta de lo que estaba sucediendo.

Poco más de una semana después, el conflicto volvió a ponerse violento y se produjo una refriega en la que, según el Viceministro de Seguridad Ciudadana, los movilizados habrían usado dinamita con la que hirieron a una docena de policías, dato que luego no fue confirmado. Mientras tanto, un grupo irregular identificado como Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que desde noviembre pasado ha hecho del amedrentamiento su modo de vida, recorría las calles de la capital cochabambina, lanzando amenazas contra el Alcalde y la Gobernadora, cuya paupérrima gestión en nada ayuda, y contra las y los vecinos de K’ara K’ara.

La tensión fue tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la aparente aquiescencia del Ministerio de Gobierno con el agresivo grupo de motociclistas uniformados; también expresó preocupación por la población movilizada y reprimida en la zona, que además es sede del relleno sanitario de la ciudad, por lo que el bloqueo a la zona tiene, además, ribetes de emergencia sanitaria.

Se trata de una combinación de factores que posibilita la intervención de múltiples agentes externos, desde quienes ven en la población movilizada simples títeres al servicio de los intereses del expresidente Evo Morales y su partido, como si esas personas no fueran parte de la población más depauperada de la ciudad cochabambina con necesidades y urgencias verdaderas y legítimas, hasta quienes señalan el conflicto como evidencia de las inclinaciones autoritarias del Gobierno transitorio.

En medio de todo eso, de uno y otro lado menudean los argumentos que remiten a estereotipos, estigmas y argumentos racializados, lo cual dificulta la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo para reconstruir la paz, pues ésta nunca puede imponerse con violencia. El resultado es una dolorosa herida en el espíritu democrático de la sociedad no solo cochabambina, sino de todo el país, que ve en el conflicto de K’ara K’ara una muestra del modo en que se gestiona la política desde el Gobierno, y agradece que no esté sucediendo a la vuelta de su casa.

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Encuestas electorales

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables.

/ 6 de julio de 2020 / 08:43

Por La Razón

La primera actividad del calendario electoral habilitada para los comicios del 6 de septiembre fue la difusión de encuestas de intención de voto. Se levantó así el paréntesis establecido por el TSE el 21 de marzo, cuando el Gobierno provisorio decretó cuarentena total por el coronavirus. Ahora que se retomó el proceso con fecha cierta, es fundamental garantizar la calidad de las encuestas.

Como parte de las innovaciones normativas del sistema electoral boliviano, la Ley del Régimen Electoral incluyó hace una década un importante conjunto de reglas tanto para la elaboración como para la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Antes de 2010, solo se regulaban plazos de publicación. La nueva normativa, reforzada técnicamente por sucesivos reglamentos del TSE, se estrenó en las elecciones judiciales de 2011. Y se aplicó con buen resultado en los comicios generales de 2014.

¿Por qué es necesaria e importante esta normativa, vigente también en otros países de la región? Primero, porque cuida la calidad en la elaboración de las encuestas, con arreglo a criterios técnicos mínimos, limitando su manipulación. Segundo, porque implica el registro documentado de las empresas responsables de hacer encuestas, con lo cual se evitan entidades “fantasmas”. Y tercero, porque se garantiza que en la difusión de datos electorales se incluya al menos la ficha técnica. No es poca cosa.

Hay un incipiente debate en el país acerca de la confiabilidad de las encuestas de intención de voto. Algunas encuestas preelectorales, cuando se hace una serie comparable en diferentes momentos, son valiosas en identificar tendencias en las preferencias electorales. Pero tienen límites y diferencias, a veces importantes, respecto al resultado de la votación. Ello ocurre, en especial, por los indecisos, la exclusión de votantes del área rural y la curiosa práctica de no ponderar los votos válidos.

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables. En esa condición, son en sí mismas objeto de la agenda informativa y de opinión, así como herramientas para orientar las estrategias de las fuerzas políticas. Claro que algunos operadores mediáticos, pese a la normativa, usan instrumentalmente estos estudios para sus fines políticos.

¿Qué se espera en torno a los comicios del 6 de septiembre? Debido a la pandemia, la recolección de información se hará mediante encuestas telefónicas personales. Ello reduce más todavía su alcance. Será importante por ello la verificación técnica realizada por el TSE. Pero sin duda las próximas encuestas, luego de casi cuatro meses de ausencia de datos autorizados, mostrarán el impacto de la emergencia sanitaria en las candidaturas. Y sin duda incidirán en sus posicionamientos estratégicos. Los datos importan.

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Seguiremos vigentes

Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad.

/ 3 de julio de 2020 / 20:18

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo mundial en general, y los medios impresos, en particular, han enfrentado la más dura crisis de la historia, fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos hasta ponerlos en el límite de lo sostenible.

Los diarios La Razón y Extra no han sido la excepción. Desde hace mucho tiempo la administración de la empresa editora de ambos medios, como es de conocimiento general, ha realizado grandes esfuerzos para mantener la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo desde marzo de este año ambos medios nos vimos severamente afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad los servicios periodísticos y editoriales. No obstante, con mucho esfuerzo, ambos medios hemos seguido brindando información completa y oportuna al público lector.

En este contexto, nos hemos visto obligados a acelerar los planes de transformación para hacer frente al más grande desafío de nuestra historia. Después de una agresiva reducción de costos operativos, la administración inició un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación entramos días atrás en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que una parte importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados y a las nuevas circunstancias de los medios de comunicación masiva.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, la empresa se vio obligada a acogerse a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por las leyes vigentes, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos periódicos de trascendencia y liderazgo nacional, y para resguardar tantas fuentes de trabajo como sea posible, viéndose obligada sin embargo a concluir la relación laboral con una parte del personal. El proceso ha sido muy duro y ha causado dolor y desazón, no solo en quienes se van, sino en quienes han tenido que hacerse cargo de la ingrata tarea.

No obstante, una vez más La Razón reafirma su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y, sobre todo, la misión social expresada en su tarea periodística, como ha venido haciendo en estos casi treinta años de vida. Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad, pero especialmente a quienes han cargado en sus hombros la grave crisis que nos ha traído a este punto. Seguiremos vigentes, porque nuestro compromiso con la libertad de expresión no se agota.

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