Alarma y sorprende que ante la gigante amenaza que significa para la humanidad entera el COVID-19, las grandes potencias, detentadoras del poder económico y militar, no hubiesen acordado una acción coordinada para enfrentar tamaño flagelo. El tardío encuentro el 10 de abril en videoconferencia entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad fracasó estrepitosamente, al no poder arribar a un texto común en el comunicado final. Entre otros argumentos, Washington insistía en mencionar el origen chino del virus, punto al que China se opone, aduciendo que no se podía politizar tan grave tema.
Pocos días después, Estados Unidos retiraba su aporte financiero a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (17% de su presupuesto), acusándola de complacencia con Pekín y mala gestión de la crisis. La actitud estadounidense no es si no resultado de la terca posición de Donald Trump respecto al multilateralismo en general. A inicios de su mandato, se retiró de los acuerdos de París contra el cambio climático, del problema nuclear iraní, de la limitación de armas nucleares intermedias con Rusia, y de su membrecía en la UNESCO.
Entretanto, Pekín se propuso llenar los vacíos que dejaba Washington, lanzando iniciativas como la “Nueva ruta de la seda”. Paralelamente, Xi Jinping movía sus alfiles para controlar cuatro de las 15 agencias internacionales; a saber: la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Todas ellas encabezadas ahora por un funcionario chino. El COVID-19 ha permitido a China desplegar la agresiva “diplomacia de las máscaras”, brindándole la ocasión de asistir con donaciones y ventas rápidas de implementos sanitarios no solo a países del tercer mundo, sino también a naciones occidentales.
El multilateralismo no afecta la soberanía de los Estados, porque se funda sobre la cooperación interestatal. Las normas jurídicas, según los procedimientos acordados, se pueden imponer a todos, pero únicamente si los gobiernos así lo aceptan. Solamente el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son vinculantes para los países miembros de la ONU, puede imponer reglas contundentes. De ahí su importancia para lidiar globalmente contra el COVID-19. En cuestiones relativas a la salud, los Estados son más reticentes a ceder soberanía, por las muchas aristas que conciernen, como movimientos migratorios, higiene, educación y libertad de circulación, entre otros.
Ahí radica la debilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Bueno es recordar que, en el sistema de Naciones Unidas, es el pariente pobre, que solo cuenta con $us 4.000 millones para sus programas y gastos operativos. Aunque su tarea primordial es la producción de normas y sobre todo de alerta temprana acerca de epidemias y otras calamidades sanitarias. Si la razón de ser del sistema onusiano es la seguridad colectiva para el mantenimiento de la paz, la actual pandemia significa también una amenaza importante para el mantenimiento de la paz y la armonía internacional. Como apunta el secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, lamentablemente la seguridad humana ha sido relegada para dar prioridad a cuestiones estratégicas y al equilibrio de poderes.
Bajo las circunstancias anotadas, cabe destacar que el mandatario galo, Emmanuel Macron, insiste en la idea de salvar el multilateralismo, considerado como el arte para que los Estados manejen colectivamente las crisis. Esa es la base por la cual Francia promueve una cumbre del P-5 (es decir, los miembros permanentes del Consejo de seguridad). Aunque mañana siempre es tarde, queda la esperanza que la sensatez prime sobre el egoísmo de los cinco grandes.
Carlos Antonio Carrasco, doctor en ciencias políticas, miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.