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sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 18:32

Escenarios después de la pandemia

Preocupa la incapacidad de América Latina de defender colectivamente sus intereses fundamentales en las contiendas globales.

/ 17 de mayo de 2020 / 06:54

La pandemia desatada por la enfermedad COVID-19 ha revelado las fortalezas y debilidades de los distintos países en el mundo, la solidez o fragilidad de sus instituciones, y el carácter de las relaciones de las sociedades con sus élites políticas. También se han acentuado los egoísmos nacionales y se han manifestado las flaquezas del sistema multilateral.

Desde las más diversas perspectivas, se ha planteado la pregunta sobre las características fundamentales que tendrán las sociedades cuando concluya la pandemia. Las respuestas incluyen un espectro amplio de opciones, que van desde las opiniones que no esperan ningún cambio sustantivo en el futuro, hasta las que imaginan el establecimiento de una nueva normalidad, determinada por una nueva pauta de actitudes de la gente, sus relaciones recíprocas y la arquitectura institucional emergente.

Está claro que se trata de visiones a largo plazo, cuya materialización dependerá necesariamente de la situación prevaleciente en el momento en que se suspendan el confinamiento colectivo, y las restricciones a la circulación y la movilidad de la gente. Algo que probablemente ocurrirá en la segunda mitad de este año. Los momentos iniciales de la apertura estarán caracterizados por un elevado endeudamiento del Estado, de las empresas y de los hogares. En diferentes escalas según los países, se anticipan asimismo elevados niveles del déficit fiscal, así como altas tasas de desempleo.

En vista del gran protagonismo del Estado en la atención de la crisis sanitaria y el intento en algunos casos de evitar desastres económicos mayores mediante un abanico diverso de medidas fiscales y monetarias, es muy poco probable que a nadie se le ocurra en serio reponer los dos enfoques sistémicos de las décadas pasadas: la gestión neoliberal de la economía a nivel nacional y la globalización sin gobernanza ni regulación a nivel mundial.

La lección aprendida del despliegue de la crisis sanitaria indica claramente que el desmantelamiento pasado del Estado de bienestar, y en particular del sistema de salud, debilitó severamente las capacidades nacionales de lidiar con la pandemia, pero así también que los países desarrollados consideran que la seguridad sanitaria de su población no puede depender de las cadenas globales de valor en las industrias de la salud, que incluyen laboratorios bioquímicos, fábricas de equipamientos médicos, instalaciones hospitalarias y suministros de una diversidad enorme de insumos y artefactos, entre otras cosas.

La relocalización internacional de todas estas industrias tomará diversas modalidades, dependientes en todo caso de las combinaciones entre competencia y cooperación que se establezcan entre los países desarrollados. Otra lección se refiere a la necesidad de avanzar con la mayor celeridad hacia una digitalización en gran escala, intentando tomar el control de las grandes plataformas tecnológicas de la información, las comunicaciones y el procesamiento de grandes cantidades de datos.

Todas las medidas y estrategias que adopten los países desarrollados en el plano nacional tendrán repercusiones sobre el orden internacional del futuro. En dicho contexto, preocupa que América Latina no demuestre capacidad alguna de defender colectivamente sus intereses fundamentales en las contiendas globales que ya se anuncian en el horizonte. Por arduo que se considere ahora, la integración regional es un imperativo puesto por las circunstancias mencionadas.

Más aun, no existe una estrategia viable de desarrollo para Bolivia por fuera de un sistema de mecanismos y acuerdos de cooperación productiva, comercial, tecnológica y financiera en América del Sur, orientados a sustituir en verdad la actual matriz extractivista, vulnerable y excluyente por una economía dinámica e incluyente con múltiples encadenamientos suramericanos.

Horst Grebe López, economista.

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Las incertidumbres demandan concertación

/ 5 de junio de 2021 / 22:41

Con cada semana que pasa se hace más evidente que el Gobierno carece de una estrategia integral para enfrentar de una manera coherente los desafíos sanitarios y económicos. En estos días, preocupa más que nada la aceleración de los contagios del COVID-19, particularmente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, situación que se agrava dramáticamente por la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad suficiente de vacunas, y la falta de oxígeno y otros insumos para el tratamiento de las personas hospitalizadas. En este orden de cosas, la ciudadanía reclama la ausencia de información sistemática, completa y oportuna sobre la situación sanitaria en todo el país, por una parte, y la falta de coordinación eficaz entre los niveles nacional, departamental y municipal, por otra.

En lo que hace a las condiciones económicas, es preciso llamar la atención también acerca de las insuficiencias de coordinación de las políticas destinadas a la reactivación de la actividad productiva. En efecto, el programa Sí Bolivia, que proporciona créditos muy favorables a pequeñas empresas que contribuyan a la sustitución de importaciones, está tropezando con las debilidades patrimoniales y gerenciales de este segmento empresarial. Se trata de una buena idea que podría ser perfeccionada con el requisito de que empresas de un estrato más alto sean beneficiarias de dichos créditos, siempre que se comprometan a adquirir insumos de origen nacional. Tal condicionalidad podría ser administrada mediante un sistema concertado de acuerdos entre varias empresas de la cadena de insumos, el cual podría ser organizado por los gremios empresariales del sector industrial. Además, se podría establecer en forma complementaria un sistema de capacitación de las microempresas, en temas gerenciales, contables y de control de calidad, entre otras materias.

Entre los requisitos más importantes para que funcione el programa de incentivos a los encadenamientos empresariales cabe mencionar, sin embargo, que es imprescindible retirar la presión que están ejerciendo los inspectores de impuestos internos sobre estos segmentos empresariales, que son ostensiblemente fácil presa para la aplicación de diferentes tipos de multas, precisamente porque se trata de empresas con altos niveles de informalidad. La situación descrita es un ejemplo más de la falta de coordinación en la gestión de las políticas públicas.

En cuanto a otros aspectos de la economía, vale la pena destacar que las cifras del primer cuatrimestre del año parecen indicar una notable recuperación, que podría dar lugar a entusiasmos prematuros. Las estimaciones para el crecimiento del PIB se ubican por encima del 4, 5%, alentadas por el aumento de 34% del valor de las exportaciones, atribuible en un 61% al aumento de los minerales, 65% a la soya y sus derivados y, aunque su gravitación es mucho menor, al aumento en 158% del valor de las exportaciones de carne bovina, todo lo cual disimula bien la caída en 10% del valor de las exportaciones de hidrocarburos.

Habría que aplicar cierta cautela en la interpretación de dichos indicadores, que son el resultado del incremento de los precios internacionales de los productos primarios, como consecuencia de factores y causas que no necesariamente se mantendrán en los años futuros.

Lo que llama a mayor preocupación, sin embargo, en el caso de la soya y de la carne bovina, es que los elevados precios internacionales de estos productos pueden impulsar expectativas desmedidas que se traducen en una mayor deforestación en el oriente, con serios perjuicios para el medio ambiente y la sostenibilidad del país en el futuro.

Todos estos problemas se podrían abordar de mejor manera si el Gobierno toma la iniciativa de realizar amplias consultas sistemáticas y vinculantes con sectores empresariales, financieros, laborales y académicos.

Horst Grebe López es economista

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Las incertidumbres políticas en América Latina

/ 23 de mayo de 2021 / 00:44

Las elecciones del fin de semana en Chile forman parte del superciclo electoral (2021-2024), el cual incluye también a las recientes elecciones en Ecuador y Perú, y comprenderá procesos electorales en cerca de 18 países latinoamericanos, con un muy probable recambio de los partidos y liderazgos que accedieron al poder durante el anterior superciclo (2017-2019).

En Chile ha ocurrido un resultado que era previsible, aunque ciertamente no en la magnitud resultante. Con los debidos recaudos, dicha experiencia permite formular algunas hipótesis sobre el futuro político de América Latina, aunque sería prematuro suponer que el péndulo político se moverá en todos los casos en la misma dirección.

La insatisfacción de las sociedades latinoamericanas incluye por lo visto también a los partidos políticos, que en algunos países han ejercido el poder en diversas combinaciones desde hace varias décadas. De acá se deriva la pregunta respecto a la posibilidad de preservar las reglas democráticas en ausencia de un sistema de organizaciones de representación política capaces de cumplir con eficacia verificable las funciones básicas de los partidos, que consisten en la agregación y la sistematización de demandas sociales; la formulación de un programa verosímil de gobierno orientado al bien común; la educación política de sus militantes; la preparación de cuadros para la gestión de las políticas públicas, en caso de resultar electos; la disciplina parlamentaria de sus representantes en el Poder Legislativo; el ejercicio de un auténtico contrapoder, cuando se encuentren en la oposición, y la rendición pública de cuentas sobre los recursos financieros y administrativos que hayan estado bajo su responsabilidad.

A este tipo de organizaciones se hace referencia cuando se afirma que la democracia representativa requiere de “partidos políticos” para sostenerse como tal, lo que no puede confundirse con las maquinarias electorales de corta vigencia; ni con los movimientos sociales que representan intereses particulares; ni tampoco con los movimientos “anti” que se movilizan en contra de ciertas situaciones particulares, sin contar con programas propositivos, y por supuesto tampoco con los resabios que quedan de los sistemas políticos del antiguo periodo oligárquico.

Parece evidente que los “partidos” así definidos no existen todavía, y es poco probable que surjan por combustión espontánea en la compleja coyuntura latinoamericana. Para fundamentar esa afirmación menciono los siguientes argumentos. 

En primer lugar, asistimos a una época en que la velocidad de la información es muchísimo mayor a la capacidad de respuesta que tienen los sistemas políticos para procesar las demandas que se derivan de dicha información. En segundo lugar, los medios de comunicación y las redes sociales han ingresado al campo político y compiten con las organizaciones de representación política, colocando en muchos casos la agenda pública diaria, sin asumir responsabilidad alguna por su instrumentación. En tercer lugar, proliferan en muchos países plataformas ciudadanas que toman a su cargo inquietudes particulares de algunos grupos sociales, pero que no pasan del nivel de demandas bien argumentadas. Se añaden, en cuarto lugar, los importantes cambios sociales debidos, entre otras cosas, a la urbanización creciente y a la emergencia de nuevas clases medias con mayores niveles educativos que antes, pero sin perspectivas de empleo. Por último, la crisis del COVID-19 y la recesión económica en curso demandan respuestas oportunas y coordinadas de los gobiernos latinoamericanos, asunto que requiere voluntad política en el nivel superior y burocracias experimentadas en los niveles medios. Ambos requisitos no surgen de improviso. Ese es el mayor problema.

Horst Grebe López es economista.

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2020, el año de la peste

/ 20 de diciembre de 2020 / 00:30

El año que concluye, caracterizado en sus extremos por la irrupción de la pandemia del COVID-19 al comienzo y por el inicio en algunos países de la vacunación al final, será recordado seguramente como uno de los momentos críticos del cambio en los hábitos básicos del relacionamiento social cotidiano, de las formas de trabajo, de los métodos de aprendizaje y enseñanza, así como de la manera en que se llevan a cabo los espectáculos culturales y deportivos en el mundo.

El día que escribo esta columna las cifras de infectados y decesos ocasionados por el COVID-19 han alcanzado un total de 73.613.809 de personas infectadas en el mundo, y 1.638.565 decesos. En primer lugar se ubica Estados Unidos con 16.984.580 infectados y 307.543 decesos; en segundo lugar está India con 9.956.557 infectados y 144.451 decesos, y tercero Brasil con 7.040.608 infectados y 183.735 decesos. Para las comparaciones internacionales de la letalidad diferenciada de la pandemia, se debe examinar el número de decesos por cada 100.000 habitantes. En esta medición, en los tres primeros lugares del mundo se ubican Bélgica con 159 casos, Perú con 115 e Italia con 109. Entre los países latinoamericanos, Argentina registra 93 decesos por 100.000 habitantes, México 91 y Bolivia 79, ocupando el país el octavo lugar de la región latinoamericana.

Dichas cifras muestran los impactos sobre las condiciones sanitarias y de letalidad del COVID-19, pero también hay que considerar entre los damnificados a personas que han perdido sus empleos debido al cierre de empresas, a los niños que no han recibido educación, y a las familias que han retrocedido a condiciones de pobreza debido al confinamiento.

De acuerdo con el informe anual preliminar de CEPAL, en 2020 se espera la mayor contracción del PIB mundial desde 1946, como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica en todos los países. En tal contexto, América Latina es la región más golpeada del mundo, debido a las brechas estructurales históricas de la región y a la escasa cobertura de la protección social, que explican, entre otras cosas, las enormes dificultades de algunos países para enfrentar la actual crisis sanitaria.

El COVID-19 ha sacado a la luz la desigual calidad de los liderazgos políticos y de las instituciones del sistema de salud en todos los países, pero también ha mostrado varios aspectos de la cultura y los valores de la sociedad civil, que se traducen, entre otras cosas, en diversas maneras de incumplimiento de las prohibiciones sanitarias, en muchos casos atribuibles a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia misma de las familias más pobres.

En Bolivia, la cuarentena impuesta para evitar la propagación del contagio ha determinado la suspensión de actividades productivas, comerciales, educativas, deportivas y culturales, algunas de las cuales han recurrido a diversas plataformas digitales que permiten reuniones a distancia. La evidencia empírica demuestra sin embargo que las innovaciones tecnológicas en la esfera de la educación a distancia y del teletrabajo requieren de sistemas de conexión digital y acondicionamientos de las viviendas, que no están disponibles para todas las personas, lo cual amplifica por supuesto las desigualdades sociales.

Con su triunfo en las elecciones del 18 de octubre, Luis Arce y David Choquehuanca tienen la responsabilidad de hacer frente a una agenda pública con las siguientes prioridades: preparar la distribución de la vacuna de una manera segura y equitativa; impulsar la recuperación económica y la creación de empleo, y emprender la reforma de la Justicia.

A diferencia de las prácticas pasadas, para encarar la crisis nacional en el nuevo contexto político se requieren algunos acuerdos y pactos, cuya adopción podría mejorar la calidad de la democracia, severamente dañada en el año de la peste.

Horst Grebe es economista.

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Las vacunas y sus condiciones

/ 6 de diciembre de 2020 / 07:02

La buena noticia es que en estos días ya empezó la primera vacunación contra el COVID-19 en el mundo.

En efecto, el Reino Unido y Rusia han iniciado como primeros la vacunación antes que Estados Unidos y la Unión Europea, impulsados por el prestigio que proporciona a sus líderes políticos dicho anuncio, en la carrera que involucra a gobiernos con gran poder adquisitivo y una decena de laboratorios que han recibido financiamiento anticipado para entregarles de manera prioritaria las respectivas vacunas, cuando existan las autorizaciones de confiabilidad.

Dicho esto, conviene señalar que no se trata en todos los casos del mismo prototipo de vacuna, sino de productos que difieren en los procedimientos de su obtención, así como en cuanto a calidad, precio y condiciones de entrega.

En primer lugar, en lo que atañe a la cuestión de los precios, se anticipa que el precio por dosis puesto fábrica de Moderna está en el rango de $us 24; el de BioNtech-Pfizer alrededor de $us 17; el de Sputnik V está por debajo de $us 10, y el de AstraZeneca-Oxford estará en el entorno de $us 3. Todas estas vacunas se aplican en dos dosis con una diferencia de 21 días, y proporcionan un periodo de aproximadamente 12 meses de inmunización.

En segundo lugar, la vacuna tiene que distribuirse a una temperatura de 75° bajo cero, y en los centros sanitarios de almacenamiento, la vacuna deberá conservarse en congeladores de temperatura sumamente baja, todo lo cual constituye un gran problema logístico y genera costos adicionales al precio puesto fábrica.

En tercer lugar, es preciso considerar el tema de la distribución de la vacuna entre los diferentes grupos poblacionales de cada país. Se trata de un problema complejo, que no tiene un modelo único. Cada país está adoptando una línea de prioridades diferente, aunque en general en la mayor parte de los casos las primeras vacunas se aplican a personas en situación de mayor riesgo, a saber los trabajadores de la salud, los adultos mayores en asilos y residencias permanentes, el personal que los atiende y personas con discapacidad. En una siguiente etapa, se contempla a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o mortalidad, mayor transmisibilidad o mayor impacto socioeconómico.

En cuarto lugar, una de las preocupaciones mayores se refiere a la distribución justa de la vacuna entre toda la población del mundo, buscando contrarrestar la posibilidad de que los países desarrollados acaparen toda la producción disponible en los próximos dos a tres años, que es el tiempo que tomará producir vacunas suficientes para la mitad de la población del mundo.

En ese contexto, hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud y otras grandes instituciones multilaterales han creado el Mecanismo de Acceso Mundial a la Vacuna (COVAX), cuyo objetivo es asegurar el acceso equitativo de los países a las vacunas adecuadas, seguras y eficaces contra el COVID-19, en términos establecidos de manera diferenciada por cada país.

También hay otras iniciativas para el suministro gratuito de la vacuna a los países más pobres del mundo. Todo hace pensar, sin embargo, que Bolivia no está incluida en esa categoría, de manera que corresponde negociar en los próximos meses los términos y plazos de acceso a la vacuna mediante el COVAX.

En todo caso, lo seguro es que la disponibilidad en Bolivia de la vacuna contra el COVID-19 recién ocurrirá en el mejor de los casos en el segundo trimestre del próximo año. En consecuencia, las personas deberían mantener hasta entonces todas las medidas conocidas de prevención. El Gobierno, por su parte, tendría que asegurar los eslabones de la cadena logística, de almacenamiento y aplicación planificada de la vacuna, proporcionando la información oportuna y transparente sobre cada etapa de los preparativos previstos.

Horst Grebe es economista.

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Mecanismos para preparar el futuro a largo plazo

/ 22 de noviembre de 2020 / 01:29

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades institucionales y culturales de las diferentes sociedades del mundo. En la segunda ola, que ya se anuncia con el invierno en los países del hemisferio norte, se podrán comprobar los aprendizajes realizados, si acaso. Por lo que nos atañe a nosotros, en el cotejo internacional no ocupamos los mejores lugares. Es de esperar, sin embargo, que la segunda ola nos encuentre mejor preparados y con la tarea cumplida en cuanto a la adquisición transparente de una vacuna segura y asequible en cantidades y precio, lo que ocurrirá probablemente a fines del primer semestre de 2021.

El país tiene además otras tareas pendientes para el corto plazo. Se trata de la preparación de las elecciones departamentales y municipales previstas para el mes de marzo, por una parte, y de la adopción de medidas apropiadas para la reactivación económica, por otra.

En paralelo habrá que instalar las instancias apropiadas para emprender la reflexión, el diálogo y la concertación de la visión de país que de manera más o menos estructurada reclaman ya los jóvenes, informados de las movilizaciones y planteamientos en los países desarrollados, donde se están enlazando las preocupaciones por el COVID-19 con las respuestas que demanda el cambio climático. Se trata de un enfoque que es conveniente adoptar también en Bolivia.

La mayor vulnerabilidad a las pandemias sanitarias y a las repercusiones del cambio climático reflejan brechas y desequilibrios que han sido identificados hace tiempo, aunque no hayan avanzado todavía las inquietudes al punto de contar también con los enfoques maduros sobre estrategias que es necesario poner en funcionamiento efectivo.

Baste mencionar las conocidas críticas al carácter extractivista de nuestro modelo de desarrollo, dependiente, concentrador y excluyente. El ciclo de altos precios de las materias primas entre 2004 y 2014 fue la oportunidad perdida para cambiar dicho modelo. No ocurrió así. Ahora hay que abordar las tareas correspondientes en condiciones mucho menos favorables.

Por principio de cuentas, es preciso transformar fórmulas genéricas en conceptos y herramientas capaces de articular un sistema de planificación apropiado para las condiciones del país y de su inserción internacional, tomando en cuenta el elenco disponible de actores económicos estratégicos, las capacidades de la fuerza laboral requeridas, las fuentes de financiamiento disponibles y los mercados de destino, entre otras cosas.

La fórmula con frecuencia invocada de las cadenas globales de valor se dice más fácil de lo que se puede poner en práctica real. Además de que, también en este aspecto, están cambiando los requisitos normativos en materia ambiental y laboral en función de los acuerdos de libre comercio de gran alcance que se han puesto en vigencia en el Asia como resultado de iniciativas de parte de China, pero asimismo a partir de lo que se espera que ocurra con el próximo gobierno de Estados Unidos, cuando retome algunas iniciativas descartadas por Trump.

De ahí resulta que el país necesita contar con capacidades propias de información y análisis de la economía mundial, de la situación regional y de las perspectivas de las pugnas geopolíticas en curso. Una asignatura intelectual por excelencia.

Por otra parte, el sistema nacional de planificación que se instale en el futuro, requiere estar vinculado con el sistema nacional de innovación, compuesto entre otras cosas por un consejo nacional de ciencia y tecnología, que es un dispositivo existente hace varias décadas en varios países de América Latina.

Por último, es indispensable crear un consejo económico y social con miras a concertar objetivos de corto y mediano plazo de forma tripartita, entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Horst Grebe es economista.

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