La renuncia el 11 de noviembre de Evo Morales Ayma a la presidencia y de sus inmediatos seguidores, junto al desbande apresurado y temeroso de una indignación popular cerraron 21 días de protestas contra el fraude electoral, y 10 días desde que los comités cívicos de ocho departamentos le dieran un ultimátum para que renunciara a su cargo, abandonando el hasta entonces común reclamo opositor al MAS de una segunda vuelta electoral entre Morales y Carlos Mesa, balotaje que había sido apoyado por la misión de observación electoral de la OEA. Distanciado de ese ultimátum, Mesa siguió reclamando la segunda vuelta en solitario.
Asumida constitucionalmente la presidencia el 12 de enero por Jeanine Áñez, el país se abocó a un período electoral, cuya conclusión estaba prevista con la investidura, el 12 de junio, del ganador de los comicios presidenciales previstos para el 3 de mayo, en caso de que no se presentase segunda vuelta.
Dos hechos preelectorales importantes fracasaron: la convocatoria presidencial durante enero para una nonata cumbre de líderes (copia de la fracasada unidad opositora en octubre 2018), y la Cumbre por la unidad que sí se organizó el 1 de febrero, convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz para lograr un frente único. Una segunda reunión prevista para el 3 de abril nunca se realizó por la cuarentena. En medio, el 24 de enero la presidente Áñez anunció su candidatura.
Coincidí en enero con Roberto Laserna y Juan Cristóbal Soruco en que un frente único anti-MAS era pobre ejemplo de democracia. Pero nos fuimos al extremo contrario: “le ganamos al 20-O: competirán cinco alianzas y cinco partidos” (El síndrome de la mariposa entrampada 28/01/2020). ¿La consecuencia prevista?: “El próximo gobierno necesariamente será de alianzas porque ninguna organización tendrá mayoría legislativa” (Una vez más: más serán menos, 14/01/2020). Pero después de que el 10 de marzo se anunció el primer caso de COVID-19 en el país y el 22 se decretó la cuarentena total, las elecciones quedaron en suspenso.
Hoy estamos de nuevo en tiempo electoral desde que la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó la Ley de postergación de elecciones (impelida por la urgencia de frenar la caída del MAS); y el Ejecutivo presentó la inhabilitación de esta norma al Tribunal Constitucional. Oficialmente no hay campañas, pero el MAS ya está haciendo lo que mejor sabe: crear conflictos. Mientras que otros políticos se aferran a discursos críticos, resaltando fallas del Gobierno o tergiversando realidades, o con acciones electoralistas presuntamente solidarias.
El Gobierno ha enfrentado una crisis para la que Bolivia no estaba preparada: el coronavirus SARS-CoV2. Ni la salud pública (cenicienta del MAS) ni la economía (miseria luego del despilfarro del cuatroceno) habrían resistido sin medidas prestas y creativas que, en lo económico, generaron un plan para proveer a las mayorías de recursos económicos (de diversas formas) y salvar empleos. Gestión de gobierno que no estuvo exenta de yerros: corrupción y favoritismo en ENTEL, con Elio Montes, quien escapó luego de ser despedido a los pocos días; corrupción e ineficiencia en entidades públicas, rápidamente sancionadas; presunta corrupción de mandos medios y falta de control e inmadurez en YPFB; discrecionalidad en vuelos oficiales; decisiones dañinas como tratar de controlar la opinión pública… Además de un deficiente control intergubernamental, de prevención y presto control de daños y de eficaz y proactiva comunicación pública, todos elementos de éxito.
La última encuesta en marzo dio solo un trío en disputa: Luis Arce, Carlos Mesa y Jeanine Áñez. Hoy la elección la decidirá la pandemia: influenciará contra Arce, y potenciará o perjudicará a Áñez, según cómo se perciba su actuación. A Mesa, más allá de sus declaraciones, no le redituará y pudiera afectarle, según cómo la maneje.
José Rafael Vilar, analista de temas políticos y electorales