Los más vulnerables suelen ser los menos visibles de una comunidad, y en los tiempos que corren pasan a grados de vulnerabilidad que los acerca al abismo. Un buen “observatorio” donde son considerados y atendidos es la Pastoral Social Caritas de Bolivia (PSCB), desde hace 61 años. Y en estos meses ha multiplicado su actividad, buscando por muchos medios que la atención llegue a todos. Esta crónica es la de una batalla librada por este brazo social de la Iglesia Católica contra la miseria, el olvido, la discriminación y el atropello a los derechos humanos.

El 25 de marzo, la PSCB emitió un pronunciamiento en el que pedía la atención y el respeto hacia varios grupos especialmente vulnerables: los migrantes y refugiados, los adultos mayores, los privados de libertad, las personas con discapacidad y la población del área rural; con la preocupación de asegurar sus condiciones básicas de alimentación, alojamiento, higiene y salud. Su acción no se limitó a declaraciones, sino que además dedicó grandes esfuerzos y recursos a la recolección de alimentos y medicamentos de primera necesidad, a través de las campañas “#Ayúdanos a amparar” y “#Alimentemos la esperanza”.

En esta emergencia, las personas privadas de libertad en las 48 cárceles del país y los bolivianos repatriados son los que más motivaron la actividad de la PSCB, por la situación dramática que están atravesando. El 2 de abril, la PSCB junto con la Conferencia Episcopal Boliviana publicaron un pronunciamiento de apoyo y protección a los bolivianos repatriados en las fronteras, principalmente los que se encontraban en Pisiga. Se denunció la vulneración de sus derechos humanos fundamentales, y se exhortó a las autoridades del nivel central, departamental y municipal a atender sus necesidades básicas, con las medidas sanitarias correspondientes. Muchos de los bolivianos que llegaron de Chile pasaron por una situación de desamparo, soportando bajas temperaturas, mala alimentación, falta de higiene y falta de acceso a la salud. El Gobierno no logró atender a las más de 4.000 repatriados por “falta de capacidad”.

El 15 de abril, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos se sumó a este pedido, recordando que todo gobierno tiene la obligación de asegurar a las personas el derecho de regresar a su país de origen. Ante la urgencia, el Gobierno de Chile mejoró las condiciones a la mayor parte de los bolivianos que se encontraban en la frontera. La PSCB ofreció la Casa de las Hermanas de la Caridad en Pisiga, y más adelante logró trasladar a mujeres embarazadas y personas con niños a un centro de salud en Oruro.

Días antes de este pronunciamiento, el 1 de abril, los internos de la cárcel Las Palmas de Guayaramerín, en el Beni, amenazaron con prenderse fuego, debido a la falta de alimentación. La realidad es similar en otros penales del país, pues la restricción del ingreso de sus familiares, o sea quienes les llevaban alimentos, no fue acompañada de una razonable dotación alimenticia, de insumos de higiene y bioseguridad.

El 26 de marzo, la pastorales Social Cáritas Beni y Carcelaria Trinidad, en un pedido conjunto con otras 37 organizaciones, fundaciones, instituciones civiles y activistas por los derechos humanos organizadas en la Plataforma Ciudadana por Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, hicieron un pronunciamiento solicitando el indulto, la amnistía y medidas sustitutivas para las personas privadas de libertad como  acción de emergencia ante el peligro del contagio masivo del COVID-19 en los recintos penitenciarios.

El 12 de abril, la PSCB hizo un nuevo pronunciamiento expresando su preocupación por la falta de atención a las personas privadas de libertad de las distintas cárceles del país, con un llamado urgente a las autoridades gubernamentales, solicitando que el beneficio de la amnistía e indulto se amplíe a favor de reclusos menores de 58 años con enfermedades terminales como el cáncer, diabetes, tuberculosis, VIH, personas con discapacidad física y mental y mujeres embarazadas, en etapa de lactancia y/o con hijos menores de cinco años. Y para los detenidos preventivos sugiere buscar en lo posible la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como dar solución a las diferentes demandas de los internos en el marco del respeto a su dignidad. A la vez, solicita al Gobierno medidas de prevención eficaces para evitar el riesgo de contagio ante el nuevo coronavirus.

Este clamor de la PSCB hace eco a las palabras de Juan Pablo II, quien el 8 de junio de 2000 pidió para todos los que se encuentran detrás de las rejas en los cinco continentes un “gesto de clemencia” que debería materializarse con la reducción de las penas. Asimismo invitó a los legisladores de todo el mundo a “replantear el sistema carcelario y el mismo sistema penal” para que sean “más respetuosos de la dignidad humana”, pues la cárcel no debe entenderse como un lugar de castigo, sino sobre todo de redención.

También el papa Francisco, cuando el 7 de octubre de 2015 visitó el centro de rehabilitación de Palmasola en Santa Cruz recordó que “reclusión no es lo mismo que exclusión, porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción a la sociedad”. En aquel entonces el Papa señaló las condiciones degradantes que los afectan: el hacinamiento, retardación de justicia, falta de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación y la constante violencia. Y recientemente, también expresó en varias ocasiones su preocupación por la situación en las cárceles. El 6 de abril se volvió a referir al problema del hacinamiento durante la epidemia del nuevo coronavirus, y advirtió que si no se encuentra una solución, todo esto “puede terminar en una calamidad muy grave».

En el país, desde la semana pasada, debemos lamentar los primeros contagios y las primeras dos muertes en la cárcel de Palmasola presuntamente por COVID-19, además del aislamiento de 250 personas privadas de libertad con síntomas del coronavirus. Se vienen momentos muy difíciles para Bolivia y solo podremos enfrentarlos con comprensión y solidaridad por quienes están padeciendo de manera más aguda esta crisis.

Se trata de caminar juntos aprendiendo a entender el dolor que envuelve la fragilidad de muchas familias bolivianas que viven en la espera de ver mejores días para sus seres queridos. Ojalá las personas privadas de libertad y sus familiares no deban recordar esta época tan difícil como un tiempo de luto por la simple falta de recursos básicos a disposición de quienes tenían el derecho de recibirlos.  Quienes gozamos de libertad no podemos olvidar su dignidad, que es la misma que la de todo integrante de la comunidad humana.

Arturo Castrillo, comunicador social, especialista en Gestión de Desempeño Social (GDS), miembro de la agrupación Voces Católicas. Twitter: @CASTRILLOarturo