Voces

sábado 6 jun 2020 | Actualizado a 03:39

¿Ascensos bajo presión?

A propuesta del Ejecutivo, para hacerse efectivos, los ascensos deben ser ratificados por el Senado

/ 22 de mayo de 2020 / 06:09

Por La Razón

Sin coordinación previa, en un acto de intimidación, el comandante de las Fuerzas Armadas y sus camaradas se presentaron en traje de campaña en la Asamblea Legislativa para presionar sobre los ascensos en la institución militar. El uniformado llegó al extremo de fijar plazo y amenazar al primer órgano del poder público. Es un hecho inaceptable en un Estado de derecho.

El inciso 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece de manera inequívoca las atribuciones de la Cámara de Senadores: “ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a general de Ejército, de la Fuerza Aérea, de División y de Brigada”. Lo propio en el caso de la Policía. No existe, pues, ninguna posibilidad de omisión, atajo o interpretación de esta atribución constitucional. A propuesta del Ejecutivo, para hacerse efectivos, los ascensos deben ser ratificados por el Senado.

El tema ya fue objeto de controversia la semana pasada cuando el Gobierno provisorio interpuso, y perdió, una acción de cumplimiento contra el presidente de la comisión legislativa correspondiente. El informe ya era de conocimiento de la presidenta del Senado, desde el 19 de marzo. Tenía observaciones y, por tanto, debe ser devuelto al Ejecutivo para que las subsane. Una vez subsanadas las observaciones, cuyo contenido no se conoce, corresponde el tratamiento de los ascensos en una sesión reservada.

Desconociendo el procedimiento constitucional, que involucra a dos órganos del Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, emitió una “orden” (que circuló en las redes sociales) convocando a un acto oficial para los ascensos, incluida la presencia de la presidenta Áñez. El acto fue suspendido y en su lugar Orellana y los suyos fueron a la Plaza Murillo con ultimátum para que el Senado ratifique los ascensos. En caso de una respuesta negativa, amenazó con proceder por su cuenta.

Asumiendo que en Bolivia vivimos en un Estado constitucional de derecho y en un régimen democrático, en el cual las Fuerzas Armadas no deliberan, son esencialmente obedientes y están sujetas al ordenamiento normativo vigente, la actitud del Gral. Orellana es sencillamente inaceptable. Es evidente que el Senado tiene la responsabilidad de considerar los ascensos, pero debe hacerlo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo el informe del Tribunal de Calificación, y no bajo intimidación. La próxima semana, cuando se cumpla el plazo militar, en caso de no haberse subsanado aún las observaciones planteadas en el informe y, por tanto, no haya ratificación del Senado, ¿el Alto Mando de las Fuerzas Armadas procederá de facto con los ascensos? “Merecemos respeto y lo vamos a exigir”, espetó Orellana en su intempestiva visita al Legislativo. Todo bien mientras tal “exigencia” se haga por los cauces institucionales correspondientes. La Constitución Política del Estado se respeta. Y lo vamos a exigir.

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Asedio al TSE

Los ataques a los miembros del Tribunal Supremo Electoral ponen el riesgo la institucionalidad en el país, así como el proceso electoral.

/ 5 de junio de 2020 / 06:14

Por La Razón

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dado señales claras de responsabilidad institucional y apego al principio de legalidad, algunos actores políticos, con eco en las redes sociales, están asediando a los nuevos vocales, en especial a su presidente. El objetivo, más bien marginal, es claro: no quieren elecciones y, por tanto, no quieren democracia. Eso es inaceptable.

Luego de las fallidas elecciones generales de octubre de 2019, declaradas “sin efecto legal” por una ley aprobada de manera unánime en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el país asumió el desafío imprescindible de volver a la urnas en el corto plazo para elegir a sus gobernantes y representantes. Una condición para el efecto, producto del acuerdo político, fue la recomposición de la institucionalidad electoral, con la designación de nuevos vocales tanto en el TSE como en los nueve tribunales departamentales.

En ese marco, el TSE asumió el reto inmediato de convocar a los nuevos comicios y ejecutar el calendario electoral para una votación que debió realizarse el pasado 3 de mayo. Lo hizo en condiciones adversas, en un contexto de agravada crisis, polarización e incertidumbre, con disputa política en torno al Gobierno provisorio. Lo hizo en medio de una situación crítica del organismo electoral, con cuatro tribunales quemados como parte del vandalismo de los hechos de octubre y noviembre del año pasado.

Así, las elecciones 2020, de hecho difíciles por el contexto político-institucional, se fueron desarrollando hasta quedar en suspenso el 21 de marzo por efecto de la cuarentena total decretada por el Gobierno. La emergencia sanitaria por el coronavirus añadió un nuevo factor de complejidad a los comicios. La disputa por la nueva fecha se resolvió en dos momentos: primero mediante una ley que fijó un plazo máximo hasta el 1 de agosto y luego con el acuerdo anunciado esta semana para votar el 6 de septiembre.

En esta ruta incierta y crítica, las autoridades electorales asumieron una posición institucional y de cumplimiento de la normativa, en especial del principio de preclusión, que constituye una base fundamental e ineludible del sistema electoral boliviano. Cerraron así las puertas a quienes, buscando frenar las elecciones, demandan dar marcha atrás en el proceso. Ello derivó en algunas críticas contra el presidente del TSE, incluida una acusación temeraria y fuera de lugar del Procurador del Estado.

Es necesario rechazar con firmeza estas acciones de desprestigio contra el TSE, pues ponen en riesgo no solo la todavía frágil institucionalidad en el país, sino también el proceso electoral. Lo más peligroso, nuevamente, es que este asedio antidemocrático busca golpear la legitimidad de los comicios, como narrativa para un eventual desconocimiento e impugnación del resultado. El guion es conocido. E inaceptable. Bolivia necesita gobernantes con la legitimidad de las urnas para enfrentar la crisis.

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Malas señales

Se deben abandonar los cálculos políticos para restituir cuanto antes la legitimidad democrática

/ 4 de junio de 2020 / 05:22

Por La Razón

El acuerdo para extender el plazo para las elecciones generales en poco más de un mes ha cumplido el doble propósito de brindar certidumbre respecto de la realización de esos comicios, cuya fecha sigue sin ser señalada expresamente en la normativa, e incrementar el tiempo para tomar los recaudos necesarios para evitar posibles contagios de COVID-19 el día del verificativo.

Ha señalado el Presidente del Tribunal Supremo Electoral que dicho acuerdo requirió concesiones de todas las partes. Por tanto, puede decirse que también refleja la voluntad democrática de quienes compiten por la presidencia del país, máxime considerando que se trata de un proceso electoral que debe restituir la plena legitimidad de quien ostenta la presidencia del país. El que el candidato a la presidencia por la fuerza política que ostenta la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el MAS, ahora como oposición, haya sido parte del acuerdo implica que el trámite legislativo para mover nuevamente la fecha de las elecciones será fácil y rápido.

Por ello ha causado sorpresa la posición de Juntos, la agrupación de la Presidenta interina y también candidata, que a través de su portavoz, a la vez dirigente del partido del Alcalde, Sol.bo, ha manifestado su descontento e intentado restar legitimidad al acuerdo, sugiriendo que se produjo por presión del expresidente ahora refugiado en Argentina. En la víspera del acuerdo, la mandataria transitoria había demandado al TSE que fije fecha “de una vez por todas”.

Igualmente, el candidato de Creemos, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y abanderado de la protesta que empujó al expresidente Morales fuera del poder, prefiere diferir la elección, incluso más allá de 2020. Coinciden ambos candidatos en señalar que no están dadas las condiciones sanitarias para un acto que demanda movilización y concentración de tantas personas.

Sin embargo, decir que no se está preparado para afrontar las posibles complicaciones sanitarias relacionadas con la pandemia del COVID-19 en día de la votación es casi lo mismo que reconocer que ni los más de dos meses de cuarentena rígida ni el tiempo que resta hasta el domingo de elecciones son ni serán suficientes para preparar al país para hacer frente a la enfermedad. La evidencia muestra limitaciones en el cumplimiento de las reiteradas promesas presidenciales respecto a asuntos como pruebas rápidas y equipamiento hospitalario, además de la primera de ellas: una pronta convocatoria a elecciones.

Las críticas que recibe por esta causa no hacen más que mellar su imagen. En un estado de debilidad institucional extrema, con un liderazgo que no por mostrarse recio recibe más apoyo —sino, de hecho, produce sospecha de autoritarismo—, y en medio de creciente desconfianza en la calidad de la gestión de la cosa pública, especialmente los recursos financieros, lo sensato es abandonar los cálculos políticos parciales e inmediatos y, como haría un buen estadista, anteponer el bien de todo el país y avenirse, en primer lugar, a restituir cuanto antes la legitimidad democrática del gobierno.

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6 de septiembre

Se trata de una valiosa señal de certidumbre sobre unos comicios muy complejos

/ 3 de junio de 2020 / 05:49

Por La Razón

Luego de un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció al país la buena noticia de que las postergadas elecciones generales tienen fecha: serán el domingo 6 de septiembre. Se trata de una valiosa señal de certidumbre sobre unos comicios muy complejos, que tendrán como telón de fondo la persistente pandemia del coronavirus.

Más allá de la disputa en torno al proceso electoral, la fecha misma de votación se convirtió en objeto de cálculo político y de controversia tras haberse dejado en suspenso el calendario electoral. El desencuentro enfrentaba a quienes exigían “elecciones ya” y aquellos que buscaban postergarlas sin fecha (mejor si hasta el 2021). En tal contexto, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley fijando un plazo máximo de 90 días, que en los hechos implicaba votar a más tardar el 1 de agosto.

Quienes demandaban la realización de elecciones lo antes posible, en el plazo establecido por ley, alegaban que era imprescindible tener un gobierno legítimo para enfrentar la drástica crisis resultante de la pandemia. Acusaban al régimen de la presidenta-candidata Áñez de pretender prorrogarse en el poder (pese a su carácter transitorio). Y asumían que el TSE podía adoptar medidas para ir a votar en condiciones mínimas de seguridad sanitaria, como se hizo o se está haciendo en otros países.

A su vez, quienes rechazaban la sola posibilidad de pensar en una fecha para los comicios, argüían que primero está la salud y que la votación debía postergarse hasta que se haya superado la pandemia y no existan riesgos para la ciudadanía. Acusaban al MAS de alentar un plan de desestabilización. Y empezaron a cuestionar al TSE por su decisión de acatar la ley. Algunos fueron más lejos al pretender no solo el aplazamiento de la votación, sino incluso una nueva convocatoria con reglas diferentes.

A reserva del hoy superado debate sobre la fecha de votación, que en todos los casos respondía a cálculos estratégicos de las fuerzas políticas y candidaturas, el TSE asumió el desafío con apego al principio de legalidad y con responsabilidad institucional. Y fue avanzando en tareas preparatorias antes de reactivar el calendario electoral, como ajustes presupuestarios, protocolos, innovaciones logísticas. El propósito era garantizar el ejercicio del sufragio como derecho ciudadano en democracia.

Haber superado la disputa política y la incertidumbre sobre la fecha de votación es una valiosa señal política e institucional en medio del agravado escenario de crisis y polarización. Más allá de alguna crítica destemplada y hoy aislada, la buena noticia es que se despeja la ruta electoral en el país. Así, el TSE podrá retomar a mediados de julio el calendario electoral sin dar marcha atrás en las actividades que precluyeron (padrón, candidaturas, circunscripciones). Las y los demócratas debemos celebrarlo.

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Calendario incierto

Toca a las y los representantes políticos debatir si se posterga o no la elección y hasta cuándo

/ 2 de junio de 2020 / 11:35

Por La Razón

Con la promulgación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones, el país parecía haber ingresado a una etapa de certidumbre respecto de la fecha de realización de la elección presidencial, tanto así que incluso habiendo admitido un recurso de nulidad, el Tribunal Constitucional señaló que el plazo definido se mantenía. El fin de semana, el Movimiento al Socialismo (MAS) decidió cambiar ese estado de cosas.

En efecto, gracias a la mayoría que todavía conserva en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el MAS no solo aprobó, sino también promulgó en tiempo récord una norma destinada a fijar la fecha de las elecciones generales, postergadas a causa de la pandemia por el COVD-19, y ampliar el mandato de las y los legisladores, así como de la Presidenta interina y su gobierno.

Todas las demás fuerzas políticas con interés en esa elección, particularmente la que sustenta a la Mandataria transitoria, se manifestaron en contra de la fecha sugerida en la norma (el primer domingo de agosto), asegurando que dadas las condiciones de la pandemia era muy riesgoso reunir a la población votante en los recintos electorales.

Únicamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conservó la calma y la institucionalidad, y su Presidente afirmó que el Órgano Electoral cumplirá la ley tal como está, a menos que hubiera otra norma interpretativa que fije un nuevo diferimiento del acto electoral. Explicó también que no hace falta un nuevo calendario electoral, sino que se reanudarán las actividades en el punto que se suspendieron en marzo pasado, cuando se esté dentro del plazo fijado.

Jugó también en contra de la posición de quienes se oponen a la fecha fijada en la Ley 1297 que, con ocasión de normar la suspensión paulatina de la cuarentena que tuvo al país en pausa durante 10 semanas, se dispuso la celebración de actos religiosos en templos y ambientes similares. La reacción lógica fue: si se puede ir a la misa o al culto, ¿por qué no a actividades culturales o a los recintos electorales?

Pero finalmente, cuando todo hacía parecer que las y los bolivianos acudirían a las urnas en la fecha prevista, el expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, anunció el fin de semana, mediante Twitter, que su partido está considerando diferir la fecha de elecciones si fuese necesario por la situación sanitaria. En el gesto del exmandatario se percibe no solo un evidente cuanto previsible cálculo político, sino sobre todo el ejercicio de una iniciativa política que su partido todavía conserva en buen estado.

Toca a las y los representantes políticos debatir si se posterga o no la elección y hasta cuándo. Quienes se opusieron a la fecha fijada en la norma promulgada el 30 de abril tienen la ocasión de negociar una nueva, solo que esta vez a sabiendas de que lo que decidan, aparentemente, beneficiará al partido echado del gobierno en noviembre de 2019.

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¿Volver a la normalidad?

Quienes desean convertirse en gobierno en el corto plazo bien podrían prestar atención a la Agenda 2030 de la ONU e incluirla en su propuesta programática

/ 1 de junio de 2020 / 05:42

Por La Razón

Las medidas de desconfinamiento que se inician hoy, aunque en los hechos hayan comenzado hace semanas de la mano de personas necesitadas de trabajar para ganar el sustento diario, y que son comunes a muchas ciudades del orbe, hacen pensar a muchos en que podríamos estar en puertas de un “retorno a la normalidad”; sin embargo, esa idea no es más que una ilusión.

Por una parte, es poco razonable creer que luego de más de dos meses en cuarentena, las cosas puedan volver a ser “normales”, especialmente en vista de la crisis económica que se anuncia tan severa como inevitable, luego de casi 10 semanas con el aparato productivo casi completamente paralizado. El que sea “normal” que en estas condiciones haya una crisis económica que sumará sus costes a los de la crisis sanitaria que vive el mundo entero, no significa que se trate de una normalidad deseable o siquiera aceptable.

Por otra parte, lo que muchas personas entienden por “normalidad” implica un estilo de vida basado en la completa ignorancia de los costes presentes y futuros de un modelo de consumo sin límites, con crecientes cantidades de desperdicio y, lo que es peor, que descansa sobre el uso de energía fósil. El resultado es el desastre ambiental que ya se está viviendo en prácticamente todo el mundo, y que por unos días parecía haberse detenido a la par que se detenía la actividad humana por la pandemia.

En ese sentido discurre una reflexión publicada en nuestra edición impresa el viernes y que lleva la firma de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, y del director regional para América Latina y el Caribe de Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Leo Heileman, quienes luego de ofrecer un preocupante diagnóstico para la región, señalan la importancia de “tomar medidas de reactivación económica sostenibles y ‘a prueba del clima’; no las usuales”.

Para el efecto proponen como horizonte la Agenda 2030 de la ONU y la “recuperación verde” a través de varias iniciativas: acudir a las energías renovables y eficiencia energética; transporte público y de última milla electrificado, con uso de litio; soluciones basadas en la naturaleza para la producción agrícola y ganadera, a la gestión del agua y a los ecosistemas; restauración de ecosistemas con orientación científica y pagos por servicios ecosistémicos; ampliación de la infraestructura sanitaria básica (agua y saneamiento) y la producción de materiales bajos en carbono para la construcción.

Sin duda es una agenda tan deseable como difícil y conflictiva para quienes orientan la práctica política a la satisfacción de intereses parciales, pero eso no debe significar que no es necesario orientar la actividad pública hacia ella. Quienes desean convertirse en gobierno en el corto plazo bien podrían prestar atención a esta agenda e incluirla en su propuesta programática.

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