Voces

sábado 6 jun 2020 | Actualizado a 03:35

Novedades en el proceso electoral

La tecnología electoral jugará un importante rol en este puntual proceso y, por supuesto, en los venideros

/ 22 de mayo de 2020 / 06:32

La ubicación de las elecciones generales 2020 en medio de dos crisis (política y sanitaria) ha añadido un inédito grado de complejidad a su realización, consiguiendo consolidar a este proceso electoral como «el más complejo que le toca organizar al Tribunal Supremo Electoral en la democracia», de acuerdo con una declaración de su actual Presidente.

Durante los últimos años, se han realizado cambios en varios procedimientos del ciclo electoral en busca de su mejora. Entre los más relevantes destacan la implementación o innovación en la transmisión rápida y segura de las actas electorales (TREP), el cómputo, el paquete (kit) electoral, el sistema de monitoreo electoral y las papeletas y actas electorales. Esto evidencia un constante esfuerzo institucional por consolidar estas innovaciones como parte de una renovada cultura democrática electoral, que el año pasado tuvo que afrontar el grave conflicto que significó la paralización del TREP. Lo cual, como sabemos, constituyó un importante ingrediente del desencadenamiento de la crisis política. 

La crisis sanitaria desatada por la pandemia COVID-19 ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de realizar ajustes e insertar novedades en determinadas actividades electorales, además de acelerar la digitalización de otras tantas. Esto, recordemos, en medio de un mandato no menos complejo, que consiste en recuperar (una vez más) la confianza ciudadana en el trabajo del ente electoral, de su desempeño en el proceso electoral y, finalmente, en los resultados que de él emerjan. 

El chileno Juan I. García R. señala acerca de las tecnologías electorales que su éxito “no depende de ellas. No importa que tan sofisticadas o simples éstas sean, o si son muy costosas, o si son muy complejas, o si requieren mucha instalación previa, etc. (…) Solo depende de la sociedad misma, que la acepta y valida legitimando los resultados obtenidos a través de ella”.

Por lo mencionado, es importante señalar que la tecnología electoral jugará un importante rol en este puntual proceso y, por supuesto, en los venideros. Así como su forma de implementación y los procesos comunicacionales que permitan su socialización hacia los actores del proceso electoral y la ciudadanía en general. Esto se traducirá en novedades dentro de las actividades que componen el proceso electoral, las cuales rápidamente deberán ser implementadas con eficacia y transparencia. E igual de rápido deberán ser conocidas e interiorizadas por la ciudadanía.

La situación que se vive en Bolivia ha puesto a nuestra sociedad al frente de muchos nuevos cambios y desafíos que nos toca afrontar de la manera más responsable y empática posible. En ese marco general, el venidero proceso electoral se ubicará también en este escenario que desencadenará en varias novedades de digitalización y bioseguridad que seguro iremos conociendo oportunamente. Cuando el calendario electoral vuelva a ser de conocimiento público, la ciudadanía deberá elegir ubicarse entre la resistencia o el acompañamiento a estas actividades electorales venideras (junto a sus novedades), pudiendo entonces encontrar la oportunidad de constituirse en una vigilante pero proactiva comunidad que no renuncia al ejercicio de sus derechos políticos ni a su derecho a la salud.

Verónica Rocha, comunicadora social.

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Certidumbre democrática

La realización de las elecciones debe permitir allanar la agenda pública para concentrarse en los temas sanitarios

/ 5 de junio de 2020 / 06:30

Símbolos. Las últimas imágenes que habíamos recibido hace pocos meses desde la Plaza Avaroa que alberga la simbólica casa donde se ubica el Tribunal Supremo Electoral fueron aquellas que hoy nos evocan los terribles y riesgosos días que vivimos el pasado fin del año 2019 y que pusieron en vilo a nuestra democracia. Por ello, sin duda alguna, la fotografía de la semana es la que fue tomada en esas instalaciones, el pasado martes, donde se ve a gran parte de la Sala Plena, tres candidatos presidenciales y un par de representantes de organizaciones políticas. El hecho: existe un consenso entre esos actores para la realización de las elecciones generales pendientes el domingo 6 de septiembre.

A reserva del existente debate sobre la exclusiva atribución del Órgano Electoral para fijar el día de la votación sin necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, qué mejor señal democrática que arribar a la misma a través de un proceso de acercamiento no solo entre esos dos poderes sino integrando, por supuesto, a aquellos actores políticos que buscarán el voto entonces. La ruta jurídica: la futura promulgación de una ley y la posterior emisión de una resolución de Sala Plena, estableciendo esa fecha que ya es conocida por el país.

En nuestra actual coyuntura, en la que continuamente transitamos de una incertidumbre a otra respecto a casi todo lo que respecta a nuestras vidas, es importante relevar no solo el hecho sino también la forma en la que se ha construido esta certeza de tipo político electoral de cara al país. No solo porque una buena parte del país está convencida de la necesidad de que contemos lo más pronto posible con un gobierno legítimo sino también porque es necesario que la realización de las elecciones se constituya en una certeza que permita allanar la agenda pública y podamos dedicarnos a temas sanitarios, que son lo realmente urgente en este momento.

No obstante, también es necesario dejar constancia de que este se constituirá, hacia adelante, solo en un pequeño momento democrático más en el que el Poder Electoral, el sistema político y la ciudadanía se encuentren para ir resolviendo aún una importante cantidad de situaciones propias del que se ha denominado el proceso electoral más difícil de nuestra historia democrática. Entre ellos, la mencionada preclusión de las etapas ya realizadas del proceso, que impedirían la apertura del padrón electoral para posibilitar el ejercicio del derecho al voto de las y los jóvenes que han cumplido años en los últimos meses en los que se ha postergado este proceso. O la cantidad de innovaciones y ajustes que atravesarán las acciones y actividades de todo el ciclo electoral debido a la implementación tecnológica o logística de medidas de bioseguridad. O la misma campaña electoral que deberá ser reinventada y ser llevada adelante en medio de una pandemia. Estas son solo algunas de las delicadas situaciones pendientes que configuran la ruta que aún tenemos que transitar pero que, al menos, reinicia con una certeza construida dialógicamente.

En tiempos de incertidumbre sanitaria y democrática, a veces es realmente suficiente un símbolo para evocar, en la agenda informativa y política, instancias propias de una democracia como el diálogo, el acuerdo y la concertación. Para posicionar el ejercicio de autoridad e iniciativa del Órgano Electoral (aunque debiera preocupar que esta no provenga del sistema político). Y, finalmente, también para que algunos candidatos envíen alguna señal al electorado de que se entiende que el grave problema político institucional en el que estamos inmersos es algo que nos atañe a todos/as y que no admite mezquindades.

Verónica Rocha, comunicadora social

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(Tratar de) vivir entre dos crisis

El Órgano Electoral tiene el mandato de llevar adelante un proceso electoral exitoso en medio de dos crisis.

/ 8 de mayo de 2020 / 06:31

De acuerdo con un informe de IDEA Internacional, entre elecciones primarias, locales, nacionales, legislativas y referendos, se han pospuesto 55 procesos electorales en todo el mundo, 13 en nuestro continente. Por otro lado, entre marzo y abril se han impulsado 26 procesos electorales en el mundo, respetando sus calendarios. De este total, cinco elecciones fueron realizadas en el continente, primarias en Estados Unidos principalmente y unos comicios en República Dominicana.

Cuando a Bolivia llegó la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, acá ya se lidiaba con una crisis política, producto de los sucesos de noviembre del año pasado. Lo cual no solo ha complejizado al extremo la gestión gubernamental realizada para enfrentar la pandemia, sino que también ha generado mayor tensión en torno a la realización de las pendientes elecciones. Es decir que ambas crisis se están afectando mutuamente, empeorándose.

Es importante enfatizar que Bolivia no es el único país que debía organizar un proceso electoral durante esta pandemia, pero sí depende de su exitosa ejecución para encaminarse hacia la resolución de una crisis política. En el debate electoral global varios aspectos se discuten para evitar “detener” los procesos eleccionarios, a sabiendas de que, tarde o temprano, deberemos aprender a convivir con el COVID-19. Uno de los aspectos indiscutibles en este debate global es la inserción de un nuevo actor para la toma de decisiones: el sistema de salud. Sin este criterio, será imposible determinar los riesgos sanitarios que conllevaría retomar la realización de un evento electoral mientras dure la pandemia.

En el caso de Bolivia, no contamos con escenarios prospectivos oficiales sobre el desarrollo de la pandemia y las consecuentes medidas para combatirla. De hecho, la información pública es uno de los mayores problemas que enfrenta el Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria. Contamos con las proyecciones realizadas por universidades extranjeras e insumos provenientes de la OPS y la OMS. Dado el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas en la gestión de la pandemia en el país y sumándoles la virtud de que están por fuera del polarizado campo político, queda pensar que el acompañamiento de estas agencias será crucial al momento de establecer algunas luces en torno a la fecha de votación, además del proceso logístico que demanda “completar” el ciclo electoral rumbo a las elecciones generales.

A reserva de la propuesta de ley enviada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la norma aprobada por la Asamblea en esta materia y las acciones legales de personeros del Ejecutivo en torno a la fecha de las venideras elecciones, lo cierto es que la incertidumbre aún continúa, y seguro contendrá varios capítulos más hacia adelante. Ello establece un complejo escenario para el OEP, actor que tiene el mandato de llevar adelante un proceso electoral exitoso en medio de dos crisis, garantizando no solo la fiabilidad técnica del proceso y sus resultados, sino también novedosas medidas sanitarias para votantes y trabajadores/as electorales.

Como un camino casi quirúrgico, esto dependerá de recursos económicos, flexibilidad normativa, recursos tecnológicos y tiempo, factor que, como sabemos, está en contra. Es preciso que como ciudadanía entendamos esta complejidad, por fuera de la dicotomía MAS/Demócratas, actores que eventualmente deberán ceder sus posiciones para que arribemos a un buen puerto democrático.

Verónica Rocha, comunicadora social  

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Derecho a la información y COVID-19

Bregar por el cumplimiento del derecho a la información sembrando certezas es también una manera adecuada de combatir la pandemia

/ 24 de abril de 2020 / 06:05

Empiezo con una certeza tan básica como importante en este momento: ninguna pandemia pone en suspensión todo lo establecido en la Constitución Política del Estado, más aún en lo que refiere a los derechos y garantías constitucionales que protegen a las y los ciudadanos del accionar del Estado. Uno de éstos, que data de hace una década en nuestro marco normativo, es el derecho a la información, que además de estar inscrito en el Art. 106 de la CPE, se encuentra garantizado mediante su Art. 21, que señala que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”; además de estar establecido en varios convenios y tratados internacionales ratificados por Bolivia.

En tiempos de pandemia este derecho parece aún más vulnerable que antes, cuando las acciones del Estado son realizadas en medio de un escenario altamente volátil, incierto y cambiante a medida que pasan los días. Es cierto que, con la gran cantidad de acciones que deben realizar los gobiernos de todos los niveles, es altamente complejo recoger, sistematizar, analizar y comunicar la información pública que se genera en torno a todo el accionar estatal. Las y los periodistas que conocen a detalle las varias y continuas trabas que se han generado históricamente desde instancias públicas para brindar información, que es de todos, afrontan hoy más limitaciones en su trabajo diario, lo que se suma a las dificultades para la consecución de esta información.

En general, la ciudadanía no está cegada ante lo que ocurre. Sabemos que esta emergencia sanitaria es global, que existen confrontaciones entre los países por conseguir insumos sanitarios para afrontarla; y entendemos, con claridad, que no existe gobierno en el mundo que estaba preparado para una amenaza de esta envergadura. Aun conociendo todo ello, hay demasiada información pública que no se está comunicando oportuna y adecuadamente. Hay cambios de autoridades y técnicos en medio de la pandemia que no se conocen puntualmente y simplemente “ocurren” de un día para otro. Hay intervenciones y acciones sobre las cuales se solicita documentación de respaldo administrativo y se termina encarando políticamente estas solicitudes.

Los funcionarios públicos declaran que llegarán al país insumos (equipos de bioseguridad, reactivos, respiradores, UTI) en “una semana”, a “fin de mes”, en “15 días”; pero estos nunca llegan. Se señala que habrá evaluaciones y conferencias en determinados días y horas; y los días no llegan y las horas no se cumplen. Instructivos y protocolos que son de suma importancia en este tiempo tienen que “filtrarse” en vez de ser puestos a disposición de la prensa y la ciudadanía. Tenemos cuentas en redes sociodigitales de instituciones gubernamentales que transitan entre el “hackeo” continuo y las recetas de panqueques de chocolate, en vez de encarar con transparencia las acciones de gobierno. 

La burocracia estatal, en todos sus niveles, cuenta con una potente estructura comunicacional que debiera tener como principal fin el transparentar la información pública de las acciones gubernamentales. Uno de los principales signos de esta emergencia es el nivel de incertidumbre que inyecta en los hogares y la sociedad. Aunque las noticias sean malas, bregar por el cumplimiento del derecho a la información sembrando certezas es también una manera adecuada de combatir la pandemia.

Verónica Rocha, comunicadora social

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Doce mujeres

No se puede permitir que a nombre del miedo contra la pandemia se abra la puerta para crear ciudadanías de primera y de segunda clase

/ 10 de abril de 2020 / 06:38

Hace un par de semanas, se conoció que 12 mujeres estaban en el primer grupo de aproximadamente 100 personas que llegaron caminando hasta la frontera entre Chile y Bolivia para retornar al país, debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Para entonces, el Gobierno boliviano ya había decretado el cierre total de las fronteras; aunque a pesar de esta medida han salido vuelos para repatriar a ciudadanos extranjeros que se habían quedado varados en el país, principalmente europeos, y también han llegados dos aviones trayendo connacionales, el primero, al límite del veto, proveniente de Lima; y el segundo, esta última semana, de Santiago de Chile.

Desde que empezaron a tomarse medidas para contrarrestar la pandemia en el país, de forma antagónica a la política comunicacional del miedo que se ha instalado en las fuentes oficiales, María Galindo empezó a dar una cátedra diaria de comunicación política desde sus micrófonos y la radio Deseo. En este momento aciago, esta emisora ha cumplido ampliamente con los nobles fines políticos para los cuáles la comunicación se constituye en una herramienta. De esta manera, se ha constituido en un espacio desde el cual cotidianamente se está generando certidumbre, contención, solidaridad, empatía y —sobre todo— se están abordando las problemáticas colaterales de la pandemia y su paso por el país.

En una de esas acciones, la semana pasada, Galindo y su equipo de Mujeres Creando ofrecieron hacerse cargo de las 12 mujeres antes mencionadas, quienes, por sus situación particular (algunas están embarazadas y otras tienen niños pequeños), son aún más vulnerables que el resto de ese grupo grande de compatriotas apostados en la frontera. Bajo un lobby ejecutado desde su emisora, este colectivo consiguió el compromiso verbal del Gobierno de que les iban a permitir apoyar a estas mujeres. Lo que a su vez las motivó a solicitar a su audiencia colaboración materialmente en favor de estas mujeres para cuando llegasen a su centro de operaciones (Virgen de los Deseos). Sin embargo, ese compromiso no se cumplió, y el Gobierno decidió trasladar a aquellas 12 mujeres (con sus niños en vientres y en brazos) junto con los demás bolivianos a un campamento militar instalado en la población de Pisiga. Gracias a radio Deseo y a otros medios, algunos nos hemos enterado de las aberrantes condiciones en las que se encuentran aquellos compatriotas.

En el otro lado de la moneda, el miércoles pasado ingresó al país un avión proveniente de Chile con 35 compatriotas. Hecho que el Gobierno calificó como una valiosa gestión para velar por un grupo vulnerable de bolivianos, compuesto por mujeres, niños y personas que deben cuidar a sus padres. El aterrizaje de ese avión develó algo que nos preocupa a todos: no se puede permitir que a nombre del miedo contra la pandemia se abra la puerta para crear ciudadanías de primera y de segunda clase. Aunque esta crisis recién empieza, y eventualmente esperamos que todos nuestros compatriotas cumplan una cuarentena digna y retornen a sus lugares de origen, no debemos permitirnos superar colectivamente esta prueba planteada por el grupo de 12 mujeres si en el camino aceptamos —sin sonrojarnos— soltar la mano y vulnerar los derechos humanos de una o de un solo boliviano.

Verónica Rocha, comunicadora social

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