Voces

viernes 29 may 2020 | Actualizado a 06:49

Iliquidez municipal

La ecuación que enfrentan los gobiernos municipales es muy compleja: mucho menos financiamiento y más responsabilidades y gastos

/ 23 de mayo de 2020 / 06:19

Por La Razón

La mayoría de los gobiernos municipales dependen financieramente de la coparticipación tributaria y de las transferencias de la administración central, las cuales se han reducido drásticamente en los últimos meses. Y este desequilibrio sucede lamentablemente en medio de una pandemia, que exige más gastos locales en salud y en la compleja gestión de la “cuarentena dinámica”.

Muy pocos municipios cuentan con recursos propios suficientes para encarar todas sus responsabilidades. La mayor parte de ellos, sobre todo en las localidades intermedias y zonas rurales, obtienen sus ingresos de la coparticipación tributaria; es decir, de la repartición por medio de criterios demográficos del 20% de la recaudación total de siete impuestos nacionales. Adicionalmente, en los 15 años pasados las municipalidades se han beneficiado del aumento de transferencias por concepto del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH). Solo los más grandes y urbanizados tienen otras fuentes importantes de financiamiento por concepto de impuestos a la propiedad inmobiliaria y de automotores.

En la actual coyuntura, estas tres grandes líneas de recaudación están en una crisis severa. La coparticipación tributaria y la recolección de impuestos municipales han caído aproximadamente en un 70%, debido al parón de actividades por la cuarentena estricta aplicada en el país. Por otra parte, el IDH se ha reducido al mínimo por la baja del precio del gas en el mercado internacional. Con lo cual, existe un riesgo de insolvencia en buena parte de los gobiernos locales.

Y este difícil panorama económico coincide con un incremento notable de las demandas de mayor gasto para equipar y sostener el sistema de salud en su lucha contra el COVID-19, y para colaborar con la población necesitada de alimentos y servicios básicos. En el esquema de “cuarentena dinámica” se está confiando bastante en la responsabilidad y capacidad de cada municipio para gestionar la paulatina apertura de las actividades en su territorio, para lo cual se requieren recursos.

La ecuación que enfrentan los gobiernos municipales es casi imposible: mucho menos financiamiento y más responsabilidades y gastos. El riesgo no es solo que no puedan solventar su funcionamiento normal, sino que su debilidad erosione los sistemas locales de salud y la posibilidad de sostener un retorno viable a la normalidad productiva.

Las asociaciones municipales vienen solicitando reuniones con autoridades del nivel central para concertar opciones de resolución de este grave problema, pero hasta ahora, los encuentros no han podido concretarse. Es cierto que las restricciones financieras de todo el Estado son enormes, pero tampoco se trata de dejar que las cosas sigan en una inercia que obligará a actuar en desorden cuando el sistema esté al borde del colapso por falta de dinero. Hay necesidad de un diálogo y trabajo coordinado urgente entre todos los niveles de gobierno para construir soluciones viables.

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Desafortunada declaración

Las declaraciones del Procurador General del Estado han enardecido el ya de por sí complejo escenario electoral

/ 28 de mayo de 2020 / 05:09

Por La Razón

Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya tiene a su cargo un asunto de extrema complejidad como es conciliar el mandato de celebrar elecciones presidenciales hasta el primer domingo de agosto, con la necesidad de preservar la salud de la población en el actual contexto de pandemia, el Procurador General del Estado acaba de enrarecer aún más este escenario.

En efecto, de manera inopinada, la máxima autoridad de la institución llamada constitucionalmente a defender los intereses del Estado convocó el martes a conferencia de prensa para acusar al presidente del TSE de “negligencia”, por no haberse constituido en parte querellante en el proceso instaurado por el presunto fraude en las anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019.

Dijo el Procurador que es notoria la “ausencia y la falta de colaboración y cooperación” del TSE y los nueve tribunales electorales departamentales en formar parte del proceso penal por delitos electorales. Trámite del cual el Ministerio Público no ha dado ningún dato sobre su avance o sobre las dificultades que afronta en su realización. La autoridad se refería al hecho de que el presidente del TSE no ha respondido a cartas enviadas por su despacho el 19 de febrero, el 16 de marzo y el 15 de mayo de 2020.

Aunque es tarea de abogados y jurisconsultos confirmarlo o negarlo, a simple vista la declaración del Procurador parece caer por fuera de las atribuciones que la CPE y la Ley 64 asignan a la institución a su cargo. Una cosa es requerir al TSE información relevante para el avance las investigaciones encomendadas a la Fiscalía General, y otra muy distinta es tratar de forzar a su máxima autoridad a constituirse en parte querellante.

Es posible que las obvias aristas políticas del caso sean las razones por las que el aludido en la conferencia de prensa del Procurador ha preferido guardar prudente silencio. Ya bastante duro tiene el panorama electoral como para verse involucrado en un caso de evidente interés para el Gobierno transitorio en general y para los ministerios de Justicia y de Gobierno en particular.

Asimismo, no es descabellado pensar que para la población boliviana será de mucho mayor interés ver a la Procuraduría General del Estado participando en la investigación del caso de compra de respiradores españoles con sobreprecio. Asunto en el que el Procurador no solo eximió de responsabilidad a la Canciller, sino que además le sirvió para atacar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ha sido, pues, desafortunada la declaración del Procurador, especialmente si se considera que el TSE es por ahora el último órgano del Estado en conservar no solo credibilidad, sino también institucionalidad; condiciones imprescindibles para llevar adelante un proceso electoral de gran trascendencia para el presente y futuro del país.

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Votación: difícil fecha

Bolivia necesita cuidar el Estado de derecho y la democracia a fin de evitar cualquier deriva autoritaria

/ 27 de mayo de 2020 / 06:37

Por La Razón

Por mandato de la Ley de Postergación aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la jornada de votación para las elecciones generales 2020 debe realizarse como máximo el 1 de agosto. Ello implica que el TSE tendrá que fijar fecha y reanudar las actividades del calendario electoral, hoy suspendido, a más tardar la tercera semana de junio. Es una decisión compleja.

Los comicios para elegir al binomio presidencial y a los representantes al Órgano Legislativo llegaron tras haberse declarado “sin valor legal” las fallidas elecciones de octubre de 2019 (en Bolivia no existe la figura de anulación de un proceso electoral). En ese marco, tras la designación de nuevas autoridades electorales, la votación fue convocada para el pasado 3 de mayo. Pero su implementación no fue posible debido a la situación de emergencia sanitaria, en especial la cuarentena decretada por el Gobierno provisorio.

En este contexto de Estado de excepción por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2, sumado a la persistente crisis político-institucional y la polarización en el país, la fecha para elegir en las urnas a un gobierno legítimo se convirtió en sí misma en fuente de disputa. Así, unos actores políticos exigen “elecciones ya”, otros quieren postergar el proceso sine die, y algunos buscan situarse discursivamente en el medio. Todos ellos pensando más en su cálculo estratégico-electoral que en la crisis derivada de la COVID-19.

La disputa por la fecha de los comicios se torna más intensa a medida que las actividades posconfinamiento se van adecuando a la “nueva normalidad”. Claro que la salida, asumiendo que la cuarentena total es hoy insostenible, tiene lugar en la fase más crítica de contagio comunitario. En tales condiciones, el TSE tiene la responsabilidad de brindar certidumbre con prontitud: sobre la fecha de votación, la reanudación del calendario, las medidas de seguridad sanitaria durante la jornada electoral.

A reserva de que se adopte una fecha razonable para el sufragio, cuyo plazo podría variar en atención a la emergencia sanitaria, lo indiscutible es el pleno respeto al principio de preclusión; esto es, que en ningún caso pueden revisarse o repetirse actividades ya realizadas. Es un principio fundamental del sistema electoral boliviano, y mal harían algunos actores políticos, con arreglo a sus intereses, en pretender desconocerlo. El calendario electoral debe retomarse desde la actividad que quedó pendiente.

Otro riesgo inaceptable es pretender bloquear las elecciones, ora mediante acciones constitucionales, ora con operaciones de facto, pues se estaría cerrando la única vía institucional, democrática y pacífica para la renovación de autoridades y representantes electos. En un contexto de crisis y polarización, agravado por la incertidumbre, Bolivia necesita cuidar el Estado de derecho y la democracia a fin de evitar cualquier deriva autoritaria vinculada a la tentación de prórroga de mandatos sin legitimidad.

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Tragedia en el Beni

Lo que al inicio de la emergencia sanitaria nacional parecía un capricho de los trabajadores de salud se reveló en el caso del Beni como una realidad trágica

/ 26 de mayo de 2020 / 06:00

Por La Razón

Considerado durante las primeras semanas de emergencia sanitaria en el país como un departamento modelo por la inexistencia de casos confirmados de personas infectadas con el nuevo coronavirus, Beni ha pasado en muy poco tiempo a tener los peores indicadores. Hoy en el departamento oriental se ha comenzado a implementar medidas de emergencia, lo cual tal vez pudo hacerse antes.

El domingo la cifra de personas infectadas con COVID-19 sumaban más de un millar, con una letalidad cercana al 7%. Es decir, el doble que en Santa Cruz, que hasta hace unos días tenía la mayor cantidad de personas infectadas en todo el país, y por mucho. Durante gran parte de la semana pasada las noticias dieron cuenta de la muerte de personas notables de ese departamento, particularmente de Trinidad, ciudad severamente afectada por la pandemia.

Ante el colapso de la paupérrima infraestructura hospitalaria, la ausencia de suficientes médicos especialistas y demás profesionales en salud, de camas, espacio disponible y de elementos esenciales como balones de oxígeno y hasta de equipo de protección personal, los trabajadores de salud realizaron una marcha exigiendo mejores condiciones para realizar su trabajo. Al día siguiente, el Gobernador del departamento declaró Desastre Sanitario, con la esperanza de recibir apoyo del Gobierno central y de países vecinos.

Lo que al inicio de la emergencia sanitaria nacional parecía un capricho de las y los trabajadores de salud se reveló en la circunstancia beniana como una realidad trágica. Tanto así que ya se cuentan seis médicos fallecidos por el temible virus, otros seis han sido dados de baja por estar infectados, y un puñado de profesionales sigue dando batalla, con turnos de más de 24 horas, por la falta de personal. La solidaridad de grupos de médicos de otros departamentos ayudó finalmente.; mientras el Gobierno nacional llamaba la atención por su silencio sobre el tema.

Finalmente, el fin de semana el Ministro de la Presidencia reconoció que la situación en su departamento natal “es difícil y complicada”, y anunció la movilización de la ayuda necesaria, incluyendo el traslado del equipo del Sedes de Santa Cruz, el de mayor experiencia. A su vez, la Ministra de Salud llegó ayer con material de apoyo. Se anunció que desde hoy se aplicará un plan de emergencia basado en cuatro pilares: encapsulamiento, identificación de afectados casa por casa, habilitación de hospitales móviles para la atención de enfermos, además de centros de aislamiento para los pacientes asintomáticos.

Es al menos un alivio saber que por fin la tragedia beniana comienza a ser afrontada correctamente. Sin embargo, es necesario que las autoridades hagan un serio examen y respondan a la pregunta de por qué tardaron tanto en reaccionar. Mañana, cuando la emergencia haya pasado, tendrán mucho que explicar, sobre todo después de las reiteradas promesas de la Presidenta interina y de la enorme cantidad de recursos económicos disponibles.

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La justicia, humillada

El sistema judicial boliviano produce sanción y estigmatización, pero cada vez menos justicia

/ 25 de mayo de 2020 / 05:31

Por La Razón

A raíz del escándalo desatado por la compra de 170 respiradores con sobreprecio, hasta ahora al menos media decena de personas han sido detenidas de manera preventiva; pero en el proceso de investigación iniciado la semana pasada, las circunstancias han demostrado, una vez más, que el sistema judicial boliviano produce sanción y estigmatización, pero cada vez menos justicia.

En un giro digno de una historia kafkiana, el juez que debía conducir la audiencia cautelar del ahora ex ministro de Salud, detenido el miércoles acusado de presunta participación en la compra con sobreprecio de los 170 respiradores artificiales, fue a su vez detenido por policías de civil cuando ingresaba a su despacho; denunció que había sido encarcelado sin orden de aprehensión ni causa abierta en su contra.

Consultado al respecto, el Presidente del Consejo de la Magistratura de La Paz informó que “existe una denuncia de prevaricato en otro proceso”, lo cual explicaría la inoportuna actuación, que luego tuvo que ser revertida para dar curso el sábado, finalmente, a la audiencia en la que se decidió enviar al exministro al penal de San Pedro, en La Paz. Para incrementar la extrañeza, tanto la Fiscalía Departamental de La Paz como el Ministerio de Justicia negaron, en sendos comunicados, haber instruido la detención del juez. Hasta ahora es poco claro qué efecto se buscaba con esta actuación y, sobre todo, quién la había instruido.

Ya antes de la actuación contra el administrador de justicia, la abogada defensora del exministro, ella misma exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, había denunciado el incumplimiento del debido proceso para detener a su cliente, y reclamado por “vulneración y supresión de derechos y garantías” de la ahora exautoridad. Luego, al conocerse la decisión del juez, la abogada indicó que la decisión pone en riesgo la salud de su defendido quien, dijo, tiene una enfermedad crónica.

En los hechos, al denunciar la violación de derechos y garantías, así como lamentar que no se valore la edad o la salud de su cliente, la conocida abogada no hizo otra cosa que denunciar la situación de decenas de personas detenidas en diversas circunstancias desde noviembre de 2019 sin más razones que las dictadas por las sospechas del Ministerio de Gobierno.

Queda claro, pues, que el sistema de justicia en el país sigue muy lejos de merecer su nombre, ya que la cotidiana vulneración de derechos y garantías de quienes caen en manos de fiscales y jueces solo sirven para recordar que hay una utilización irresponsable y política de las normas y procedimientos originalmente concebidos para sancionar delitos. Es poco probable que este estado de cosas se revierta en el corto plazo, pues para introducir cambios se necesita una voluntad política que no existe desde hace muchos años, y una legitimidad desaparecida hace meses.

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Poscuarentena de hecho

Hemos llegado a la poscuarentena justo en la fase más crítica del temible contagio comunitario

/ 24 de mayo de 2020 / 07:18

Por La Razón

Desde el 11 de mayo, Bolivia pasó de la “cuarentena total” a la llamada “cuarentena dinámica”, que no es otra cosa que flexibilizar el confinamiento en municipios que no sean de alto riesgo ante la pandemia COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus. A estas alturas basta salir a la calle de las ciudades para observar que la cuarentena es insostenible. Hemos ingresado de hecho, pues, a la fase de poscuarentena.

Tras nueve semanas de cuarentena, nada menos, decretada por el Gobierno provisorio, el balance es gris. Es evidente que el confinamiento obligatorio fue valioso para limitar la velocidad de los contagios y “ganar tiempo” a fin de aplanar la curva, pero llegamos a la poscuarentena justo en la fase más crítica del temible contagio comunitario. En los últimos días el país tuvo los peores números en casos registrados y decesos. Y queda la sensación de que en lugar de ganar tiempo, se lo ha dilapidado.

La inevitable “desescalada” que se va produciendo en varios países, con carácter experimental, implica algunas condiciones mínimas: pruebas masivas, rastreo eficaz de casos, aislamiento rápido de contactos. Es la única forma de evitar el recurso indefinido al confinamiento. Pero en Bolivia se ha hecho muy poco de eso. Somos uno de los países de la región que menos pruebas realiza en casos sospechosos (ni hablar de los asintomáticos). Y el rastreo y aislamiento rápidos parecen una fantasía. Estamos a ciegas.

 Se suponía también que el tiempo ganado con la cuarentena, que la ciudadanía acató en amplia mayoría pese a sus elevados costos, serviría para mejorar las condiciones del sistema de salud: adecuar hospitales ante la pandemia, reforzar el personal médico y de apoyo, dotarle de equipamiento de bioseguridad, elaborar y coordinar protocolos, alinear al sistema privado, comprar equipos críticos como respiradores para las unidades de terapia intensiva, en fin, ocuparse en serio de la emergencia sanitaria.

El escándalo con los 170 respiradores, que alguien en las redes calificó como “corrupción monumental”, demuestra de forma grotesca que el tiempo de gracia otorgado por la cuarentena fue dilapidado por el Gobierno provisorio, tanto como los recursos. Los respiradores con sobreprecio son una estafa, el sistema de salud sigue siendo precario, el personal médico no cuenta con equipamiento suficiente.

Es un barco a la deriva, sin timón. O con timón más ocupado en hacer campaña y usar la fuerza pública. ¿Cómo será la poscuarentena de hecho? No lo sabemos de cierto. Lo inevitable es que la gente saldrá a las calles a enfrentar la “nueva normalidad” en un contexto incierto, librada a su suerte y con muy escasa información oficial. El peor escenario hoy es Beni, que está en fase de colapso sanitario. Las previsiones son alarmantes. Y la tensión social va en aumento. Resulta evidente que Bolivia necesita sin más demora un gobierno con legitimidad y fortaleza para enfrentar la crisis, que será larga y dura.

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