La mayoría de los gobiernos municipales dependen financieramente de la coparticipación tributaria y de las transferencias de la administración central, las cuales se han reducido drásticamente en los últimos meses. Y este desequilibrio sucede lamentablemente en medio de una pandemia, que exige más gastos locales en salud y en la compleja gestión de la “cuarentena dinámica”.
Muy pocos municipios cuentan con recursos propios suficientes para encarar todas sus responsabilidades. La mayor parte de ellos, sobre todo en las localidades intermedias y zonas rurales, obtienen sus ingresos de la coparticipación tributaria; es decir, de la repartición por medio de criterios demográficos del 20% de la recaudación total de siete impuestos nacionales. Adicionalmente, en los 15 años pasados las municipalidades se han beneficiado del aumento de transferencias por concepto del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH). Solo los más grandes y urbanizados tienen otras fuentes importantes de financiamiento por concepto de impuestos a la propiedad inmobiliaria y de automotores.
En la actual coyuntura, estas tres grandes líneas de recaudación están en una crisis severa. La coparticipación tributaria y la recolección de impuestos municipales han caído aproximadamente en un 70%, debido al parón de actividades por la cuarentena estricta aplicada en el país. Por otra parte, el IDH se ha reducido al mínimo por la baja del precio del gas en el mercado internacional. Con lo cual, existe un riesgo de insolvencia en buena parte de los gobiernos locales.
Y este difícil panorama económico coincide con un incremento notable de las demandas de mayor gasto para equipar y sostener el sistema de salud en su lucha contra el COVID-19, y para colaborar con la población necesitada de alimentos y servicios básicos. En el esquema de “cuarentena dinámica” se está confiando bastante en la responsabilidad y capacidad de cada municipio para gestionar la paulatina apertura de las actividades en su territorio, para lo cual se requieren recursos.
La ecuación que enfrentan los gobiernos municipales es casi imposible: mucho menos financiamiento y más responsabilidades y gastos. El riesgo no es solo que no puedan solventar su funcionamiento normal, sino que su debilidad erosione los sistemas locales de salud y la posibilidad de sostener un retorno viable a la normalidad productiva.
Las asociaciones municipales vienen solicitando reuniones con autoridades del nivel central para concertar opciones de resolución de este grave problema, pero hasta ahora, los encuentros no han podido concretarse. Es cierto que las restricciones financieras de todo el Estado son enormes, pero tampoco se trata de dejar que las cosas sigan en una inercia que obligará a actuar en desorden cuando el sistema esté al borde del colapso por falta de dinero. Hay necesidad de un diálogo y trabajo coordinado urgente entre todos los niveles de gobierno para construir soluciones viables.