La disyuntiva entre “salud” o “elecciones” es falsa. No lo era en marzo y abril cuando la incertidumbre dominaba el mundo y sus alrededores. Por eso se impuso una cuarentena obligatoria, compulsiva y homogénea en el territorio nacional, y el calendario electoral quedó en suspenso; como consecuencia lógica se postergaron los comicios previstos para mayo. Ante esa situación, el TSE presentó una propuesta que indicaba que las elecciones podían realizarse entre las primeras semanas de junio y septiembre. La postergación tenía que ser aprobada, mediante ley, por la Asamblea Legislativa Plurinacional antes del 3 de mayo.
A fines de abril, la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno de Áñez seguía una política lineal apoyada en la cuarentena como método único. Sin embargo, varias denuncias por corrupción, ineficiencia y nepotismo debilitaron al Gobierno, y menguaron la imagen de la Presidenta interina que había obtenido buenas cifras de aprobación en las primeras semanas de cuarentena. El miedo a la propagación de la pandemia en los sectores populares ha empezado a ser desplazado por el hambre y la necesidad de trabajo e ingresos económicos. Los reclamos se han transformado en protestas esporádicas. Y los cuestionamientos a la falta de legitimidad de origen del Gobierno se han enlazado con las críticas a su ineficiencia en la gestión de la crisis sanitaria; incapacidad sintetizada en otra remoción del ministro de Salud, esta vez en medio del escándalo de corrupción por el caso de los respiradores. El Gobierno se encuentra en una fase crítica que pone en riesgo su estrategia electoral centrada en la figura presidencial.
Ahora bien, el debilitamiento del Gobierno se produjo en un contexto político redefinido a partir de una acción del MAS que, en apego a la norma constitucional, aprobó la postergación de las elecciones definiendo un plazo de 90 días para la realización de los comicios. Es decir, la política había retornado al centro de la escena. El 3 de abril, el MAS actuó de manera cohesionada para aprobar la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020. Determinación que fue acompañada con un “petardazo” en varias ciudades bajo la consigna “Elecciones ya”.
No resulta banal la reacción de la bancada del MAS a las observaciones hechas a la ley por parte de la Presidenta interina apenas 10 minutos después de su aprobación, puesto que, de manera inmediata, se reinstaló la sesión congresal para rechazar dichas observaciones, y la ley fue promulgada por la presidenta del Senado, denotando una inédita disciplina partidaria en esta coyuntura.
La aprobación y promulgación de esa ley fue la primera iniciativa política del MAS desde la implantación de la cuarentena. Con esa acción modificó el escenario político, y sus rivales empezaron a reformular sus estrategias, hasta entonces subordinadas a las iniciativas del Gobierno. El oficialismo planteó una demanda de inconstitucionalidad de la ley para frenar su aplicación. Carlos Mesa pidió una “cumbre nacional”. Y Luis Fernando Camacho declaró que cada noche saldría a rezar en una rotonda.
Las fichas empezaron a moverse, más aún después de que el TSE señaló que ajustaría el calendario electoral a la ley. Sin duda, los siguientes días serán decisivos para el decurso del proceso político, puesto que es improbable que otra vez se posterguen los comicios, y porque las fuerzas contendientes ajustarán sus estrategias electorales a los efectos del severo debilitamiento de la candidatura oficialista. La política ya no está en cuarentena.
Fernando Mayorga, sociólogo.