Tres sucesivas crisis sacudieron Bolivia recientemente, en cada una se constató que el Estado, sus instituciones y sus líderes no estuvieron preparados para prevenirlas y enfrentarlas; lo cual generó inquietud en una sociedad que espera un Estado más eficaz y confiable.

La primera comenzó a mediados de 2019 con los incendios de la Chiquitanía, que consumieron millones  de hectáreas afectando la biodiversidad. El siniestro abrió un debate sobre políticas públicas fundamentales; la expansión de la frontera agrícola y ganadera, en desmedro del manejo integral y sustentable de las tierras y los bosques, la promoción de biocombustibles, el uso de semillas transgénicas y la transparencia en la dotación de tierras agrícolas, entre otros. A menos de un año de esta catástrofe ambiental se han encendido las  alarmas sobre nuevos incendios de magnitud, y no existe un debate sobre las mejores políticas a adoptar; al contrario, subsiste el manejo discrecional centralizado en esta materia.

La segunda crisis se produjo con las elecciones de octubre del mismo año, cuando las denuncias de fraude electoral y el descontento por la repostulación del binomio presidencial oficialista produjeron protestas y una confrontación violenta, con muertos, heridos y destrozos de bienes públicos. Las instituciones, particularmente el Tribunal Supremo Electoral, y los actores políticos no tuvieron la capacidad para resolver la crisis por las vías legales, en paz. La postura de las  Fuerzas Armadas y el escalamiento de la confrontación precipitaron la renuncia de las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo; y la autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez como presidenta del Estado, a cargo de un Gobierno de transición que convocó a elecciones en las que pronto decidió habilitar a la misma mandataria como candidata. La crisis no fue solo electoral, se alimentó también de la polarización, corrupción institucional y los cambios políticos en el contexto regional. Abrió la necesidad de evaluar los alcances y el futuro de la Constitución que había superado una década desde su promulgación en febrero de 2009.

La tercera crisis es la pandemia del COVID-19, que está impulsando contagios con víctimas mortales por toda Bolivia. Esta crisis sanitaria ha desvelado las falencias estructurales del sistema de salud en sus diferentes niveles. Para contenerla, el Gobierno transitorio varias medidas de urgencia cerrando el país con una cuarentena generalizada, aprobó expandir la política asistencialista con bonos extraordinarios, y criminalizó las infracciones a las medidas sanitarias y la información no autorizada.

Desde el inicio de la cuarentena se hicieron evidentes las dificultades para los sectores más pobres y vulnerables; la inevitable ruina de muchos emprendimientos; así como las falencias logísticas para suplir alimentos, pruebas, material de bioseguridad y equipamiento hospitalario; en un ambiente opaco en el que no concurre la concertación entre las instituciones centrales con el resto de las desconcentradas, y mucho menos entre actores políticos. Las animosidades todavía frescas por el desenlace del cambio de gobierno y los cálculos electorales cancelan todas las iniciativas para generar un diálogo abierto e inclusivo sobre la crisis.

Si las dos primeras crisis sacudieron al país, la del coronavirus acabó por postrarlo frente a un escenario que transformará su futuro y el de toda la humanidad. Se han desplomado paradigmas y han surgido nuevos desafíos cuya atención es impostergable, para asegurar la subsistencia de las personas, la sostenibilidad de los recursos naturales y económicos, los Estados y sus instituciones. La inversión en salud, alimentación, educación e investigación científica  desplazará otros gastos como los militares o la burocracia improductiva. Será necesario lograr nuevos entendimientos globales sobre economía, energía, gobernanza y cooperación internacional, entre muchos otros asuntos.

En este escenario, los bolivianos tenemos que elegir autoridades nacionales de dos órganos de poder público y seguidamente a las autoridades subnacionales, pero nada conocemos sobre las propuestas de los partidos y candidatos frente a las causas, efectos y remedios para aliviar las consecuencias de las últimas crisis. No existe diálogo ni iniciativas de coordinación y cooperación entre los cuatro órganos de poder público, y menos entre los candidatos para facilitar un proceso electoral ordenado, informado y confiable.

Todos estos acontecimientos abren un momento constituyente para transformar al Estado y procurar un nuevo pacto social, con base en las experiencias positivas y las lecciones aprendidas en el último tiempo. Son muchos y muy importantes los temas que deben debatirse en el momento y por el poder constituyente, cuyos únicos titulares somos los ciudadanos. No hacerlo equivaldría a tener la obligación de votar por los conductores de un colectivo que no tiene destino ni hoja de ruta, ni las condiciones para lograr acuerdos y arrancar. Es tiempo de política seria, no de cálculo electoral coyuntural; de una política próxima a la gente, que ordene y armonice los grandes desafíos con grandes acuerdos.

Eduardo Rodríguez Veltzé, fue presidente de la República y de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.