Voces

sábado 6 mar 2021 | Actualizado a 22:23

Hambrientos de pan y democracia

Este contagio popular propagado en los territorios del hambre y la pobreza son gritos de protesta

/ 26 de mayo de 2020 / 06:02

En el periodo prehispánico, los sonidos producidos por los pututus precedían rituales de sanación o retumbos de rebelión. Hoy, en medio de la pandemia, esos sonidos ancestrales, al tono de los cacerolazos y petardos en las urbes, nuevamente se oyen por doquier en el norte de Potosí, como protesta por el hambre en el decurso de la emergencia sanitaria, y también para exigir “elecciones ya”.

Este gran “pututazo” de los ayllus del norte de Potosí es señal del malestar de los hambrientos por pan y democracia. Al igual que la propagación del COVID-19, la indignación popular se extiende a los barrios populares y las comunidades rurales. Este contagio popular propagado en los territorios del hambre y la pobreza son gritos de protesta por la mala gestión sanitaria y económica del Gobierno transitorio, que condena a los pobres a un hambre punzante.

Esta indignación popular se encarnó en el conflicto desatado en el botadero de Kara Kara, al sur de la ciudad de Cochabamba, en demanda de una canasta de alimentos familiar y elecciones nacionales. Este conflicto fue instrumentalizado por el Gobierno para estigmatizar a los vecinos de Kara Kara, reproduciendo imaginarios raciales patentizados en discursos de las autoridades y columnas de opinión que criminalizan/estigmatizan racialmente a los movilizados de Kara Kara.

Esta lógica binaria civilizado/salvaje fue acompañada por otro clivaje: higiénico/contagioso, proporcionando a este conflicto su propio matiz. Los imaginarios raciales tildaron otra vez a los movilizados como los culpables de que la ciudad esté apestada por basurales y, en el curso de la presencia del COVID-19, se asociaba a la basura acumulada como un foco de infección para la salud de la “gente de bien” de Cochabamba. De esta manera, el gobierno de Áñez quizás buscaba un chivo expiatorio para arremeter con una estrategia discursiva/simbólica para inflar un ambiente de tensión, y así tener una cortina de humo que distraiga a la opinión pública de los casos de corrupción que permean la actual gestión gubernamental.

Esta personificación del chivo expiatorio (masista, salvaje y violento) anida en el imaginario de la clase media urbana. En el conflicto de Kara Kara, el Gobierno intentó reactivar aquellos imaginarios raciales que fueron vitales para las movilizaciones urbanas de octubre y noviembre pasados. En rigor, la construcción de ese fantasma masista que iba a invadir la ciudad sirvió para generar una psicosis colectiva, y hoy intentaron resucitar a ese fantasma devenido en un espectro apestado.

El Gobierno necesitaba de esta estrategia discursiva para recuperar a su base social: la clase media, hoy desconsolada por el proceder corrupto gubernamental. Aunque su subjetividad racista (sus prejuicios hacia los indígenas/campesinos) sigue latente. Sin embargo, los movilizados de Kara Kara se dieron cuenta de que estaban ingresando en una trampa gubernamental, y negociaron rápidamente para desactivar el conflicto, vaciando de pretextos al gobierno de Áñez, hoy a la deriva.

Mientras tanto, el hambre sigue acechando a los más pobres. Para los hambrientos de pan y democracia, el establecimiento de un gobierno legitimado por vía del voto es vital para generar consensos con el propósito de enfrentar a la pandemia y al hambre. Quizás por estas razones los sonidos de los pututus siguen haciendo eco por dondequiera.

Yuri F. Tórrez, sociólogo.

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Lo invisible presente

/ 6 de marzo de 2021 / 00:48

La asistencia técnica electoral, en su forma práctica, implica una relación entre expertos electorales de diferentes áreas técnicas y las autoridades electorales de un país. Esta relación, si por un lado permite compartir conocimiento y experiencias entre los expertos electorales de la asistencia técnica y los funcionarios electorales, por otro lado se basa en la construcción de confianza entre los equipos y en la garantía de imparcialidad y credibilidad demostrada en el día a día por el equipo electoral en representación del espíritu general de las Naciones Unidas. En Bolivia (como en la mayoría de los países en el mundo con proyectos electorales) el Proyecto de Asistencia Técnica Electoral es implementado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Fue establecido desde enero de 2020 con alrededor de 35 personas, entre nacionales e internacionales, para acompañamiento al TSE a nivel central, así como a los TED en todos los departamentos del país. Muchos de los colegas bolivianos se han trasladado a nuevos departamentos lejos de sus familias. Los colegas internacionales, también lejos de sus casas y familias, se han vuelto un poco bolivianos y han construido, todos, relaciones de trabajo y personales en sus nuevos ambientes de trabajo y de vida.

La presencia permanente en los Tribunales Electorales Departamentales, desde enero de 2020, es uno de los puntos clave del actual proyecto electoral en Bolivia. De ella resultó la construcción de relaciones de confianza que en algunos casos han evolucionado incluso en amistades más personales. Esa relación de confianza, que es la base de nuestro trabajo, casi siempre es invisible… Es ese estar presente todos los días frecuentemente de manera más informal que formal, conversar con los responsables electorales, vocales y funcionarios, sobre los retos que se identifican, discutir las diferentes opciones sobre determinado tema y presentar soluciones basadas en experiencias comparadas vividas y probadas en otros lugares del mundo, en otros procesos electorales. Lo invisible se manifiesta en las llamadas que no tienen ni hora ni límite de duración, las impresiones compartidas en una pausa de café, las reuniones formales, así como las conversaciones confidenciales, los consejos y las recomendaciones pedidas con discreción, alguna impresión personal, una u otra frustración compartida, a veces nada más que… ¡estar presente! Lo invisible no es contable, no se puede reflejar en un informe cuantitativo y en lo cualitativo todavía estamos por descubrir cómo ilustrarlo… ¡pero está presente!

En la asistencia electoral vivimos la complementariedad entre lo local y lo internacional, en este caso las particularidades del contexto boliviano integradas en la dimensión de los estándares internacionales y los puntos comunes de todos los procesos electorales en diferentes partes del mundo. Esa complementariedad es una de las riquezas del aporte de las Naciones Unidas, traducida en la diversidad y la “expertise” proporcionada por el PNUD con una capacidad movilizadora de recursos, redes de conocimiento técnico y dimensión mundial. A su vez, los expertos internacionales aprenden también de sus colegas nacionales, de las particularidades de la cultura y el sistema electoral boliviano y agregan así una experiencia más que llevarán consigo a los nuevos destinos, a otros países.

En las diversas experiencias electorales en el mundo, terminamos identificando puntos comunes entre muy diferentes procesos electorales, por ejemplo: el compromiso de los funcionarios electorales, su determinación en “hacer bien su trabajo”, su apertura para conocer y experimentar, su curiosidad por otras realidades, la consciencia de la importancia de su rol en algo importante para sus países —el proceso electoral— así como el reconocimiento de la presencia y apoyo brindados a través de los colegas de la asistencia técnica.

Los que vivimos de cerca las preparaciones de las elecciones, agradecemos a todos y todas los/as colegas de los TED y del TSE que nos hacen sentir parte integrante de sus equipos y nos permiten compartir juntos tanto las angustias como las alegrías. Con todos los vocales y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales, nuestros nuevos colegas y amigos, hacemos realidad el largo y apasionante día de las elecciones, ¡son ellos, los que, de primera mano, sienten y ven nuestra invisible presencia!

   Fernanda Abreu Lopes es asesora técnica principal del proyecto de apoyo electoral del PNUD.

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Confesionario más allá de la Católica

/ 6 de marzo de 2021 / 00:42

El poder de la voz colectiva ha destruido el silencio de muchas mujeres que durante años vivieron encerradas en éste. Distintas olas de denuncias en el mundo han logrado evidenciar a muchos violentos, por ejemplo, a través del #MeToo. Dicho movimiento, originado en Estados Unidos, ha logrado convocar a más de medio millón de usuarias en Twitter y otras redes sociales, entre ellas a muchas celebridades que han denunciado ser víctimas de acoso laboral y sexual.

Queda claro que las sociedades actuales siguen siendo disciplinantes con las mujeres que denuncian violencias. El costo social por denunciar ser víctima atraviesa todo tipo de núcleo, desde las familias hasta las redes sociales. Lamentablemente, el segundo circuito de violencia suele comenzar con la decisión de denunciar. Lo anterior es parte de lo que se conoce como el “pacto patriarcal”. Y en tanto la sociedad siga reproduciendo este esquema, se mantendrán las dificultades por las que atraviesan las mujeres para salir de la violencia.

En todo caso, el poder de la acción colectiva es liberador. Así lo demuestra el movimiento generado esta semana bajo el denominado “Confesionario UCB”. Gracias a esta página en la red social Facebook, muchas jóvenes, en su mayoría estudiantes de la Universidad Católica Boliviana, han logrado vencer al silencio y denunciar públicamente a decenas de agresores. Todo indica que los denunciados instalaron un modus operandi para violar a mujeres de manera sistemática, drogando a sus víctimas sin el consentimiento de ellas. Los testimonios son aterradores.

Polémica fue la respuesta de la casa de estudios ante estas denuncias. La U Católica emitió un comunicado en el que deslinda responsabilidades, no menciona que tomará parte en las investigaciones ni que pretende incluir en su currícula contenidos para evitar las violencias contra las mujeres. En términos coloquiales, se lavan las manos con una velocidad que llama mucho la atención. He aquí la reacción de una institución como ejemplo del disciplinamiento. Pero la crítica severa a la Universidad no se dejó esperar en redes sociales. Probablemente lo anterior haya sido el motor para que la casa de estudios reconsidere su posición, habiendo público un video en el que las autoridades de ésta cambian de ruta respecto a las denuncias.

Como si no fuera suficiente ser víctima de violencia sexual, opera también una especie de inquisición contra las denunciantes. Tristemente, no faltan las personas que optan por dudar, a priori, de las denunciantes. Se ha leído en redes sociales, pues, que se trata de mujeres despechadas, mentirosas, exageradas y otro tipo de adjetivos que pretenden relativizar y hasta negar las denuncias. Esas personas tendrán que preguntarse cómo podría una mujer inventar ser víctima, teniendo en cuenta el altísimo costo social que implica romper el silencio para denunciar.

Opera, por supuesto, el patriarcado con todos sus tentáculos para poner en duda las denuncias, aún encubierto de falsa solidaridad. El mejor ejemplo de esto fue el mensaje que dejó en sus redes sociales una cantante local, Verónica Pérez, quien mandó a las víctimas a que “se cultiven” para evitar ser violadas. Justamente por esa misma línea argumentativa pasan quienes pretenden liberar de culpa a los violadores. Justamente por esa misma línea argumentativa pasan quienes terminan diciendo cosas como “quién la manda a ir vestida de ese modo” o “ella se lo buscó”.

Por eso hoy, tras el destape de estas violaciones sistemáticas urge impulsar a que la sociedad reaccione en solidaridad con las denunciantes. Urge incentivar el acompañamiento y apoyar a las denunciantes, desde el Estado y desde la sociedad civil. Por una cuestión ética, debiera ser obligación de la Universidad coadyuvar en las investigaciones pero, además, educar en la no violencia y la despatriarcalización para no dejar en la impunidad a quienes creen tener el poder de perturbar la vida de las mujeres. Que sirva el contexto de estas denuncias para que el hoy candidato a la Alcaldía paceña Iván Arias, sea al igual que los violadores de la Católica, censurado por la sociedad. Poco o nada se podrá avanzar en la lucha contra las violencias hacia las mujeres si un acosador llegase a ser el burgomaestre de la ciudad más importante y progresista del país.

   Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter @Valeqinaya

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Bolsonaro ante la CPI

/ 6 de marzo de 2021 / 00:36

El imponente edificio de cemento, vidrio y acero de ultramoderna línea cobija a 700 funcionarios encargados de conservar las importantes piezas probatorias de los casos presentados al escrutinio, estudio y posterior sentencia dictada por los 18 jueces de la Corte Penal Internacional (CPI). Hasta ahora, la mayor parte de los acusados por crímenes contra la Humanidad eran exjefes de Estado y/o militares del continente africano. La excepción fue Slobodan Milosevich, dictador de la antigua Yugoslavia, apresado y juzgado el 01/04/2001, quien murió en su celda esperando sentencia, el 11/09/2006.

Ante ese cuadro macabro, el cacique kayapo Raoni Matuktire y el jefe de los Paiter Surui Almir Surui, a nombre de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) presentaron el 22 de enero pasado un pliego acusatorio contra el presidente Jair Bolsonaro y varios de sus ministros, atribuyéndoles “crímenes contra la Humanidad, por muertes, exterminio, traslados forzados de poblaciones, y sometimiento en esclavitud cometidos contra los aborígenes de la Amazonía”. El documento de 65 páginas y 21 piezas de convicción fue preparado por una batería de abogados franceses y entregado a la procuradora Fatou Bensouda. Más aún, se denuncia que Bolsonaro desde que asumió el mando en enero de 2019, aplicó una política sistemática de pillaje de las riquezas de la Amazonía, imponiendo condiciones de vida insoportables a las comunidades nativas con el fin de forzarlas a migrar y así desocupar las tierras apetecidas por la agroindustria, mediante una agresiva deforestación. Incluye además el cargo de asesinato de al menos siete dirigentes indígenas.

La génesis de esa queja se remonta a septiembre de 2019, cuando los incendios forestales devastaron grandes espacios amazónicos. Fue entonces cuando el cacique Raoni, acompañado de sus lugartenientes emprendió una extensa gira por Europa para motivar a la opinión pública del peligro que representaba para el planeta entero aquella catástrofe. La presentación de Raoni, ante los medios de comunicación, causó marcada sensación mediática por el retrato físico del cacique, ataviado de imponente plumaje colorido en la cabeza y un plato engarzado en la boca. No hubo duda acerca de la legitimidad de su raigambre tribal, distinta a otros dirigentes impostores que en Sudamérica se atribuyen la representación de pueblos indígenas, para medrar en su nombre. Raoni pronto se convirtió en una celebridad instantánea. Ahora, desde su aldea Metuktire, se repone del COVID-19 y a sus 90 años, emite declaraciones tan combativas como siempre. Refiriéndose a los gobernantes blancos tanto de izquierda como Lula o conservadores tal cual Bolsonaro, dice que “ellos siguen talando los bosques y construyendo represas, a pesar de que cada vez hace más calor. Por esas razones yo no puedo dejar de luchar y después de mí, serán mis nietos quienes continuarán el combate”.

Aunque el procedimiento ante la CPI es arduo, su competencia para conocer el caso se basa en la adhesión de Brasil a la CPI como Estado-parte, ratificada en 2002. Al hacerlo, Brasilia se obliga a retirar la inmunidad de aquellos jefes de Estado que hubiesen incurrido en crímenes contra la Humanidad, que como se sabe, son imprescriptibles. Mientras el procedimiento ante la CPI siga su curso, el legendario cacique querellante confía que Bolsonaro, para entonces, habrá dejado la presidencia y que así será más fácil someterlo a un debido proceso en La Haya.

 Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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Alfabetización, postalfabetización, ¿son valoradas?

/ 5 de marzo de 2021 / 02:17

En Bolivia, en general, la alfabetización tuvo tres fases claramente diferenciadas. La primera en la Colonia y parte de la República, en el intento de privilegiar el poder de élites, marcada por la negación del derecho a la educación de una gran mayoría de la población, principalmente pueblos indígena originario campesinos, mujeres y de bajos ingresos. En la segunda, se pusieron en práctica una serie de programas destinados a resolver el analfabetismo, la mayoría carentes de sostenibilidad y carácter asistencial, buenas intenciones sin resultados de consideración. Esos antecedentes explican que, en pleno siglo XX, gestión 2001, existían más de 1.300.000 personas mayores de 15 años analfabetas, con una tasa de analfabetismo del 13,28% (CPV, 2001), la gran mayoría mujeres y poblaciones de alta vulnerabilidad.

La tercera fase se inició en marzo de 2006, hace 15 años, con la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización “Yo, sí puedo”, política pública que hace historia en la educación para bienestar de la población en el marco del Vivir Bien. En el periodo 2006-2019 se alfabetizó a más de 1.043.000 personas mayores de 15 años, más del 70% mujeres, reduciendo la tasa de analfabetismo a 2,26%. Bolivia es un Estado libre de analfabetismo, alcanzó la tasa más baja de su historia, está entre los tres países con mayores logros y cumplió con creces acuerdos internacionales. Paralelamente, desde 2009, se inició el Programa Nacional de Post-alfabetización “Yo, sí puedo seguir” y promovió la lectura en el conjunto del sistema educativo. En la actualidad, existen muchas personas que concluyeron la educación primaria y secundaria de personas jóvenes y adultas para luego formarse en el nivel de educación superior hasta egresar como profesionales. Los logros de la alfabetización y postalfabetización, si bien tienen directa relación con la lectura y escritura, también contribuyeron a que la población antes ignorada restituya sus derechos en la sociedad y educación. Pero, como producto de la mirada que reduce el concepto de educación a escolarización, pese su impacto social, muchas veces estos logros son ignorados o menospreciados.

Siendo un acumulado histórico del conjunto de las áreas del sistema educativo, la alfabetización y postalfabetización contribuyen al incremento de los años de escolaridad (promedio de años de estudio de la población igual o mayor de 19 años). Una mayor escolaridad es determinante para fortalecer las capacidades de desarrollo del país y el ejercicio de derechos, además fortalece los logros del sector educativo. En Bolivia el promedio de años de escolaridad de 7,4 (año 2001) se incrementó a 9,8 (2018). En promedio, a 2018, las y los bolivianos mayores de 19 años permanecen en el sistema educativo prácticamente 10 años.

La alfabetización y postalfabetización también contribuyen a la dignidad de las personas y la equidad social. La dignidad de la persona que deja de ser analfabeta se valoriza en su relación con sus hijos que son parte de la escolarización y del resto de su entorno social. Téngase en cuenta que la mayoría de las personas analfabetas eran mujeres, así también es una contribución a la equidad. Esta situación también puede verificarse con variables de carácter nacional, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado y medido por Naciones Unidas. En Bolivia, entre 1990 y 2019, el valor del IDH se incrementó de 0,551 a 0,718, crecimiento del 30%. Si consideramos que el IDH, entre otras variables, se incrementó por el crecimiento de los años de escolaridad y que parte de estas variables comprenden a las tasas de alfabetización y postalfabetización, nuevamente se puede verificar que el aporte va más allá de la lectura y escritura, contribuye a mejorar la calidad de la población marginada en otros tiempos.

Tenemos que dejar actitudes que ignoran logros para reconocer avances. Por supuesto, además de dar continuidad a sus acciones, más en tiempos de pandemia, también debemos seguir en permanente mejora de sus concepciones y prácticas, como la alfabetización y posalfabetización en idioma materno, vinculadas a la producción, desarrollo tecnológico y a una sociedad que se forma integralmente, así como fortalecer su pertenencia al sistema educativo. Claro, bajo el supuesto que construimos una sociedad con dignidad, inclusión y equidad. Reto para la sociedad e instancias gubernamentales.

    Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.

 

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El CCCM respalda el acuerdo Mercosur-UE

/ 5 de marzo de 2021 / 02:06

Las cámaras de comercio de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) manifiestan su apoyo a la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. El respaldo fue dado a conocer mediante una declaración conjunta del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM) —léase Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y países asociados (Bolivia y Chile).

Este apoyo se funda en que la vinculación entre ambos bloques —que en conjunto representan un mercado de 800 millones de habitantes y casi una cuarta parte del PIB mundial, que se refleja en los flujos comerciales de bienes y servicios por cerca de $us 100.000 millones al año— generará un considerable aumento en las exportaciones regionales, consolidando la participación de empresas sudamericanas en las cadenas de valor, acelerando el proceso de transferencia tecnológica y aumentando la competitividad de la economía.

Este acuerdo también permitirá el permanente fortalecimiento de los vínculos políticos, culturales y económicos estratégicos de los países del Mercosur con la UE, a la par que facilitará las condiciones de acceso a bienes, servicios e inversiones, al reducir y eliminar actuales restricciones.

Al mismo tiempo, este acuerdo implicará una nueva etapa en la relación de los países de ambas regiones, dinamizará el comercio intrarregional del Mercosur y dará lugar a nuevos compromisos en materia de circulación, armonizando normativas y simplificando procedimientos internos. Por todo ello, el CCCM expresa públicamente su apoyo a la firma y puesta en marcha del acuerdo.

Tras 20 años de negociaciones, a mediados de 2019 el Mercosur y la UE acordaron conformar una asociación que representa un hito en las relaciones de estos dos procesos de integración.

En lo comercial, como lo señala un informe del BID, la UE se comprometía a liberalizar el 92% de las importaciones provenientes del Mercosur, mientras el bloque sudamericano liberaría gradualmente el 91% de las importaciones europeas.

Con la entrada en vigor del acuerdo, el Mercosur pasaría a tener tratados de libre comercio con 23,5% del PIB global (vs. tan solo 1,4% cuando empezaron las negociaciones). Los plazos acordados para la desgravación contemplan las heterogeneidades estructurales entre ambas regiones, con tiempos sustancialmente más cortos para la liberalización que debe realizar la UE, y una transición más gradual para el Mercosur. En cuatro años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, la UE estará aplicando la mitad del arancel promedio actual mientras que el Mercosur reducirá su arancel promedio a la mitad recién en nueve años.

Este acuerdo es importante porque brindará certidumbre legal y mejorará el clima de negocios, aumentando el atractivo de los países miembros del Mercosur como destino para la Inversión Extranjera Directa (IED).

También, el convenio consolida una mesa de diálogo y negociación permanente, abre oportunidades para mejorar el acceso al cerrado mercado europeo de bienes agrícolas, y podría contribuir a fortalecer las cadenas de valor y aumentar la competitividad de las economías del Mercosur.

Junto a la declaración conjunta del CCCM también se difundió la declaración firmada entre este Consejo y la Eurochambres sobre el acuerdo, espacios que nuclean a las instituciones empresarias del comercio y los servicios de los países miembros y asociados del Mercosur y la UE, y que manifiestan públicamente su apoyo a la firma.

El respaldo mencionado se funda en la convicción de que el acuerdo generará un considerable aumento en el flujo comercial, consolidando la participación de empresas sudamericanas y europeas en los mercados respectivos, acelerando el proceso de transferencia tecnológica y aumentando la competitividad de las economías de los países miembros. A la vez, establecerá un vínculo político, cultural y económico estratégico permanente entre ambos bloques, a la par que facilitará las condiciones de acceso a bienes, servicios e inversiones, al reducir y eliminar restricciones.

Por todo ello, y conociendo que los pasos esperados para consolidar el acuerdo están vinculados con la garantía del cumplimiento de los estándares y normas productivos expresados en el texto ya aprobado por ambos bloques, el CCCM y Eurochambres se adhieren al propósito de apoyar las mejoras que resulten oportunas para alcanzar las condiciones cualitativas necesarias, a fin de prontamente avanzar con el proceso de la firma y puesta en marcha del acuerdo.

   Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y académico de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.  

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