Voces

jueves 2 jul 2020 | Actualizado a 05:08

Mesa y los antiguos aliados de Áñez

La mandataria “pudo hacer historia, prefirió hace campaña”, insistió en otra ocasión con su habitual manía de jugar con las palabras.

/ 26 de mayo de 2020 / 06:19

El país sufre una emergencia sanitaria inédita, cuyo actor principal y en solitario, salvo las acciones de gobernadores y alcaldes en sus propias regiones, es el gobierno de Jeanine Áñez, devenido de una circunstancia política accidental y que muchos todavía llaman “constitucional”.

Al cumplir seis meses de detentar el poder, la mandataria parece lidiar este difícil momento no solamente ante la agresividad de la pandemia que amerita una lucha tenaz y sin concesiones de quienes rigen el país, sino por la gestión misma de las estrategias infectada ahora por la corrupción.

Áñez quedó sola en esta inimaginable empresa; habrá pensado en sus adentros “en qué momento me atreví a hacer esto”. Los aliados que acordaron su asunción con una acción política “lo más cercana posible a la Constitución”, como dijo uno de ellos, ahora protestan contra ella o la defenestran por sus acciones y sus desatinos.

Solo quedan a lado de ella quienes ¡después de 14 años!, como suelen repetir todos los días, quedaban marginados, sin respaldo electoral ni credibilidad ni proyección políticas. Como la misma ahora mandataria, quien –a decir de sus correligionarios— estaba a punto de ser desahuciada en su partido cuando, como salvavidas, por casualidad del destino le tocó asumir la sucesión constitucional, aunque sin quorum en la Asamblea Legislativa ni la mayoría de los dos tercios, con solo un oficioso comunicado del Tribunal Constitucional requerido entonces insistentemente por el otrora senador y ahora ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Quienes la arroparon al principio no están hoy de su lado. El expresidente Jorge Quiroga, que tejió junto con el exsenador Luis Vásquez la argumentación jurídica de la asunción de Áñez, dejó de ser en enero el delegado del “no golpe” develando que aquélla quiere “otras cosas”, en alusión a su posterior anuncio de su candidatura.

La mandataria “pudo hacer historia, prefirió hace campaña”, insistió en otra ocasión con su habitual manía de jugar con las palabras.

El más vinculado a Áñez, Luis Fernando Camacho, que protagonizó la rebelión contra Evo Morales, plantó la Biblia en el Palacio Quemado, apareció el 12 de noviembre en los balcones junto a la mandataria y que cedió algunos de sus cuadros políticos, también la abandonó. Ahora es su recalcitrante enemigo político.

A propósito del escándalo que asfixia al régimen de Áñez, el sobreprecio en la compra de los 170 respiradores, Camacho acaba de encararle que el caso es “un retrato del Gobierno, lleno de CORRUPCIÓN (sobreprecio), DESORDEN (intermediarios) e INCAPACIDAD (manejo administrativo)”. Así, en mayúsculas.

Y, por último, Carlos Mesa, que de considerar una mandataria constitucional a Añez y de ofrecerle fuerte respaldo desde la reunión de la Universidad Católica, a través de uno de sus emisarios, pasó a señalar que su candidatura convalida la tesis del golpe de Estado en noviembre, es ahora su principal rival electoral.

El expresidente no desaprovecha ninguna oportunidad para endilgarle a la Presidenta transitoria la mala gestión. Hace unas semanas fue el primero en señalar que, para enfrentar la emergencia sanitaria y la economía del pos coronavirus, se necesita un gobierno legítimo salido de las urnas, en alusión a una convocatoria urgente de las elecciones frustradas del 3 de mayo.

Sus ataques se caracterizan por sus constantes apariciones en videos a través de redes sociales. Dijo también que si tuviera que elegir una palabra sobre su sensación en esta situación, esa palabra es frustración. “El pueblo está frustrado”.

Es que, ante la emergencia sanitaria, Mesa cree “el pueblo ha cumplido con la cuarentena pero el gobierno no ha cumplido con su parte”. Llamó a un consenso político para la atención en unidad de la crisis sanitaria y puso en tela de juicio el rol en esas tareas de un gobierno transitorio.

Falló. Pero más falla Áñez, que se desgasta más y más cada día. El discurso de culparle todo al anterior gobierno la está dejando más sola aún, al creer muchos seguidores que no sabe asumir sus errores. Hay un silencio raro de los llamados “pititas” respecto de su gestión, aunque mucha decepción.

Sin embargo, persiste en hacerle creer al país de que está abocada a la gestión de la emergencia sanitaria cuando otras son sus prioridades, como el ascenso de los generales, almirantes, vicealmirantes o contraalmirantes de las Fuerzas Armadas, o el desmontaje de políticas de la anterior administración, hasta paralizar plantas, hospitales o proyectos millonarios.

O la búsqueda de chivos expiatorios como la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, a quien los acólitos de la mandataria la acusan de gestar un golpe o validar las acciones de los implicados en el escándalo de los respiradores, como la visita que no fue a los acusados con la que la difamó un viceministro.

Y la aprehensión ordenada desde el Ministerio de Gobierno contra el juez Hugo Huacani que debía definir la suerte del exministro Marcelo Navajas y otros imputados. En esto, acaba de sufrir la desaprobación de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, una nota a tomar en cuenta para calificar su apego a la democracia o al Estado de derecho.

De mal en peor, aferrada a la crisis sanitaria, que le da un respiro, parece encontrar motivo suficiente para rebasar con creces los tiempos políticos y así evitar las elecciones que tanto la reclaman. A ver el desenlace de ese desafío en soledad y cada vez más desgastada.

Sin los aliados de noviembre, solo con quienes, como el ministro Arturo Murillo, pretenden crear el imaginario de “gracias a Dios estamos en manos de Jeanine Áñez”. Mesa, Camacho y Quiroga, sus aliados en la génesis de su cuestionado gobierno, están en sus propios problemas y ella, “en otras cosas” que no son necesariamente su papel de gestión transitoria.

Rubén Atahuichi, es periodista de La Razón

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Arce denuncia que el Gobierno paró la compra del software para la Gestora Pública

El exministro de Economía consideró que la administración de Jeanine Áñez “no está haciendo nada” por la marcha de la entidad de pensiones debido al interés de las AFP de seguir “usufructuando” del dinero de los trabajadores y por quedarse.

/ 1 de julio de 2020 / 12:07

Luis Arce, acompañado de David Choquehuanca, en conferencia de prensa este martes. Foto: APG

En respuesta a una denuncia en su contra, el exministro de Economía y ahora candidato presidencial del MAS, Luis Arce, develó que el gobierno de Jeanine Áñez paró la provisión de un software para la Gestora Pública a pesar de un nuevo contrato y una demanda penal ejecutados en su gestión.

Así respondió el postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS) a las denuncias del gerente de la entidad, Sergio Flores, quien informó ayer que su oficina presentó una demanda contra Arce en la Fiscalía de La Paz por supuesto daño al Estado en la compra no consumada del mecanismo de computación.

“El software nunca ha sido entregado, nunca vamos a tener un software. Todo este trabajo, lamentablemente, ha sido una pérdida de tiempo y la Gestora Pública nunca iba a funcionar como una Gestora Pública estatal”, denunció el funcionario.

En conferencia de prensa la mañana de este martes, en la que denunció la presunta estrategia gubernamental de inhabilitarlo como candidato, Arce admitió que la empresa que su despacho contrató entonces falló en la provisión de ese servicio, aunque develó que estaba encaminada esa compra a través de otra proveedora.

No conozco el tenor de la denuncia, pero lo que sí puedo decirles es que contratamos un sistema y la empresa nos falló, a la que iniciamos un proceso judicial; no podíamos dejar así, como está ocurriendo en este momento”, dijo el exministro en la rueda de prensa a la que asistieron su acompañante de fórmula, David Choquehuanca, y otros dirigentes partidarios.

Compra interrumpida

“Yo quisiera que ustedes, como buenos periodistas, trasladen la pregunta de por qué no se ha hecho nada y por qué se ha interrumpido el contrato que hice con otra empresa que ya estaba haciendo el software que necesita la Gestora. Se ha parado eso, como las obras en inversión pública”, desafió.

Arce consideró que el Gobierno no está haciendo nada por el avance de la Gestora. “Detrás de esto están los intereses de las AFP, por supuesto, que quieren seguir trabajando en el país, que quieren seguir usufructuando de los recursos de los trabajadores que aportan a las pensiones de Bolivia; que no quieren irse y están haciendo todo para quedarse”.

Afirmó que la denuncia en este caso es “otra cortina de humo para tapar otro hecho de corrupción, otro desfalco al Estado”.  “Tratar de echarnos barro con cualquier idea”, dijo.

Como el MAS, que se expresó en ese mismo sentido en un comunicado, el candidato presidencial consideró que las denuncias del Gobierno intentan proscribir su candidatura y su partido. Así, adelantó que dicha fuerza política presentará una denuncia internacional para exponer estos extremos.

“Tenemos amplia ventaja con el segundo competidor en elecciones. Por eso hay la intención de proscribirnos”, insistió.

Antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus en el país, Arce y el MAS contaban con la mayor preferencia develada por distintas encuestas. Éstas, como las elecciones, fueron suspendidas por meses, hasta que el domingo 21 Áñez promulgó la ley de nuevos comicios para el 6 de septiembre, sancionada por la Asamblea Legislativa a propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE). (01/07/2020)

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La Cancillería denuncia a Morales, y a Argentina de soslayar acuerdos sobre el asilo

El MAS cuestionó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y consideró que se trata de un intento “desesperado” de impedir las elecciones y justificar la eventual anulación de ese partido y la persecución política.

/ 30 de junio de 2020 / 19:21

La canciller Karen Longaric recibió el lunes las cartas credenciales del emebjador de Panamá, Enrique Garrido. Foto: ABI

La Cancillería apuntó al expresidente Evo Morales y a “sus aliados ideológicos” de intensificar intentos de “desestabilización” en el país y cuestionó al gobierno de Argentina de soslayar normas internacionales del asilo. El extremo fue descalificado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del exmandatario.

En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió “un riguroso rechazo y condena a los violentos actores del narcoterrorismo”.

“En las últimas semanas, Evo Morales y sus aliados ideológicos han intensificado sus intentos de desestabilización política y social en Bolivia con campañas de desinformación a nivel global”, señala el texto, que recuerda al inicio la forma cómo llegó al poder Jeanine Áñez luego de la “verificación del fraude electoral”, “el proceso de sucesión validado por el Tribunal Constitucional” y la renuncia del expresidente Evo Morales.

“Morales, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”, denunció el despacho de Karen Longaric.

“Esto lo hace desde su asilo o refugio, otorgado por el gobierno argentino, el cual soslaya las normas internacionales del asilo y del refugio, tolerando declaraciones incendiarias y hasta amenazas de convocatoria a milicias irregulares armadas”, complementa el comunicado.

Reacciones

Inmediatamente, a nombre del MAS, la diputada Sonia Brito, cuestionó el comunicado de la Cancillería y consideró que se trata de intento “desesperado” por evitar las elecciones convocadas para el 6 de septiembre. “Es una acción que va contra la democracia, la legalidad y el Estado de derecho”, lamentó la legisladora en conversación con La Razón.

“Lo que nosotros vemos es que hay un esfuerzo desesperado por impedir las elecciones; para eso están haciendo diversas acciones, queriendo justificar las ilegalidades e irregularidades que están cometiendo de iniciar procesos, inhabilitar al candidato del MAS, persecuciones políticas…”, complementó.

En el comunicado, la Cancillería no hace referencia a las elecciones generales, cuya ley fue promulgada el domingo 21 de junio por la presidenta Añez, a pesar de sus serios cuestionamientos el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el MAS y Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), de quienes dijo que fue presionada para firmar la ley

«Bloqueo»

El Gobierno denunció además que “la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Sr. Morales, bloquea la cooperación financiera internacional para la lucha contra la pandemia y la recuperación económica”.

“Esto es un inescrupuloso atentado contra la salud y la vida de los bolivianos”, insistió.

También cuestionó que la Asamblea Legislativa se niega a “ratificar los ascensos en las Fuerzas Armadas y busca promulgar una ‘Ley de Excepción’, con el fin de inmovilizar al Gobierno nacional y generar aún más violencia”.

El comunicada sucede a una serie de denuncias de la administración de Áñez contra Morales y el MAS, de los cree que impulsan en el país movimientos “sediciosos”, “terroristas” y “narcoterroristas”. Y también, a tres meses de la inminente votación de la que Áñez, con la alianza Juntos, participará como candidata. (30/06/2020)

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Mesa fustiga a Áñez, Murillo replica y Camacho los pone en la misma bolsa

La presunta propaganda electoral disfrazada en los spot de gestión del Gobierno causan un cruce verbal en políticos que al principio apoyaron a la administración transitoria.

/ 29 de junio de 2020 / 18:32

Jeanine Áñez, en uno de varios spot de la televisión nacional. Imagen: captura La Razón

Carlos Mesa fustigó una vez más a la presidenta candidata Jeanine Áñez por el presunto uso de fondos públicos “disfrazados” de propaganda electoral. El ministro Arturo Murillo habló por ella y replicó al candidato presidencial. Un tercero, Luis Fernando Camacho, los puso en la misma bolsa.

En un tuit, en el que adjuntó un video, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) fustigó la actitud de Añez, a quien cuestionó la publicidad de la gestión de gobierno usada como propaganda electoral. “Han pasado 100 días desde que comenzó la cuarentena y el resultado es muy desalentador. Gran parte de la población ha hecho enormes esfuerzos, mientras la Presidenta sigue gastando plata en propaganda”, dijo.

“Si el gobierno nos dijera a cuánto asciende, nos quedaríamos abrumados por la cantidad de plata que se está tirando en vez de usarla en la lucha contra el coronavirus”, remató Mesa en el video.

En coincidencia con esas declaraciones, el vocero de CC Carlos Alarcón presentó más temprano una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el retiro de dos spot de televisión que, en su criterio, son un “abuso de poder” que viola el régimen electoral. En dichos videos Áñez resalta la donación de salarios para la emergencia por parte del gabinete de ministros y detalles del plan de reactivación económica, respectivamente.

Murillo reaccionó ante esta información con otro tuit, que copió a Mesa y al expresidente Evo Morales, fuera en este debate. “Queda claro que el enemigo, para @carlosdmesag y @evoespueblo es Jeanine Añez esto solo se explica con el síndrome de Estocolmo. Locura total (sic)”, escribió el Ministro de Gobierno.

Y en medio de ese cruce verbal apareció Camacho, el candidato presidencial por la alianza Creemos. “Queda claro que el enemigo del pueblo es la vieja política a la que todos ustedes representan”, respondió al tuit que Murillo.

Camacho fue aliado del gobierno de Áñez cuando ésta tomó el poder dos días después la dimisión del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre. Hasta puso sus cuadros políticos, como el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, para la composición del primer gabinete presidencial.

Y Mesa arropó la designación de la otrora senadora como la sucesora del mandatario dimisionario, siendo ella segunda vicepresidenta  de la Cámara de Senadores.

Áñez, de la alianza Junto; Mesa y Camacho pugnarán con otros candidatos la Presidencia del Estado en las elecciones generales pactadas para el 6 de septiembre.(29/06/20202)

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Áñez promulga la ley de reasignación del IDH a favor de gobernaciones y municipios

La norma libera $us 200 millones a favor de las gobernaciones, alcaldías y universidades estatales, fondos necesarios para la emergencia sanitaria en el país.

/ 29 de junio de 2020 / 15:57

La presidenta Jeanine Áñez firma la ley del IDH. Foto: Jeanine Áñez

Sancionada por la mayoría de oposición en la Asamblea Legislativa, la ley que reasigna el 12% delos fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fue promulgada por la presidenta Jeanine Áñez, según informó este lunes la propia mandataria en sus redes sociales.

Con el título de “Reasignamos recursos para la salud y bienestar de Bolivia”, la autoridad anunció la firma de la Ley de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), aprobada por la Asamblea Legislativa, con predominio del Movimiento Al Socialismo (NAS), el 18 de junio.

Según escribió Áñez, el objetivo de la norma es “resguardar la salud de los bolivianos y que esos recursos sirvan para la lucha en contra el coronavirus, seguridad alimentaria y el fortalecimiento de actividades productivas para que el motor económico de nuestro país nos lleve adelante”.

La ley “devuelve” a las entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) y universidades unos $us 200 millones, recursos que habían sido retenidos por el anterior gobierno para las actividades de exploración de hidrocarburos.

La ley establece el uso del 50% de esos recursos para la prevención, atención y contención del nuevo coronavirus. De ese total, $us 156 millones (78%) beneficiarán a los municipios del país, $us 30 millones  (15%) a las gobernaciones y $us 15 millones (7%) a las universidades públicas.

La devolución de esos fondos había sido reclamada por las gobernaciones, especialmente Santa Cruz, y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).

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Persecución y ‘pésima’ calificación caracterizan a la gestión de la emergencia sanitaria

Según el estudio de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung, la calificación del gobierno es en promedio muy baja y que, además, la presidenta candidata será la más afectada por los efectos de las medidas sanitarias contra el COVID-19.

/ 26 de junio de 2020 / 20:33

Militares salen el calles para el control de la cuarentena en La Paz. Foto: La Razón

Con un promedio bajo del gobierno de Jeanine Áñez, la persecución y la “pésima” gestión de la emergencia sanitaria caracterizan a la administración actual, según un estudio presentado el jueves por la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Con base en 140 entrevistas a profesionales, “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, el informe abordó distintas temáticas actuales vía on-line mediante la plataforma SurveyMonkey, entre el 1 y 17 de junio.

La calificación del gobierno transitorio de Áñez es muy baja, un promedio de 2,7 en una escala de 1, “pésima”, al 10, “excelente”. La mandataria llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales en medio de serios cuestionamientos a los resultados de las elecciones del 20 de octubre.

Poco después de comenzar el año, el país se vio afectado por la expansión del nuevo coronavirus, que cambió bruscamente las prioridades del Gobierno. Hasta este viernes son más de tres meses de emergencia sanitaria, con 28.503 casos de contagio en el país y 913 fallecidos.

Candidaturas

En vistas de las elecciones del 6 de septiembre, resistidas inicialmente por la alianza Juntos y su candidata, el informe incluyó el ítem sobre los efectos de la emergencia sanitaria en las candidaturas. Planteó: ¿a quiénes cree que afectará “Más positivamente” o “Más negativamente” la emergencia sanitaria y sus efectos?

El 86% consideró afectará “más negativamente” a Áñez; el 28%, a Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos; el 26%, a Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS); y el 13%, a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC). Al contrario, el 39% cree que afectará “más positivamente” a Camacho; el 23%, a Mesa; el 21%, a Arce; y solo el 2%, a Áñez.

Derechos

Sobre emergencia sanitaria, disidencia y libertad de expresión, el estudio consultó: ¿cuán de acuerdo está usted con la afirmación de que el Gobierno actual está usando la emergencia sanitaria para penalizar la disidencia y la libertad de expresión?

Las respuestas fueron: el 41,9% respondió estar “muy de acuerdo” con esa afirmación; el 29,4%, “de acuerdo”; el 18,3%, “en desacuerdo”; y el 9,5%, “muy en desacuerdo”.

El 14 de mayo, el Gobierno anuló la disposición adicional única del Decreto Supremo 4231, que restringía la libertad de expresión, con la advertencia de quienes incumplan la disposición “serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

La medida fue muy cuestionada por los gremios de periodistas y artistas, especialmente, y llamó la atención de la comunidad internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la no gubernamental Human Ritghts Watch.

En el capítulo de estado de excepción, emergencia sanitaria y derechos, la pregunta fue ¿con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo?

El 51% respondió que “en ningún caso el Gobierno puede suspender derechos constitucionales”; el 36,6% dijo que “el estado de excepción es necesarios, pero debe tener límites y controles”; y el 8,6%, “la emergencia sanitaria justifica la restricción de derechos ciudadanos”.

Según algunos datos, ante la pregunta de si el Gobierno ejerce persecución política, el 76,8% respondió que sí, el 16,1% dijo que no y el 5,1%, no sabe.

Gobierno

Sobre la calificación del Gobierno ante la emergencia sanitaria, el estudio planteó una escala de 1, “pésimo”, al 7, “óptimo”. La pregunta fue: ¿cómo califica usted el trabajo del Gobierno de Áñez ante la emergencia sanitaria por el coronavirus en los siguientes aspectos?

En relación a “la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos”, el 67% de los entrevistados consideró pésima esa gestión; similar calificación tuvo el 53% respecto de los “acuerdos con actores políticos y sociales”; el 46% consideró pésimo el “uso de la fuerza”; y el 41% expresó lo mismo sobra la “coordinación con gobernaciones y municipios; y el 23% opinó igual de la “declaratoria y gestión de la cuarentena”.

Sobre su criterio en relación de la presencia de los militares en las calles para hacer cumplir la cuarentena, el 30,8% se expresó “en desacuerdo”; el 29,4%, “de acuerdo”; el 25%, “muy en desacuerdo”; y el 12%, “muy de acuerdo”.

Por último, ante la pregunta de si el Gobierno ejerce persecución política, el 76,8% respondió que sí, el 16,1% dijo que no y el 5,1%, no sabe.

La emergencia sanitaria interrumpió por algunos meses las elecciones generales que debía desarrollarse el 3 de mayo. Un acuerdo político propiciado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el respaldo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, permitió definir la fecha de los comicios en una ley sancionada en la Asamblea Legislativa.

El domingo, Áñez promulgó la ley y este jueves el TSE divulgó el calendario electoral que ratifica la fecha de las elecciones, fija una eventual segunda vuelta para el 18 de octubre y prevé la posesión de las autoridades electas (Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados) entre el 16 y 30 de noviembre. (26/06/2020)

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