Voces

jueves 9 jul 2020 | Actualizado a 08:32

Votación: difícil fecha

Bolivia necesita cuidar el Estado de derecho y la democracia a fin de evitar cualquier deriva autoritaria

/ 27 de mayo de 2020 / 06:37

Por La Razón

Por mandato de la Ley de Postergación aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la jornada de votación para las elecciones generales 2020 debe realizarse como máximo el 1 de agosto. Ello implica que el TSE tendrá que fijar fecha y reanudar las actividades del calendario electoral, hoy suspendido, a más tardar la tercera semana de junio. Es una decisión compleja.

Los comicios para elegir al binomio presidencial y a los representantes al Órgano Legislativo llegaron tras haberse declarado “sin valor legal” las fallidas elecciones de octubre de 2019 (en Bolivia no existe la figura de anulación de un proceso electoral). En ese marco, tras la designación de nuevas autoridades electorales, la votación fue convocada para el pasado 3 de mayo. Pero su implementación no fue posible debido a la situación de emergencia sanitaria, en especial la cuarentena decretada por el Gobierno provisorio.

En este contexto de Estado de excepción por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2, sumado a la persistente crisis político-institucional y la polarización en el país, la fecha para elegir en las urnas a un gobierno legítimo se convirtió en sí misma en fuente de disputa. Así, unos actores políticos exigen “elecciones ya”, otros quieren postergar el proceso sine die, y algunos buscan situarse discursivamente en el medio. Todos ellos pensando más en su cálculo estratégico-electoral que en la crisis derivada de la COVID-19.

La disputa por la fecha de los comicios se torna más intensa a medida que las actividades posconfinamiento se van adecuando a la “nueva normalidad”. Claro que la salida, asumiendo que la cuarentena total es hoy insostenible, tiene lugar en la fase más crítica de contagio comunitario. En tales condiciones, el TSE tiene la responsabilidad de brindar certidumbre con prontitud: sobre la fecha de votación, la reanudación del calendario, las medidas de seguridad sanitaria durante la jornada electoral.

A reserva de que se adopte una fecha razonable para el sufragio, cuyo plazo podría variar en atención a la emergencia sanitaria, lo indiscutible es el pleno respeto al principio de preclusión; esto es, que en ningún caso pueden revisarse o repetirse actividades ya realizadas. Es un principio fundamental del sistema electoral boliviano, y mal harían algunos actores políticos, con arreglo a sus intereses, en pretender desconocerlo. El calendario electoral debe retomarse desde la actividad que quedó pendiente.

Otro riesgo inaceptable es pretender bloquear las elecciones, ora mediante acciones constitucionales, ora con operaciones de facto, pues se estaría cerrando la única vía institucional, democrática y pacífica para la renovación de autoridades y representantes electos. En un contexto de crisis y polarización, agravado por la incertidumbre, Bolivia necesita cuidar el Estado de derecho y la democracia a fin de evitar cualquier deriva autoritaria vinculada a la tentación de prórroga de mandatos sin legitimidad.

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Dolorosa herida

Menudean los argumentos que remiten a estereotipos, estigmas y argumentos racializados.

/ 8 de julio de 2020 / 09:01

Por La Razón

Al menos desde mayo pasado, la zona de K’ara K’ara, distrito al sur de Cercado, la capital de Cochabamba, es un punto en permanente conflicto con muy pocas probabilidades de solución pronta o pacífica. No se trata solo del ánimo beligerante de las y los vecinos movilizados, sino también de los intereses que buscan beneficio en mantener activo un conflicto lleno de matices ideológicos.

Ya hace dos semanas hubo un pico de tensión en la zona, cuando en un enfrentamiento las y los movilizados retuvieron a un policía y solo lo liberaron horas después con la mediación del Defensor del Pueblo. El desaguisado sirvió no solo para confirmarlos prejuicios de clase y raciales de parte de la población de Cochabamba respecto de los pobladores de la región en conflicto, también fue útil para que periodistas se vieran obligados a desplazarse hasta la zona para dar cuenta de lo que estaba sucediendo.

Poco más de una semana después, el conflicto volvió a ponerse violento y se produjo una refriega en la que, según el Viceministro de Seguridad Ciudadana, los movilizados habrían usado dinamita con la que hirieron a una docena de policías, dato que luego no fue confirmado. Mientras tanto, un grupo irregular identificado como Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que desde noviembre pasado ha hecho del amedrentamiento su modo de vida, recorría las calles de la capital cochabambina, lanzando amenazas contra el Alcalde y la Gobernadora, cuya paupérrima gestión en nada ayuda, y contra las y los vecinos de K’ara K’ara.

La tensión fue tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la aparente aquiescencia del Ministerio de Gobierno con el agresivo grupo de motociclistas uniformados; también expresó preocupación por la población movilizada y reprimida en la zona, que además es sede del relleno sanitario de la ciudad, por lo que el bloqueo a la zona tiene, además, ribetes de emergencia sanitaria.

Se trata de una combinación de factores que posibilita la intervención de múltiples agentes externos, desde quienes ven en la población movilizada simples títeres al servicio de los intereses del expresidente Evo Morales y su partido, como si esas personas no fueran parte de la población más depauperada de la ciudad cochabambina con necesidades y urgencias verdaderas y legítimas, hasta quienes señalan el conflicto como evidencia de las inclinaciones autoritarias del Gobierno transitorio.

En medio de todo eso, de uno y otro lado menudean los argumentos que remiten a estereotipos, estigmas y argumentos racializados, lo cual dificulta la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo para reconstruir la paz, pues ésta nunca puede imponerse con violencia. El resultado es una dolorosa herida en el espíritu democrático de la sociedad no solo cochabambina, sino de todo el país, que ve en el conflicto de K’ara K’ara una muestra del modo en que se gestiona la política desde el Gobierno, y agradece que no esté sucediendo a la vuelta de su casa.

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Encuestas electorales

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables.

/ 6 de julio de 2020 / 08:43

Por La Razón

La primera actividad del calendario electoral habilitada para los comicios del 6 de septiembre fue la difusión de encuestas de intención de voto. Se levantó así el paréntesis establecido por el TSE el 21 de marzo, cuando el Gobierno provisorio decretó cuarentena total por el coronavirus. Ahora que se retomó el proceso con fecha cierta, es fundamental garantizar la calidad de las encuestas.

Como parte de las innovaciones normativas del sistema electoral boliviano, la Ley del Régimen Electoral incluyó hace una década un importante conjunto de reglas tanto para la elaboración como para la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Antes de 2010, solo se regulaban plazos de publicación. La nueva normativa, reforzada técnicamente por sucesivos reglamentos del TSE, se estrenó en las elecciones judiciales de 2011. Y se aplicó con buen resultado en los comicios generales de 2014.

¿Por qué es necesaria e importante esta normativa, vigente también en otros países de la región? Primero, porque cuida la calidad en la elaboración de las encuestas, con arreglo a criterios técnicos mínimos, limitando su manipulación. Segundo, porque implica el registro documentado de las empresas responsables de hacer encuestas, con lo cual se evitan entidades “fantasmas”. Y tercero, porque se garantiza que en la difusión de datos electorales se incluya al menos la ficha técnica. No es poca cosa.

Hay un incipiente debate en el país acerca de la confiabilidad de las encuestas de intención de voto. Algunas encuestas preelectorales, cuando se hace una serie comparable en diferentes momentos, son valiosas en identificar tendencias en las preferencias electorales. Pero tienen límites y diferencias, a veces importantes, respecto al resultado de la votación. Ello ocurre, en especial, por los indecisos, la exclusión de votantes del área rural y la curiosa práctica de no ponderar los votos válidos.

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables. En esa condición, son en sí mismas objeto de la agenda informativa y de opinión, así como herramientas para orientar las estrategias de las fuerzas políticas. Claro que algunos operadores mediáticos, pese a la normativa, usan instrumentalmente estos estudios para sus fines políticos.

¿Qué se espera en torno a los comicios del 6 de septiembre? Debido a la pandemia, la recolección de información se hará mediante encuestas telefónicas personales. Ello reduce más todavía su alcance. Será importante por ello la verificación técnica realizada por el TSE. Pero sin duda las próximas encuestas, luego de casi cuatro meses de ausencia de datos autorizados, mostrarán el impacto de la emergencia sanitaria en las candidaturas. Y sin duda incidirán en sus posicionamientos estratégicos. Los datos importan.

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Seguiremos vigentes

Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad.

/ 3 de julio de 2020 / 20:18

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo mundial en general, y los medios impresos, en particular, han enfrentado la más dura crisis de la historia, fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos hasta ponerlos en el límite de lo sostenible.

Los diarios La Razón y Extra no han sido la excepción. Desde hace mucho tiempo la administración de la empresa editora de ambos medios, como es de conocimiento general, ha realizado grandes esfuerzos para mantener la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo desde marzo de este año ambos medios nos vimos severamente afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad los servicios periodísticos y editoriales. No obstante, con mucho esfuerzo, ambos medios hemos seguido brindando información completa y oportuna al público lector.

En este contexto, nos hemos visto obligados a acelerar los planes de transformación para hacer frente al más grande desafío de nuestra historia. Después de una agresiva reducción de costos operativos, la administración inició un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación entramos días atrás en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que una parte importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados y a las nuevas circunstancias de los medios de comunicación masiva.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, la empresa se vio obligada a acogerse a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por las leyes vigentes, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos periódicos de trascendencia y liderazgo nacional, y para resguardar tantas fuentes de trabajo como sea posible, viéndose obligada sin embargo a concluir la relación laboral con una parte del personal. El proceso ha sido muy duro y ha causado dolor y desazón, no solo en quienes se van, sino en quienes han tenido que hacerse cargo de la ingrata tarea.

No obstante, una vez más La Razón reafirma su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y, sobre todo, la misión social expresada en su tarea periodística, como ha venido haciendo en estos casi treinta años de vida. Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad, pero especialmente a quienes han cargado en sus hombros la grave crisis que nos ha traído a este punto. Seguiremos vigentes, porque nuestro compromiso con la libertad de expresión no se agota.

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COMUNICADO

La Razón y Extra reafirman su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y el equilibrio en nuestra tarea informativa, como lo hemos hecho en estos treinta años de vida institucional.

/ 1 de julio de 2020 / 23:34

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo impreso mundial ha enfrentado la más dura crisis de la historia fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos.

Los periódicos La Razón y Extra no fueron la excepción, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, como es de conocimiento general, desde marzo del presente año adicionalmente se vieron afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad sus servicios periodísticos; no obstante, con mucho esfuerzo siguen cumpliendo con sus lectores.

En este contexto, La Razón y Extra se han visto obligados a acelerar el plan de transformación para hacer frente al más grande desafío de su historia. Después de una agresiva reducción de costos empezamos con un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación entramos en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que un porcentaje importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, nos vemos obligados a acogernos a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por el ordenamiento jurídico vigente, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos prestigiosos periódicos de trascendencia nacional para resguardar fuentes de trabajo, para rescindir contratos de una parte del personal.

Una vez más, La Razón y Extra reafirman su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y el equilibrio en nuestra tarea informativa, como lo hemos hecho en estos treinta años de vida institucional. Al mismo tiempo, agradecen el trabajo de quienes fueron un aporte importante en los últimos años. Gracias, seguiremos vigentes.

La Paz, 1 de julio de 2020

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Recursos para propaganda

Es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a medidas de biodiversidad

/ 1 de julio de 2020 / 06:43

Por La Razón

En un nuevo y muy valioso acuerdo entre las principales fuerzas políticas rumbo a las elecciones generales del 6 de septiembre, el TSE logró que los recursos del “Fortalecimiento público”, esto es, para propaganda electoral, sean destinados a equipamiento de bioseguridad para los comicios. El hecho debe expresarse en una ley. Y corresponde al Ejecutivo asignar un presupuesto adicional.

La adopción del Fortalecimiento público como financiamiento público indirecto es una innovación relevante incluida en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP, 2018). Supone destinar recursos para el acceso a medios de comunicación en procesos electorales, y también para fines de formación y capacitación en años no electorales. Alcanza a las elecciones generales y, por tanto, beneficia solo a los partidos. Se estrenó en las elecciones de octubre de 2019. Y debió regir en los comicios de este año.

El modelo mixto de financiamiento (privado con excepciones y público indirecto) incluido en la LOP constituye un avance en la materia. Debe recordarse que el gobernante MAS decidió unilateralmente el año 2008 eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas. Así, en la región, únicamente Bolivia y Venezuela dependían de manera exclusiva del financiamiento privado. Hay un amplio debate al respecto. Lo fundamental es generar mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En el actual contexto de crisis sanitaria, que agrava la crisis político-institucional y anticipa una severa crisis socioeconómica, ciertamente es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a las medidas y protocolos de bioseguridad que anuncia el TSE para las diferentes fases del proceso electoral, en especial la jornada de votación del domingo 6 de septiembre. En ello han coincidido las diferentes fuerzas políticas. Son Bs 35 millones que ya no se destinará a propaganda electoral.

Claro que no basta que los partidos políticos (empezando por el MAS, que era el más favorecido) renuncien a estos recursos de financiamiento estatal. Es fundamental también que los millonarios recursos para propaganda gubernamental, que en este caso benefician directamente a la presidenta-candidata Áñez, sean destinados a mitigar los efectos de la pandemia. Es pésima señal usar dinero público para promocionar la imagen de una candidatura, como lo hacía en grado superlativo el expresidente Morales.

En relación al Fortalecimiento público, debe destacarse que la decisión impulsada por el TSE sea suspenderlos por esta única vez, y no eliminarlos de manera definitiva. En el difícil camino de superar la crisis de representación política en el país, el fortalecimiento de las organizaciones políticas, junto a su democratización interna, son aspectos fundamentales para la democracia representativa. Y ojalá que, en estos comicios, la propaganda ceda el paso a las propuestas y el debate público.

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