Voces

miércoles 8 jul 2020 | Actualizado a 00:55

Desafortunada declaración

Las declaraciones del Procurador General del Estado han enardecido el ya de por sí complejo escenario electoral

/ 28 de mayo de 2020 / 05:09

Por La Razón

Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya tiene a su cargo un asunto de extrema complejidad como es conciliar el mandato de celebrar elecciones presidenciales hasta el primer domingo de agosto, con la necesidad de preservar la salud de la población en el actual contexto de pandemia, el Procurador General del Estado acaba de enrarecer aún más este escenario.

En efecto, de manera inopinada, la máxima autoridad de la institución llamada constitucionalmente a defender los intereses del Estado convocó el martes a conferencia de prensa para acusar al presidente del TSE de “negligencia”, por no haberse constituido en parte querellante en el proceso instaurado por el presunto fraude en las anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019.

Dijo el Procurador que es notoria la “ausencia y la falta de colaboración y cooperación” del TSE y los nueve tribunales electorales departamentales en formar parte del proceso penal por delitos electorales. Trámite del cual el Ministerio Público no ha dado ningún dato sobre su avance o sobre las dificultades que afronta en su realización. La autoridad se refería al hecho de que el presidente del TSE no ha respondido a cartas enviadas por su despacho el 19 de febrero, el 16 de marzo y el 15 de mayo de 2020.

Aunque es tarea de abogados y jurisconsultos confirmarlo o negarlo, a simple vista la declaración del Procurador parece caer por fuera de las atribuciones que la CPE y la Ley 64 asignan a la institución a su cargo. Una cosa es requerir al TSE información relevante para el avance las investigaciones encomendadas a la Fiscalía General, y otra muy distinta es tratar de forzar a su máxima autoridad a constituirse en parte querellante.

Es posible que las obvias aristas políticas del caso sean las razones por las que el aludido en la conferencia de prensa del Procurador ha preferido guardar prudente silencio. Ya bastante duro tiene el panorama electoral como para verse involucrado en un caso de evidente interés para el Gobierno transitorio en general y para los ministerios de Justicia y de Gobierno en particular.

Asimismo, no es descabellado pensar que para la población boliviana será de mucho mayor interés ver a la Procuraduría General del Estado participando en la investigación del caso de compra de respiradores españoles con sobreprecio. Asunto en el que el Procurador no solo eximió de responsabilidad a la Canciller, sino que además le sirvió para atacar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ha sido, pues, desafortunada la declaración del Procurador, especialmente si se considera que el TSE es por ahora el último órgano del Estado en conservar no solo credibilidad, sino también institucionalidad; condiciones imprescindibles para llevar adelante un proceso electoral de gran trascendencia para el presente y futuro del país.

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Encuestas electorales

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables.

/ 6 de julio de 2020 / 08:43

Por La Razón

La primera actividad del calendario electoral habilitada para los comicios del 6 de septiembre fue la difusión de encuestas de intención de voto. Se levantó así el paréntesis establecido por el TSE el 21 de marzo, cuando el Gobierno provisorio decretó cuarentena total por el coronavirus. Ahora que se retomó el proceso con fecha cierta, es fundamental garantizar la calidad de las encuestas.

Como parte de las innovaciones normativas del sistema electoral boliviano, la Ley del Régimen Electoral incluyó hace una década un importante conjunto de reglas tanto para la elaboración como para la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Antes de 2010, solo se regulaban plazos de publicación. La nueva normativa, reforzada técnicamente por sucesivos reglamentos del TSE, se estrenó en las elecciones judiciales de 2011. Y se aplicó con buen resultado en los comicios generales de 2014.

¿Por qué es necesaria e importante esta normativa, vigente también en otros países de la región? Primero, porque cuida la calidad en la elaboración de las encuestas, con arreglo a criterios técnicos mínimos, limitando su manipulación. Segundo, porque implica el registro documentado de las empresas responsables de hacer encuestas, con lo cual se evitan entidades “fantasmas”. Y tercero, porque se garantiza que en la difusión de datos electorales se incluya al menos la ficha técnica. No es poca cosa.

Hay un incipiente debate en el país acerca de la confiabilidad de las encuestas de intención de voto. Algunas encuestas preelectorales, cuando se hace una serie comparable en diferentes momentos, son valiosas en identificar tendencias en las preferencias electorales. Pero tienen límites y diferencias, a veces importantes, respecto al resultado de la votación. Ello ocurre, en especial, por los indecisos, la exclusión de votantes del área rural y la curiosa práctica de no ponderar los votos válidos.

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables. En esa condición, son en sí mismas objeto de la agenda informativa y de opinión, así como herramientas para orientar las estrategias de las fuerzas políticas. Claro que algunos operadores mediáticos, pese a la normativa, usan instrumentalmente estos estudios para sus fines políticos.

¿Qué se espera en torno a los comicios del 6 de septiembre? Debido a la pandemia, la recolección de información se hará mediante encuestas telefónicas personales. Ello reduce más todavía su alcance. Será importante por ello la verificación técnica realizada por el TSE. Pero sin duda las próximas encuestas, luego de casi cuatro meses de ausencia de datos autorizados, mostrarán el impacto de la emergencia sanitaria en las candidaturas. Y sin duda incidirán en sus posicionamientos estratégicos. Los datos importan.

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Seguiremos vigentes

Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad.

/ 3 de julio de 2020 / 20:18

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo mundial en general, y los medios impresos, en particular, han enfrentado la más dura crisis de la historia, fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos hasta ponerlos en el límite de lo sostenible.

Los diarios La Razón y Extra no han sido la excepción. Desde hace mucho tiempo la administración de la empresa editora de ambos medios, como es de conocimiento general, ha realizado grandes esfuerzos para mantener la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo desde marzo de este año ambos medios nos vimos severamente afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad los servicios periodísticos y editoriales. No obstante, con mucho esfuerzo, ambos medios hemos seguido brindando información completa y oportuna al público lector.

En este contexto, nos hemos visto obligados a acelerar los planes de transformación para hacer frente al más grande desafío de nuestra historia. Después de una agresiva reducción de costos operativos, la administración inició un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación entramos días atrás en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que una parte importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados y a las nuevas circunstancias de los medios de comunicación masiva.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, la empresa se vio obligada a acogerse a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por las leyes vigentes, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos periódicos de trascendencia y liderazgo nacional, y para resguardar tantas fuentes de trabajo como sea posible, viéndose obligada sin embargo a concluir la relación laboral con una parte del personal. El proceso ha sido muy duro y ha causado dolor y desazón, no solo en quienes se van, sino en quienes han tenido que hacerse cargo de la ingrata tarea.

No obstante, una vez más La Razón reafirma su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y, sobre todo, la misión social expresada en su tarea periodística, como ha venido haciendo en estos casi treinta años de vida. Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad, pero especialmente a quienes han cargado en sus hombros la grave crisis que nos ha traído a este punto. Seguiremos vigentes, porque nuestro compromiso con la libertad de expresión no se agota.

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COMUNICADO

La Razón y Extra reafirman su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y el equilibrio en nuestra tarea informativa, como lo hemos hecho en estos treinta años de vida institucional.

/ 1 de julio de 2020 / 23:34

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo impreso mundial ha enfrentado la más dura crisis de la historia fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos.

Los periódicos La Razón y Extra no fueron la excepción, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, como es de conocimiento general, desde marzo del presente año adicionalmente se vieron afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad sus servicios periodísticos; no obstante, con mucho esfuerzo siguen cumpliendo con sus lectores.

En este contexto, La Razón y Extra se han visto obligados a acelerar el plan de transformación para hacer frente al más grande desafío de su historia. Después de una agresiva reducción de costos empezamos con un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación entramos en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que un porcentaje importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, nos vemos obligados a acogernos a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por el ordenamiento jurídico vigente, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos prestigiosos periódicos de trascendencia nacional para resguardar fuentes de trabajo, para rescindir contratos de una parte del personal.

Una vez más, La Razón y Extra reafirman su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y el equilibrio en nuestra tarea informativa, como lo hemos hecho en estos treinta años de vida institucional. Al mismo tiempo, agradecen el trabajo de quienes fueron un aporte importante en los últimos años. Gracias, seguiremos vigentes.

La Paz, 1 de julio de 2020

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Recursos para propaganda

Es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a medidas de biodiversidad

/ 1 de julio de 2020 / 06:43

Por La Razón

En un nuevo y muy valioso acuerdo entre las principales fuerzas políticas rumbo a las elecciones generales del 6 de septiembre, el TSE logró que los recursos del “Fortalecimiento público”, esto es, para propaganda electoral, sean destinados a equipamiento de bioseguridad para los comicios. El hecho debe expresarse en una ley. Y corresponde al Ejecutivo asignar un presupuesto adicional.

La adopción del Fortalecimiento público como financiamiento público indirecto es una innovación relevante incluida en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP, 2018). Supone destinar recursos para el acceso a medios de comunicación en procesos electorales, y también para fines de formación y capacitación en años no electorales. Alcanza a las elecciones generales y, por tanto, beneficia solo a los partidos. Se estrenó en las elecciones de octubre de 2019. Y debió regir en los comicios de este año.

El modelo mixto de financiamiento (privado con excepciones y público indirecto) incluido en la LOP constituye un avance en la materia. Debe recordarse que el gobernante MAS decidió unilateralmente el año 2008 eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas. Así, en la región, únicamente Bolivia y Venezuela dependían de manera exclusiva del financiamiento privado. Hay un amplio debate al respecto. Lo fundamental es generar mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En el actual contexto de crisis sanitaria, que agrava la crisis político-institucional y anticipa una severa crisis socioeconómica, ciertamente es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a las medidas y protocolos de bioseguridad que anuncia el TSE para las diferentes fases del proceso electoral, en especial la jornada de votación del domingo 6 de septiembre. En ello han coincidido las diferentes fuerzas políticas. Son Bs 35 millones que ya no se destinará a propaganda electoral.

Claro que no basta que los partidos políticos (empezando por el MAS, que era el más favorecido) renuncien a estos recursos de financiamiento estatal. Es fundamental también que los millonarios recursos para propaganda gubernamental, que en este caso benefician directamente a la presidenta-candidata Áñez, sean destinados a mitigar los efectos de la pandemia. Es pésima señal usar dinero público para promocionar la imagen de una candidatura, como lo hacía en grado superlativo el expresidente Morales.

En relación al Fortalecimiento público, debe destacarse que la decisión impulsada por el TSE sea suspenderlos por esta única vez, y no eliminarlos de manera definitiva. En el difícil camino de superar la crisis de representación política en el país, el fortalecimiento de las organizaciones políticas, junto a su democratización interna, son aspectos fundamentales para la democracia representativa. Y ojalá que, en estos comicios, la propaganda ceda el paso a las propuestas y el debate público.

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Petroquímica

Las y los chaqueños evitaron la desaparición de un proyecto muy caro a sus anhelos.

/ 29 de junio de 2020 / 06:19

Por La Razón

La semana pasada, el Gobierno anunció un ambicioso plan para reactivar la economía, especialmente en los sectores más afectados por la pandemia y posterior cuarentena provocada por el COVID-19; el conjunto de medidas sería financiado a través de varias fuentes, entre ellas el dinero presupuestado, pero no ejecutado, para la construcción de una planta de petroquímica en el Chaco.

El solo anuncio de que los recursos, en total Bs 13.880 millones, otorgados a YPFB en 2016 en forma de crédito del Banco Central de Bolivia (BCB) serían desviados de su propósito original activó alarmas en el Chaco, especialmente entre organizaciones cívicas y sociales, además de algunos gobiernos locales. El Gobierno, además, sabía que para lograr tal propósito necesitaría una ley expresa, probablemente difícil de aprobar en una Asamblea Legislativa controlada por el MAS.

Así, el Ministro de Desarrollo Productivo más tardó en anunciar esa fuente de financiamiento que en retirar la iniciativa, manifestando que esa cifra será recaudada a través de la emisión de bonos y créditos externos, ambas eficaces medidas para obtener dinero, pero también para incrementar la deuda externa del país.

La polémica tanto como resistida iniciativa tiene entre sus antecedentes inmediatos el hecho de que autoridades del Gobierno transitorio, apoyadas en opiniones de expertos, ya pusieron reparos al proceso de estudios previos a la contratación de los servicios de diseño y construcción de la planta destinada a producir plásticos a partir de los líquidos obtenidos del gas natural en la planta de Gran Chaco.

Antes de eso, el anterior gobierno había iniciado en agosto dicho trámite, luego de que en 2017 el proceso hubiese quedado trunco debido a “errores administrativos” en la convocatoria, selección y contratación de una empresa italiana interesada en el trabajo de diseño y construcción. Es posible que algunos de esos errores hubiese tenido que ver con brechas legales y técnicas que hubiesen posibilitado actos corruptos.

Al final del día, el resultado es que el gobierno que hizo de su bandera la promesa de industrialización endógena de los recursos naturales que hasta hoy siguen siendo exportados en calidad de materia prima, no logró cumplir esa promesa en muchos casos. En aquellos que sí, el Gobierno transitorio parece decidido a demostrar que no son viables o rentables, en vieja y conocida receta para luego recomendar su privatización, a fin de que “la mano invisible” los conduzca a su éxito.

Queda mucho por decir acerca de los otros aspectos del plan gubernamental, que se anuncia a menos de tres meses de las elecciones que podrían sacar a las actuales autoridades del poder antes de fin de año; así como permanece la idea de que las y los chaqueños evitaron la desaparición de un proyecto muy caro a sus anhelos, pero que sigue siendo nada más que una promesa en espera de voluntad y capacidad para hacerlo realidad, así como de condiciones para su éxito.

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