Luego de un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció al país la buena noticia de que las postergadas elecciones generales tienen fecha: serán el domingo 6 de septiembre. Se trata de una valiosa señal de certidumbre sobre unos comicios muy complejos, que tendrán como telón de fondo la persistente pandemia del coronavirus.
Más allá de la disputa en torno al proceso electoral, la fecha misma de votación se convirtió en objeto de cálculo político y de controversia tras haberse dejado en suspenso el calendario electoral. El desencuentro enfrentaba a quienes exigían “elecciones ya” y aquellos que buscaban postergarlas sin fecha (mejor si hasta el 2021). En tal contexto, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley fijando un plazo máximo de 90 días, que en los hechos implicaba votar a más tardar el 1 de agosto.
Quienes demandaban la realización de elecciones lo antes posible, en el plazo establecido por ley, alegaban que era imprescindible tener un gobierno legítimo para enfrentar la drástica crisis resultante de la pandemia. Acusaban al régimen de la presidenta-candidata Áñez de pretender prorrogarse en el poder (pese a su carácter transitorio). Y asumían que el TSE podía adoptar medidas para ir a votar en condiciones mínimas de seguridad sanitaria, como se hizo o se está haciendo en otros países.
A su vez, quienes rechazaban la sola posibilidad de pensar en una fecha para los comicios, argüían que primero está la salud y que la votación debía postergarse hasta que se haya superado la pandemia y no existan riesgos para la ciudadanía. Acusaban al MAS de alentar un plan de desestabilización. Y empezaron a cuestionar al TSE por su decisión de acatar la ley. Algunos fueron más lejos al pretender no solo el aplazamiento de la votación, sino incluso una nueva convocatoria con reglas diferentes.
A reserva del hoy superado debate sobre la fecha de votación, que en todos los casos respondía a cálculos estratégicos de las fuerzas políticas y candidaturas, el TSE asumió el desafío con apego al principio de legalidad y con responsabilidad institucional. Y fue avanzando en tareas preparatorias antes de reactivar el calendario electoral, como ajustes presupuestarios, protocolos, innovaciones logísticas. El propósito era garantizar el ejercicio del sufragio como derecho ciudadano en democracia.
Haber superado la disputa política y la incertidumbre sobre la fecha de votación es una valiosa señal política e institucional en medio del agravado escenario de crisis y polarización. Más allá de alguna crítica destemplada y hoy aislada, la buena noticia es que se despeja la ruta electoral en el país. Así, el TSE podrá retomar a mediados de julio el calendario electoral sin dar marcha atrás en las actividades que precluyeron (padrón, candidaturas, circunscripciones). Las y los demócratas debemos celebrarlo.