Voces

martes 14 jul 2020 | Actualizado a 07:03

Demócratas de papel

La resistencia al proceso electoral reafirma, de quienes se oponen, que lo discursivo se minimiza ante lo conductual

/ 4 de junio de 2020 / 05:31

Son las crisis políticas y sociales profundas las que exigen que hombres y mujeres de acción pública deban pasar por el tamiz de la consideración societal para explicar, descarnadamente, sus creencias más arraigadas. Asumir un discurso democrático en favor de la igualdad y la libertad es cosa simple, sin embargo, obrar en consecuencia a lo dicho pide consistencia de pensamiento y de personalidad, algo que las almas confusas no suelen poseer. Giovanni Sartori decía “los que nunca han conocido las tiranías y las dictaduras, se inclinan fácilmente hacia una retórica de la libertad”. El relato libertario y democrático como eje discursivo ante la opinión pública es insuficiente para evidenciar el perfil acabado de un líder, pues requiere, indefectiblemente como acción seguida, ser contrastado con las formas que adoptan sus conductas. Los personajes públicos quedan revelados por sus comportamientos antes que por sus palabras. Se dicen demócratas cuando ejercen de autócratas desembozados; al momento de gobernar, lo hacen bajo una narrativa que refiere al pueblo o a dios como el fin de sus acciones, pero en cada hecho patentizan que únicamente se representan a sí mismos.

Hace 48 horas que el Tribunal Supremo Electoral señaló fecha para el postergado día de elecciones generales, quienes están en una atropellada cruzada por evitar el proceso de institucionalización de autoridades ya critican nuevamente, con argumentos apurados, el anuncio del órgano electoral. Separados del facilismo discursivo de circunstancia, los portadores del “recuperemos la democracia y la libertad” mataron impiadosamente, junto a la democracia popular, a “ese otro dios que falló”: el republicanismo, lo abandonaron en manos de quienes son inclasificables, pues no piensan ni por derecha ni izquierda, están en el lado de las conveniencias. Con extrañeza vemos a esta nueva generación de múltiples entendedores de lo social, que hablan de democracia y se enfadan con toda referencia electoral. Pasa que en realidad no son demócratas y no sienten aprecio por una institucionalidad del Estado que no entienden o que les perturba. Carecen de ideología e ingresan en esa oscura categoría de aquellos que conciben el ejercicio del poder como la lógica de advertir, aterrar, frivolizarse y abreviar el proceso personal de la acumulación económica. Son los inoxidables del poder y de cualquier espacio que atienda sus validaciones sociales y garantice su transcurrir circunspecto. Después de más de una década de ostracismo estatal, se esperaba de ellos una versión de derecha evolucionada y serena, pero el transcurrir del tiempo produjo el efecto inverso, los convirtió en escandalosos administradores de la cosa pública.

La calidad institucional de un país —comprendiendo que las instituciones deben evidenciar también la complejidad y pluralidad de quienes comparten y habitan un mismo territorio—, está expresada por el afecto a los acuerdos societales que determinan las formas de gobierno que adopta un conjunto poblacional. Resistirse al proceso electoral reafirma solamente que lo discursivo se minimiza ante lo conductual.

Un gobierno agotado en su inoperancia sanitaria, a quien una reciente medición de opinión pública le anota que esa conducta signada por la corrupción y que su baja eficiencia en la gestión del Estado le ha paralizado su perspectiva electoral, aún tiene una pequeña posibilidad de honor, de salvación de la excomulgación histórica: comprender que los tiempos electorales no quedan marcados por las ansiedades gubernamentales y que no puede ajustar las horas según sus propias urgencias.

Jorge Richter Ramírez, politólogo

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“Yo tengo otra información”

Hoy que el poder judicial retoma sus actividades el gobierno reimpulsará acciones penales contra el candidato que les arrebata el sosiego

/ 2 de julio de 2020 / 11:20

LA PAZ BOLIVIA.- JORGE RICHTER, ANALISTA POLITICO ES ENTREVISTADO EN EXCLUSIVA POR LA RAZON. FOTOS - MIGUEL CARRASCO MIÉRCOLES 11-13-19 NOVIEMBRE 2019 OHAH

El año 2017 incorporó una palabra que quedó como la más explotada y aplicada en la política. Medios de comunicación, analistas, politólogos y filósofos la pronunciaban para referirse a conductas y realidades consideradas ahora en una perspectiva personal. “Posverdad” fue el vocablo de moda entonces, casi una expresión de rebelión ante los hechos, mi opinión por encima de la evidencia. La era de las celebridades anónimas, la visibilidad plena. La primera fila de la opinión. La veracidad contra el ánimo de expresarse, contra la calidad de la noticia y contra las pruebas también. La cultura inapelable de lo online y la frenética ola mediática que no distingue lo existencial de la ficción. La verdad no está más, pues la invención de historias no se detiene y supera la capacidad analítica de nuestras sociedades.

Andrés López Obrador, hoy presidente de México, desde sus tiempos electorales, que no fueron escasos y donde enfrentó a los medios más conservadores, esos que él creativamente llamo “la prensa fifí”, ha desarrollado una singular manera de contención y paralización a la posverdad. Él suele repeler y desaprobar los relatos adversos con un pausado y siempre presente “Yo tengo otra información y otros datos”. El presidente ha encontrado en esta frase una forma de combatir y resistir la narración subjetiva e intencionada.

Bolivia, julio de dos mil veinte. El gobierno vuelve sus pasos sobre el Estado policial y cancelador de las garantías y los derechos. En tan solo un lapso de dos días ha sumado inculpaciones, procesos y obsesiones sin pausa, encuentra una conjura y estrategia de corrupción infiltrada para desprestigiar la probidad de los actuales hombres y mujeres de Estado. No eran ellos, eran los otros. Sobre preciar los inconectados respiradores fue un plan para afectar la pureza gubernamental. Yo tengo otra información y otros datos.

La cancillería y la canciller también quieren estar —“estar” significa a veces protegerse del despido inesperado, “hay que estar”—, le enuncian a la comunidad internacional que el país está siendo desestabilizado por cuatro costados y un hombre sobrepoderoso, casi extranatural. Encuentran que la no aprobación de los ascensos militares, que las observaciones al préstamo —léase cooperación internacional— de la casa de la caridad que es el FMI, que sectores sociales que buscan causar caos facilitando las tareas del narcotráfico y la delincuencia organizada, que algunos con Nicolás Maduro armaron un extraordinario aparato comunicacional de alcance internacional para negar el fraude electoral. Todo un plan bestial que impide y distrae la eficiente gestión en la que están empeñados los hombres y las mujeres del gobierno. Yo tengo otra información y otros datos.
La historia sigue. Hoy que el poder judicial retoma sus actividades el gobierno reimpulsará acciones penales contra el candidato que les arrebata el sosiego. El hombre del Ministerio de Justicia informa que ese señor utilizó más de 3.000 millones de bolivianos (la cifra está bien escrita) para comprar la conciencia de los inconscientes. El ángel justiciero entonces apuesta más fuerte, comunica que personalmente reactivará más de 60 procesos contra exautoridades que también le dañan la placidez del sueño. Lo hace —eso dice— porque no puede ser que ellos hablen de corrupción sin dar respuesta a esto. Yo tengo otra información y otros datos.

La otra información es la siguiente: para el grupo transitorio los días en Palacio Quemado son el lado caliente del infierno. Que son dos los que juegan a ser los estrategas, que no comprenden el proceso inclusivo e identitario de ese constructo social por acumulación histórica y demandas inatendidas. Que intentarán detener el cauce institucional hacia las elecciones, que las quieren señalar para el 2021 y así postergarlas hasta donde se pueda. Que en los días que vienen conoceremos de procesos judiciales, persecución, detenciones y aparición de testigos que salen impensadamente de las gavetas que tiene ocultas el ángel justiciero. Que están en la creencia de que el Estado policial, militar y persecutorio logrará disimular la cadena de desaciertos. Que las encuestas que leen anuncian que ya los desplazaron del segundo lugar y que la elección la pueden ganar en primera votación los que ellos odian de forma militante. Que quieren arrancar la fecha del 6 de septiembre del calendario, que no llegue nunca, porque entonces ahí ya se imaginan que la vida sería invivible, que el refrán que habla de que el dinero no hace a la felicidad podría ser cierto.

La información que yo tengo es que nunca la palabra “estamos jodidos” se pronunció tantas veces, que la convirtieron en la muestra del país que han construido y que a pesar de ello, de esa desolada realidad en la que existen, confinados a su angustia, los dos asesores de la estrategia perversa exigen mostrarse satisfechos, al menos públicamente, del régimen de pesadumbre que han instalado.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Elecciones en disputa

La vía democrática e institucional está en electoralizar la coyuntura

/ 1 de julio de 2020 / 09:15

En enero de 2006 se produce en Bolivia un cambio en las élites gobernantes. Los sectores sociales tradicionales detentadores del manejo y administración del Estado, ingresan, ya en el final de su ciclo político, en una profunda crisis que los conduce a un tiempo de retirada. Los grupos sociales periféricos e invisibles para la acción política, después de un lento proceso de acumulación histórica, con demandas insatisfechas y no atendidas por los gobiernos del momento liberal, las conectan para formar cadenas equivalenciales frente a la intención de la partidocracia dominante por constreñirlas. Así, las organizaciones demandantes se organizan en “pueblo” —en el decir de Laclau y Mouffe—, hasta acoplarse políticamente con un liderazgo visible e instrumento político que pergeñe sus primeras aspiraciones de toma del poder político.

Los sucesos comprendidos entre 2000 y 2003, que condujeron al cierre del ciclo neoliberal, fueron la manifestación viva del Estado político boliviano que produjo una nueva fragmentación étnica, social y política. El proceso circular de sustitución de elites gobernantes y sus correlatos sociales se instaló en 2006 e inició un nuevo estado de tensiones y polaridad social.

El 10 de noviembre de 2019 señala la instalación de otro momento de hostilidad de los factores históricamente opuestos. La lógica circular volvió a chocar como placas tectónicas provocando estadios de conflicto cada vez más altos. Ante ello, la pandemia y la crisis política, y la pregunta: ¿cómo avanzar?

En un momento de calamidad humanitaria, de catástrofe devastadora, ¿quién salva?, ¿el Estado o el mercado con su lógica estadística? Atendiendo a Émile de Girardin que decía “gobernar es prever”, la sensación de responsabilidad primera se dirige sobre el Estado. La información sobre el paso de la pandemia muestra a sociedades, instituciones, organizaciones y agentes económicos que van convenciéndose de que es el ente estatal quien, ante una amenaza descontrolada, puede salvarlos. El Estado inexcusablemente ha asumido gastos e inversiones urgentes, salvatajes, asistencias y preocupación por sus ciudadanos de forma directa. Esto ha visto el mundo, sin detenerse en el modelo, el sistema y la forma de gobierno. Por tanto, congregando todas las responsabilidades y ansiedades sociales, su capacidad y fortaleza debe ser absoluta, genérica y sin fisuras. Ello implica un nuevo pensar de la dimensión que debe alcanzar y su vínculo directo con la democracia.

Un Estado fortalecido no es necesariamente un Estado más grande y un Estado noventista tampoco es uno más reducido. Para no dar lugar a un Estado fallido (que no respeta las libertades, impone una democracia restrictiva, acentúa y patrocina las desigualdades), su remodelación debe atender factores mínimos de urgencia impostergable: la conformación de su gobierno y la institucionalidad, el sentido de legitimidad y legalidad y el deber de estar bien constituido. Con ello habrá mejores posibilidades ante la crisis multisectorial y la opción de construir y establecer una agenda de consensos para las reformas sustanciales que Bolivia ya solicita. Países que han logrado controlar la pandemia muestran gobiernos que, aunque varios estaban señalados por su actuar en la política cotidiana, tenían solidez de legalidad y legitimidad.

Cabe reflexionar entonces en esta coyuntura de remodelación fáctica del Estado: ¿cuánta valía se otorga a su institucionalidad? ¿Nos preocupa el debido orden institucional, como forma de reaseguro ante intenciones que busquen interrumpirlo, reducirlo, desequilibrarlo y, en consecuencia, reconfigurar una relación de poderes que finalmente deje mediatizados los derechos progresivos, la igualdad y las libertades individuales y colectivas? todo esto frente a lo sensible de una crisis sanitaria. En definitiva, signados por el mal trance, la cuestión es: ¿salud ciudadana o salud institucional? ¿O ambas?

Las crisis no son estacionarias y tampoco inmóviles, sino que expresan dinámicas en movimiento que refieren a fases de descomposición del estado de situación de intervalos coyunturales específicos. La presencia del COVID-19 en Bolivia no impacta de forma lineal y única; adquiere resoluciones, ritmos y profundidades distintas. Su incidencia en los ámbitos poblacionales, territoriales y estatales logra niveles de intensidad desiguales que rápidamente alcanzan dimensión política por continuidad de los hechos de noviembre. Esto implica mayor tirantez y polaridad social. Significa que el estado de crisis multisectorial, irresuelto e incontrolado, no interrumpe su devenir, sino que prosigue su expansión hasta franquear a la siguiente etapa. Después de la crisis y el hecho político absoluto, la fase siguiente es el colapso, un momento de desorden y desgobierno pleno.

A consecuencia de la pandemia, la humanidad y los países avanzan hacia sistemas democráticos reconvertidos, donde el primer poder del Estado, expresado en la representación de la Asamblea/Parlamento, por los cursos de emergencias continuas que se avizoran, decrece en manos de tendencias que buscan exagerar el personalismo del Poder Ejecutivo. Esto representa una resignificación también de la confección de las normas: más decretos que regulen actividades específicas y una baja producción de leyes. Todo ello, por los estados de excepción y seguridad, que en una psicosis generalizada intentan, subjetiva y continuamente, esta redefinición de roles y jurisdicciones políticas.

En este escenario también impuesto en Bolivia y con una pandemia instalada por tiempo indeterminado, la vía democrática e institucional que facilite preocuparse por la crisis multisectorial está en electoralizar la coyuntura en la fecha señalada, hecho necesario para obtener una perspectiva de solución, reducir ansiedades políticas causadas por el enfrentamiento y descontento de la crisis política irresuelta y enfocarse, desde el Gobierno, en una estrategia posible sobre los efectos devastadores de la enfermedad. Esto es, remodelar hoy e imperiosamente el Estado en la línea institucional y constitucional.

Jorge Richter es politólogo

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Paso siguiente: colapso

La capacidad de respuesta de los niveles gubernamentales y decisorios del país ha sido superada

/ 18 de junio de 2020 / 05:25

“La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos”. Este es un pensamiento que Hanna Arendt expresaba para agregar que solo con la discusión “humanizamos aquello que está sucediendo en el mundo y en nosotros mismos, por el mero hecho de hablar sobre ello; y mientras lo hacemos, aprendemos a ser humanos”. Esta claridad hoy ausente en el momento de crisis multisectorial que ha polarizado a nuestra sociedad hasta extremos de no admisión de la calidad humana del otro, impide establecer un diálogo liberado de adjetivos y asociaciones negativas para buscar comprender, sensatamente, nuestra situación sin caer en realidades paralelas.

Las crisis no son hechos epifenoménicos y menos aún complejidades estacionarias, expresan dinámicas en movimiento, siendo por lo tanto progresivas, que arriban a una etapa hasta agotarse y avanzar a un estadio superior. La fase continua a la crisis es el colapso. Bolivia se apresta a ingresar en un colapso extendido, que no solo será político sino también ético, producido por la agenda sanitaria al servicio de las pretensiones partidarias y personales.

Los españoles utilizan el término “desnortado” para referir a un gobierno extraviado y “desautorizado”. Este hecho que aplica en la coyuntura boliviana va configurándose en sensaciones de frustración que se instalan en la sociedad con una mirada a ocho meses perdidos. La carencia de una debida hoja de ruta, y el acudir a una visión esquizofrénica del conspiracionismo constante como recurso argumentativo final de una gestión que ha traspapelado su mandato único, le permite acreditar solo una alta capacidad para acelerar el paso de su gobierno hacia esta fase de desorden y desgobierno pleno.

Claramente, el colapso expresa la forma en la que el gobierno se relaciona con el hecho adverso. Este axioma, no meditado y considerado como variable esencial y, por lo tanto, pocas veces debatido, explica de forma evidente las diversas respuestas, no acertadas y contradictorias que da la actual administración ante la crisis multisectorial instalada. El colapso absoluto es la consecuencia constatada de procesos humanos junto a una sumatoria de acciones equívocas, de una conciencia ahistórica con la configuración socio económica y cultural del país y sus diversas sociedades, y decisiones con prioridades individuales y políticas, pero distantes de la urgencia colectiva. 

La capacidad de respuesta de los niveles gubernamentales y decisorios del país ha sido superada y las disposiciones que se van asumiendo evidencian una preocupante falta de preparación, esta carencia es la vía directa al colapso. Las respuestas reactivas evidencian lo improvisado de la gestión. Ante la amenaza, el miedo y el desconcierto, la decisión vuelve a ser el encierro y la reclusión, condenando a miles de bolivianos a días de hambre y violencia.

Entonces, muy dados los bolivianos a realizar miradas retrospectivas, algún día nos preguntaremos, dónde nos equivocamos con las acciones de freno a la pandemia y la respuesta será, posiblemente, que esa construcción que señalaba el paso de la cuarentena rígida (confinamiento, asilamiento, temor, fin de la normalidad y del mundo) a la cuarentena flexible (salidas controladas, cuidándose pero no tanto) mostró que la principal causa de la enfermedad fue el error humano en la gestión de la pandemia misma, y que conclusivamente, faltaron capacidades políticas y lealtad con los bolivianos hasta conducirnos al colapso absoluto.

Jorge Richter Ramírez es Politólogo

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El protocolo conservador

Los conservadores buscan imponer lo ‘impolítico’, la paralización de la representatividad democrática

/ 3 de junio de 2020 / 06:40

Bolivia, hoy, vive algo que se define como un Hecho Político Absoluto, con características propias de Crisis Multisectorial, donde de forma negativa y entramada las tribulaciones sanitarias, políticas, económicas, sociales, institucionales y medioambientales convergen en un mismo escenario, tiempo y actores fundamentales. En el proceso recorrido hacia el Hecho Político Absoluto son tres los momentos que lo construyen progresivamente.

CRISIS POLÍTICA: 10 de noviembre de 2019 a 10 de marzo de 2020

Determinada por una sociedad polarizada que, como un golpe de placas tectónicas, chocan en el objetivo de sostener o buscar su hegemonía en la tutela y control del Estado: un grupo social de clase media/urbano y elitario que desplaza al grupo popular periurbano, corporativo e indígena, originario y campesino. Un hecho que culmina con la sustitución del grupo elitario en forma abrupta y por la fuerza, con la presencia indirecta “disuasiva” de las fuerzas militares que aseguran la ruptura de la institucionalidad democrática boliviana. Expresa también el tiempo de la ofensiva política, plena y decisiva, en lo material, lo físico y de pensamiento del republicanismo sobre su antítesis política: la democracia popular, radical y participativa.

Esta fractura institucional, con carácter regresivo y restaurador al modelo de Estado noventista, buscó implementar de forma resuelta un referente sustitutivo del denominado proceso de cambio, que categorialmente se estructura como “el noviembrismo”, identificado por un accionar notorio: la referencia constante a una retórica de “libertad”, “recuperación de la democracia”, “regreso de las creencias religiosas católicas”, y el proceso de “pacificación”. Se reconoce también por establecer, estratégicamente, una constante discursiva de asociaciones negativas con referencias a: narcotráfico, corrupción, apropiaciones indebidas, abusos en el uso de bienes públicos o negligencia en la administración del Estado. Todo un conjunto de narraciones e identificaciones que por la vía de la insistencia permanente buscan validar un hecho: la sucesión constitucional cuestionada que, en la perspectiva académica, de forma técnica, se conceptualiza en las categorías de la Ciencia Política como un golpe de Estado.

La crisis política de noviembre generó una agenda inmediata de tareas coyunturales a ser cumplidas por el nuevo equipo de gobierno: reestructuración plena y total del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Departamentales Electorales; convocatoria a nuevas elecciones; y, fundamentalmente, la pacificación del país. Se trabajó en lo primero; se convocó a elecciones; se dio inicio a la transición y se dejó —intencionalmente— sin atención el proceso de pacificación, buscando sustituirlo por una tenue tranquilidad social lograda sobre la acción e implementación de un Estado policial, que acciona persecuciones sobre dirigentes partidarios y sobrejudicializa de forma extrema a sus adversarios políticos.

CRISIS SANITARIA: 10 de marzo – 30 de abril

De forma impensada el 10 de marzo le llega al poder político la peste providencial. El COVID-19 da sus primeros positivos de contagio en el país y con ello se modifica la agenda de objetivos inmediatos del grupo de poder gubernamental, se busca la prórroga indefinida del mandato transitorio bajo el argumento de emergencia sanitaria; se intenta acreditar una reiterada eficiencia en la administración de la crisis del coronavirus (pocos contagios e índices bajos de letalidad) y se quiere encontrar en los procesos de aislamiento y cuarentena la oportunidad para aplicar el modelo de gobierno propio de la lógica de transición: restricción de los derechos ciudadanos interpelatorios y desmovilización social. Todo esto en la intención de retardar las elecciones, construir la venia de la sociedad a una lógica de imposiciones, que siendo eficiente en la contención de la pandemia termina con el miedo de una población desorientada ante el avance del enemigo invisible.

A este proyecto político se adiciona un elemento fundamental y aliado en la estrategia de resistencia al proceso electoral: el articular con los poderes subnacionales, esto es gobernaciones y municipios, una alianza que sistematice, desde la sociedad comunicacional y mediática, peticiones para posicionar la intención de diferir el tiempo electoral y prorrogar de hecho los mandatos de gobiernos municipales y departamentales vinculados al poder central.

CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD: 30 de abril a la fecha

La noche del 30 de abril se aprueba la Ley 1297 de “Postergación de Elecciones Generales”. En su disposición más polémica se fijan 90 días para la realización de las justas electorales. Ante este escenario generado por iniciativa de la Asamblea Legislativa, la acometida contra el proceso electoral muestra cuatro acciones de respuesta: 1. Interponer recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para invalidar la legalidad de la promulgación y buscar la inconstitucionalidad del rango de fechas señaladas. 2. Incorporar en el debate nacional y en el imaginario colectivo la idea fuerza de que la pandemia del COVID-19 y su presencia extendida por el territorio nacional imposibilita el proceso eleccionario inmediato, e instalar una manifiesta disconformidad con la actual distribución de diputados uninominales, especiales y mapa de circunscripciones. 3. Que la Asamblea Legislativa Nacional deba cerrarse y concluir funciones. Tenebrosa intención esta que mira con complicidad a una cúpula militar que se muestra desafiante contra el primer Poder del Estado y, 4.

Una clara y decidida ofensiva para abolir la CPE pidiendo retornar a la Constitución de 1994. Este es un hecho de apuesta mayor, pues busca por esta vía desmontar la arquitectura jurídica de derechos constitucionalizados que imposibilitan la aplicación libre de la vieja lógica neoliberal, representacional y gubernamental del Estado noventista.

Momento difícil y catastrófico, donde una constelación de corrientes conservadoras expresan la implantación de lo impolítico, que no es otra cosa que la paralización de la representatividad democrática en la posibilidad electoral subyugada por la “contrademocracia”, es decir, los diversos contrapoderes de control y juicios no constitucionales que suplantan la democracia con el riesgo de hacerla desaparecer. Lo impolítico es reducir la política exclusivamente a lo fáctico y lo material, es consignar lo pragmático por sobre la pluralidad de ideas, valores y compromisos intelectuales y de pensamiento. Es resistir a la urgente conciliación de la libertad, la justicia y la democracia inclusiva instaurando un oscuro camino de desigualdad.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Un ciudadano – un voto

Hoy se aglomeran múltiples e incomparables manifestaciones que contrapuntean razones para detener la institucionalización del país.

/ 21 de mayo de 2020 / 06:19

El fin de la historia que Fukuyama anunció al mundo en los inicios de los años 90 desordenó a gran parte de la intelectualidad, pues asociaron esta tesis a la simple comprensión de percibir una detención cronológica de los tiempos. La historia concluía, en el pensamiento del politólogo estadounidense, por la victoria absoluta del demo liberalismo capitalista. Sin embargo, la marcha de la democracia es la antítesis de una temporalidad que se detiene, aun cuando en aquellos años se presenciaba la expansión de políticas neoliberales en buena parte del mundo. Pocos fueron los que escucharon, allá muy lejos, el murmullo popular que lastraba la cara negra del paso neoliberal; pocos fueron los que escucharon también que nuevas formas de participación y gobiernos populares se venían ideando desesperadamente ante el exterminio de lo social.

El transcurrir de la democracia oscila y avanza entre intentos regresivos y de evolución hacia nuevos modelos de gobierno. Bolivia fue por años republicana y representativa. Hoy, con la Constitución de 2009, la democracia es intercultural, se apoya en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa, y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional. Una forma de gobierno sobre los fundamentos esenciales de igualdad, libertad e inclusión, que consagra la CPE (Art. 8 inc. II).

Igualdad y libertad, como categorías sustanciales de las ciencias sociales, integran la matriz que inicia el proceso de reconocimiento y expansión de los derechos ciudadanos y su ejercicio en la acción democrática electoral. Norberto Bobbio pensaba que la “democracia es el conjunto de reglas de un juego que permite tomar las decisiones colectivas, bajo el supuesto de igualdad”. Decidir es una acción que en política exige ineludiblemente estar en libertad. La igualdad es para la democracia su fundamento filosófico; la libertad es su principio.

Hoy, en medio de una desenfrenada y a instantes colérica arremetida contra el proceso electoral señalado por ley, se aglomeran múltiples e incomparables manifestaciones que contrapuntean razones para detener la institucionalización del país. Un libreto señala el recorrido a seguir, pide instalar una demanda de impacto sensible: “un ciudadano-un voto”, como si esto no estuviera presente. Este principio, que tiene una proximidad absoluta con lo electoral/representativo, muestra el preámbulo seminal de la igualdad entre ciudadanos para elegir representantes o representar.

Un ciudadano-un voto es el corolario del sufragio universal que marca el destierro ignominioso del voto censitario, exclusivo, donde se condensan dos tiempos históricos y complementarios: julio de 1952 con enero de 2009. El sufragio igualitario es la forma palpable de la universalidad del derecho al voto, donde cada ciudadano equivale a una acción electiva que ejerce en secrecía y libertad para señalar de forma pura y directa al titular del Órgano Ejecutivo.

Distinta es la elección de los representantes. Modernamente, la representación política es una institución que se asocia con el gobierno y los varios pueblos extendidos por todo su territorio, asegurando y valorizando minorías étnicas que conservan dentro suyo la ancestralidad del país.  Expresa, en ese sentido, la diversidad de un conjunto poblacional que se reúne, con autonomía absoluta, en una Asamblea/Parlamento para operar en favor del Estado.

Si bien la representatividad es en perspectiva teórica algo compleja, se puede decir que nos juzgamos representados por quien corresponde a nuestro mismo molde de extracción, sea social, cultural, étnico o político. Alguien que deja en nosotros la impresión de que nos personifica. Ante ello, se debe responder si la representación electiva y las elecciones aseguran la composición heterogénea de todos los habitantes del Estado. Aun así, se puede afirmar que la representatividad encuentra, invariablemente, en el proceso electoral las formas de expresarse desde su diversidad ideológica e identitaria.

En un Estado pluricultural, sobremunicipalizado y de irregular densidad poblacional, la igualdad del sufragio debe comprenderse en la diversidad que condujo a la refundación de Bolivia, necesariamente alejada de la visión aritmética que entiende al país en una singular circunstancia a la que se busca otorgar valor reconstituyente. Maurice Duverger advirtió que “la influencia de los sistemas electorales en la vida política es evidente; no obstante, no se puede decir que tal sistema electoral determina tal forma de vida política, sino que, simplemente, la estimula”.

En mayo de 2020 la representatividad de los bolivianos está concluida, ha expirado. Al que fuera el partido mayoritario, como consecuencia de una crisis aguda, se le discute su hegemonía, su visión de democracia y sus prácticas políticas. Al que gobierna, partido o grupo, que determina y transita respaldado en una legitimidad solo discursiva (representantes del modelo de Estado policial y de una lógica de decisiones no articuladas con la sociedad), se le debate su extraña vocación democrática. Ellos tienen la obligatoriedad de exponerse a consideración popular para resignificar su actual dimensión política y social en Bolivia. El país pide y demanda considerar estas representaciones hoy nominales.

Jorge Richter, politólogo.

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