Voces

martes 14 jul 2020 | Actualizado a 07:18

Malas señales

Se deben abandonar los cálculos políticos para restituir cuanto antes la legitimidad democrática

/ 4 de junio de 2020 / 05:22

Por La Razón

El acuerdo para extender el plazo para las elecciones generales en poco más de un mes ha cumplido el doble propósito de brindar certidumbre respecto de la realización de esos comicios, cuya fecha sigue sin ser señalada expresamente en la normativa, e incrementar el tiempo para tomar los recaudos necesarios para evitar posibles contagios de COVID-19 el día del verificativo.

Ha señalado el Presidente del Tribunal Supremo Electoral que dicho acuerdo requirió concesiones de todas las partes. Por tanto, puede decirse que también refleja la voluntad democrática de quienes compiten por la presidencia del país, máxime considerando que se trata de un proceso electoral que debe restituir la plena legitimidad de quien ostenta la presidencia del país. El que el candidato a la presidencia por la fuerza política que ostenta la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el MAS, ahora como oposición, haya sido parte del acuerdo implica que el trámite legislativo para mover nuevamente la fecha de las elecciones será fácil y rápido.

Por ello ha causado sorpresa la posición de Juntos, la agrupación de la Presidenta interina y también candidata, que a través de su portavoz, a la vez dirigente del partido del Alcalde, Sol.bo, ha manifestado su descontento e intentado restar legitimidad al acuerdo, sugiriendo que se produjo por presión del expresidente ahora refugiado en Argentina. En la víspera del acuerdo, la mandataria transitoria había demandado al TSE que fije fecha “de una vez por todas”.

Igualmente, el candidato de Creemos, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y abanderado de la protesta que empujó al expresidente Morales fuera del poder, prefiere diferir la elección, incluso más allá de 2020. Coinciden ambos candidatos en señalar que no están dadas las condiciones sanitarias para un acto que demanda movilización y concentración de tantas personas.

Sin embargo, decir que no se está preparado para afrontar las posibles complicaciones sanitarias relacionadas con la pandemia del COVID-19 en día de la votación es casi lo mismo que reconocer que ni los más de dos meses de cuarentena rígida ni el tiempo que resta hasta el domingo de elecciones son ni serán suficientes para preparar al país para hacer frente a la enfermedad. La evidencia muestra limitaciones en el cumplimiento de las reiteradas promesas presidenciales respecto a asuntos como pruebas rápidas y equipamiento hospitalario, además de la primera de ellas: una pronta convocatoria a elecciones.

Las críticas que recibe por esta causa no hacen más que mellar su imagen. En un estado de debilidad institucional extrema, con un liderazgo que no por mostrarse recio recibe más apoyo —sino, de hecho, produce sospecha de autoritarismo—, y en medio de creciente desconfianza en la calidad de la gestión de la cosa pública, especialmente los recursos financieros, lo sensato es abandonar los cálculos políticos parciales e inmediatos y, como haría un buen estadista, anteponer el bien de todo el país y avenirse, en primer lugar, a restituir cuanto antes la legitimidad democrática del gobierno.

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Un necesario acuerdo

El acuerdo y su alcance permiten observar que no se trataba únicamente de un reclamo de tipo político-partidario, sino de una legítima protesta.

/ 13 de julio de 2020 / 01:17

Por La Razón

El sábado, de madrugada, se firmó un acuerdo entre el grupo de vecinos movilizados en K’ara K’ara, la Gobernadora de Cochabamba, el Alcalde de Cercado, la ciudad capital, y el representante de la Defensoría del Pueblo, poniendo fin a meses de conflicto en la zona donde está el relleno sanitario de la ciudad y que se había convertido en reflejo de la querella política actual.

En efecto, tomó una semana resolver un conflicto iniciado hace meses, al parecer solo porque siete días antes de la firma del acuerdo había habido una nueva refriega entre el grupo de vecinos y vecinas y la Policía, circunstancia aprovechada por un grupo irregular que controla la moral de la población cochabambina para amenazar al Alcalde y la Gobernadora con tomar medidas contra ellos si no encontraban una solución, y porque este extremo había activado las alarmas de organismos multilaterales de derechos humanos.

El acuerdo y su alcance permiten observar que no se trataba únicamente de un reclamo de tipo político-partidario, sino de una legítima protesta por condiciones de vida depauperadas a causa no solo de la pobreza sino, sobre todo, de la vecindad de un relleno sanitario que, como muchos otros en el país, ya ha cumplido su vida útil y debe ser reemplazado por uno nuevo.

Entre los puntos acordados están el inicio del cierre del botadero municipal en un plazo de 30 días a partir de la contratación de nuevos servicios; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del Decreto Supremo 4260, que dispone clases virtuales, a cargo de la Defensoría del Pueblo; el estudio de factibilidad técnica para la instalación de un horno crematorio en la zona a cargo de la Alcaldía y la Gobernación; el desarrollo de planes de reactivación económica de la zona; la conformación de brigadas médico-naturistas para la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la entrega de raciones alimenticias.

Todo apunta, pues, a que se trata de medidas, probablemente desesperadas y excesivas por esta causa, antes que vocación por hacer “sedición” y “terrorismo”, cargos que se imputan a tres dirigentes detenidos tiempo atrás y que esperan ser procesados por la Fiscalía de La Paz, tema que también es parte del acuerdo, pues la Defensoría del Pueblo se compromete a hacer seguimiento a este caso, coincidiendo con lo expresado por los señalados organismos de derechos humanos.

Era necesario el acuerdo porque sin él la trágica emergencia sanitaria producida por el COVID-19 se veía agravada por la basura incontenible en la ciudad; pero también porque era evidente que ni el gobierno municipal ni el departamental estaban haciendo esfuerzo alguno por poner fin a un conflicto que amenazaba la estabilidad de sus autoridades; y sobre todo, porque en tanto espejo en el que se reflejaban los prejuicios de unos y otros, estaba devolviendo una imagen poco esperanzadora de la práctica política actual en el país, así como de sus medios y sus fines.

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Nellie Bly, la pionera del periodismo encubierto

En 1888 fue enviada a un viaje alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne

/ 12 de julio de 2020 / 11:39

Nellie Bly

Por La Razón

A Nellie Bly le dijeron en 1889 que era imposible dar la vuelta al mundo en 80 días, como retaba el libro de Julio Verne. Ella lo hizo en 72. La estadounidense fue pionera del periodismo encubierto.

Elizabeth Jane Cochran nació el 5 de mayo de 1864 en Pensilvania, EEUU. Una columna sexista que leyó en el periódico Pittsburgh Dispatch la impulsó a escribir una carta al editor, informa nationalgeographic.com.es. La calidad de la misiva le valió un empleo como reportera. El editor le puso el seudónimo de Nellie Bly. En ese diario escribió varios artículos de investigación hasta que fue transferida a la sección para mujeres.

Bly se mudó a Nueva York, donde entró a The New York World, de Joseph Pulitzer. Su primer trabajo fue un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwell’s Island. La periodista se infiltró en el hospital y se expuso a las terribles condiciones en que vivían las internas. De ahí salió el reportaje Diez días en un manicomio, en que denunció los abusos de la administración, obligando a las autoridades a tomar medidas en el caso.

En 1888 fue enviada a un viaje alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. El 14 de noviembre de 1889 partió de Nueva York rumbo a la aventura. En Amiens, Francia, conoció al mismísimo Verne, quien, incrédulo, le dijo: “Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente”. Regresó a Nueva York a los 72 días, seis horas 11 minutos y algunos segundos, el 25 de enero de 1890.

Tras ser corresponsal de guerra, murió en Nueva York a los 57 años de neumonía

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Observación electoral

Las misiones de la OEA también tuvieron relevancia, incluidos equipos técnicos, hasta que empezaron a contaminarse políticamente en la gestión de Luis Almagro como secretario general.

/ 12 de julio de 2020 / 07:59

Por La Razón

En general, el acompañamiento electoral constituye una buena práctica y un factor de confianza en torno a la transparencia, la legalidad y la administración de los procesos electorales. Por ello, es necesario contar con la presencia de misiones de observación electoral. El supuesto es que son técnicas e imparciales. No es el caso hoy en Bolivia de la misión de la OEA, que está bajo sospecha.

Desde los años 60 del siglo pasado, la región ha cultivado una amplia experiencia en materia de observación electoral. En ese recorrido se fueron afinando y ampliando los criterios y recomendaciones sobre diferentes componentes del “ciclo electoral”. Diversos organismos como la OEA, UNIORE, el Consejo Electoral de Unasur (mientras tuvo vigencia), el Centro Carter, entre otros, desarrollaron buenas prácticas y estándares internacionales de acompañamiento a elecciones y consultas. Hay que celebrarlo.

En Bolivia, en el marco del proceso de democratización (iniciado en 1982), se adoptaron una serie de reformas político-institucionales, así como innovaciones logísticas y tecnológicas, para mejorar y fortalecer los procesos electorales. La presencia de misiones de observación, nacionales e internacionales, fue parte de esa ruta de avances y aprendizajes, como ocurrió en otros países. Además de participativas, la realización de elecciones plurales, transparentes y competitivas fue asumida como horizonte.

En relación a la observación electoral, hemos tenido en el país varias misiones, unas más grandes que otras, algunas más especializadas que las demás. Fue valioso, en especial, el acompañamiento de autoridades de organismos electorales de otros países, que desde su propia experiencia brindan importantes recomendaciones. Las misiones de la OEA también tuvieron relevancia, incluidos equipos técnicos, hasta que empezaron a contaminarse políticamente en la gestión de Luis Almagro como secretario general.

En el actual contexto de creciente crisis, polarización e incertidumbre en el país, resulta inevitable que las misiones de observación sean parte de la disputa política en torno al complejo proceso electoral convocado, tras dos aplazamientos, para el 6 de septiembre. Ello es evidente en el caso de la OEA, cuya anunciada misión para los comicios generales es rechazada por el MAS-IPSP y por una parte de la población. Esta misión dejó de ser un factor de confianza para convertirse en objeto de repudio.

Sin duda, una elección tan difícil como la prevista este año en Bolivia, en medio de la pandemia, requiere un amplio acompañamiento. Por ello es necesaria la presencia de muchas misiones de observación electoral, incluida la de la OEA. Claro que los informes que emita este organismo serán recibidos con sospecha, debido al activo papel que tuvo en los hechos de octubre-noviembre del año pasado. Hoy la OEA es parte de la polarización y sus narrativas en el país. Que venga, pero será con estigma.

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Dolorosa herida

Menudean los argumentos que remiten a estereotipos, estigmas y argumentos racializados.

/ 8 de julio de 2020 / 09:01

Por La Razón

Al menos desde mayo pasado, la zona de K’ara K’ara, distrito al sur de Cercado, la capital de Cochabamba, es un punto en permanente conflicto con muy pocas probabilidades de solución pronta o pacífica. No se trata solo del ánimo beligerante de las y los vecinos movilizados, sino también de los intereses que buscan beneficio en mantener activo un conflicto lleno de matices ideológicos.

Ya hace dos semanas hubo un pico de tensión en la zona, cuando en un enfrentamiento las y los movilizados retuvieron a un policía y solo lo liberaron horas después con la mediación del Defensor del Pueblo. El desaguisado sirvió no solo para confirmarlos prejuicios de clase y raciales de parte de la población de Cochabamba respecto de los pobladores de la región en conflicto, también fue útil para que periodistas se vieran obligados a desplazarse hasta la zona para dar cuenta de lo que estaba sucediendo.

Poco más de una semana después, el conflicto volvió a ponerse violento y se produjo una refriega en la que, según el Viceministro de Seguridad Ciudadana, los movilizados habrían usado dinamita con la que hirieron a una docena de policías, dato que luego no fue confirmado. Mientras tanto, un grupo irregular identificado como Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que desde noviembre pasado ha hecho del amedrentamiento su modo de vida, recorría las calles de la capital cochabambina, lanzando amenazas contra el Alcalde y la Gobernadora, cuya paupérrima gestión en nada ayuda, y contra las y los vecinos de K’ara K’ara.

La tensión fue tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la aparente aquiescencia del Ministerio de Gobierno con el agresivo grupo de motociclistas uniformados; también expresó preocupación por la población movilizada y reprimida en la zona, que además es sede del relleno sanitario de la ciudad, por lo que el bloqueo a la zona tiene, además, ribetes de emergencia sanitaria.

Se trata de una combinación de factores que posibilita la intervención de múltiples agentes externos, desde quienes ven en la población movilizada simples títeres al servicio de los intereses del expresidente Evo Morales y su partido, como si esas personas no fueran parte de la población más depauperada de la ciudad cochabambina con necesidades y urgencias verdaderas y legítimas, hasta quienes señalan el conflicto como evidencia de las inclinaciones autoritarias del Gobierno transitorio.

En medio de todo eso, de uno y otro lado menudean los argumentos que remiten a estereotipos, estigmas y argumentos racializados, lo cual dificulta la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo para reconstruir la paz, pues ésta nunca puede imponerse con violencia. El resultado es una dolorosa herida en el espíritu democrático de la sociedad no solo cochabambina, sino de todo el país, que ve en el conflicto de K’ara K’ara una muestra del modo en que se gestiona la política desde el Gobierno, y agradece que no esté sucediendo a la vuelta de su casa.

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Encuestas electorales

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables.

/ 6 de julio de 2020 / 08:43

Por La Razón

La primera actividad del calendario electoral habilitada para los comicios del 6 de septiembre fue la difusión de encuestas de intención de voto. Se levantó así el paréntesis establecido por el TSE el 21 de marzo, cuando el Gobierno provisorio decretó cuarentena total por el coronavirus. Ahora que se retomó el proceso con fecha cierta, es fundamental garantizar la calidad de las encuestas.

Como parte de las innovaciones normativas del sistema electoral boliviano, la Ley del Régimen Electoral incluyó hace una década un importante conjunto de reglas tanto para la elaboración como para la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Antes de 2010, solo se regulaban plazos de publicación. La nueva normativa, reforzada técnicamente por sucesivos reglamentos del TSE, se estrenó en las elecciones judiciales de 2011. Y se aplicó con buen resultado en los comicios generales de 2014.

¿Por qué es necesaria e importante esta normativa, vigente también en otros países de la región? Primero, porque cuida la calidad en la elaboración de las encuestas, con arreglo a criterios técnicos mínimos, limitando su manipulación. Segundo, porque implica el registro documentado de las empresas responsables de hacer encuestas, con lo cual se evitan entidades “fantasmas”. Y tercero, porque se garantiza que en la difusión de datos electorales se incluya al menos la ficha técnica. No es poca cosa.

Hay un incipiente debate en el país acerca de la confiabilidad de las encuestas de intención de voto. Algunas encuestas preelectorales, cuando se hace una serie comparable en diferentes momentos, son valiosas en identificar tendencias en las preferencias electorales. Pero tienen límites y diferencias, a veces importantes, respecto al resultado de la votación. Ello ocurre, en especial, por los indecisos, la exclusión de votantes del área rural y la curiosa práctica de no ponderar los votos válidos.

Como sea, las encuestas constituyen un valioso instrumento en procesos electorales como “fotografías” sucesivas sobre la intención de voto en momentos determinados, conforme a muestras no necesariamente comparables. En esa condición, son en sí mismas objeto de la agenda informativa y de opinión, así como herramientas para orientar las estrategias de las fuerzas políticas. Claro que algunos operadores mediáticos, pese a la normativa, usan instrumentalmente estos estudios para sus fines políticos.

¿Qué se espera en torno a los comicios del 6 de septiembre? Debido a la pandemia, la recolección de información se hará mediante encuestas telefónicas personales. Ello reduce más todavía su alcance. Será importante por ello la verificación técnica realizada por el TSE. Pero sin duda las próximas encuestas, luego de casi cuatro meses de ausencia de datos autorizados, mostrarán el impacto de la emergencia sanitaria en las candidaturas. Y sin duda incidirán en sus posicionamientos estratégicos. Los datos importan.

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