Voces

jueves 16 jul 2020 | Actualizado a 09:07

Responsabilidad individual y colectiva

Para estabilizar la curva de contagios se precisa de una coherente acción estatal y un alto grado de cooperación de la población.

/ 6 de junio de 2020 / 06:57

Por La Razón

Es falso creer que basta con la responsabilidad individual para detener la propagación de la pandemia. El distanciamiento social requiere de arreglos colectivos mínimos y de una capacidad de las instituciones estatales para promoverlos y darles condiciones para que funcionen. No habrá salida a la crisis desde un “sálvese quien pueda” individualista que olvide el diálogo y la solidaridad.

Desde sus inicios, se ha insistido mucho en la importancia del cumplimiento de las reglas de alejamiento social y de bioseguridad por parte de los ciudadanos como un elemento central de la estrategia de contención de la pandemia.

Sin embargo, esa prescripción sensata ha derivado en una tendencia a explicar todas las limitaciones de esa política por la supuesta “indisciplina”, “irresponsabilidad” o “ignorancia” de ciertas personas y grupos sociales. El fomento de una corresponsabilidad social se ha quedado en una retórica punitiva que se focaliza en castigar a los infractores o en la búsqueda de “culpables” de la propagación de la enfermedad. Se asume que el que no cumple lo hace siempre motivado por razones reprochables, reflexionando poco sobre las condiciones desiguales en las que se han estado informando y aplicando las restricciones.

Esa lógica está llevando también a que se justifique una especie de escenario de “sálvese quien pueda”, en el que la salida depende de cómo cada individuo se cuida o si tiene recursos propios para tratarse, asumiendo la incapacidad congénita del Estado para hacer algo, la falta de solidaridad con las realidades complicadas en que viven muchos compatriotas o la imposibilidad de un diálogo para aunar los esfuerzos de la nación frente a la crisis.  Algunos parecen incluso pensar que como vivimos en una sociedad de “indisciplinados”, nos merecemos lo que está pasando y no tendríamos, por lo tanto, el derecho a quejarnos.

Sin negar la existencia de situaciones de incumplimiento de las normas que deben ser sancionadas con proporcionalidad, esta visión es parcial y errada porque no es posible aislarse totalmente del contagio y desentenderse, por mucho que se quiera, de servicios públicos o reglas colectivas que son necesarias para evitarlo. Es igualmente irreal exigir comportamientos “virtuosos” cuando muchos no los entienden ni tienen condiciones materiales para aplicarlos.

Lo cierto es que para estabilizar la curva de contagios se precisa de una coherente acción estatal y de un alto grado de cooperación de la mayoría de la población, la cual nunca es automática sino producto de un proceso de información, diálogo, persuasión y construcción de acuerdos. Si éstos son asumidos por una gran parte de las representaciones sociales, hacen incluso más fácil y efectiva la coerción estatal para su cumplimiento. Por tanto, el reto de hoy es lograr más apertura, más comprensión y mejor diálogo político y social.

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Filas en pandemia

Resulta entonces un acto de hipocresía, por no decir cinismo, que las filas requeridas un solo día para el imprescindible ejercicio del derecho a votar y elegir sean usadas como “argumento” por quienes no quieren elecciones.

/ 15 de julio de 2020 / 09:21

Por La Razón

Todos los días, a todas horas, los bolivianos hacemos filas en el país. Las larguísimas colas de gente en los bancos son la cara más visible de miles de filas en diferentes entidades públicas y privadas. En la mayoría de los casos, las medidas de bioseguridad son escasas. ¿Las filas son espacios de contagio del coronavirus? Es probable, aunque no hay datos ciertos al respecto.

Desde el principio de la pandemia del COVID-19, que rápidamente se expandió a nivel global, las recomendaciones principales para evitar exponerse al virus fueron la distancia social y el permanente lavado de manos con jabón. Luego de idas y venidas, la Organización Mundial de la Salud también asumió la relevancia, ahora indiscutible, del barbijo. Hoy son medidas mínimas, de sentido común, aunque no siempre se cumplen por diferentes razones. Una de ellas son las aglomeraciones de gente… en las filas.

Se ha dicho lo suficiente que la primera reacción de los gobiernos, con deplorables excepciones (Trump, Bolsonaro, Johnson, López Obrador, entre otros), fue el confinamiento de la ciudadanía. En algunos casos, como en Bolivia, se hizo por decreto, con carácter obligatorio, control de la fuerza pública y sanciones por incumplimiento. En otros, como en Uruguay, fue más bien un acto voluntario, con apego a la conciencia ciudadana. Se trataba de llevar al límite el necesario distanciamiento social.

Las cuarentenas, más o menos rígidas, más o menos flexibles (el eufemismo en el país fue “dinámica”), se adoptaron como útil mecanismo de mitigación. Claro que el propósito fundamental era ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud, dotarse de equipamiento, definir protocolos, hacer pruebas masivas. Hemos señalado en este espacio que la experiencia boliviana tras 70 días de cuarentena total dejó la sensación de que dicho tiempo había sido dilapidado, como se demuestra en el presente.

Es evidente que la cuarentena, por sus efectos socioeconómicos, era insostenible en el tiempo. Había que asumir la “nueva normalidad”. En Bolivia, el Gobierno provisorio, en la fase más crítica, levantó la emergencia sanitaria y delegó la responsabilidad de la pandemia a gobernaciones y municipios. Así, desde el 1 de junio la gente en las calles y las filas son moneda común. Hay filas para todo, en algunos casos desde la madrugada: bancos, AFP, ministerios, servicios, farmacias, hospitales, supermercados…

Es probable que estas filas, con limitadas medidas de cuidado, aumenten el riesgo de contagio de coronavirus. Pero se las acepta en nombre de la economía. La gente necesita trabajar para comer. Resulta entonces un acto de hipocresía, por no decir cinismo, que las filas requeridas un solo día para el imprescindible ejercicio del derecho a votar y elegir sean usadas como “argumento” por quienes no quieren elecciones. Más aún cuando el TSE asegura que está trabajando para garantizar una jornada segura para todos.

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Seguiremos vigentes

La Razón reafirma su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la misión social expresada en su tarea periodística, como ha venido haciendo en estos casi 30 años de vida.

/ 14 de julio de 2020 / 11:55

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo mundial en general, y los medios impresos, en particular, han enfrentado la más dura crisis de la historia, fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos hasta ponerlos en el límite de lo sostenible.

Los diarios La Razón y Extra no han sido la excepción. Desde hace mucho tiempo la administración de la empresa editora de ambos medios, como es de conocimiento general, ha realizado grandes esfuerzos para mantener la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo, desde marzo de este año ambos medios nos vimos severamente afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad los servicios periodísticos y editoriales. No obstante, con mucho esfuerzo, ambos medios hemos seguido brindando información completa y oportuna al público lector.

En este contexto, nos hemos visto obligados a acelerar los planes de transformación para hacer frente al más grande desafío de nuestra historia. Después de una agresiva reducción de costos operativos, la administración inició un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación, entramos días atrás en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que una parte importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados y a las nuevas circunstancias de los medios de comunicación masiva.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, la empresa se vio obligada a acogerse a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por las leyes vigentes, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos periódicos de trascendencia y liderazgo nacional, y para resguardar tantas fuentes de trabajo como sea posible, viéndose obligada sin embargo a concluir la relación laboral con una parte del personal. El proceso ha sido muy duro y ha causado dolor y desazón, no solo en quienes se van, sino en quienes han tenido que hacerse cargo de la ingrata tarea.

No obstante, una vez más La Razón reafirma su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y, sobre todo, la misión social expresada en su tarea periodística, como ha venido haciendo en estos casi 30 años de vida. Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad, pero especialmente a quienes han cargado en sus hombros la grave crisis que nos ha traído a este punto. Seguiremos vigentes, porque nuestro compromiso con la libertad de expresión no se agota.

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Un necesario acuerdo

El acuerdo y su alcance permiten observar que no se trataba únicamente de un reclamo de tipo político-partidario, sino de una legítima protesta.

/ 13 de julio de 2020 / 01:17

Por La Razón

El sábado, de madrugada, se firmó un acuerdo entre el grupo de vecinos movilizados en K’ara K’ara, la Gobernadora de Cochabamba, el Alcalde de Cercado, la ciudad capital, y el representante de la Defensoría del Pueblo, poniendo fin a meses de conflicto en la zona donde está el relleno sanitario de la ciudad y que se había convertido en reflejo de la querella política actual.

En efecto, tomó una semana resolver un conflicto iniciado hace meses, al parecer solo porque siete días antes de la firma del acuerdo había habido una nueva refriega entre el grupo de vecinos y vecinas y la Policía, circunstancia aprovechada por un grupo irregular que controla la moral de la población cochabambina para amenazar al Alcalde y la Gobernadora con tomar medidas contra ellos si no encontraban una solución, y porque este extremo había activado las alarmas de organismos multilaterales de derechos humanos.

El acuerdo y su alcance permiten observar que no se trataba únicamente de un reclamo de tipo político-partidario, sino de una legítima protesta por condiciones de vida depauperadas a causa no solo de la pobreza sino, sobre todo, de la vecindad de un relleno sanitario que, como muchos otros en el país, ya ha cumplido su vida útil y debe ser reemplazado por uno nuevo.

Entre los puntos acordados están el inicio del cierre del botadero municipal en un plazo de 30 días a partir de la contratación de nuevos servicios; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del Decreto Supremo 4260, que dispone clases virtuales, a cargo de la Defensoría del Pueblo; el estudio de factibilidad técnica para la instalación de un horno crematorio en la zona a cargo de la Alcaldía y la Gobernación; el desarrollo de planes de reactivación económica de la zona; la conformación de brigadas médico-naturistas para la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la entrega de raciones alimenticias.

Todo apunta, pues, a que se trata de medidas, probablemente desesperadas y excesivas por esta causa, antes que vocación por hacer “sedición” y “terrorismo”, cargos que se imputan a tres dirigentes detenidos tiempo atrás y que esperan ser procesados por la Fiscalía de La Paz, tema que también es parte del acuerdo, pues la Defensoría del Pueblo se compromete a hacer seguimiento a este caso, coincidiendo con lo expresado por los señalados organismos de derechos humanos.

Era necesario el acuerdo porque sin él la trágica emergencia sanitaria producida por el COVID-19 se veía agravada por la basura incontenible en la ciudad; pero también porque era evidente que ni el gobierno municipal ni el departamental estaban haciendo esfuerzo alguno por poner fin a un conflicto que amenazaba la estabilidad de sus autoridades; y sobre todo, porque en tanto espejo en el que se reflejaban los prejuicios de unos y otros, estaba devolviendo una imagen poco esperanzadora de la práctica política actual en el país, así como de sus medios y sus fines.

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Nellie Bly, la pionera del periodismo encubierto

En 1888 fue enviada a un viaje alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne

/ 12 de julio de 2020 / 11:39

Nellie Bly

Por La Razón

A Nellie Bly le dijeron en 1889 que era imposible dar la vuelta al mundo en 80 días, como retaba el libro de Julio Verne. Ella lo hizo en 72. La estadounidense fue pionera del periodismo encubierto.

Elizabeth Jane Cochran nació el 5 de mayo de 1864 en Pensilvania, EEUU. Una columna sexista que leyó en el periódico Pittsburgh Dispatch la impulsó a escribir una carta al editor, informa nationalgeographic.com.es. La calidad de la misiva le valió un empleo como reportera. El editor le puso el seudónimo de Nellie Bly. En ese diario escribió varios artículos de investigación hasta que fue transferida a la sección para mujeres.

Bly se mudó a Nueva York, donde entró a The New York World, de Joseph Pulitzer. Su primer trabajo fue un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwell’s Island. La periodista se infiltró en el hospital y se expuso a las terribles condiciones en que vivían las internas. De ahí salió el reportaje Diez días en un manicomio, en que denunció los abusos de la administración, obligando a las autoridades a tomar medidas en el caso.

En 1888 fue enviada a un viaje alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. El 14 de noviembre de 1889 partió de Nueva York rumbo a la aventura. En Amiens, Francia, conoció al mismísimo Verne, quien, incrédulo, le dijo: “Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente”. Regresó a Nueva York a los 72 días, seis horas 11 minutos y algunos segundos, el 25 de enero de 1890.

Tras ser corresponsal de guerra, murió en Nueva York a los 57 años de neumonía

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Observación electoral

Las misiones de la OEA también tuvieron relevancia, incluidos equipos técnicos, hasta que empezaron a contaminarse políticamente en la gestión de Luis Almagro como secretario general.

/ 12 de julio de 2020 / 07:59

Por La Razón

En general, el acompañamiento electoral constituye una buena práctica y un factor de confianza en torno a la transparencia, la legalidad y la administración de los procesos electorales. Por ello, es necesario contar con la presencia de misiones de observación electoral. El supuesto es que son técnicas e imparciales. No es el caso hoy en Bolivia de la misión de la OEA, que está bajo sospecha.

Desde los años 60 del siglo pasado, la región ha cultivado una amplia experiencia en materia de observación electoral. En ese recorrido se fueron afinando y ampliando los criterios y recomendaciones sobre diferentes componentes del “ciclo electoral”. Diversos organismos como la OEA, UNIORE, el Consejo Electoral de Unasur (mientras tuvo vigencia), el Centro Carter, entre otros, desarrollaron buenas prácticas y estándares internacionales de acompañamiento a elecciones y consultas. Hay que celebrarlo.

En Bolivia, en el marco del proceso de democratización (iniciado en 1982), se adoptaron una serie de reformas político-institucionales, así como innovaciones logísticas y tecnológicas, para mejorar y fortalecer los procesos electorales. La presencia de misiones de observación, nacionales e internacionales, fue parte de esa ruta de avances y aprendizajes, como ocurrió en otros países. Además de participativas, la realización de elecciones plurales, transparentes y competitivas fue asumida como horizonte.

En relación a la observación electoral, hemos tenido en el país varias misiones, unas más grandes que otras, algunas más especializadas que las demás. Fue valioso, en especial, el acompañamiento de autoridades de organismos electorales de otros países, que desde su propia experiencia brindan importantes recomendaciones. Las misiones de la OEA también tuvieron relevancia, incluidos equipos técnicos, hasta que empezaron a contaminarse políticamente en la gestión de Luis Almagro como secretario general.

En el actual contexto de creciente crisis, polarización e incertidumbre en el país, resulta inevitable que las misiones de observación sean parte de la disputa política en torno al complejo proceso electoral convocado, tras dos aplazamientos, para el 6 de septiembre. Ello es evidente en el caso de la OEA, cuya anunciada misión para los comicios generales es rechazada por el MAS-IPSP y por una parte de la población. Esta misión dejó de ser un factor de confianza para convertirse en objeto de repudio.

Sin duda, una elección tan difícil como la prevista este año en Bolivia, en medio de la pandemia, requiere un amplio acompañamiento. Por ello es necesaria la presencia de muchas misiones de observación electoral, incluida la de la OEA. Claro que los informes que emita este organismo serán recibidos con sospecha, debido al activo papel que tuvo en los hechos de octubre-noviembre del año pasado. Hoy la OEA es parte de la polarización y sus narrativas en el país. Que venga, pero será con estigma.

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