Voces

lunes 10 ago 2020 | Actualizado a 12:27

“Gasto absurdo”

La supresión de los ministerios de Comunicación, Culturas y Deportes ha generado una ola de críticas por parte de la sociedad civil

/ 7 de junio de 2020 / 07:32

Por La Razón

Con un guion remozado al que se usó en la etapa del neoliberalismo, el Gobierno provisorio —que actúa como si tuviera mandato constitucional— decidió fusionar tres ministerios y eliminar dos embajadas marginales. El supuesto, discutible, es que ello permitirá “ahorrar” recursos públicos para destinarlos a la emergencia sanitaria. Claro que los gastos en otras carteras permanecen intactos.

Sin brindar datos, la presidenta-candidata Áñez, en un nuevo video seguido de tuits, anunció la supresión (en rigor, es una fusión) de tres ministerios, que son absorbidos por otros. Se trata de las carteras de Comunicación, Culturas y Deportes. La primera pasa a la Presidencia, en tanto que las otras dos dependerán del ministerio de Educación. Asimismo, decidió eliminar las legaciones diplomáticas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. Con ello pretende disponer de más recursos para luchar contra el coronavirus.

La confusa narrativa para justificar estas medidas fue objeto de críticas tanto de actores políticos como de la ciudadanía. Primero porque se eliminan ministerios sustantivos como el de Culturas, que fue resultado de la lucha de un movimiento amplio desde la sociedad civil, desde hace más de dos décadas. Pronto diferentes artistas y promotores culturales expresaron su rechazo ante este retroceso. Y deploraron que el Gobierno provisorio considere a las culturas (en plural) como un “gasto absurdo”.

Por otro lado, se cuestiona el cierre de estos ministerios, o su degradación a viceministerios, porque el discurso de austeridad tropieza con serias contradicciones. Si la motivación es ahorrar para priorizar la salud, lo cual es necesario y loable, ¿por qué se mantiene un presupuesto millonario, que excede al de las carteras eliminadas, en propaganda oficial que incluso puede entenderse como promoción de una candidatura con recursos públicos? Se borra el ministerio, pero el gasto en propaganda permanece.

Asimismo, mientras se recortan recursos en comunicación, deportes y culturas (que incluye despatriarcalización, lucha contra el racismo y la discriminación, interculturalidad y descolonización) para enfrentar la pandemia, al mismo tiempo se destinan más de 500 millones de bolivianos para las carteras de Defensa y Gobierno, esto es, en gastos de la fuerza pública. No parece razonable ni digerible, por ejemplo, ahorrar en cultura para destinar más de 24 millones a la compra de uniformes y botas de combate.

Por último, el anuncio de la presidenta-candidata de apostar por la salud y la economía recibió varias críticas en las redes sociales vinculadas a denuncias de hechos de corrupción, como la compra de ventiladores (hoy inútiles) y de agentes químicos, en ambos casos con presunto sobreprecio. El cuestionamiento es claro: en lugar de eliminar ministerios, eliminen intermediarios. Ni qué decir del hecho de que un Gobierno provisorio no tiene mandato para modificar la estructura del Órgano Ejecutivo.

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País bloqueado

Mientras tanto, la sociedad boliviana, particularmente en las ciudades principales, se ve jalonada por los grupos que alientan la polarización y la alimentan de cotidianas consignas y desinformación, y sometida a la incertidumbre cuando intenta conservar una posición equidistante.

/ 10 de agosto de 2020 / 01:23

Por La Razón

El fracaso, el sábado, del intento del Tribunal Supremo Electoral por lograr un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, y el domingo, de la Presidenta candidata, por lograr un compromiso para resolver la tensión política, sirve también como conjunto de indicadores del mal momento que atraviesa la democracia del país, golpeada no solo por la ruptura institucional, sino también por la pandemia.

En primer lugar, la COB, desvencijada organización matriz de los trabajadores, ha vuelto a tener un protagonismo inesperado en el escenario político, sin que hasta ahora sea claro cuál es el propósito que persiguen las movilizaciones iniciadas hace una semana a instancias de la histórica central sindical, aparentemente coaligada con una parte del MAS, la misma que tiene influencia sobre las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, sector que tampoco está dispuesto a ceder en sus pretensiones de adelantar, así sea una semana, la fecha de las elecciones, hoy fijadas para el 18 de octubre.

Por otra parte, hay una dura lección para las y los miembros de la Sala Plena del TSE, que con su decisión de mover de manera autónoma la fecha de las elecciones, y sin importar si sus razones son más valederas que las del resto de los actores políticos, ha provocado el actual momento de inestabilidad, en gran medida por no haber construido acuerdos necesarios, particularmente con aquellos que estando conformes con la decisión, prefieren no decirlo públicamente por cálculo electoral.

Para la Presidenta candidata y su equipo de gobierno tiene que haber sido sensible el mensaje de que gobernar es mucho más que administrar la fuerza o siquiera la amenaza de usarla. Todo gobierno democrático debe extremar sus recursos para construir consensos amplios con quienes le apoyan, mínimos con quienes ni adhieren ni atacan, y siquiera principios de acuerdo con quienes se oponen. Convocar al diálogo, cuando no se ha dado muestras de que es posible concertar, no tiene sentido ni mucho menos resultados.

Mientras tanto, la sociedad boliviana, particularmente en las ciudades principales, se ve jalonada por los grupos que alientan la polarización y la alimentan de cotidianas consignas y desinformación, y sometida a la incertidumbre cuando intenta conservar una posición equidistante, necesaria para decidir quién merece el voto popular en octubre próximo, sobre todo a la luz de la escasa vocación democrática que muestran unos y otros.

El balance final muestra que todos los actores políticos relevantes coinciden en estar dispuestos a firmar un acuerdo que fije de manera definitiva el 18 de octubre como fecha de los nuevos y postergados comicios, y sin embargo el país sigue bloqueado, lo cual claramente obliga a buscar qué intereses se esconden detrás de las posturas maximalistas e intransigentes, de las cuales hay abundante memoria en la historia política boliviana.

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Acuerdo urgente

El requisito es garantizar por ley, sin ninguna condicionalidad o duda, que la fecha del 18 de octubre es inamovible. Ello implica un compromiso formal del TSE. Y también que el Gobierno provisorio garantice las condiciones para el ejercicio del voto tanto en el país como en el exterior.

/ 9 de agosto de 2020 / 03:51

Por La Razón

Mientras actores radicalizados del Gobierno provisorio y de organizaciones sociales afines al MAS apuestan por atizar la polarización en el país, diferentes voces plantean la necesidad de diálogo. El desafío es construir un acuerdo amplio que permita enfrentar la crisis múltiple y encaminar las elecciones 2020. Solo así se evitarán salidas violentas, inaceptables en democracia.

Bolivia vive una situación de crisis integral que parece conducirnos al abismo. A la agravada crisis político-institucional arrastrada desde los hechos de octubre y noviembre de 2019, se añade una mal gestionada crisis sanitaria, una crisis socioeconómica con efectos venideros de largo alcance y una renovada crisis ambiental por nuevos incendios forestales. Si a ello sumamos el bloqueo institucional, la parálisis decisoria y la escasa legitimidad de varias autoridades, el panorama es sombrío.

En relación al proceso electoral originalmente convocado para el 3 de mayo, continúa la incertidumbre acerca de la nueva fecha decidida unilateralmente por el TSE. Si bien parece haberse asumido la imposibilidad de concurrir a las urnas el 6 de septiembre, la jornada electoral ahora postergada hasta el 18 de octubre aún tiene problemas de legalidad y de legitimidad. Por un lado, requiere una ley dado su carácter excepcional; por otro, implica acuerdos y garantías con los sectores movilizados.

Semejante escenario de crisis múltiple y de incertidumbre respecto a los comicios solo podrá superarse si los actores relevantes concurren al diálogo y se abren a la posibilidad de lograr convergencias mínimas, aunque sean únicamente procedimentales y de corto plazo. De lo contrario, la polarización que apela al uso de la fuerza para bloquear o desbloquear abona la clausura de salidas electorales y, por tanto, pacíficas; y nos conduce casi como fatalidad al deplorable riesgo de violencia y enfrentamiento.

¿Cómo blindar las elecciones, esto es, la imperiosa necesidad de autoridades y representantes con legitimidad para enfrentar la crisis? Pareciera viable construir un arreglo en el ámbito de la Asamblea Legislativa. El requisito es garantizar por ley, sin ninguna condicionalidad o duda, que la fecha del 18 de octubre es inamovible. Ello implica un compromiso formal del TSE. Y también que el Gobierno provisorio garantice las condiciones para el ejercicio del voto tanto en el país como en el exterior.

La bochornosa negación mutua en los actos oficiales del 6 de agosto muestra la dificultad de un acercamiento institucional y político. Cierto que la presidenta-candidata Áñez ofreció un acuerdo sobre bonos, pero lo hizo con ataques y en clave de campaña electoral. Cierto que la presidenta de la Asamblea habló de unidad, pero el MAS alienta acciones que dividen. Estamos como país en cuenta regresiva para un acuerdo urgente. Si no se logra, lamentaremos daños de largo plazo para nuestra convivencia social.

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La Razón, más que papel y tinta

Somos un equipo de profesionales que se esfuerza cada día para llegar a manos de nuestros lectores con información veraz, relevante y completa en sus páginas.

/ 5 de agosto de 2020 / 12:36

Por La Razón

La Razón es más que papel y tinta. Somos más que un dispositivo o una red digital. Somos un equipo de profesionales que se esfuerza cada día para llegar a manos de nuestros lectores con información veraz, relevante y completa en sus páginas. Somos el periódico más influyente del país, un medio de comunicación de referencia para los bolivianos en toda su diversidad. Y en el camino recorrido en nuestros 30 años de vida nos hemos convertido en una fuente indispensable de noticias e información responsable.

El diario La Razón y La Razón Digital conformamos uno de los grandes grupos de prensa en Bolivia, con una cobertura auténticamente nacional y con capacidad de llegar a diferentes públicos y regiones dentro y fuera del país. Cada semana, aproximadamente 150.000 personas leen alguna de las ediciones impresas de La Razón en el eje metropolitano (La Paz-El Alto-Cochabamba-Santa Cruz). Además, somos el único periódico que llega significativamente a las nueve capitales de departamento y a 35 localidades intermedias.

Más todavía, la edición impresa de La Razón llega cada día a cuatro de cada 10 lectores de la ciudad de La Paz, en la cual somos líderes desde hace más de 20 años.

Nuestra oferta informativa digital ocupa igualmente los primeros lugares de audiencia en Bolivia: cada mes en la plataforma web de La Razón se reciben más de 1.409.954 usuarios y se leen más de 5,3 millones de páginas, constituyéndonos en el medio paceño de prensa más visitado del país.

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La Razón mantiene su liderazgo a través de su capacidad de renovar permanentemente su oferta editorial y utilizar las tecnologías para adaptarse a las nuevas maneras de informarse de sus lectores. Con ese propósito, el grupo de comunicación encaró una renovación editorial, una modernización de su plataforma digital y el desarrollo de servicios innovadores para sus usuarios.

La renovación editorial se inició hace cuatro años con el lanzamiento de una edición central con mejores recursos gráficos, con la profundización de las noticias y con el enriquecimiento de sus suplementos y revistas: por ejemplo, con la serie más completa de Rankings Empresariales con datos exclusivos sobre el desempeño de las principales compañías del país.

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Calendario y campaña

Lo que resulta inaceptable, y está prohibido por ley, es el uso de bienes y recursos públicos para fines electorales. Ocurre en varios niveles, pero es excesivo por parte del Gobierno provisorio y la candidata-presidenta Áñez.

/ 5 de agosto de 2020 / 02:07

Por La Razón

Reafirmando su decisión unilateral de postergar las elecciones para el 18 de octubre, el TSE aprobó el calendario con las nuevas fechas de las actividades que restan hasta culminar el proceso. Es una importante señal para brindar certidumbre a los comicios 2020, aunque se requieren todavía acuerdos sociales, políticos e institucionales que garanticen su legitimidad y legalidad.

Con la publicación del calendario los vocales asumen dos decisiones importantes sobre las elecciones. La primera es que no hay marcha atrás en el aplazamiento de la votación prevista para el 6 de septiembre, que a estas alturas es inviable por razones logísticas y administrativas. La segunda decisión es que la nueva fecha es inamovible y, por tanto, definitiva, con lo cual se descarta la posibilidad de una nueva postergación. Ni septiembre ni 2021, pues, las elecciones serán el 18 de octubre.

En relación al calendario electoral, luego de un prolongado paréntesis (desde marzo) a su ejecución, si bien ya está en vigencia desde este lunes, se retomará formalmente 45 días antes de la jornada electoral con la sustitución de candidaturas por renuncia. Es un hito relevante para las fuerzas políticas contrarias al MAS, que hasta ese momento podrán decidir si continúan con sus candidaturas o declinan para negociar cuotas en otras listas legislativas. Claro que ya no existe la posibilidad de formar alianzas.

Otra actividad fundamental del calendario es el sorteo público para la selección de jurados electorales, a realizarse el 18 de septiembre. La designación de estas autoridades, que tienen la misión de garantizar el funcionamiento de las mesas de sufragio, marca un punto de no retorno en el proceso. En esa misma fecha se inicia la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, que será central para la promoción de candidaturas dado el contexto de distanciamiento social por la pandemia.

En ese marco, debe alertarse sobre el plazo para la “difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña”, fijado para el 6 de septiembre. En rigor, es una formalidad que no se cumple. Es claro que todas las fuerzas políticas y candidaturas, unas más que otras, continuaron haciendo campaña electoral por diferentes medios (en especial en redes sociales) durante los últimos meses, en medio de la cuarentena. Parece difícil que el TSE pueda regular, prohibir y en su caso sancionar este extremo.

Lo que resulta inaceptable, y está prohibido por ley, es el uso de bienes y recursos públicos para fines electorales. Ocurre en varios niveles, pero es excesivo por parte del Gobierno provisorio y la candidata-presidenta Áñez. Pese a que un decreto de la propia Áñez lo prohíbe, gran parte de acciones y mensajes de “gestión pública” son en realidad campaña electoral, incluida propaganda en medios (al mejor estilo del expresidente Morales). El TSE debe actuar conforme a norma y no desentenderse del tema.

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Un golpe a la educación

Pero esto tiene una doble consecuencia: por un lado muchos colegios privados pierden su razón de ser y su fuente de ingreso. Por el otro, mucho más grave, toda la educación se privatiza de facto: solo estudiarán quienes tengan recursos para pagar a sus maestros.

/ 4 de agosto de 2020 / 09:16

Por La Razón

La decisión, anunciada el domingo por el Ministro de la Presidencia, de clausurar el año escolar en Bolivia, incluyendo a las unidades educativas públicas, privadas y de convenio, ha causado generalizada indignación no tanto por el hecho de que niñas, niños y adolescentes se quedan sin su actividad principal, sino por las enormes consecuencias que ello tendrá en el futuro.

Más tarde, el mismo día, el Ministro de Educación ofreció una conferencia de prensa en la que exclamó que suspender el año escolar no significa que las y los educandos dejen de estudiar. Para la autoridad, las previsibles críticas a la decisión son fruto del “prejuicio ideológico, de la conveniencia partidista o el escándalo mediático”. Mal miradas, las reacciones públicas a la noticia, particularmente las de dirigentes y candidatos políticos, parecían darle la razón al ministro.

Sin embargo, en los hechos la decisión significa que el Estado deja de cumplir su obligación constitucional de asegurar el derecho a la educación de toda la población, particularmente, en este caso, de niños y niñas en edad escolar, que no solo no podrán adquirir los conocimientos y competencias previstas para su respectivo nivel, sino que quedan en la incertidumbre sobre el modo en que retomarán sus estudios en 2021.

Asimismo, se trata de la consecuencia lógica de una decisión anunciada semanas atrás: que ningún estudiante del sistema educativo boliviano perdería el año escolar, es decir que las y los estudiantes ya habían aprobado, literalmente, por decreto, antes de que se anuncie la decisión de suspender clases. Por otra parte, es evidente que la determinación tiene que ver con la evidente incapacidad de las autoridades del ramo para lograr acuerdos con el magisterio y las asociaciones de padres de familia.

Con todo, muchos padres y madres tomaron la noticia con algo de alivio, cuando no resignación, pues en los hechos sus hijos e hijas no estaban recibiendo educación eficaz; si en los centros urbanos ya era complicado para muchas y muchos acceder a la tecnología de educación virtual, es fácil imaginar la frustración de miles de familias del área rural, donde, con muchas y muy honrosas excepciones, las y los maestros no supieron cómo responder a la circunstancia.

En algunos casos, padres y madres se organizaron para pagar a las y los profesores a fin de que sigan enseñando a sus hijos las competencias y habilidades programadas para el año. Pero esto tiene una doble consecuencia: por un lado muchos colegios privados pierden su razón de ser y su fuente de ingreso. Por el otro, mucho más grave, toda la educación se privatiza de facto: solo estudiarán quienes tengan recursos para pagar a sus maestros.

Ha fallado el Gobierno, y el costo se pagará dentro de algunos años. Mientras tanto, Bolivia seguirá descendiendo no solo en la escala que mide la calidad de su educación, sino en todas las listas que evalúan el estado de los derechos en general.

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