Voces

sábado 16 oct 2021 | Actualizado a 06:00

“Gasto absurdo”

La supresión de los ministerios de Comunicación, Culturas y Deportes ha generado una ola de críticas por parte de la sociedad civil

Por La Razón

/ 7 de junio de 2020 / 07:32

Con un guion remozado al que se usó en la etapa del neoliberalismo, el Gobierno provisorio —que actúa como si tuviera mandato constitucional— decidió fusionar tres ministerios y eliminar dos embajadas marginales. El supuesto, discutible, es que ello permitirá “ahorrar” recursos públicos para destinarlos a la emergencia sanitaria. Claro que los gastos en otras carteras permanecen intactos.

Sin brindar datos, la presidenta-candidata Áñez, en un nuevo video seguido de tuits, anunció la supresión (en rigor, es una fusión) de tres ministerios, que son absorbidos por otros. Se trata de las carteras de Comunicación, Culturas y Deportes. La primera pasa a la Presidencia, en tanto que las otras dos dependerán del ministerio de Educación. Asimismo, decidió eliminar las legaciones diplomáticas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. Con ello pretende disponer de más recursos para luchar contra el coronavirus.

La confusa narrativa para justificar estas medidas fue objeto de críticas tanto de actores políticos como de la ciudadanía. Primero porque se eliminan ministerios sustantivos como el de Culturas, que fue resultado de la lucha de un movimiento amplio desde la sociedad civil, desde hace más de dos décadas. Pronto diferentes artistas y promotores culturales expresaron su rechazo ante este retroceso. Y deploraron que el Gobierno provisorio considere a las culturas (en plural) como un “gasto absurdo”.

Por otro lado, se cuestiona el cierre de estos ministerios, o su degradación a viceministerios, porque el discurso de austeridad tropieza con serias contradicciones. Si la motivación es ahorrar para priorizar la salud, lo cual es necesario y loable, ¿por qué se mantiene un presupuesto millonario, que excede al de las carteras eliminadas, en propaganda oficial que incluso puede entenderse como promoción de una candidatura con recursos públicos? Se borra el ministerio, pero el gasto en propaganda permanece.

Asimismo, mientras se recortan recursos en comunicación, deportes y culturas (que incluye despatriarcalización, lucha contra el racismo y la discriminación, interculturalidad y descolonización) para enfrentar la pandemia, al mismo tiempo se destinan más de 500 millones de bolivianos para las carteras de Defensa y Gobierno, esto es, en gastos de la fuerza pública. No parece razonable ni digerible, por ejemplo, ahorrar en cultura para destinar más de 24 millones a la compra de uniformes y botas de combate.

Por último, el anuncio de la presidenta-candidata de apostar por la salud y la economía recibió varias críticas en las redes sociales vinculadas a denuncias de hechos de corrupción, como la compra de ventiladores (hoy inútiles) y de agentes químicos, en ambos casos con presunto sobreprecio. El cuestionamiento es claro: en lugar de eliminar ministerios, eliminen intermediarios. Ni qué decir del hecho de que un Gobierno provisorio no tiene mandato para modificar la estructura del Órgano Ejecutivo.

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Nueva ola, vacunas y responsabilidad

Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad.

Por La Razón

/ 16 de octubre de 2021 / 01:37

Aunque sus efectos más graves se han reducido coyunturalmente, la pandemia del COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública. Se sigue precisando una acción planificada y coherente de las autoridades gubernamentales de todos los niveles. Llaman la atención los nuevos problemas que están surgiendo en la vacunación y el creciente relajamiento de restricciones sin coordinación.

Después de una tercera ola de contagios en la que se tuvo que lamentar un aumento de la mortalidad y nuevamente fuertes presiones sobre la capacidad de atención de los servicios de salud, hemos experimentado casi dos meses de reducción sostenida de la incidencia de la enfermedad.

Esa tendencia coincidió con una aceleración del ritmo de vacunación que permitió superar el 50% de cobertura entre la población mayor de 18 años y un rápido retorno a la normalidad en casi todas las actividades económicas e inclusive de entretenimiento. Es comprensible la salida de muchas personas a las calles y espacios colectivos después de tantos meses de restricciones.

Sin embargo, esos logros no deberían llevar a la conclusión equivocada de que la pandemia ha sido superada. Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad. Aunque los especialistas indican que gracias a la vacunación es posible que la mortalidad de esos nuevos eventos sea más reducida, aún hay peligro para muchas personas, sobre todo en condición de vulnerabilidad.

Se esperaría, por tanto, que las autoridades sanitarias de todos los niveles no bajen la guardia, innovando en las estrategias de vacunación para aumentar rápido su cobertura, preparando a sus servicios y personal de salud para enfrentar una eventual cuarta ola, e implementando campañas sostenidas de información para seguir incentivando las prácticas de protección como el uso de barbijos, limpieza básica y algún grado de distanciamiento social.

Son francamente inquietantes las informaciones que indican que en algunos departamentos habría lotes de vacunas que podrían vencer si no son utilizadas oportunamente o el anuncio de la autorización de grandes eventos con concentraciones masivas de personas sin previamente haber discutido con especialistas los riesgos de tales decisiones.

Frente a estos indicios de desorden, no basta que el Gobierno central se lamente y denuncie, lo cual está bien, pero también debería empezar a plantear soluciones concretas. Las autoridades del Gobierno central, departamental y municipal tienen todas responsabilidades compartidas en estas cuestiones.

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Mala hora del turismo

Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector.

Por La Razón

/ 15 de octubre de 2021 / 00:58

En los últimos tres lustros y poco más, Bolivia ha hecho ingentes esfuerzos por despertar y desarrollar su vocación como atractivo turístico. Desde el emblemático Salar de Uyuni hasta los destinos gastronómicos han sido promocionados dentro y fuera del país, pero la pandemia del COVID- 19 le ha dado un golpe fatal al sector, que hoy lucha por recuperarse y merece apoyo público.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el flujo de turistas extranjeros a Bolivia se redujo de casi 1,24 millones de personas llegadas al país por vía aérea y terrestre en 2019 a poco más de 323.000 en 2020, una reducción equivalente al 74% del total. Aunque se dice que “mal de muchos, consuelo de tontos”, se sabe que el sector tuvo una caída similar en varios países de la región y el mundo: Argentina (-73,4%), Perú (-74%), Brasil (-68,5%), Chile (-67,5%), Estados Unidos (-73,1%) y España (-76,1%).

Expresado en términos financieros, el informe del INE revela que el dinero gastado por las personas extranjeras en Bolivia durante 2019 suma $us 837 millones; en 2020 ese gasto sumó apenas $us 191 millones. Es previsible que tomará un buen número de años llegar a las cifras de 2019, sobre todo considerando el profundo impacto que tuvo el año de pandemia, agravado por la situación política del país, en las empresas operadoras de turismo y de servicios asociados.

Los presidentes de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt), la Cámara Boliviana de Hotelería y la presidenta de la Cámara Hotelera de La Paz coinciden en calificar a 2020 como “año negro” para el sector, al mostrar que no solo se redujo el flujo de visitantes extranjeros, sino que también prácticamente se paralizó el movimiento de turistas nacionales. En La Paz, por ejemplo, la infraestructura hotelera fue ocupada apenas al 3% de su capacidad.

Los ya nombrados representantes de los sectores de turismo y hotelería reclaman al Gobierno mayor atención y, sobre todo, acciones concretas para el sector, que tiene un alto potencial para impulsar la reactivación económica del país; entre ellas están eliminar la cuarentena de 10 días de ingreso a Bolivia, aceptar los pasaportes bioseguros que indican que los turistas se encuentran completamente vacunados, promoción constante en naciones emisoras de turismo a Sudamérica y a Bolivia, además de gestiones para obtener el certificado Safe travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su nombre en inglés) para certificar a Bolivia y sus atractivos como destinos bioseguros.

Las señaladas son apenas algunas de las iniciativas propuestas; una indagación más profunda entre quienes se dedican a las actividades turísticas permitirá identificar muchas más ideas. Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector, para así, ojalá, volver siquiera al punto en el que estaba antes de noviembre de 2019.

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La victoria del ‘paro’

Lo que en realidad hicieron con su medida fue darle una victoria política al Gobierno en las calles.

Por La Razón

/ 13 de octubre de 2021 / 01:29

El “paro nacional” convocado el lunes por la oposición quedó restringido a una suerte de parálisis circulatoria en Santa Cruz, mientras que en la gran mayoría del territorio nacional las actividades fueron normales, con muy pocos puntos de bloqueo y escasos manifestantes. Sin esperarlo, el oficialismo recibió una victoria política coronada ayer con un masivo “wiphalazo”.

En los años del neoliberalismo y de la democracia pactada, asentados en los hoy extintos o residuales MNR, ADN y MIR, se asentó la narrativa de “las dos Bolivias”. Así, desde las élites dominantes se pretendía mostrar que había “una Bolivia que trabaja” (el Oriente) y “una Bolivia que bloquea” (el Occidente). El lunes la ecuación pareció invertirse en la calle con una fracción que “para” (o que pretendió hacerlo) y la otra que coreaba: “queremos trabajar”. Las narrativas, en todo tiempo, dan para todo.

Lejos de ser “contundente”, como evaluaron los promotores de la medida (en especial el Gobernador cruceño, el Comité Cívico y sus operadores mediáticos), el fallido paro político fue en todo caso la demostración de que la ciudadanía está más preocupada en superar la crisis económica y enfrentar la crisis sanitaria que en ir detrás de la polarización política. Diferentes estudios muestran que hay una sensación de agotamiento ante la disputa de relatos de los actores radicalizados de uno y otro lado.

Más allá del balance de un “paro” que deja mal paradas a organizaciones políticas como Creemos y Comunidad Ciudadana, resulta evidente que hay sectores sociales, como los gremialistas, cooperativistas y transportistas, genuinamente preocupados y movilizados por el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. La incapacidad del Órgano Ejecutivo para concertar la norma e informar claramente sobre sus alcances permite que se impongan distorsiones y falsedades.

Como sea, en lugar de “arrinconar” al Gobierno, como anunciaron algunos actores de la oposición, lo que en realidad hicieron con su medida fue darle una victoria política en las calles. Dicha victoria se fortaleció con la movilización realizada en desagravio de la wiphala, que flameó ayer en varios actos masivos. Claro que mal harían el oficialismo y el MAS-IPSP en creer que la persistente polarización política, las demandas sectoriales, los problemas de gestión, en fin, están resueltos a su favor.

Pese a su innegable mal cálculo político, algunos opositores persisten en la lógica de ultimátum y amenazas, anunciando un posible paro de 48 horas. Pareciera que todavía no logran asumir que fueron derrotados en las urnas y que el “segundo round” (sic), si quieren que se defina democráticamente, no será con acciones de desestabilización, sino en las próximas elecciones, con buenos candidatos y mejores programas de gobierno. Lo mismo debieran saber algunos oficialistas que apuestan por el enfrentamiento.

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39 años de democracia

Triste aniversario democrático, con la democracia más amenazada que nunca.

Por La Razón

/ 11 de octubre de 2021 / 01:00

Ayer se han recordado 39 años del día cuando Hernán Siles Zuazo retornó a la ciudad de La Paz para asumir como Presidente Constitucional de la República, luego de haber ganado las elecciones más de dos años antes. Hasta 2019, esta fecha se dedicaba a celebrar el más largo periodo de estabilidad sin golpes ni asonadas, pero el de ayer en lugar de festejo ha sido una señal de alarma.

En efecto, Bolivia ha llegado a la emblemática efeméride más polarizada que nunca y con su democracia activamente amenazada por grupos de poder e influencia que luego de lo sucedido en 2019 descubrieron que es posible tomar el Estado por asalto y cometer toda clase de crímenes amparados en el poder del dinero de unos cuantos (que luego pueden huir a otros países) y el silencio cómplice de los medios de comunicación, cuyos periodistas han abandonado ostensiblemente sus valores y principios profesionales.

De ahí que hayamos vivido la aberrante situación de una activista por los derechos humanos movilizada en defensa de los policías y militares que asesinaron personas en Sacaba y Senkata; numerosos líderes sociales y dirigentes políticos haciendo la vista gorda ante los excesos de un gobierno plenamente consciente de su total carencia de legitimidad; opinadores y analistas elaborando sobre verdades a medias cuando no falsedades completas, y una sociedad exitosamente confundida y desprovista de certezas.

Así, el país llega al 39 aniversario del retorno a la democracia con un gobernador revelando ante cámaras y micrófonos, con inverosímil candor, que su padre usó su gran fortuna para pagar a oficiales de la Policía y de las FFAA, amén de grupos de mineros oportunistas, para desestabilizar al Gobierno y expulsar del poder a un presidente democráticamente electo, y encima darse el lujo de amenazar con hacerlo nuevamente.

El déficit democrático es muy grave, y se lo ha señalado constantemente en este mismo espacio. Allí donde las y los políticos en ejercicio, las y los representantes legislativos han abandonado su tarea fundamental, que es hacer política, para abocarse a la más pueril forma de lidiar con los problemas del país: los ataques y contraataques verbales, se está creando más desconfianza en la clase política y abriéndose espacios para la solución autoritaria.

Se trata, pues, del más amargo aniversario cuando se recuerda en vísperas de un paro cívico que solo será exitoso por la presión de ciertos grupos dotados de recursos para generar violencia y miedo en una ciudadanía que tiene menos interés en el color de una bandera y más preocupación por hacer alcanzar el dinero hasta fin de mes; que no teme a una ley de ganancias ilícitas porque las suyas son fruto del trabajo esforzado y honesto.

Triste aniversario democrático, con la democracia más amenazada que nunca y con los dirigentes antidemocráticos aupados por medios, periodistas y activistas enceguecidos por el odio político y el racismo.

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El paro opositor

Aunque el alcance de un paro resulta siempre incierto, es evidente que no habrá un ‘paro nacional’, como busca la oposición.

Por La Razón

/ 10 de octubre de 2021 / 00:10

El paro político convocado por la oposición para este lunes, en especial en contra del proyecto de ley de ganancias ilícitas, generó diferentes posicionamientos en los actores. En Santa Cruz, con centro en el Gobernador cruceño y la dirigencia cívica, reafirmaron la medida, al igual que en los municipios capitales del eje del país. Otros, como Tarija y El Alto, optaron por seguir con sus actividades a fin de evitar pérdidas económicas. ¿Y después? ¿Qué sigue?

La decisión de convocar a un “paro cívico”, que por sus efectos es una medida extrema, respondió en principio al temor de algunos sectores ante la inminente aprobación de la mencionada normativa sobre ganancias ilícitas. Dicho temor fue provocado por una intensa campaña de desinformación sobre los alcances del proyecto de ley, que tuvo como contraparte, otra vez, una muy limitada capacidad informativa del Gobierno. Fue oportuna, en ese sentido, la decisión del Senado de socializar el proyecto antes de su aprobación.

Pero el paro no responde solo ni principalmente a razones normativas. Como se demostró el lunes pasado en el denominado “Encuentro nacional por la unidad y la defensa de la democracia”, el paro forma parte de la prolongada e irresuelta disputa política entre el MAS-IPSP, nuevamente en el Gobierno, y las oposiciones, derrotadas en las elecciones generales de 2020. Una muestra de ello son las marchas de unos y otros convocadas para hoy en La Paz y el martes en Cochabamba. Hay polarización para rato.

Como sea, la pausa en el tratamiento del proyecto de ley de ganancias ilícitas, la resolución temporal del conflicto en torno a la sede de Adepcoca, las divergencias internas en la marcha indígena (cuya dirigencia condiciona el diálogo) y la decisión de la Fiscalía de postergar la declaración en La Paz del imputado Luis Fernando Camacho por el caso Golpe bajaron la tensión en los últimos días. Ello, sin duda, debilita la convocatoria al paro, a lo cual se añade la preocupación por la crisis económica.

Así, aunque el alcance de un paro resulta siempre incierto, es evidente que este lunes no habrá un “paro nacional”, como busca la oposición. Tampoco será un día normal, como quisiera el Gobierno. El paro tendrá centro en Santa Cruz al amparo de la Gobernación, Creemos y el comité cívico, que anuncian la “toma de rotondas” para imponer la medida. Puede preverse acatamiento parcial en otras ciudades y actividad laboral en la mayor parte del país. Ojalá no haya ningún hecho de violencia o enfrentamiento.

La gran pregunta es qué sigue después del paro y las marchas. ¿Los actores políticos del oficialismo y de las oposiciones tendrán suficiente voluntad para construir una agenda mínima de acuerdos sobre temas de preocupación colectiva, esto es, la reactivación económica, el empleo, la salud pública, la educación, la justicia? ¿O estamos condenados a esperar, o ser parte, del “segundo round” (sic) o la “guerra civil” que proclaman los radicales? Ojalá primen la sensatez, el bien común y la vocación democrática.

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