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domingo 16 may 2021 | Actualizado a 20:57

Educación del futuro

Es una “luz verde” para que el sistema público de educación se transforme, adoptando nuevas tecnologías

Por La Razón

/ 8 de junio de 2020 / 06:15

A casi tres meses de iniciada la emergencia por el COVID-19, y cuando las ciudades del país han comenzado a levantar o siquiera relajar la cuarentena, el sábado, en ocasión del Día del Maestro Boliviano, el Ministerio de Educación hizo púbico el Decreto Supremo 4260, que norma las modalidades de educación que o ya están en uso o podrán usarse a partir de ahora en la educación boliviana.

El 12 de marzo, mediante Circular 14/2020, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares presenciales debido a la emergencia por el nuevo coronavirus y “aconsejó” a los centros educativos que cuenten con medios virtuales de aprendizaje continuar sus actividades curriculares; el 12 de abril anunció que se reglamentarían tres modalidades de retorno a clases: semipresencial, virtual y a distancia.

El decreto presentado el sábado, que establece un plazo de 30 días calendario para la elaboración de los reglamentos específicos, tiene por objeto “normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial en los Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial y Educación Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo Plurinacional”.

Resuelve así, en primer lugar, la inquietud de asociaciones de padres de familia que días atrás demandaron al ministro del área, Víctor Hugo Cárdenas, aclarar si las modalidades virtuales de formación adoptadas por muchos centros educativos tendrían valor legal; asimismo, es una suerte de “luz verde” para que el sistema público de educación se transforme, adoptando las nuevas tecnologías de información y comunicación y combinándolas con modalidades no presenciales de conocida eficacia.

Para facilitar el tránsito a una nueva educación, explicó el Ministro, desde hace semanas alrededor de 120.000 maestras y maestros están tomando diferentes cursos de capacitación en el uso de herramientas de educación virtual, ofrecidas por la Universidad Católica Boliviana, Google y Microsoft a través del portal del Ministerio de Educación. No se mencionó nada acerca de la proporción de educadores que no están en este afán de actualización ni qué hará el Ministerio al respecto.

También se anunció el sábado que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) ha puesto a disposición del profesorado una “nube” donde encontrar toda clase de recursos educativos provistos por el Ministerio. Asimismo, se espera que la empresa continúe trabajando para asegurar cobertura del servicio de internet en todo el territorio nacional.
El Ministro aseguró que “todos los problemas” se resolverán “paulatinamente”, y que incluso está contemplada la posibilidad de dotar computadoras a los docentes y estudiantes.

Mientras tanto, queda poco claro hasta dónde logrará universalizarse la nueva forma de educación y cómo se asegurará la calidad del proceso, habida cuenta que no basta con disponer de la tecnología si los educandos no acceden a ella y si los educadores no aprenden a usarla apropiadamente.

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Nuevo paro médico

La emergencia sanitaria es demasiado crítica como para dejarla librada a disputas y mezquindades.

Por La Razón

/ 15 de mayo de 2021 / 23:16

Parece una noticia falsa o una broma de muy mal gusto, pero es verdad: la dirigencia médica decidió e instruyó un nuevo paro del sector. Esta vez por 48 horas. Lo hacen en medio de la emergencia sanitaria, con una muy agresiva tercera ola del COVID-19 en curso y ante el complejo reto de la vacunación masiva. Más allá de la legitimidad de sus demandas, tal paro es un abuso.

La relación entre el sector médico (en especial el Colegio Médico de Bolivia creado durante la dictadura de Banzer) y los gobiernos del MAS-IPSP (primero Morales, ahora Arce) ha estado marcada por diferentes momentos de desencuentro y conflicto. El episodio más crítico se produjo a fines de 2017, cuando los médicos pararon 47 días, nada menos, en contra de un artículo del Código del Sistema Penal, a la postre abrogado bajo presión de una fuerte movilización social. Los “mandiles blancos” lideraron la protesta.

Hoy la dirigencia médica y el Gobierno central están nuevamente enfrentados. En febrero de este año, en plena segunda ola del coronavirus, el Consejo Nacional de Salud se lanzó a un paro escalonado en rechazo a otra norma: la Ley de Emergencia Sanitaria. Cuestionan algunos artículos de la norma y exigen su abrogación. Pese al paro, que se extendió por un mes hasta languidecer, la Ley está vigente. Igual a principios de mayo el sector paró 24 horas y a fin de mes dejará de trabajar otras 48 horas.

¿Cuál es la razón del nuevo paro? Según el presidente del Colegio Médico y excandidato opositor a la Alcaldía paceña, Luis Larrea, por el momento no se tocará el tema de la Ley de Emergencia Sanitaria. Ahora la extrema medida del sector es para demandar al Gobierno central que provea recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento para enfrentar la pandemia. El tema no es nuevo. Y las falencias tampoco. Claro que durante el régimen transitorio de Áñez los médicos no pararon ni un solo día.

Más allá del posicionamiento político de la dirigencia médica y de su opción por el reiterado paro en un contexto de emergencia sanitaria, el problema de fondo es la precariedad del sistema de salud pública (ni hablemos de los excesos lucrativos del sector privado). La pandemia del COVID- 19 puso en evidencia que durante el largo ciclo de gobierno del MAS/Morales, la salud no fue una prioridad estratégica ni presupuestaria. Lo fue menos, ciertamente, en las dos décadas previas de gobiernos neoliberales.

Si de verdad tanto las autoridades del Estado, en sus diferentes niveles territoriales, como el Consejo Nacional de Salud, asumen sin excusas el derecho humano a la vida, lo mínimo es que se sienten a dialogar, acuerden una agenda común y concentren sus mejores esfuerzos en cuidar la salud de la población. Los cálculos políticos, los paros y relatos, en fin, los intereses particulares pueden esperar. La emergencia sanitaria es demasiado crítica como para dejarla librada a disputas y mezquindades.

 

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Cooperación intergubernamental

No estamos, pues, condenados al conflicto entre bolivianos y bolivianas. Lo cordial no quita lo valiente.

Por La Razón

/ 15 de mayo de 2021 / 01:00

El inicio del relacionamiento entre el Gobierno central y las autonomías municipales y departamentales ha sido más auspicioso de lo que algunos esperaban. Se ha abierto un canal de diálogo prometedor que ojalá derive en un trabajo colaborativo, sobre todo en este momento en que el país debe enfrentar una tercera ola de la pandemia, la vacunación masiva y la reactivación de la economía.

 A fuerza de augurar posibles conflictos o catástrofes, se termina haciendo mucho para que éstos se produzcan efectivamente, eso es lo que se denomina como “profecías autocumplidas”. Desde hace varias semanas, analistas y otros augures pronosticaron problemas de gobernabilidad e incluso un inevitable conflicto regional debido a la incompatibilidad ideológica entre el Gobierno central y muchas de las nuevas autoridades subnacionales.

Aunque varios de esos observadores expresaban más bien deseos que análisis objetivos del momento, lo cierto es que había dudas sobre la manera como se iban a encarrilar las relaciones intergubernamentales en un escenario marcado por una gran pluralidad política e ideológica. Estaba fresca en todos, la memoria del complejo conflicto de poderes de 2007-2008.

Sin embargo, cada momento político tiene sus particularidades y la historia no debe necesariamente repetirse. Los problemas del país y la correlación de fuerzas en este 2021 son evidentemente diferentes a las de 2007, aunque este nuevo escenario no está tampoco exento de posibles tensiones intergubernamentales. Evitarlas es la tarea de los actores políticos o al menos canalizarlas mediante procedimientos dialogados, institucionales y democráticos.

Por tanto, hay que reconocer el esfuerzo inicial de todas las autoridades para impulsar un diálogo y establecer canales de comunicación operativos, por ejemplo, entre el Ministro de Economía y el de Salud con alcaldes y gobernadores de todas las fuerzas políticas. Estas reuniones son muy buenas señales, a la espera de una reunión formal del Presidente con todos ellos, como ya se hizo al inicio de la actual gestión.

El principal reto es que esas conversaciones se concreten en un trabajo cooperativo en temas como la lucha contra el COVID-19 o la reactivación económica. También sería deseable que las divergencias, que también aparecerán, se canalicen mediante mecanismos democráticos y deliberativos.

Es igualmente positivo que el Gobierno haya decidido encarar algunos temas delicados, como la realización del nuevo censo de población, con un ánimo abierto a las observaciones y a la participación de otros actores.

No estamos, pues, condenados al conflicto entre bolivianos y bolivianas. Lo cordial no quita lo valiente, hay siempre maneras para defender ideas y posiciones diferentes con fuerza, pero buscando soluciones para todos los ciudadanos y sobre todo no haciendo caso a las aves de mal agüero que se alimentan con la confrontación y polarización.

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Innecesario conflicto

Se impide el desarrollo de la capacidad ferroviaria, que debe ser el corazón del corredor bioceánico.

Por La Razón

/ 14 de mayo de 2021 / 02:03

Cuando se anunció, semanas atrás, que el Estado chileno finalmente cumpliría su obligación de garantizar el funcionamiento del servicio ferroviario La Paz–Arica, lo que debía ser una noticia positiva para el país y las relaciones con Chile pronto se convirtió en motivo de conflicto con el gremio del transporte de carga. Es posible que el asunto tenga aristas políticas antes que gremiales.

La puesta en marcha del servicio ferroviario interrumpido desde 2005 (cuando la empresa concesionaria del tramo en Chile se declaró en quiebra), tarea iniciada con pruebas en la vía que incluyen el traslado de un cargamento de acero entre el puerto chileno y Santa Cruz de la Sierra, motivó que el gremio del transporte internacional de carga se declarara en emergencia ante la “amenaza” contra la fuente laboral de sus afiliados.

El estado de emergencia se convirtió, desde hace casi una semana, en bloqueos en las carreteras principales del país y obligó al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a plantear un diálogo con los dirigentes del gremio a fin de explicarles que su aprehensión es infundada, pues el mercado de importación y exportación de carga alcanza para ambas modalidades, la carretera y la ferroviaria.

Unánime fue también la opinión de todos los gremios empresariales vinculados con las importaciones y exportaciones: el comercio internacional que pasa a través del puerto de Arica es lo suficientemente grande como para requerir el servicio de ambas modalidades de carga, que en realidad son complementarias y no mutuamente excluyentes, como equivocadamente creen los transportistas. Así se pronunciaron al menos la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre varias otras.

Por su parte, los transportistas accedieron a dialogar con el Gobierno, pero simultáneamente definieron rechazar la intención de la Empresa Ferroviaria Andina de rehabilitar la ruta Arica-La Paz y la ampliación de tramos ferroviarios del oriente, los ramales Argentina-Villazón, Oruro-Potosí, San Cristóbal-Antofagasta, Brasil-Puerto Suárez, Salvador Mazza-Yacuiba-Santa Cruz; es decir: impedir el desarrollo de la capacidad ferroviaria del país, que debe ser el corazón del corredor bioceánico pactado con Brasil y Perú.

Dada la cantidad de argumentos a favor de la coexistencia y complementariedad de ambas modalidades de transporte, y la posición del gremio transportista en contra del desarrollo de las vías de comunicación hacia el exterior, es dificil no percibir intereses ajenos a la reivindicación laboral de los choferes, que en última instancia tienen un muy alto costo para el desarrollo del país. En tiempos cuando Bolivia necesita mecanismos que favorezcan la reactivación económica, es inaceptable que un gremio, supuestamente en defensa de los derechos de los suyos, vulnere los derechos del resto de la población.

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El modelo J.A.LLA.LLA

Además de abonar un débil sistema de representación política, estas experiencias lastiman la gestión pública.

Por La Razón

/ 12 de mayo de 2021 / 02:09

La crisis poselectoral de la agrupación ciudadana Juntos al llamado de los pueblos (cuya sigla formal es J.A.LLA.LLA) expresa de manera nítida el tipo de organizaciones políticas que se activan para postular candidaturas y cuya motivación principal son los cargos. No es un caso aislado. El “modelo Jallalla” está presente en varios partidos políticos y agrupaciones ciudadanas del país.

La agrupación Juntos al llamado de los pueblos fue creada como organización política en 2017. Según su estatuto orgánico, asume como principios, entre otros, la democracia y la libertad, comunitaria y descolonizadora. Declara también un listado de fines y objetivos. Su estructura orgánica se basa en congresos, ampliados y direcciones. Y tiene alcance departamental, en La Paz. Con esa estructura su primera participación en procesos electorales fue en los recientes comicios subnacionales 2021.

A la vista de los resultados de la votación, Jallalla surgió como una “fuerza alternativa”, con importantes victorias. Postuló a dos candidatos fuertes: Felipe Quispe (el Mallku), emblemático dirigente aymara (sustituido por su hijo tras fallecer en pleno proceso electoral); y Eva Copa, joven líder alteña. Y ganó, nada menos, la Gobernación de La Paz y la Alcaldía de El Alto, desplazando al MAS-IPSP. Se habló incluso de Jallalla como recomposición en el campo nacionalpopular. Hasta ahí el idilio.

La realidad orgánica es distinta. Como ya es tradición en procesos electorales, la agrupación Jallalla en realidad prestó la sigla (alquiló es la expresión correcta) a Quispe y Copa. En el caso del candidato a gobernador de La Paz se conoce que hubo un documento de compromiso. El deterioro de la alianza fue veloz, hasta con amenazas de muerte. No esperaron ni la posesión de las autoridades electas y se produjo la ruptura. Tanto el gobernador como la alcaldesa electos tomaron rumbo político propio.

¿Qué nos muestra el “modelo Jallalla”, ampliamente extendido en el país? Primero, que son organizaciones políticas en el papel, sin liderazgos, débil estructura orgánica, ausencia de democracia interna. Segundo, que hay un tráfico de siglas para postular candidaturas, carentes de base programática. Tercero, que la motivación esencial de estas alianzas es el acceso a cargos y puestos de representación. Cuarto, que son organizaciones que se repliegan, o desaparecen, cuando no hay elecciones.

Resulta evidente así que Jallalla no es una fuerza política alternativa ni un factor de renovación en el campo nacional-popular. Sus dirigentes, dueños de la sigla, quieren cargos. Y para conseguirlo expulsaron al “traidor” Quispe —que impuso a su esposa como asambleísta— y ahora lo amenazan con juicios y una prematura revocatoria de mandato. Lo acusan de “falta de palabra” (sic). Lo crítico es que además de abonar un débil sistema de representación política, estas experiencias lastiman la gestión pública.

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Alimentos con futuro

Es tiempo, pues, de transformar la producción de alimentos.

Por La Razón

/ 10 de mayo de 2021 / 01:46

En tiempos cuando la gran agroindustria busca seguir haciendo negocios con el Estado y hasta busca apoyo en exautoridades, mientras expande sus operaciones de soya y otros granos, así como carne vacuna, de gran demanda mundial, hace falta desarrollar alternativas sostenibles para la alimentación. Un reciente estudio muestra que al menos 14 alimentos tienen gran futuro.

Se trata del Mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuya gran finalidad es el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los productos alimenticios identificados como poseedores de alto potencial productivo y de generación de empleo son: castaña beneficiada; arroz en grano, azúcar y alcohol, leche fresca y procesada, maíz, café en grano y procesado, maní, aceite comestible, cacao y chocolate, harina de maíz, frejol, quinua, carne bovina y avícola.

Dedicar fuerzas productivas al sector agroalimentario “puede ser la punta de lanza para la recuperación socioeconómica”, tanto desde el punto de vista de la seguridad y soberanía alimentarias, pero también desde el punto de vista de la generación de divisas y de la sustitución de importaciones e incluso un modelo de exportación, afirma el Representante Residente Adjunto del PNUD en Bolivia.

El estudio desarrollado por la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ofrece, además del mapeo de productos, fichas de oportunidad de inversión para todos ellos. Las fichas incluyen diversos indicadores para orientar la inversión en cada rubro, y brindan información tal como tasas y tiempos de retorno de la inversión, posible crecimiento anual, riesgos sociales y ambientales asociados a diversos factores ambientales y humanos, y otros más. Asimismo, brinda consejos para mejorar la productividad bajo prácticas sostenibles, como el uso eficiente de recursos hídricos y energéticos.

El cálculo desarrollado por el PNUD para el sector agroalimentario señala la necesidad de una inversión equivalente a $us 300 millones en el sector, proponiendo alternativas a la tradicional intermediación bancaria para que inversionistas privados aporten al rubro, incluyendo la mesa de finanzas sostenibles, que involucra a instituciones tales como la Bolsa Boliviana de Valores, Asoban, el BDP y las AFP, entre otras.

Es tiempo, pues, de transformar la producción de alimentos, hasta ahora entregada a manos de una gran agroindustria obsesionada con la exportación y poco sensible con las necesidades de la población, y un vasto campesinado sometido a crueles leyes del mercado cuando lleva su producción a las ciudades. Invertir de manera sostenible parece ser un buen camino para mejorar las condiciones en que se producen alimentos esenciales, favoreciendo en el camino a la generación de empleos y la sustitución de importaciones, dos prioridades del Gobierno.

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