La semana anterior, South Lighthouse, una organización de investigación basada en Chile, presentó un estudio de mediciones que detectó anomalías en la red telefónica en tres ciudades de Latinoamérica (Caracas, La Paz y ciudad de México), así como en la frontera Colombo-Venezolana. Estas anomalías podrían haber sido provocadas por IMSI-Catchers para hacer vigilancia ilegal.
Un IMSI-catcher es una antena de telefonía móvil falsa que se coloca para interceptar la comunicación entre los teléfonos celulares y las antenas verdaderas de la empresa proveedora de servicios (por ejemplo, Tigo o Entel) y, de esa manera, obtener información del celular y de las comunicaciones. Un IMSI-catcher puede hacer varias cosas, desde identificar la ubicación de un celular —y por tanto de una persona —; intervenir llamadas telefónicas, no así las que hacemos por WhatsApp o Signal en principio; disminuir o incrementar la potencia de transmisión del aparato; acceder a metadatos y claves de comunicaciones cifradas y escribir protocolos sobre la memoria del dispositivo.
Estos usos de IMSI-catchers sin una orden judicial son claras vulneraciones a la privacidad de la comunicación de usuarios y usuarias de telefonía móvil y, por supuesto, alarma conocer la posibilidad de su existencia y uso. La CPE y la Ley de Telecomunicaciones protegen el derecho de privacidad y de privacidad de las comunicaciones.
Sin embargo, con la información publicada por South Lighthouse no se puede aseverar que las anomalías detectadas se deban a la actividad de IMSI-catchers y tampoco atribuirlas a una entidad o persona. El mismo Carlos Guerra, uno de los autores y miembro de South Lighthouse dice: “aunque declarar con 100% de certeza que una antena en particular es un IMSI-catcher y aún más atribuir su uso a un actor específico es sumamente difícil, conseguimos varias anomalías de interés en todas las zonas monitoreada.” Es verdad, no se puede aseverar que el gobierno anterior o el actual hayan usado o estén usando IMSI-catchers para vigilar a la ciudadanía, pero sí sospecharlo.
Corresponde una investigación y una explicación pública por parte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) y del Ministerio de Obras Públicas al respecto. El viernes de la anterior semana, la ATT emitió un comunicado al respecto donde menciona que se ha instruido hacer una investigación para identificar la existencia de antenas sospechosas y se adelanta a declarar que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, ni ninguna otra institución pública/privada nacional o internacional tiene facultades para instalar antenas para espionaje.
Quedamos a la espera de los resultados de esta investigación con gran preocupación.
Eliana Quiroz
Es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.
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