A casi 90 días de la declaratoria de emergencia nacional y el inicio de la cuarentena rígida que durante 10 semanas mantuvo en sus casas a la mayoría de la población nacional, la pandemia desatada por la COVID-19 no parece acercarse a su fin en Bolivia, mientras crecen las tensiones políticas y económicas como producto de las decisiones que toma, y las que no, el gobierno.
Sugerida por la representación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) en Bolivia, la cuarentena rígida iniciada el 22 de marzo ayudó en un principio a frenar el número de contagios en todo el país, pero tuvo el efecto secundario de dejar a miles de personas privadas de su ingreso diario. También se anunció que la cuarentena serviría para preparar de mejor manera al Estado para afrontar a la enfermedad.
Los resultados a poco más de 80 días de encierro de la población muestran no solo poca preparación del sector salud para hacer frente a la creciente presión por el número de nuevos contagios que se registran día a día, sino sobre todo a la oportunidad que vieron algunos actores de sacar ventaja, cuyo mejor ejemplo es la frustrada compra de respiradores artificiales en una confusa operación que involucra a personalidades del actual gobierno y que se indaga en el Ministerio Público en “reserva”, probablemente por no dañar a quienes podrían estar involucrados en un caso de corrupción millonaria.
El manejo de la crisis ha costado el cargo de dos ministros de salud, el primero por excesiva presión, aunque esto nunca se aclaró luego de la renuncia de la autoridad, y el segundo por presunta corrupción, precisamente a causa de la compra de respiradores. La actual Ministra parece tener más control sobre la situación, pero también ha sido clara respecto a las expectativas de crecimiento del número de casos de personas infectadas durante las próximas semanas. No parece posible que se vaya a contener el ritmo de contagios y Bolivia podría acercarse a los 30.000 casos en muy poco tiempo.
De por medio, el candente asunto de las elecciones generales, ya postergadas una vez debido a la cuarentena, está quemando las manos del equipo gobernante, mientras la oposición se ceba en las críticas y reclamos que su posición les permite hacer. La desinformación, en este ámbito, se ha convertido en una eficaz arma de combate, pero en el camino probablemente termine por destruir la poca institucionalidad estatal que existía antes de noviembre de 2019 y toda la credibilidad que les quedaba a los políticos y autoridades varias.
A casi tres meses de pandemia, pues, el balance es poco esperanzador, y lo peor es que habrá quienes busquen obtener rédito de ese trágico estado de cosas, comenzando por quienes quisieran que las elecciones no se realicen el 6 de septiembre y tendrán en el número de contagios eficaz argumento y terminando por todos quienes están lucrando con las condiciones de emergencia, sea de manera legal o no.