Con el propósito de limitar el temible contagio comunitario por coronavirus, el Gobierno provisorio optó por el “encapsulamiento” en algunos casos críticos (a veces de manera discrecional). La drástica medida, que complementa la cuarentena adoptada por decreto hace casi tres meses, tiene dos problemas: severos límites sanitarios y un Ejecutivo encapsulado en sí mismo.
Ya es un lugar común sostener que el confinamiento adoptado por el oficialismo a nivel nacional, primero total, luego dinámico y condicionado, fue necesario para intentar demorar los efectos de la pandemia y “ganar tiempo”, pero resultó una suerte de derroche en materia sanitaria: no hay mejora sustantiva en el sistema público de salud, faltan laboratorios, no se garantizó el testeo masivo, el equipamiento de bioseguridad es escaso y falló la compra de respiradores (sin sobreprecio y que funcionen).
En ese sentido, ante situaciones de incremento acelerado de casos, se recurrió al “encapsulamiento” de territorios (ciudades y pueblos), sustentado en un amplio despliegue de la fuerza pública, en especial de militares. En algunos casos se lo hizo con estigma, como “castigo” y sin coordinación con las autoridades locales ni con las organizaciones sociales. Hubo también “rastrillaje” casa por casa, a fin de identificar casos. Se garantizó así el distanciamiento físico, acompañado de parálisis.
Siendo necesaria, la táctica del encapsulamiento selectivo tropieza con dos problemas de fondo. El primero es que los megaoperativos para enfrentar al coronavirus están asentados en muchos uniformados con armas, pero muy poco personal de salud. Es decir, los ministerios de Defensa y de Gobierno pueden disponer de recursos y ser efectivos en su tarea de encerrar a la gente, agitando amenazas y miedos, pero la cartera de Salud tiene escasas posibilidades de asumir la contraparte sanitaria ante la emergencia.
El otro problema es también serio. Queda la sensación de que el Gobierno provisorio está encapsulado en sí mismo, con dificultades para dialogar y concertar, además de fuertes déficit comunicativos y de transparencia. Si bien al inicio de la emergencia sanitaria la presidenta-candidata Áñez anunció que convocaría una reunión de líderes políticos, hasta hoy no lo hizo. También fue escasa la coordinación con gobernaciones y gobiernos municipales. Y ni hablemos de acuerdos con sectores y organizaciones.
Diversas voces sostienen con buen sentido que la crisis múltiple (no solo político-institucional, sino también socioeconómica) que está enfrentando el país en el contexto de la pandemia, requiere acuerdos amplios entre órganos del poder público, fuerzas políticas, sectores empresariales, organizaciones sociales. Para ello no bastan decretos ni amenazas ni encapsulamientos selectivos ni acción de la fuerza pública. Se requiere legitimidad y, en especial, disponibilidad. Parece difícil, pero es imprescindible.