La delicada situación sanitaria causada por el COVID-19 y la consecuente crisis socioeconómica que se avecina es utilizada una vez más para favorecer a sectores poderosos como los agroindustriales que parecen ser los titiriteros del “Gobierno de transición”.

El Decreto Supremo (DS) 4232 del 7 de mayo de 2020 “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados (GM), en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

Como muchas personas, organizaciones y colectivos lo han denunciado, este DS incumple un marco normativo amplio y, por tanto, es completamente ilegal. El impacto de este decreto ha calado de tal forma que incluso Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa, sacó un pronunciamiento en contra. Sin embargo, esto representa una contradicción con su programa de gobierno, que en el punto 54 de “Transformación Agropecuaria” promueve abiertamente la aplicación de la biotecnología a la agricultura considerando las evaluaciones de impactos, pero sin proponer ninguna restricción de principio.

Por otro lado, es necesario recordar que el único transgénico autorizado en Bolivia actualmente fue aprobado durante el gobierno de Mesa en 2005 (Resolución Multiministerial 1, del 7 de abril de 2005) y se elevó a rango de DS por Eduardo Rodriguez Veltzé (DS 28225, del 1 de julio de 2005).

Este hecho recibió también respuesta del expresidente Evo Morales, quien expresó su indignación mediante Twitter. Dicha opinión fue atacada por medios de comunicación, incluyendo Página Siete y El Diario, afirmando que fue él quien legalizó los transgénicos en 2011. Estas desinformadas y desinformadoras noticias hacen referencia explícita a la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.

Dicha norma establece textualmente en su artículo 15: “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.

Es decir, la Ley 144 que estos medios afirman “legalizó el uso de transgénicos en el país” es justamente una de las principales normas que representan una barrera a los transgénicos de las especies de las que somos centro de origen o diversidad, y que está siendo abiertamente violada con el DS 4232 al incluir el maíz, del cual tenemos 77 variedades. Esta ley no solamente refuerza el régimen de seguridad de la tecnología moderna vigente desde 1994 (Ley 2274 y DS 24676), sino que obliga a que se cumplan requisitos adicionales como el etiquetado.

Ante las presiones de la agroindustria, el año pasado el gobierno del MAS cedió al autorizar al Comité Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya HB4 y la Soya Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal Biodiésel (DS 3874, del 18 de abril de 2019). En la práctica estos procedimientos no fueron aprobados ni aplicados.

Si bien existe este antecedente, también es honesto y necesario reconocer que el marco normativo que ahora nos permite oponernos y rechazar el decreto promulgado por Jeanine Áñez fue elaborado y aprobado durante el gobierno del MAS. Este marco incluye principalmente los artículos 255 y 409 de la Constitución Política, la Ley 71, la Ley 300, la Ley 144, y el DS 2452

Si periodistas fueran más serios y fieles a la verdad, empezarían señalando que el marco normativo que muchas organizaciones y colectivos ambientalistas están citando, con plena razón, para rechazar el decreto reciente, fue aprobado durante el gobierno del MAS y que es gracias a lo avanzado en dicho periodo que existe una regulación más sólida al respecto.

También sería coherente informar y contrastar la práctica y el discurso de Carlos Mesa respecto a la introducción de la soya transgénica al país, y mejor aún, sería útil dejar de tratar la gestión de un gobierno como el actuar de una sola persona, ya que esta visión reduccionista solo logra invisibilizar los procesos más complejos, profundos y a veces confusos del pueblo boliviano.

Rafaela Molina Vargas
es bióloga graduada de la Universidad Mayor de San Andrés y estudiante de Maestría en la Universidad de La Sorbona