Voces

viernes 14 ago 2020 | Actualizado a 13:04

¿Una voz, un voto?

Un prejuicio recorre Bolivia: que los votos rurales valen más que lo urbanos.

/ 16 de junio de 2020 / 06:32

Pocos problemas son tan poco comprendidos, pero a la vez tan difundidos, como el problema de la representación política en Bolivia. Porque, a raíz de esta mala comprensión, un prejuicio recorre Bolivia: que los votos rurales valen más que los votos urbanos. Lo que debería importar en esta discusión, sin embargo, es que el número actual de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional no es el adecuado, no obedece a los fenómenos demográficos y económicos que el país ha experimentado en los últimos 40 años y, por otro lado, que de existir reformas al diseño de circunscripciones o número de diputados, como algunos proponen en los últimos días, no se considera el peso de las ciudades más grandes en el país en relación a los departamentos fuera del eje central del país, y mucho menos, el papel de la representación indígena. En pocas palabras, esta parece ser una discusión que olvida lo principal: la importancia de los Censos para tomar decisiones en lo que respecta a la representación política.

En medio de la discusión, se olvida que el tema está inmerso en una serie de contradicciones entre la Constitución Política del Estado y la Ley 026 de Régimen Electoral, que la Ley 421 “De Distribución de Escaños Entre Departamentos” del año 2013 buscaba solucionar. Las contradicciones se referían a que el parágrafo V del Art. 146 de la CPE faculta a definir al Órgano Electoral Plurinacional el número de escaños a distribuirse entre los departamentos del país, mientras que el Art. 56 de la Ley 026, dice más bien que la encargada de la distribución de escaños es la Asamblea Legislativa, es decir, el Órgano Legislativo. La Ley 421, que se aprobaría para definir un nuevo número de escaños por departamento de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2012, volvería a incurrir en esa contradicción, que es el Legislativo, y no el Electoral el que define la distribución de escaños. Además de esta contradicción, entre el parágrafo VII del Art. 146 y el parágrafo III del Art. 147, en lo que respecta a circunscripciones indígenas, se dice primero que las circunscripciones indígenas deberán regirse por el principio de densidad poblacional, y en el Art. 147, el parágrafo III dice “La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, ni la continuidad geográfica”. La Ley de Régimen Electoral establece, al respecto, que “no trascenderán los límites departamentales y solo podrán abarcar áreas rurales”.

Uno pensaría que existen dos caminos para solucionar el problema de la representación política, en lo que concierne a la distribución de escaños (o bien, modificar las contradicciones en la Constitución Política del Estado, o bien ir a elecciones), pero se olvidaría de lo principal: dado que hablamos de conversión de votos en escaños, se requiere una base estadística para un eventual rediseño, que solo puede ser el Censo de Población y Vivienda, que se realiza cada 10 años. En otras palabras, la modificación a la distribución de escaños debería realizarse el año 2021 o 2022. El Censo del año 2012, por otra parte, revelaba algunos datos a considerar: a)que Cochabamba, La Paz y Santa Cruz concentran alrededor del 70% de la población del país; b)que los departamentos que más crecían en relación al Censo de 2001, eran Pando (110%), Santa Cruz (31%), Oruro (26%) y Tarija (23%), mientras que al otro lado estaban Chuquisaca (8%), La Paz (15%) y Beni (16%); y c) que la tendencia, si se analizaba el Censo del 2012, en relación al Censo de 2001 y de 1992, revelaba que Santa Cruz y Tarija eran los departamentos que más crecían en el país, mientras que ese no era el caso de La Paz. Una vez conocidos estos datos, la Ley 421 del año 2013, restaba 1 diputado a Chuquisaca, Potosí y Beni, respectivamente, para aumentar esos 3 escaños al departamento de Santa Cruz. Pero aquí, de igual forma, digamos que la Ley 421 no se habría aplicado del todo: si es que esta Ley buscaba solucionar las ambigüedades del Art. 146 de la CPE, en lo que respecta “menor población” y “menor desarrollo económico”, por qué son los 3 departamentos mencionados, con “menor desarrollo económico”, ¿los que pierden 1 escaño cada uno, frente a un departamento de “mayor población” y “mayor desarrollo económico”? Resulta extraño, tomando en cuenta, además, que un ente sumamente politizado, como la Asamblea Legislativa Plurinacional toma estas decisiones.

Tomadas estas contradicciones, podría asumirse fácilmente que el próximo Censo aumentaría escaños a los departamentos de mayor crecimiento porque está claro que, a pesar del Art. 146, se toma únicamente el criterio de “menor población”. Tengo entendido, por otra parte, que alguna Senadora de Pando habría presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso para subsanar la primera contradicción, respecto a las atribuciones del Órgano Electoral frente al Órgano Legislativo. Pero es probable que esta medida busque restar representación al área rural (bajo el prejuicio de que el Movimiento Al Socialismo tendría más escaños a favor por el voto rural), y no tanto modificar o subsanar las contradicciones explicadas. De ser así, digamos que este discurso no consideraría que las circunscripciones indígenas deberían aumentarse de 7 a 34 -tomando como referencia a los idiomas oficiales reconocidos en el Art. 5 de la Constitución Política del Estado-, lo que restaría escaños plurinominales en cada departamento en el que se ubique una circunscripción indígena. En otras palabras, si, por ejemplo, el pueblo Guaraní en Chuquisaca es reconocido como una circunscripción indígena, entonces el departamento de Chuquisaca ganaría un escaño especial y pasaría a tener 4 diputados plurinominales, en vez de 5.

Está claro que la propuesta de la Senadora de Pando tiene un tinte político, buscaría anular la Ley 421 pero no contemplaría la importancia del Censo para tomar decisiones respecto a la distribución de escaños. Y si tomaría en cuenta el Censo, estaría buscando retrasar las elecciones hasta el año 2021 o 2022. Por otra parte, si su intención es restar representación al área rural, no consideraría la representación indígena. En pocas palabras, es probable que este discurso sobre infrarrepresentación del voto urbano no contemple qué tipo de reformas se quiere para mejorar la calidad de la representación política en el país. No consideraría, por ejemplo, que la disposición de 130 diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional obedece a una disposición de 1979, en base al Censo de Población y Vivienda del año 1976, cuando Bolivia tenía 4.6 millones de habitantes. Aún así, digamos que el mejor escenario, para evitar toda confrontación en un país polarizado e inmerso en una crisis de varias aristas, es ir a elecciones con las reglas que ahora se tienen porque, además, el país tiene a una mandataria con poca legitimidad.

De ser así, que lo que se busca es una reforma para mejorar la calidad de la representación política en el país, son necesarias algunas sugerencias: primero, que el número de diputados debe incrementarse, segundo, que en lo que respecta a las circunscripciones indígenas, estas deben incrementarse, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado; tercero, repensar la representación, si territorial o poblacional. La primera sugerencia, aunque no propongo un número, debería considerar que todos los departamentos excepto Cochabamba, La Paz y Santa Cruz tengan de entrada un número mínimo de diputados, por el solo hecho de que son departamentos de menor población y menor desarrollo económico (aunque habría que pensar dónde ubicar a Tarija). Hecho esto, considerar el número de circunscripciones indígenas en el país, en base al nuevo Censo, seguramente en 2022. La tercera sugerencia tiene que ver con la representación como tal: si se aplica el cálculo de dividir circunscripciones en cada departamento, de acuerdo a la media poblacional, esto causaría mayores conflictos, dado que a lo largo del país nos encontramos con el fenómeno creciente de la migración a las ciudades. Es probable que deba considerarse una representación territorial: por ejemplo, si aplicamos el ejercicio a Chuquisaca, cada circunscripción tendría entre 74.636 y 44.194 votantes, lo que significaría que la ciudad de Sucre tendría 3 diputados y el resto del departamento solo 2, lo que viciaría el concepto mismo de representación (territorios demasiado grandes y diferentes entre sí fuera de la ciudad de Sucre). 

Como se ve, la discusión requiere de más profundidad técnica. La contradicción entre voto rural y voto urbano solo refleja la polarización existente entre dos campos sobreideologizados.

Wim Kamerbeek Romero, politólogo y asesor de la Agrupación Ciudadana Chuquisaca Somos Todos. 

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La CNC está firme en sus principios de digitalización

/ 14 de agosto de 2020 / 02:02

La empresa que sobreviva esta crisis será aquella que enarbole la innovación y tenga un enfoque sostenible de los negocios. De esta forma estará preparada para enfrentar la competencia e impulsar su crecimiento.

Se busca que las empresas tengan mayor productividad y mejor competitividad sectorial, el desafío es impulsar la Economía 4.0, de transformación digital de las organizaciones empresariales privadas.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) de Bolivia participó de este importante lanzamiento, el “Plan de digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME’s) para el comercio exterior de Bolivia”. Se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. Este importante programa desarrollado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Kolau, socio estratégico de Google, permitirá la creación de páginas web y el servicio de georreferenciación y promoción en línea de bienes y servicios que brindarán una  plataforma en Google para las micro, pequeñas y medianas empresas bolivianas de manera gratuita.

Desarrollar la cultura digital en Bolivia es vital para generar mejores condiciones de vida y reactivar la economía. Para esta reactivación económica es necesario fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que en Bolivia el mayor número de compañías registradas son unipersonales —micro y pequeños emprendimientos— que representan un 80% del total de las empresas formales del país. Tenemos un déficit en la oferta de bienes y servicios digitales.

Es importante en este tiempo ver que los nuevos escenarios de hacer comercio en el país y el mundo nos dicen que la digitalización de las empresas ya no es una opción, sino una necesidad, es por esto que hoy comienza el Plan de Digitalización para un mínimo de 10.000 MiPyME’s por año, por tiempo indefinido y de manera gratuita, lo cual les permitirá difundir y comercializar sus productos tanto en Bolivia como en mercados internacionales; así seguiremos fortaleciendo el comercio exterior y generando mayores fuentes de empleo, para seguir aportando al crecimiento económico de nuestro país.

A pesar de las vicisitudes por las que atraviesa el sector empresarial, hemos visto que los empresarios y emprendedores están dispuestos y tienen el potencial para reinventarse. Es por eso que la Cámara Nacional de Comercio estará para coadyuvar y asesorar a las MiPyME’s en su proceso de transformación digital.

En Fundempresa —la mejor muestra de articulación público-privada—, que maneja el registro de comercio en Bolivia, tenemos más de 320.000 empresas registradas y trabajaremos en el marco de este programa para digitalizarlas, haciéndolas más productivas y competitivas en el mercado nacional e internacional.

La integración comercial de Bolivia, con  cadenas de valor efectivas y eficientes, que nos permita crear industrias y servicios fuertes, competitivos y capaces de atraer clientes desde el exterior, con empresas formales altamente innovadoras y conectadas con los principales mercados del mundo, como la Comunidad Económica Europea, con 800 millones de consumidores, la Comunidad Andina y el Mercosur.

Planteamos al país la necesidad de desarrollar una Nueva Política Comercial de Integración y Desarrollo, con la creación del Consejo Económico y Social, en el que el sector privado y público puedan encontrar un espacio institucional de discusión y desarrollo de políticas públicas en pro del emprendimiento y la inversión.

Poner en vitrinas mundiales nuestra cultura permite también abrir mercados para nuestras industrias de alimentos, textiles, maderas y cueros, entre otras. La lista es interminable, pero la idea esencial es que la vinculación productiva es más necesaria que nunca. Por eso se recomendó a la Cancillería la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones, Turismo e Inversiones en las delegaciones de Bolivia en el exterior.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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A la sombra del caos

/ 14 de agosto de 2020 / 02:00

En medio del caos jurídico que ha generado el Gobierno transitorio en Bolivia, la mira internacional enfoca los derechos humanos como objeto de justicia. Decenas de familias sumergidas en la incertidumbre de estos nueve meses podrían encontrar en tribunales extranjeros una luz al final del túnel.

Así lo hacen saber las dos demandas presentadas ante la Organización de Naciones Unidas, específicamente en la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, las que se basan en abundantes elementos de prueba, incluyendo decenas de archivos de audio, imágenes, videos y entrevistas.

“A nueve meses del quiebre institucional en Bolivia, denunciamos al gobierno de facto ante las Naciones Unidas por las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad”, manifiesta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina que se constituyó en parte denunciante, junto a otras organizaciones argentinas y bolivianas.

El CELS señala que a pesar de que se destruyeron pruebas y se niega información a la Fiscalía sobre quiénes comandaron los operativos, de todos modos, existe  “evidencia enviada (a las Naciones Unidas) que da cuenta de que, tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas”.

Acudir a instancias internacionales es una alternativa frente a la inacción del Estado boliviano que no impartió ninguna investigación ni sancionó responsables, coincide el especialista en derechos humanos Tomas Becker.

Becker participó en una investigación anterior sobre las mismas vulneraciones de derechos, en el contexto institucional de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Además el abogado es parte del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de 2003, que constituye un precedente en la materia.

De hecho, en 40 años de democracia, la masacre de 2003 es el primer caso de violencia grave y las masacres de noviembre de 2019 son los hitos que ocupan el segundo lugar. “Áñez no ha disparado a nadie pero está evitando su responsabilidad de investigar y castigar. Murillo y López también”, sostiene el abogado, quien con base en su experiencia, anticipa que las demandas pueden también ser acogidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional.

“La Corte Penal Internacional (CPI) investiga y, cuando se justifica, juzga a las personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión”.

Estas demandas suman en lo relacional, no en lo aritmético, hechos que intranquilizan la memoria y el presente de las familias bolivianas. Junto a la imagen negativa de los uniformados se activa la impunidad que indigna de grupos irregulares armados y racistas que fueron calificados de “paramilitares” y “parapoliciales” en informes de la Defensoría del Pueblo.

Otros reportes con similar carácter se encuentran en el Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard de Estados Unidos y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR).

Bolivia necesita una señal del mundo, el silencio solo contribuirá a asfixiar más la agonizante democracia boliviana. En cuestión de derechos humanos los organismos internacionales están llamados hoy a ser más que elegantes burocracias, constituyen una sombra en el caos abierto y despiadado.   

Claudia Espinoza es periodista

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Binarismo simplificador

/ 14 de agosto de 2020 / 01:58

En periodo electoral es común evaluar todo hecho político mediante el balance en torno a las “ganancias” y las “pérdidas” que cosechan las fuerzas políticas institucionalizadas que pugnan por el voto, con especial énfasis en aquellas que encabezan la preferencia electoral. De hecho, este análisis de tipo político es moneda corriente en la mayoría de los espacios periodísticos y mediáticos. Así, son periféricos los análisis de tipo sociológico o cultural en torno a nuestra agenda política cotidiana, se trata de una omisión muy normalizada en el ajetreo mediático y que, como resultado, deja por fuera la valiosa pregunta en torno a qué gana y qué pierde la sociedad (como tal) en estos hechos políticos.

Las causas y consecuencias de que una de nuestras ventanas al mundo esté configurada de esta manera, sea por la volatilidad de nuestra política diaria o sea porque vivimos en una sociedad altamente politizada nos lleva inevitablemente a una simplificación de la realidad que se torna muy riesgosa para nuestra convivencia democrática. De ahí que resulta bastante fácil y simplista dividir la política viva de este país en clave binaria: aquellos de absoluta bondad contra los de inconmensurable maldad. Y es que es así cómo desde buena parte de los partidos políticos se construyen estos relatos, fruto de posiciones dogmáticas propias de instituciones verticales y patriarcales. Para corroborarlo, basta mirar un poco el escenario de las vocerías y fuerzas políticas hasta encontrar a quienes se muestran más reactivos ante las corrientes autoritarias y que suelen ser quienes mejor han aprendido y replican esa forma de mal entender la democracia.

Volviendo a la sociedad, lo cierto es que pareciera ser que la imposibilidad de leer sociológica, cultural o políticamente (por fuera de la política formal) a la sociedad boliviana nos lleva a elaborar y manifestar nuestros (pre)juicios en torno al comportamiento de los otros con base a estos parámetros propios del campo político institucional; que, ya se dijo, actualmente están establecidos de forma plana y binaria. Es así que un desaforado discurso de un Comité Cívico tienda a asociarse directamente a la totalidad de una ciudadanía calificada como “pitita” o que un intransigente pliego petitorio de una organización sindical tienda a ser asociado directamente a la totalidad de una ciudadanía calificada como “masista”.

Esta forma sesgada de leer la política que se hace desde la sociedad permite que las manifestaciones propias de grupos sociales con intereses y agenda propia sean reducidas a adjetivos que nacen en los relatos de la política institucional confrontada. Esto hace que se tienda a eliminar definitivamente su complejidad y, al hacerlo, se cancele la necesidad de su comprensión.

El tiempo ha demostrado que casi a toda generación de bolivianas y bolivianos le ha tocado mirar(se) al espejo para resolver las grietas sociohistóricas que comúnmente salen de debajo de la alfombra cuando no se resuelve o gestiona adecuadamente lo que es la bolivianidad y la democracia. Y aunque la historia nos encuentre hoy bastante cansados de hacerlo una vez más, es necesario que encontremos las formas de renovar las preguntas antes de acudir a respuestas pre fabricadas, descubramos las formas creativas de dialogar antes de recurrir a instancias agotadas en su recurrencia, (re)inventemos el espíritu democrático que nos permita no solo tolerarnos sino entendernos y, sobre todo, usemos con templanza y buena fe el pasado común para visualizar un futuro.

Verónica Rocha es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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El ‘Mallku’, el factor inesperado

/ 12 de agosto de 2020 / 02:36

Bolivia vivía en 1899 una guerra civil que a momentos se hacía cruenta y lacerante. José Manuel Pando, hombre de ideas liberales, buscó el derrocamiento del gobierno conservador de Severo Fernández Alonso. Liberales y Conservadores fueron entonces los protagonistas de aquel episodio desgarrador que fue la Guerra Federal. Buscando mayor fortaleza bélica, Pando se alió con el Movimiento Indígena de Pablo Zárate Willka, el temible Willka, como era conocido. Una coalición para enfrentar a la “Oligarquía del Sur” que representaba el Partido Conservador. Tenían intereses diferentes, para Zárate Willka se trataba de asegurar el rol del indígena en el futuro de la República liberal que estaba conformándose.

El 28 de marzo de aquel año, posiblemente preocupado por las matanzas en Coro y Mohoza, Pablo Zárate Willca escribe la Proclama de Caracollo, en ella expresa una idea de respeto recíproco necesario para la convivencia en la nueva República por venir: “Tan lo mismo deben respetar los blancos y vecinos a los indios porque son de la misma sangre e hijos de Bolivia y que deben quererse como hermanos y como indianos”. Ramiro Condarco Morales, autor de la conocida obra Zárate, el temible Willca, señala con acierto y puntualiza: “El debido respeto no solo como persona sino también como sujeto de derecho a la dignidad, a la vida, al progreso material y a la tierra”.

La novela Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto, publicada en los años 30 del siglo pasado y como un presagio de lo que estaba por llegar, incorpora una pieza de precisa descripción del momento político de entonces: el Manifiesto de las Nacionalidades Indígenas del Kollasuyo. En sus extensos pasajes sintetiza la crudeza de la relación del indio con el blanco, “¿qué queremos los indios? Algo muy lógico y natural, que se nos devuelva nuestra condición humana”. Sin respeto recíproco la igualdad queda degradada a un simple anuncio retórico y, en consecuencia, la libertad es anulada. Sin libertad ni igualdad, la Patria no puede ser regenerada. La regeneración del país equivalía en esos tiempos a una idea actual de refundación del Estado.

Después de 121 años, los odios raciales señalan que el respeto recíproco fue apenas un delirio momentáneo. Las fuerzas sociales vuelven a colisionar y hoy, el país nuevamente exterioriza la vena iracunda de un racismo que se pretende ocultar. Miles de bolivianos que ejercen su ciudadanía y acción de peticionar, marchan, bloquean y resisten la fecha modificada inconsulta e impensadamente por el Tribunal Electoral. En medio de la pandemia y la polaridad de odios, la protesta es señalada de irracional y los insultos abarrotan las redes sociales. La palabra indio, asociada a los peores y más humillantes adjetivos, se escribe con nombres personales y muchos otros disfrazados en un insulto vergonzante que no permite mostrar el rostro de su autor refinado.

Surgido de la nada, un hombre que ya en 2003 entendió la dimensión de este odio racial, vuelve a manifestarse: “Habrá movilizaciones desde las bases, es la única alternativa, nos haremos respetar porque el Gobierno está pisoteando a todos los hombres y mujeres que vivimos en la ciudad y el campo. Todos los días nos insultan, nos dicen salvajes, ignorantes, estúpidos, burros, indios de mierda. Señores y señoras de raza suprema, respetos guardan respetos. Nos respetaremos como seres humanos”. Hoy las movilizaciones de Felipe Quispe ya amenazan acorralar al Gobierno.

Es importante comprender que el conflicto social está mutando en estas horas. Deja de ser una demanda por el evento electoral y pasa a ser un hecho social, étnico/racial. Han ofendido en extremo a un sector que busca, históricamente, respeto recíproco. El conflicto va absorbiendo fases aceleradamente en su escalada ascendente. El pedido ahora es la salida de quien ejerce la transición. En el círculo rojo del poder, donde no se conoce el país y tampoco las lógicas de incidencia de los movimientos sociales ni la historia de una lucha de reivindicaciones por la igualdad étnica, racial y cultural de Bolivia, endosan toda la responsabilidad al MAS y su círculo dirigencial.

Los movimientos sociales en el altiplano boliviano reciben a Felipe y lo escuchan atentamente. Como en 2003, mientras el error político vigilaba a un dirigente con preocupación enfermiza, Felipe les llenaba de piedras las carreteras incansablemente, un día detrás de otro. Ayer en la tarde el Mallku era nombrado comandante de los bloqueos de las 20 provincias de La Paz. Dijo que mientras viva, no puede dejar a sus hermanos desprotegidos. Tampoco que los insulten.  Pide como en 1899, respeto recíproco.

Jorge Richter es politólogo.

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Adictos al precipicio

/ 12 de agosto de 2020 / 02:32

Somos adictos al precipicio. De cuando en cuando alguien —sin conocer la historia de los Balcanes, España o Ruanda— pinta en una pared dos terribles palabras: guerra civil. Y un signo de exclamación de cierre. Nota mental uno: ¿por qué ya nadie escribe el signo de exclamación de apertura? De vez en cuando, el poder se hace gas y reina la anarquía. ¿Quién manda? Nadie manda. ¿Quién se cansa? Todos nos cansamos. Bolivia es una camiseta verde sobre una cancha del mismo color. Entonces no hay azules ni “pititas”, no hay cambas ni collas, no hay “autoconvocados” ni “resistencias”. ¿Y si fuésemos tan solo la letra de una canción del Papirri? Uno trata de seguir las noticias en los canales mentirosos, leer los periódicos que casi ya no se imprimen, engancharse a las tóxicas redes sociales y termina hastiado, deprimido, con ganas de gritar: “maestrito, pare que me bajo en la esquina”. Pero antes suena una melodía en la radio: “Ch’enko total, ch’enko total, a ver cómo digieres la paella conceptual». Bolivia somos todos, todos contra todos. Nota mental dos: ¿Por qué el pinche Netflix eligió el relleno de papa?

Somos adictos a la (auto)flagelación. Somos como esas enfermedades donde el propio organismo se ataca a sí mismo. El sistema inmune se vuelve loco y conspira contra el cuerpo que lo acoge. Nota mental tres: ¿alguien sabe algo de aquella señora que salía en el Canal Siete por las tardes con la venia del exvicepresidente para hablar contra las vacunas?

Somos adictos al riesgo. Es nuestra particular manera de ser rebeldes insaciables, con o sin causa. Somos de ese tipo de personas que para sentirse vivas necesitan jugarse el pellejo constantemente o de cuando en cuando, como ahora. Así confrontamos frustraciones, justificamos fracasos (propios y ajenos) y eludimos los problemas reales para experimentar esa rica sensación que solo te da la adrenalina. O una caja de cervezas.

Somos adictos al vacío. Ayer estábamos al borde del abismo, hoy tratamos de dar un paso hacia adelante. No somos Suiza, no queremos ser ni en pedo la aburrida Suiza. Diagnóstico: estamos todos locos. Y esquizofrénicos: vivimos en realidades paralelas (auto)fabricadas para no salir jamás de nuestra zona de confort. Siempre tenemos la razón, todos defendemos la democracia y todos gritamos lo mismo: abajo la tiranía, la tuya, no la mía.

Los “pititas” creen haber hecho una “revolución”. El Poder Ejecutivo cree que manda. El Legislativo nos engaña con leyes que no se cumplen. El Electoral nos “salva” y cambia la fecha de las elecciones de acuerdo a picos que se mueven misteriosamente. Los movimientos sociales bloquean para adelantar todo… dos semanitas. Los “ciudadanos” hacen de policías. Los militares juegan a la guerra y nos joden los oídos con sus aviones caza sobrevolando la ciudad. Y a lo lejos hay un “varita”con barbijo dirigiendo el tránsito en una calle vacía. Nota mental cuatro: Al fondo del “Pacheco” todavía hay sitio.

Tenemos un presidente fuera del país que todavía se cree presidente y tenemos una presidenta con un pie fuera de Palacio que se pregunta todos los días cómo llegó a sentarse sin casi votos en esa maldita silla. Tenemos un ministro de Defensa que quiere ser Bolsonaro. Tenemos un candidato que se quedó paralizado en el pasado y sigue soñando con cabildos, amenazas y cartas. Tenemos aviones y helicópteros salidos de una mala copia de Mad Max escoltando un convoy que viaja por carretera llevando oxígeno de una punta a otra del mapa. No tenemos ministerio de Culturas ni de Deportes. Tenemos a Marinkovic de ministro de Planificación del Desarrollo. A lo lejos veo a Tuto con una vieja pegatina de los noventa en la solapa que dice “Tuto Banzer; mi amigo, mi diputado Chito Valle”. Y al fondo alguien escucha al viejo Pinochet diciendo en 1973: “La democracia, que siempre hemos respetado, será custodiada por las instituciones armadas, para impedir que pueda ser violada”.

Somos, al fin y al cabo, un país difícil de entender, imposible de no amar. Somos un poema de Urzagasti. Uno que dice así: “el pánico que siente el ser humano / ante sus anónimos semejantes / se transmite de una generación a otra / como virus de una escuálida memoria”.

Ricardo Bajo es periodista y director de la edición boliviana del periódico mensual Le Monde Diplomatique. Twitter: @RicardoBajo.

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