Voces

lunes 14 jun 2021 | Actualizado a 17:06

¿Una voz, un voto?

Un prejuicio recorre Bolivia: que los votos rurales valen más que lo urbanos.

/ 16 de junio de 2020 / 06:32

Pocos problemas son tan poco comprendidos, pero a la vez tan difundidos, como el problema de la representación política en Bolivia. Porque, a raíz de esta mala comprensión, un prejuicio recorre Bolivia: que los votos rurales valen más que los votos urbanos. Lo que debería importar en esta discusión, sin embargo, es que el número actual de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional no es el adecuado, no obedece a los fenómenos demográficos y económicos que el país ha experimentado en los últimos 40 años y, por otro lado, que de existir reformas al diseño de circunscripciones o número de diputados, como algunos proponen en los últimos días, no se considera el peso de las ciudades más grandes en el país en relación a los departamentos fuera del eje central del país, y mucho menos, el papel de la representación indígena. En pocas palabras, esta parece ser una discusión que olvida lo principal: la importancia de los Censos para tomar decisiones en lo que respecta a la representación política.

En medio de la discusión, se olvida que el tema está inmerso en una serie de contradicciones entre la Constitución Política del Estado y la Ley 026 de Régimen Electoral, que la Ley 421 “De Distribución de Escaños Entre Departamentos” del año 2013 buscaba solucionar. Las contradicciones se referían a que el parágrafo V del Art. 146 de la CPE faculta a definir al Órgano Electoral Plurinacional el número de escaños a distribuirse entre los departamentos del país, mientras que el Art. 56 de la Ley 026, dice más bien que la encargada de la distribución de escaños es la Asamblea Legislativa, es decir, el Órgano Legislativo. La Ley 421, que se aprobaría para definir un nuevo número de escaños por departamento de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2012, volvería a incurrir en esa contradicción, que es el Legislativo, y no el Electoral el que define la distribución de escaños. Además de esta contradicción, entre el parágrafo VII del Art. 146 y el parágrafo III del Art. 147, en lo que respecta a circunscripciones indígenas, se dice primero que las circunscripciones indígenas deberán regirse por el principio de densidad poblacional, y en el Art. 147, el parágrafo III dice “La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, ni la continuidad geográfica”. La Ley de Régimen Electoral establece, al respecto, que “no trascenderán los límites departamentales y solo podrán abarcar áreas rurales”.

Uno pensaría que existen dos caminos para solucionar el problema de la representación política, en lo que concierne a la distribución de escaños (o bien, modificar las contradicciones en la Constitución Política del Estado, o bien ir a elecciones), pero se olvidaría de lo principal: dado que hablamos de conversión de votos en escaños, se requiere una base estadística para un eventual rediseño, que solo puede ser el Censo de Población y Vivienda, que se realiza cada 10 años. En otras palabras, la modificación a la distribución de escaños debería realizarse el año 2021 o 2022. El Censo del año 2012, por otra parte, revelaba algunos datos a considerar: a)que Cochabamba, La Paz y Santa Cruz concentran alrededor del 70% de la población del país; b)que los departamentos que más crecían en relación al Censo de 2001, eran Pando (110%), Santa Cruz (31%), Oruro (26%) y Tarija (23%), mientras que al otro lado estaban Chuquisaca (8%), La Paz (15%) y Beni (16%); y c) que la tendencia, si se analizaba el Censo del 2012, en relación al Censo de 2001 y de 1992, revelaba que Santa Cruz y Tarija eran los departamentos que más crecían en el país, mientras que ese no era el caso de La Paz. Una vez conocidos estos datos, la Ley 421 del año 2013, restaba 1 diputado a Chuquisaca, Potosí y Beni, respectivamente, para aumentar esos 3 escaños al departamento de Santa Cruz. Pero aquí, de igual forma, digamos que la Ley 421 no se habría aplicado del todo: si es que esta Ley buscaba solucionar las ambigüedades del Art. 146 de la CPE, en lo que respecta “menor población” y “menor desarrollo económico”, por qué son los 3 departamentos mencionados, con “menor desarrollo económico”, ¿los que pierden 1 escaño cada uno, frente a un departamento de “mayor población” y “mayor desarrollo económico”? Resulta extraño, tomando en cuenta, además, que un ente sumamente politizado, como la Asamblea Legislativa Plurinacional toma estas decisiones.

Tomadas estas contradicciones, podría asumirse fácilmente que el próximo Censo aumentaría escaños a los departamentos de mayor crecimiento porque está claro que, a pesar del Art. 146, se toma únicamente el criterio de “menor población”. Tengo entendido, por otra parte, que alguna Senadora de Pando habría presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso para subsanar la primera contradicción, respecto a las atribuciones del Órgano Electoral frente al Órgano Legislativo. Pero es probable que esta medida busque restar representación al área rural (bajo el prejuicio de que el Movimiento Al Socialismo tendría más escaños a favor por el voto rural), y no tanto modificar o subsanar las contradicciones explicadas. De ser así, digamos que este discurso no consideraría que las circunscripciones indígenas deberían aumentarse de 7 a 34 -tomando como referencia a los idiomas oficiales reconocidos en el Art. 5 de la Constitución Política del Estado-, lo que restaría escaños plurinominales en cada departamento en el que se ubique una circunscripción indígena. En otras palabras, si, por ejemplo, el pueblo Guaraní en Chuquisaca es reconocido como una circunscripción indígena, entonces el departamento de Chuquisaca ganaría un escaño especial y pasaría a tener 4 diputados plurinominales, en vez de 5.

Está claro que la propuesta de la Senadora de Pando tiene un tinte político, buscaría anular la Ley 421 pero no contemplaría la importancia del Censo para tomar decisiones respecto a la distribución de escaños. Y si tomaría en cuenta el Censo, estaría buscando retrasar las elecciones hasta el año 2021 o 2022. Por otra parte, si su intención es restar representación al área rural, no consideraría la representación indígena. En pocas palabras, es probable que este discurso sobre infrarrepresentación del voto urbano no contemple qué tipo de reformas se quiere para mejorar la calidad de la representación política en el país. No consideraría, por ejemplo, que la disposición de 130 diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional obedece a una disposición de 1979, en base al Censo de Población y Vivienda del año 1976, cuando Bolivia tenía 4.6 millones de habitantes. Aún así, digamos que el mejor escenario, para evitar toda confrontación en un país polarizado e inmerso en una crisis de varias aristas, es ir a elecciones con las reglas que ahora se tienen porque, además, el país tiene a una mandataria con poca legitimidad.

De ser así, que lo que se busca es una reforma para mejorar la calidad de la representación política en el país, son necesarias algunas sugerencias: primero, que el número de diputados debe incrementarse, segundo, que en lo que respecta a las circunscripciones indígenas, estas deben incrementarse, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado; tercero, repensar la representación, si territorial o poblacional. La primera sugerencia, aunque no propongo un número, debería considerar que todos los departamentos excepto Cochabamba, La Paz y Santa Cruz tengan de entrada un número mínimo de diputados, por el solo hecho de que son departamentos de menor población y menor desarrollo económico (aunque habría que pensar dónde ubicar a Tarija). Hecho esto, considerar el número de circunscripciones indígenas en el país, en base al nuevo Censo, seguramente en 2022. La tercera sugerencia tiene que ver con la representación como tal: si se aplica el cálculo de dividir circunscripciones en cada departamento, de acuerdo a la media poblacional, esto causaría mayores conflictos, dado que a lo largo del país nos encontramos con el fenómeno creciente de la migración a las ciudades. Es probable que deba considerarse una representación territorial: por ejemplo, si aplicamos el ejercicio a Chuquisaca, cada circunscripción tendría entre 74.636 y 44.194 votantes, lo que significaría que la ciudad de Sucre tendría 3 diputados y el resto del departamento solo 2, lo que viciaría el concepto mismo de representación (territorios demasiado grandes y diferentes entre sí fuera de la ciudad de Sucre). 

Como se ve, la discusión requiere de más profundidad técnica. La contradicción entre voto rural y voto urbano solo refleja la polarización existente entre dos campos sobreideologizados.

Wim Kamerbeek Romero, politólogo y asesor de la Agrupación Ciudadana Chuquisaca Somos Todos. 

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Asegurar la navegación aérea es prioridad

/ 14 de junio de 2021 / 01:56

Como “caballo cochero”, cuando estamos encaminados a un solo destino, así estamos los bolivianos encauzando los pasos a días mejores y salir de la paralización que ocasionaron la pandemia y el golpismo.

Con la llegada de la pandemia se afectó a grandes economías del mundo y Bolivia no estuvo exenta; se suma la pésima administración que protagonizó la gestión de Jeanine Áñez, más los actos de corrupción que, en su momento, denuncié y ahora se confirman.

Pero la idea de este espacio no es ser “quejumbroso”, o como quieran llamarlo, ¡no!, al contrario, quiero aprovechar estas líneas para darles buenas noticias e información concreta.

Como conocen, o ahora se enterarán, nuestro gobierno que dirigen Luis Arce y David Choquehuanca, más quienes acompañamos este proceso, estamos enfocados en sacar adelante al país. Esto con acciones que muestren gestión y, por supuesto, resultados.

Bajo esa dinámica, quiero ofrecer un resumen de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, cartera estatal que ahora me toca dirigir.

Son distintas áreas de trabajo, pero me enfocaré en lo que se desarrolla en materia aeroportuaria: infraestructura, navegación aérea, desarrollo y servicios aeroportuarios, componentes del Programa de Desarrollo Aeroportuario que ejecuta el ministerio.

Antes, hacer una revisión a indicadores del área. De acuerdo con la Asociación Internacional para el Transporte Aéreo, el sector aeronáutico comercial atraviesa una situación delicada. Sus reportes dan cuenta de cifras preocupantes, el número total de pasajeros aéreos en 2021 será 52% menor a 2019, debido a las restricciones de viajes por la pandemia.

Si bien los datos no son alentadores, estamos —inicialmente— enfocados en asegurar el desarrollo aeroportuario en Bolivia. En esa línea, trabajamos en la reapertura del aeropuerto de Potosí, que reanuda operaciones este lunes. Es necesario destacar la coordinación con autoridades locales que pusieron su grano de arena para hacer posible el anhelo de los hermanos de la Villa Imperial.

Entretanto, en Cobija finalizó el mejoramiento y la ampliación del aeropuerto Cap. Aníbal Arab Fadul.

En la obra se invirtió más de Bs 195 millones. Esta terminal aérea tiene un interesante movimiento, por lo que nuestra empresa nacional BoA habilitó 14 vuelos por semana y transportará más de 2.500 pasajeros; con operaciones directas a Cobija desde Santa Cruz y Cochabamba.

Mientras que el aeropuerto de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, con un costo de más de $us 30 millones, será habilitado en las siguientes semanas; pretendemos promocionar el turismo y desarrollo económico y social de la región.

En el aeropuerto de El Alto, luego de registrarse una construcción fuera de norma que perjudicó a BoA, el edificio fue demolido tras una demanda judicial. Ello permitió que se levante la restricción impuesta por AASANA.

También estamos previendo la reapertura del aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba; la última inspección da cuenta de más del 90% de avance de obras.

En Trinidad se realizan obras civiles para una importante ampliación. Y en Yacuiba, para dar respuesta a algún incidente, se entregó dos carros bomberos a AASANA.

El aeropuerto de Guayaramerín, en Beni, se encuentra concluido; sin embargo, el pago de la contraparte, por cuenta de la Gobernación a la empresa constructora aún no fue realizado y estamos a la espera para oficializar la habilitación.

Como notaron, estamos trabajando poniendo el esfuerzo, pero esta voluntad y compromiso no son solo de nuestro Gobierno central, este trabajo debe ser mancomunado.

Por eso, quiero resaltar estas líneas y dar énfasis en la corresponsabilidad de varias instancias, municipios y gobernaciones que tienen que orientar su voluntad, encaminar su trabajo en hacer gestión. El beneficio es para sus regiones, su población, gente del lugar que exige resultados, que espera obras concretas.

En esta etapa ya no cuentan los colores políticos, ya pasó el tiempo de elecciones, ahora cuenta la gestión que realicemos, logros que cosechemos y estar verdaderamente como “caballo cochero”, en un solo norte: sacar adelante a nuestro país.

Édgar Montaño Rojas es ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

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Avalancha de noticias

/ 14 de junio de 2021 / 01:48

La pasada semana ha sido movida como muy pocas en materia informativa. Quienes estuvimos medianamente pendientes de las noticias vimos la agenda informativa cada vez más caliente a medida que pasaban los días, como una serie dramática con un vuelco de trama casi diario. El tema del año —el COVID- 19— entró a la agenda noticiosa desde el punto de vista de las vacunas y de la escasez de medicamentos. El hashtag #Liberen- LasVacunas se hizo consigna en las redes sociales, como si alguien en la plaza Murillo estuviera conteniendo la llegada de vacunas.

El tema fue gradualmente puesto en agenda desde hace varias semanas, pero no tuvo mayor repercusión mientras los cincuentones —asustados por redes sociales, creencias religiosas y desinformadores de toda calaña— dudaban de ir a recibir su pinchazo en los centros de vacunación masiva. Cuando éstos se abrieron a los siguientes tramos de edad, la asistencia fue caudalosa y las dosis empezaron a escasear. El Gobierno ha anunciado la llegada de grandes cantidades de dosis de las vacunas que se están aplicando en el país; por ejemplo, nos indican que para la próxima semana contaremos con un millón de vacunas Sinopharm.

Mientras tanto, los impulsores del #LiberenLasVacunas insistieron en notas epistolares, campañas en redes y otras expresiones mediáticas para que desde la plaza Murillo se dé vía libre a los gobiernos subnacionales para la compra directa de vacunas. El Ministerio de Salud logró responder a la situación y, al momento del cierre de esta columna, ya fue firmado un acuerdo con los gobiernos municipales para implementar un mecanismo de adquisición de vacunas contra el COVID- 19.

Pero mucho antes de que se resuelva el tema de las vacunas para el municipio, los medios nos anoticiaron —con lujo de detalles y con tomas desde todos los ángulos posibles— del bochornoso pugilato en la Asamblea Legislativa, el día de la interpelación al Ministro de Gobierno. El tema, que pudo haberse resuelto sin pasar de las habituales expresiones histriónicas a las que nos tienen acostumbrados nuestros asambleístas, se convirtió en un pretexto para armar un ring de enfrentamiento de “golpe vs. fraude”, reflejando y profundizando un ambiente de polarización en la población boliviana que se refleja incluso en los comentarios de las redes sociales luego del empate (con sabor a victoria, dirán los de siempre) de la selección nacional contra Chile.

Pero, llegando el fin de semana, las declaraciones de Jeanine Áñez en la Fiscalía pusieron sordina a todo lo que los medios nos mostraron hasta entonces. Como ya Ud., amable lectora, amable lector conoce, Áñez indicó que Carlos Mesa se opuso a que Adriana Salvatierra asuma la presidencia luego de que Evo Morales renunciara en noviembre de 2019. 

A partir de esta noticia, se me ocurren dos escenarios en el campo de la opinión pública: el primero, que se resquebraje la legitimidad de algunos de los protagonistas de los sucesos que dieron lugar al ascenso de Áñez a la presidencia. Con esto, una proporción de la gente de clase media que apoyó con entusiasmo el movimiento “pitita” se quedará sin referente político. Esto podría atenuar —pero no eliminar— el clima de polarización.

Un segundo escenario se daría en caso de que los simpatizantes de Mesa fortalezcan un bloque en defensa de su líder, de manera que el caso Mesa sería un pretexto para profundizar la polarización ya existente.

La avalancha de sucesos que los medios nos mostraron esta semana contribuye a la polarización y este es un tema que deberá ser gestionado en algún momento. La polarización promueve que entren en el debate público temas que en una emergencia no se debaten, se coordinan; por ejemplo, la compra de vacunas. La polarización distrae los recursos comunicacionales y la atención de la población sobre los mensajes que en este momento debería recibir la población acerca del cuidado personal, la aplicación de medidas de protección, distancia social, etc. — para bajar la tasa de contagios. Finalmente, la polarización atrae a su amiga íntima, la ingobernabilidad: la polarización nos puede llevar a decidir si acatamos o no a la autoridad sin ningún otro parámetro que el de nuestra posición política.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Platt y el Derecho

/ 14 de junio de 2021 / 01:40

La Carrera de Derecho de la UMSA ha determinado como uno de los textos básicos para la prueba de suficiencia académica para el ingreso a la carrera de Derecho el libro Estado Boliviano y Ayllu Andino del antropólogo inglés Tristan Platt, en la edición de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.

El libro de Platt hace un recorrido por la historia de las relaciones entre Estado y Ayllu, desde los pactos de reciprocidad de origen colonial mediante los cuales las comunidades indígenas pagaban un tributo y a cambio el régimen reconocía a las autoridades tradicionales de los ayllus, sus jurisdicciones y el manejo autónomo de la tenencia de la tierra, hasta la reforma agraria de 1953 y sus efectos.

El libro nos permite comprender que si bien Bolívar había abolido el tributo indígena, la medida no duró más de un año, en 1826 se restituyó el tributo indígena y en 1842 mediante la figura de la enfiteusis los indígenas pasaron a ser una suerte de inquilinos de la tierra. En 1874 se promulgó la ley de exvinculación que cambió el régimen de tenencia de tierras y por ello Platt la denomina la primera reforma agraria. Mediante esta ley se elimina el reconocimiento de mallkus, curacas y caciques como autoridades, y se obliga a las comunidades indígenas a que busquen un apoderado que gestione sus intereses en la ciudad. Los apoderados engañan a las comunidades y se produce una serie de resistencias y movilizaciones entre 1899 y 1921.

El libro finaliza con la llamada segunda reforma agraria, la de 1953 motivada por la Revolución Nacional, que si bien determina que las propiedades indígenas son propietarias privadas de la tierra que poseen (artículo 57 del Decreto 3464 de Reforma Agraria de 2 de agosto de 1953), condiciona la restitución de éstas a una reglamentación especial (artículo 42 del referido decreto). En 1954 la reglamentación especial privilegia a los pequeños propietarios y al solar campesino, de esta manera la restitución solo procede ante la asimilación de tierras de grandes terratenientes. Platt nos muestra las maneras en las que los ayllus y las comunidades indígenas tuvieron que resistir frente a un Estado sordo y ciego respecto a una parte mayoritaria de su población.

El libro de Platt se constituye en una interesante veta para una historia del Derecho boliviano aún pendiente, pero que no podrá dejar de lado esta lectura que realiza Platt de nuestras reformas jurídicas en apariencia liberales y sociales.

Se trata de una acertada decisión de la Carrera de Derecho para dejar de lado las miradas lineales y casi superficiales de la historia, y acentuar el estudio en fenómenos específicos que permitan comprender la densidad de la relación entre normas jurídicas y procesos sociales para llevar a cabo una mirada crítica del Derecho en Bolivia.

Farit Rojas T. es abogado y filósofo

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Una Copa limpia, eso necesitamos

Jorge Barraza, periodista argentino

Por Jorge Barraza

/ 13 de junio de 2021 / 20:11

“¿Qué fútbol veremos…?” Siempre que comienza un gran torneo se pregunta al entrenador y al periodista, como si fueran oráculos, un anticipo del juego que desplegarán los equipos, a quién vemos para campeón, etcétera. La respuesta más honesta es ¿quién puede saberlo…? Una gruesa porción de su encanto este deporte se la debe a su imprevisibilidad. Inesperado, ilógico, loco, cambiante, impredecible… Así es, afortunadamente. Ya en 1924 dio su primera muestra cuando Uruguay, al que en Europa creían tierra de indios, arrasó en los Juegos Olímpicos de París. Se ignoraba todo de los Celestes. ¿Sabrían jugar…? Y no sólo fue campeón, los aplastó ganándoles a todos los sus rivales, a algunos con goleadas resonantes.: Yugoslavia (7-0), Estados Unidos (3-0), Francia (5-1), Holanda (2-1) y Suiza (3-0). Fue el primer golpe de popularidad del fútbol mundial, gracias a semejante batacazo.

Turquía debutó el viernes en la Eurocopa con el antecedente de una supervictoria sobre Holanda por 4 a 2 en la Eliminatoria del Mundial y un 2-0 a Noruega (con Haaland) a domicilio. Se la tenía en muy buen concepto; pero cayó 3 a 0 ante Italia sin siquiera rematar al arco, en una producción pobrísima y timorata. Italia entrenó con ellos. Tres a cero que pudo ser más amplio. A lo más que nos atrevemos es aventurar.

La entrañable Copa América instaló otra vez su carpa, de nuevo en Brasil, como la última vez, y ayer ofreció su primera función. Sí puede decirse que, cualquier coronado que no sea Brasil, será sorpresa, en ciertos casos, rozaría la hazaña. Tal es el grado de favoritismo del local, que en los últimos cinco años con Tite apenas ha perdido un partido: 1-2 ante Bélgica en el Mundial de Rusia. En Sudamérica es amo de vidas y haciendas. Va invicto; de 18 juegos de Eliminatoria ganó 16 y empató 2. Y en su casa es aún más intratable. Es la conjunción de un formidable entrenador y un plantel calificado en número y calidad. También se beneficia de la modestia de algunos y de la desorganización o los errores de otros (Argentina, líder obstinado y perenne de esta lista).

Una pregunta mejor formulada sería ¿qué fútbol esperamos…? Anhelamos un buen espectáculo, desde luego, superador del que nos viene ofreciendo en los últimos años el continente. El domingo anterior vimos Estados Unidos 3 – México 2 por la final de la Liga de Naciones de la Concacaf. ¡Qué maravilla…! Volcánico, atrapante, de un ida y vuelta que cortaba el aliento, con una intensidad digna de una batalla a campo abierto, a bayoneta, con goles preciosos (el de cabeza de McKennie para el empate a dos fue excepcional, del tipo Pelé a Italia en 1970). A los 59 segundos de juego ya ganaba México 1-0 con un latigazo de Tecatito Corona y en el minuto 124 Andrés Guardado tuvo el empate de penal pero se lo atajó de manera notable el arquero Ethan Horvath. No se le puede pedir al fútbol más que eso. Los 37.648 espectadores del estadio de Denver nunca hicieron tanto ejercicio: saltaron cien veces de sus asientos. Pero, luego de disfrutarlo, casi nos avergonzó el clásico del norte. Lo primero que pensamos fue: ¿cómo avanzaron tanto…? Y ¿cómo nos quedamos nosotros…? Porque no vemos ese nivel en nuestras ligas ni en las copas, tampoco entre nuestras selecciones. Antes, hasta hace treinta años, el de la Concacaf era considerado un fútbol menor, una Primera C en el plano internacional.

Después de dos décadas sin títulos mundiales nos fuimos acostumbrando a que Europa está un escalón por encima nuestro. Y entre clubes, dos o tres. Pero ese 3-2 de los norteños fue un cachetazo en el rostro que nos dio la realidad. ¿Nos igualaron…? ¿Nos pasaron…? ¿También ellos…?

En la apertura de la Eurocopa, el Italia 3 – Turquía 0 resultó entretenido, sin grandes emociones, aunque fue un choque de limpieza ejemplar y con 12.916 personas en las tribunas (Italia fue el epicentro de la pandemia el año pasado, hoy ya puede recibir espectadores sin barbijo, acá no, a puertas cerradas). Sobrio arbitraje, no hubo ninguna acción en que se aplicara el VAR, aunque se revisan todas las jugadas dudosas en la cabina. Italia reclamó dos veces mano en el área turca, una posiblemente fuera discutible, pero todo con mesura, sin histerias. Se percibió que la UEFA quiere arbitrajes acertados, pero principalmente discretos, que pasen inadvertidos. Y que el VAR no sea una comedia de enredos ni desate polémicas. No a la criolla.

Volviendo a Sudamérica no pretendemos que los 28 enfrentamientos de la Copa que ayer se inauguró sean como el mencionado 3-2 de EE.UU.; si se alcanza la excelencia del Colombia 2 – Argentina 2 del martes último estamos cumplidos. Eso estuvo cercano al ideal, fue alta competencia de verdad, con ritmo de vértigo por momentos y el agregado indispensable de que ambos lucieron virtudes y capacidades, había equivalencias. Fue, quizás, el mejor duelo de los treinta que lleva la Eliminatoria.

Pero, además de las posibles bondades del juego, necesitamos una competencia organizada, prolija, sin mamarrachos, que haga honor a la bella historia de nuestra competencia madre, pionera en el mundo. Y, sobre todo, limpia, ejemplar, para volver a creer. Ya que la Conmebol nos encaja una Copa América a la vuelta de cada esquina (cuatro en seis años, y seis porque se postergó uno, estaba programada en 2020) que nos dé un producto noble. Queremos una copa donde se imponga el juego, no la polémica ni los fallos extraños, no con árbitros ciegos y con el VAR del señor Wilson Seneme, siempre tan conveniente para algún sector. Que gane la justicia, que las manos sean manos y las rojas, rojas. No puede ser que Uruguay tenga dos puntos menos en la clasificatoria mundialista porque cuatro señores con ocho o diez cámaras y toda la tecnología frente a sus ojos no se dieron cuenta que marcó un gol absolutamente legal. Ya no se tolera más incapacidad ni arbitrajes opacos. Diría el Tano Pasman: “No te pido treinta y ocho toques como el Barcelona, dos aunque sea, dos solitos”. Acá, igual. No pedimos la Copa de todos los tiempos, una decente nomás.  

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El comercio exterior a través de Arica

/ 13 de junio de 2021 / 02:19

El puerto de Arica, por su localización geográfica, es un puerto natural de relevancia estratégica para Bolivia desde la Colonia y la República. Se encuentra aproximadamente a 510 kilómetros de la ciudad de La Paz y tiene una conectividad con más de 24 ciudades, alcanzando a más de 20 millones de consumidores. Por este puerto circulan mercaderías desde y hacia Europa, Centroamérica, América del Norte e incluso América del Sur.

Pero además es esencial comprender el nivel de significancia que tiene el puerto de Arica en el comercio exterior boliviano, es así que cuando se analizan tanto las exportaciones como las importaciones, según vía de salida o entrada, concluimos que del total de las exportaciones que nuestro país realiza en valor, el 18% usa a ese puerto como salida. Mientras que el 31% de la mercadería que se interna por concepto de importaciones, lo utiliza como vía de entrada.

Cuando analizamos la importancia de la carga boliviana en el puerto de Arica llegamos a la conclusión de que ésta, en 2020, representó el 75% del total de carga movilizada, siendo aproximadamente 42% de exportación y 33% de importación.

La operativa dentro de este puerto refleja la importancia de los volúmenes y el movimiento para el país. Cuando se analiza el movimiento de camiones por esa terminal, se recibieron 40.285 y se despacharon 50.274 en 2020. Referente a los contenedores se descargaron 40.161 y se embarcaron 19.244; adicionalmente, se despacharon 12.156 contenedores desconsolidados y se consolidaron 2.495 contenedores en terminal.

En cuanto al movimiento de otras cargas, se registraron 429.697 toneladas de granel limpio, 111.802 toneladas de granel mineral y 63.654 toneladas de carga suelta.

El ferrocarril no solo mejorará el flujo de cargas, sino que también permitirá regular las tarifas y, lo más importante, descongestionará el puerto de Arica, reduciendo así costos adicionales de despacho indirecto y pago por demoras a las navieras. El ferrocarril permitirá devolver los contenedores vacíos antes de los 21 días y por ende bajarán los pagos por demoras.

La empresa Ferroviaria Andina no necesita autorización para operar el tramo Charaña-Viacha, en virtud a que tiene un contrato vigente con el Estado. Esta compañía transportaría 320.000 toneladas anuales, tanto de ida como de vuelta. Se transportaría como máximo el 16% de la carga de Arica.

Los efectos de la pandemia se notaron en todos los sectores de la economía nacional. Por ejemplo, en 2020, las exportaciones de nuestro país alcanzaron los $us 7.015 millones, registrando una caída del 21% con relación a periodo similar de 2019, en el cual se alcanzó $us 8.924 millones.

Por su parte las importaciones bolivianas llegaron a $us 7.080 millones, cifra menor en 2.704 millones a la registrada en el mismo periodo de 2019, cuando alcanzó a $us 9.784 millones. Este comportamiento representa una disminución de 27,6% durante el periodo de referencia.

Como consecuencia, en 2020 Bolivia registró un déficit comercial de $us 65 millones, efecto explicado por un descenso en los precios internacionales de materias primas ante la baja en la demanda de estos productos.

En medio de este escenario, resulta importante analizar la importancia del puerto de Arica para el comercio exterior del país, que es sin duda uno de los puntos de ingreso y salida de productos más importante para la logística nacional.

Con el objetivo de brindar mejores condiciones al empresariado boliviano, la Terminal Puerto Arica ha estado llevando adelante una serie de mejoras en su infraestructura, por ejemplo el aumento de calado operativo de los sitios 4/5 a 11,4 metros, lo que permite la atención a naves de mayor tamaño, menor tiempo de tránsito y como consecuencia menores costos en fletes marítimos, reportando un ahorro de entre $us 300 y 600 por contenedor.

Por otra parte, en esta última temporada se ha estado aplicando la metodología del despacho directo, modalidad que tiene prioridad de carguío y cuyo objetivo es beneficiar a los clientes importadores al disminuir el tiempo de espera de despacho de su carga y principalmente percibir el ahorro en costos, ya que la tarifa que se aplica es cero. Entre octubre de 2020 y abril de 2021, el 21% del total de despachos aplicaron este procedimiento.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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