Voces

sábado 15 may 2021 | Actualizado a 16:47

Plasma hiperinmune

Se trabaja un proyecto de ley que haga obligatoria la donación de plasma de quienes se han recuperado

Por La Razón

/ 19 de junio de 2020 / 06:29

Ya en abril pasado se confirmó que la transfusión de plasma hiperinmune, es decir, de pacientes que adquirieron el COVID-19, lo superaron y se recuperaron, era eficaz para mejorar el sistema inmune de pacientes en estado grave con esta enfermedad viral y se creó un protocolo de donación, pero desde entonces hasta ahora aparentemente se ha creado un mercado negro de la sustancia.

Durante todo mayo se repitieron tanto las noticias sobre los beneficios de usar el plasma hiperinmune como las que daban cuenta de una creciente demanda de este componente de la sangre humana. Fue mucho menor la información acerca de los requisitos, que hacen difícil encontrar donantes aptos: no tener anemia; pasar por pruebas VIH, Hepatitis B y C, Chagas y Sífilis; no tener ninguna enfermedad contagiosa; contar con las dos pruebas negativas de COVID-19 y haber cumplido 14 días como asintomático después del alta hospitalaria; realizar una nueva prueba de COVID-19, un hemograma y coaguloma; tener entre 18 y 60 años; y no haber recibido transfusiones de sangre antes.

Ambos factores posibilitaron que quienes cumplían las condiciones prefiriesen tratos directos con familiares de personas en estado grave o crítico antes que pasar por el banco de sangre de referencia, donde de todas maneras debe ser extraída la sangre para luego someterla a un tratamiento que separa glóbulos y plaquetas del plasma, que puede almacenarse por muchas semanas y servir a más de un paciente.

Dada la circunstancia, tanto miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional como autoridades del Ejecutivo, comenzando por la Presidenta interina, recordaron a la población que la Ley 1687, de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, del 26 de marzo de 1996 señala que “queda terminantemente prohibida la remuneración o comercialización de sangre humana y sus componentes” bajo amenaza de sanción penal. El Ministro de Gobierno, fiel a su estilo, amenazó a las personas con “hacerles caer la ley” a quienes aprovechan la necesidad de otros.

Asimismo, legisladores de diferentes partidos anunciaron que se está trabajando un proyecto de ley que haga obligatoria la donación de plasma de quienes se han recuperado, citando no solo un deber moral de estas personas, sino sobre todo el hecho de que su recuperación costó recursos públicos. Lo problemático aquí es que siendo parte del cuerpo humano, la sangre debe ser donada voluntariamente, y es obvio que un acto de esta naturaleza no puede ser obligatorio.

La pandemia está revelando, pues, no solo las limitaciones del Estado para lidiar con una emergencia sanitaria de estas proporciones y garantizar derechos humanos, sino también un rostro poco sensible, empático y solidario de una parte de la sociedad, que por una y otra razón siente que su sangre no debe ser entregada a quienes la necesitan, o al menos no de manera gratuita. Los muchos esfuerzos públicos y privados por estimular la donación de plasma deberían ayudar a cambiar esta actitud; ojalá que así sea.

Comparte y opina:

Cooperación intergubernamental

No estamos, pues, condenados al conflicto entre bolivianos y bolivianas. Lo cordial no quita lo valiente.

Por La Razón

/ 15 de mayo de 2021 / 01:00

El inicio del relacionamiento entre el Gobierno central y las autonomías municipales y departamentales ha sido más auspicioso de lo que algunos esperaban. Se ha abierto un canal de diálogo prometedor que ojalá derive en un trabajo colaborativo, sobre todo en este momento en que el país debe enfrentar una tercera ola de la pandemia, la vacunación masiva y la reactivación de la economía.

 A fuerza de augurar posibles conflictos o catástrofes, se termina haciendo mucho para que éstos se produzcan efectivamente, eso es lo que se denomina como “profecías autocumplidas”. Desde hace varias semanas, analistas y otros augures pronosticaron problemas de gobernabilidad e incluso un inevitable conflicto regional debido a la incompatibilidad ideológica entre el Gobierno central y muchas de las nuevas autoridades subnacionales.

Aunque varios de esos observadores expresaban más bien deseos que análisis objetivos del momento, lo cierto es que había dudas sobre la manera como se iban a encarrilar las relaciones intergubernamentales en un escenario marcado por una gran pluralidad política e ideológica. Estaba fresca en todos, la memoria del complejo conflicto de poderes de 2007-2008.

Sin embargo, cada momento político tiene sus particularidades y la historia no debe necesariamente repetirse. Los problemas del país y la correlación de fuerzas en este 2021 son evidentemente diferentes a las de 2007, aunque este nuevo escenario no está tampoco exento de posibles tensiones intergubernamentales. Evitarlas es la tarea de los actores políticos o al menos canalizarlas mediante procedimientos dialogados, institucionales y democráticos.

Por tanto, hay que reconocer el esfuerzo inicial de todas las autoridades para impulsar un diálogo y establecer canales de comunicación operativos, por ejemplo, entre el Ministro de Economía y el de Salud con alcaldes y gobernadores de todas las fuerzas políticas. Estas reuniones son muy buenas señales, a la espera de una reunión formal del Presidente con todos ellos, como ya se hizo al inicio de la actual gestión.

El principal reto es que esas conversaciones se concreten en un trabajo cooperativo en temas como la lucha contra el COVID-19 o la reactivación económica. También sería deseable que las divergencias, que también aparecerán, se canalicen mediante mecanismos democráticos y deliberativos.

Es igualmente positivo que el Gobierno haya decidido encarar algunos temas delicados, como la realización del nuevo censo de población, con un ánimo abierto a las observaciones y a la participación de otros actores.

No estamos, pues, condenados al conflicto entre bolivianos y bolivianas. Lo cordial no quita lo valiente, hay siempre maneras para defender ideas y posiciones diferentes con fuerza, pero buscando soluciones para todos los ciudadanos y sobre todo no haciendo caso a las aves de mal agüero que se alimentan con la confrontación y polarización.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Innecesario conflicto

Se impide el desarrollo de la capacidad ferroviaria, que debe ser el corazón del corredor bioceánico.

Por La Razón

/ 14 de mayo de 2021 / 02:03

Cuando se anunció, semanas atrás, que el Estado chileno finalmente cumpliría su obligación de garantizar el funcionamiento del servicio ferroviario La Paz–Arica, lo que debía ser una noticia positiva para el país y las relaciones con Chile pronto se convirtió en motivo de conflicto con el gremio del transporte de carga. Es posible que el asunto tenga aristas políticas antes que gremiales.

La puesta en marcha del servicio ferroviario interrumpido desde 2005 (cuando la empresa concesionaria del tramo en Chile se declaró en quiebra), tarea iniciada con pruebas en la vía que incluyen el traslado de un cargamento de acero entre el puerto chileno y Santa Cruz de la Sierra, motivó que el gremio del transporte internacional de carga se declarara en emergencia ante la “amenaza” contra la fuente laboral de sus afiliados.

El estado de emergencia se convirtió, desde hace casi una semana, en bloqueos en las carreteras principales del país y obligó al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a plantear un diálogo con los dirigentes del gremio a fin de explicarles que su aprehensión es infundada, pues el mercado de importación y exportación de carga alcanza para ambas modalidades, la carretera y la ferroviaria.

Unánime fue también la opinión de todos los gremios empresariales vinculados con las importaciones y exportaciones: el comercio internacional que pasa a través del puerto de Arica es lo suficientemente grande como para requerir el servicio de ambas modalidades de carga, que en realidad son complementarias y no mutuamente excluyentes, como equivocadamente creen los transportistas. Así se pronunciaron al menos la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre varias otras.

Por su parte, los transportistas accedieron a dialogar con el Gobierno, pero simultáneamente definieron rechazar la intención de la Empresa Ferroviaria Andina de rehabilitar la ruta Arica-La Paz y la ampliación de tramos ferroviarios del oriente, los ramales Argentina-Villazón, Oruro-Potosí, San Cristóbal-Antofagasta, Brasil-Puerto Suárez, Salvador Mazza-Yacuiba-Santa Cruz; es decir: impedir el desarrollo de la capacidad ferroviaria del país, que debe ser el corazón del corredor bioceánico pactado con Brasil y Perú.

Dada la cantidad de argumentos a favor de la coexistencia y complementariedad de ambas modalidades de transporte, y la posición del gremio transportista en contra del desarrollo de las vías de comunicación hacia el exterior, es dificil no percibir intereses ajenos a la reivindicación laboral de los choferes, que en última instancia tienen un muy alto costo para el desarrollo del país. En tiempos cuando Bolivia necesita mecanismos que favorezcan la reactivación económica, es inaceptable que un gremio, supuestamente en defensa de los derechos de los suyos, vulnere los derechos del resto de la población.

Comparte y opina:

El modelo J.A.LLA.LLA

Además de abonar un débil sistema de representación política, estas experiencias lastiman la gestión pública.

Por La Razón

/ 12 de mayo de 2021 / 02:09

La crisis poselectoral de la agrupación ciudadana Juntos al llamado de los pueblos (cuya sigla formal es J.A.LLA.LLA) expresa de manera nítida el tipo de organizaciones políticas que se activan para postular candidaturas y cuya motivación principal son los cargos. No es un caso aislado. El “modelo Jallalla” está presente en varios partidos políticos y agrupaciones ciudadanas del país.

La agrupación Juntos al llamado de los pueblos fue creada como organización política en 2017. Según su estatuto orgánico, asume como principios, entre otros, la democracia y la libertad, comunitaria y descolonizadora. Declara también un listado de fines y objetivos. Su estructura orgánica se basa en congresos, ampliados y direcciones. Y tiene alcance departamental, en La Paz. Con esa estructura su primera participación en procesos electorales fue en los recientes comicios subnacionales 2021.

A la vista de los resultados de la votación, Jallalla surgió como una “fuerza alternativa”, con importantes victorias. Postuló a dos candidatos fuertes: Felipe Quispe (el Mallku), emblemático dirigente aymara (sustituido por su hijo tras fallecer en pleno proceso electoral); y Eva Copa, joven líder alteña. Y ganó, nada menos, la Gobernación de La Paz y la Alcaldía de El Alto, desplazando al MAS-IPSP. Se habló incluso de Jallalla como recomposición en el campo nacionalpopular. Hasta ahí el idilio.

La realidad orgánica es distinta. Como ya es tradición en procesos electorales, la agrupación Jallalla en realidad prestó la sigla (alquiló es la expresión correcta) a Quispe y Copa. En el caso del candidato a gobernador de La Paz se conoce que hubo un documento de compromiso. El deterioro de la alianza fue veloz, hasta con amenazas de muerte. No esperaron ni la posesión de las autoridades electas y se produjo la ruptura. Tanto el gobernador como la alcaldesa electos tomaron rumbo político propio.

¿Qué nos muestra el “modelo Jallalla”, ampliamente extendido en el país? Primero, que son organizaciones políticas en el papel, sin liderazgos, débil estructura orgánica, ausencia de democracia interna. Segundo, que hay un tráfico de siglas para postular candidaturas, carentes de base programática. Tercero, que la motivación esencial de estas alianzas es el acceso a cargos y puestos de representación. Cuarto, que son organizaciones que se repliegan, o desaparecen, cuando no hay elecciones.

Resulta evidente así que Jallalla no es una fuerza política alternativa ni un factor de renovación en el campo nacional-popular. Sus dirigentes, dueños de la sigla, quieren cargos. Y para conseguirlo expulsaron al “traidor” Quispe —que impuso a su esposa como asambleísta— y ahora lo amenazan con juicios y una prematura revocatoria de mandato. Lo acusan de “falta de palabra” (sic). Lo crítico es que además de abonar un débil sistema de representación política, estas experiencias lastiman la gestión pública.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Alimentos con futuro

Es tiempo, pues, de transformar la producción de alimentos.

Por La Razón

/ 10 de mayo de 2021 / 01:46

En tiempos cuando la gran agroindustria busca seguir haciendo negocios con el Estado y hasta busca apoyo en exautoridades, mientras expande sus operaciones de soya y otros granos, así como carne vacuna, de gran demanda mundial, hace falta desarrollar alternativas sostenibles para la alimentación. Un reciente estudio muestra que al menos 14 alimentos tienen gran futuro.

Se trata del Mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuya gran finalidad es el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los productos alimenticios identificados como poseedores de alto potencial productivo y de generación de empleo son: castaña beneficiada; arroz en grano, azúcar y alcohol, leche fresca y procesada, maíz, café en grano y procesado, maní, aceite comestible, cacao y chocolate, harina de maíz, frejol, quinua, carne bovina y avícola.

Dedicar fuerzas productivas al sector agroalimentario “puede ser la punta de lanza para la recuperación socioeconómica”, tanto desde el punto de vista de la seguridad y soberanía alimentarias, pero también desde el punto de vista de la generación de divisas y de la sustitución de importaciones e incluso un modelo de exportación, afirma el Representante Residente Adjunto del PNUD en Bolivia.

El estudio desarrollado por la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ofrece, además del mapeo de productos, fichas de oportunidad de inversión para todos ellos. Las fichas incluyen diversos indicadores para orientar la inversión en cada rubro, y brindan información tal como tasas y tiempos de retorno de la inversión, posible crecimiento anual, riesgos sociales y ambientales asociados a diversos factores ambientales y humanos, y otros más. Asimismo, brinda consejos para mejorar la productividad bajo prácticas sostenibles, como el uso eficiente de recursos hídricos y energéticos.

El cálculo desarrollado por el PNUD para el sector agroalimentario señala la necesidad de una inversión equivalente a $us 300 millones en el sector, proponiendo alternativas a la tradicional intermediación bancaria para que inversionistas privados aporten al rubro, incluyendo la mesa de finanzas sostenibles, que involucra a instituciones tales como la Bolsa Boliviana de Valores, Asoban, el BDP y las AFP, entre otras.

Es tiempo, pues, de transformar la producción de alimentos, hasta ahora entregada a manos de una gran agroindustria obsesionada con la exportación y poco sensible con las necesidades de la población, y un vasto campesinado sometido a crueles leyes del mercado cuando lleva su producción a las ciudades. Invertir de manera sostenible parece ser un buen camino para mejorar las condiciones en que se producen alimentos esenciales, favoreciendo en el camino a la generación de empleos y la sustitución de importaciones, dos prioridades del Gobierno.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Ascensos por decreto

Es fundamental asumir que en democracia y en un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas no deliberan.

Por La Razón

/ 9 de mayo de 2021 / 00:34

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 4291, mediante el cual el régimen provisorio de Áñez ascendió a generales de las Fuerzas Armadas sin contar con la ratificación de la Cámara de Senadores. La sentencia constitucional otorgó un plazo de seis meses a la Asamblea Legislativa para que sancione una ley regulatoria en la materia.

En el primer semestre de 2020, entre otras disputas, el Gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional (presidida por Eva Copa del MAS) se enfrentaron por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Como establece la Constitución Política del Estado (inciso 8 del artículo 160), el Ejecutivo propuso los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada. Para hacerse efectiva, esta medida debía ser ratificada por el Senado. Pero hubo observaciones, que no fueron subsanadas.

En ese accidentado recorrido, el Ejecutivo llegó a interponer una acción de cumplimiento contra el presidente de la comisión legislativa correspondiente. Lo perdió. El momento más crítico, y también el más bochornoso, se produjo en mayo, cuando el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana (hoy prófugo de la justicia), se presentó en traje de campaña en la Asamblea Legislativa junto con otros militares. Su inaceptable intimidación, propia de regímenes autoritarios, no dio resultado.

En lugar de subsanar las observaciones de la comisión legislativa, el régimen de Áñez, violando la Constitución, impuso los ascensos por Decreto (N° 4291, del 15 de julio de 2020). “Frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad interna y externa”, justificó dramatizando el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López (hoy también prófugo de la justicia). La presidenta del Senado recurrió al TCP con un recurso directo de nulidad.

Transcurridos casi diez meses desde entonces, el TCP finalmente se pronunció sobre los ascensos del año 2020, que estaban “congelados”. La sentencia fue inequívoca: el mencionado Decreto es inconstitucional. Claro que hay un déficit que debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa. Se requiere una ley específica que regule los plazos y procedimientos de los ascensos, que involucran a dos órganos del poder público. El mismo Tribunal Constitucional señaló un plazo de 180 días para sancionar dicha norma.

Más allá del cauce constitucional y legal que siga este episodio, es fundamental asumir que en democracia y en un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas no deliberan, son esencialmente obedientes y están sujetas al ordenamiento normativo en vigencia. En ello no puede haber paréntesis, ni desviaciones autoritarias, ni “estados de necesidad”. La misión constitucional de defensa y conservación de la seguridad, la estabilidad y la soberanía debe cumplirse con pleno respeto a la Constitución y los derechos humanos.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Últimas Noticias