En noviembre de 2019 se instaló un nuevo gobierno liderado por la línea opositora al Movimiento Al Socialismo, a la cabeza de la exsenadora Jeanine Áñez con el apoyo de las fuerzas tanto policiales como armadas.

Dejando de lado las heridas que ocasionó tal hecho, las rupturas generadas dentro de la sociedad boliviana y los apasionamientos políticos, e intentando tener una lectura objetiva, pongo en discusión un tema que ha ocupado acalorados debates en redes sociales, en medios de comunicación y en el análisis político: acudir a elecciones nacionales en plena pandemia.

La vida democrática tanto en Bolivia como en Latinoamérica siempre tuvo sus altibajos, en una lucha permanente de ideologías y visiones de país que llevaron a derrocar dictaduras e implementar nuestro actual sistema democrático. La tarea desde 1982 fue ardua con diferentes actores y partidos políticos y en esa construcción es que surgen nuevas voces y actores políticos, además de mantenerse los tradicionales. En la década de los años 1990 y principios de los 2000, y como resultado de la implementación de nuevas políticas, tanto en el ámbito económico como político, surgen los movimientos sociales, como una respuesta alterna al entonces sistema político, con reivindicaciones y un liderazgo claro, irrumpiendo en el espectro boliviano como uno de los actores principales.

El hecho más claro de su accionar político fue en 2005, cuando, ante la crisis de un sistema político, el cansancio de los grupos y partidos políticos, emerge una clara reivindicación: “No queremos a los actuales gobernantes, ni al actual sistema de partidos políticos”.

Ante tremenda crisis institucional, política y social y al no sentirse representados por los partidos políticos que eran parte del Congreso Nacional de aquel entonces y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, se llega a un acuerdo político para que el Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, asuma el gobierno de transición.

Rodríguez Veltzé inicia sus funciones en junio de 2005 y el pueblo acudió a las urnas en diciembre de ese mismo año, cumpliendo, de esta manera, el único mandato que le fue encomendado. El nuevo gobierno, elegido democráticamente y por amplia mayoría, asumió sus tareas en enero de 2006, a la cabeza del dirigente cocalero Evo Morales Ayma.

En noviembre de 2019, la institucionalidad de este país fue quebrada y asumió funciones el nuevo Gobierno de transición, también con el único y mismo mandato que tienen este tipo de gobiernos: convocar a elecciones.

Sin embargo, estamos a junio de 2020, a siete meses de la ruptura institucional y aún no hay certeza ni claridad respecto a la nueva fecha de las elecciones generales.

En enero de 2020, el Órgano Electoral fijó el 3 de mayo de 2020 como la nueva fecha de elecciones generales, la misma que tuvo que ser suspendida por la pandemia que viene azotando al mundo entero.

Y así, nuestro país desde marzo del presente año a la fecha está paralizado, porque todos tenemos que cumplir un encierro obligatorio ante la ola de contagios que sacude Latinoamérica y nuestro país. ¡Qué momento complejo el que nos toca afrontar como ciudadanos al ver que no hay posibilidad de generar recursos y, lo que es peor, vivir en la incertidumbre!

Muchos otros países se encuentran en nuestra misma situación, donde este año debían llevarse a cabo elecciones para elegir a nuevos gobernantes, se ha definido suspender los comicios hasta valorar y analizar los niveles de contagios.

Ahora bien, ¿qué pasa en Bolivia?, ¿por qué no logramos el consenso para ir a las urnas? Dejando de lado las hipótesis tendenciosas, los bolivianos no logramos ponernos de acuerdo como país para llevar adelante unas elecciones ordenadas y con el cuidado que la coyuntura amerita.

¿Qué es lo que moviliza al actual Gobierno a querer mantener a los bolivianos en esa incertidumbre de marcar una fecha para las elecciones?

¿Por qué la señora Áñez recibe la Ley de Elecciones que marca el 6 de septiembre como la fecha de los comicios generales y ahora retrocede en su promulgación? Aun teniendo en cuenta que la norma fue aprobada por las diversas fuerzas políticas, incluida la de su candidatura y la aquiescencia del Órgano Electoral.

Ciertamente los criterios están encontrados en este momento, sobre todo en éste, que el pico de contagio del COVID-19 viene incrementándose con cifras alarmantes al ver un sistema de salud precario y deficiente. Sin embargo, el mantener una actitud intransigente y tozuda está logrando la indisposición de la mayoría de la población que pide insistentemente ir a las urnas para elegir al nuevo gobierno.

La importancia de nuevas elecciones en la actual coyuntura es trascendental para lograr reordenar las diversas visiones de país y perspectivas que tenemos todos, es importante que luego del quiebre que vivimos como sociedad el pasado noviembre de 2019 volvamos a reconstruir nuestro país.

La figura sería diferente si existiera un mínimo de sensatez del actual Gobierno y hubiese hecho lo que ellos mismos propusieron, más aún con el apoyo de las fuerzas represoras del Estado, llamar a elecciones. Pero no, en estos siete meses la población boliviana se queda azorada día a día con el accionar del Gobierno.

Está claro que la gran mayoría de la población boliviana reclama elecciones pese a esta época de pandemia, porque vemos que el actual Gobierno se está viendo superado en sus tareas, en controlar el contagio, en administrar el Estado y ni hablar de coherencia en su accionar y en su discurso político. Es evidente que sus acciones son improvisadas, desde el inicio de su mandato y por supuesto, exigir acciones eficientes y concretas a los actuales gobernantes es pedir demasiado, porque ciertamente llegaron al poder de casualidad y a la fuerza.

El tema de debate es que pese a la coyuntura sanitaria adversa que estamos atravesando, las diversas fuerzas políticas, la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral, organizaciones sociales y los ciudadanos expresamos nuestra demanda de fijar la fecha de elecciones, por dos básicas y sencillas razones: la primera es que este Gobierno no es legítimo; y la segunda, porque tenemos el derecho como ciudadanos de este Estado de escoger a quien nos gobernará por los próximos años.

Leyla Medinaceli Monrroy,
exviceministra de Gestión Comunicacional.