Voces

miércoles 5 ago 2020 | Actualizado a 08:44

El zorro Antonio

Es un nuevo caso de buena voluntad y amor por los animales que no corresponde con lo que la norma dicta

/ 23 de junio de 2020 / 06:39

Por La Razón

Recientemente la opinión pública ha sido conmovida por la historia de Antonio, un zorro andino rescatado por una familia de Oruro cuando todavía era un cachorro indefenso y que días atrás fue capturado por el Gobierno Municipal de esa ciudad y luego entregado al Zoológico. El caso inspiró muchas muestras de solidaridad con el animal y la familia adoptiva, pero la ley no es favorable.

Hasta donde se sabe, el zorro fue salvado cuando iba a ser sacrificado en una comunidad en las afueras de la capital orureña; no se conoce la suerte del resto de los zorros de la manada, pero el pequeño Antonio, entonces de apenas unas semanas de vida, fue adoptado y criado junto a los demás animales domésticos de la familia que lo salvó de la muerte. Hace unos días, los vecinos se quejaron de que el animalito había comenzado a aullar y la Dirección de Zoonosis del gobierno local intervino para llevarse al animal en coordinación con la Policía Forestal y Prevención del Medio Ambiente (Pofoma).

El zorro, completamente domesticado y manso como cualquier perro, según la familia adoptiva, fue llevado primero al Zoológico de Oruro, de triste memoria por haber sido el lugar donde otros animales silvestres, también rescatados de manos humanas, terminaron muriendo por las paupérrimas condiciones del lugar. Finalmente intervino el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que instruyó el traslado del zorro al Zoológico Vesty Pakos, de La Paz, donde está ahora y es estudiado por especialistas para determinar su estado de salud.

En redes sociales, vasta caja de resonancia de las preocupaciones de individuos y grupos, pronto se desató un fervoroso pedido de que el animal sea restituido a su familia adoptiva. Fue tal la ola de comentarios y manifestaciones, que en irónica coincidencia, hasta la Defensora del Pueblo y el Ministro de Gobierno pidieron que Antonio sea devuelto a sus criadores.

Finalmente fue la Ministra de Medio Ambiente y Agua quien hizo notar que tal cosa es imposible, pues la tenencia de animales salvajes en viviendas humanas no solo está prohibida, sino que es un delito sancionado con hasta tres años de cárcel; restituir al animal en su hogar humano obligaría a las autoridades a iniciar un proceso de oficio, explicó. Asimismo, un biólogo consultado por este diario afirmó que el zorro no perderá algunos rasgos de su naturaleza que lo vuelven peligroso para los humanos, pero al mismo tiempo, no ha sido criado para sobrevivir en la naturaleza y no puede ser devuelto a su hábitat sin más.

Es, pues, un nuevo caso de buena voluntad y amor por los animales que no se corresponde con lo que la norma dicta al respecto. Menos importa en este caso el cariño que le tenga esa familia a su Antonio que la clara obligación que tenían de entregar al cachorro a autoridades pertinentes cuando fue rescatado. La pregunta que surge, sin embargo, es ¿hubiera Antonio sobrevivido de haber sido entregado al Estado?

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Calendario y campaña

Lo que resulta inaceptable, y está prohibido por ley, es el uso de bienes y recursos públicos para fines electorales. Ocurre en varios niveles, pero es excesivo por parte del Gobierno provisorio y la candidata-presidenta Áñez.

/ 5 de agosto de 2020 / 02:07

Por La Razón

Reafirmando su decisión unilateral de postergar las elecciones para el 18 de octubre, el TSE aprobó el calendario con las nuevas fechas de las actividades que restan hasta culminar el proceso. Es una importante señal para brindar certidumbre a los comicios 2020, aunque se requieren todavía acuerdos sociales, políticos e institucionales que garanticen su legitimidad y legalidad.

Con la publicación del calendario los vocales asumen dos decisiones importantes sobre las elecciones. La primera es que no hay marcha atrás en el aplazamiento de la votación prevista para el 6 de septiembre, que a estas alturas es inviable por razones logísticas y administrativas. La segunda decisión es que la nueva fecha es inamovible y, por tanto, definitiva, con lo cual se descarta la posibilidad de una nueva postergación. Ni septiembre ni 2021, pues, las elecciones serán el 18 de octubre.

En relación al calendario electoral, luego de un prolongado paréntesis (desde marzo) a su ejecución, si bien ya está en vigencia desde este lunes, se retomará formalmente 45 días antes de la jornada electoral con la sustitución de candidaturas por renuncia. Es un hito relevante para las fuerzas políticas contrarias al MAS, que hasta ese momento podrán decidir si continúan con sus candidaturas o declinan para negociar cuotas en otras listas legislativas. Claro que ya no existe la posibilidad de formar alianzas.

Otra actividad fundamental del calendario es el sorteo público para la selección de jurados electorales, a realizarse el 18 de septiembre. La designación de estas autoridades, que tienen la misión de garantizar el funcionamiento de las mesas de sufragio, marca un punto de no retorno en el proceso. En esa misma fecha se inicia la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, que será central para la promoción de candidaturas dado el contexto de distanciamiento social por la pandemia.

En ese marco, debe alertarse sobre el plazo para la “difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña”, fijado para el 6 de septiembre. En rigor, es una formalidad que no se cumple. Es claro que todas las fuerzas políticas y candidaturas, unas más que otras, continuaron haciendo campaña electoral por diferentes medios (en especial en redes sociales) durante los últimos meses, en medio de la cuarentena. Parece difícil que el TSE pueda regular, prohibir y en su caso sancionar este extremo.

Lo que resulta inaceptable, y está prohibido por ley, es el uso de bienes y recursos públicos para fines electorales. Ocurre en varios niveles, pero es excesivo por parte del Gobierno provisorio y la candidata-presidenta Áñez. Pese a que un decreto de la propia Áñez lo prohíbe, gran parte de acciones y mensajes de “gestión pública” son en realidad campaña electoral, incluida propaganda en medios (al mejor estilo del expresidente Morales). El TSE debe actuar conforme a norma y no desentenderse del tema.

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Un golpe a la educación

Pero esto tiene una doble consecuencia: por un lado muchos colegios privados pierden su razón de ser y su fuente de ingreso. Por el otro, mucho más grave, toda la educación se privatiza de facto: solo estudiarán quienes tengan recursos para pagar a sus maestros.

/ 4 de agosto de 2020 / 09:16

Por La Razón

La decisión, anunciada el domingo por el Ministro de la Presidencia, de clausurar el año escolar en Bolivia, incluyendo a las unidades educativas públicas, privadas y de convenio, ha causado generalizada indignación no tanto por el hecho de que niñas, niños y adolescentes se quedan sin su actividad principal, sino por las enormes consecuencias que ello tendrá en el futuro.

Más tarde, el mismo día, el Ministro de Educación ofreció una conferencia de prensa en la que exclamó que suspender el año escolar no significa que las y los educandos dejen de estudiar. Para la autoridad, las previsibles críticas a la decisión son fruto del “prejuicio ideológico, de la conveniencia partidista o el escándalo mediático”. Mal miradas, las reacciones públicas a la noticia, particularmente las de dirigentes y candidatos políticos, parecían darle la razón al ministro.

Sin embargo, en los hechos la decisión significa que el Estado deja de cumplir su obligación constitucional de asegurar el derecho a la educación de toda la población, particularmente, en este caso, de niños y niñas en edad escolar, que no solo no podrán adquirir los conocimientos y competencias previstas para su respectivo nivel, sino que quedan en la incertidumbre sobre el modo en que retomarán sus estudios en 2021.

Asimismo, se trata de la consecuencia lógica de una decisión anunciada semanas atrás: que ningún estudiante del sistema educativo boliviano perdería el año escolar, es decir que las y los estudiantes ya habían aprobado, literalmente, por decreto, antes de que se anuncie la decisión de suspender clases. Por otra parte, es evidente que la determinación tiene que ver con la evidente incapacidad de las autoridades del ramo para lograr acuerdos con el magisterio y las asociaciones de padres de familia.

Con todo, muchos padres y madres tomaron la noticia con algo de alivio, cuando no resignación, pues en los hechos sus hijos e hijas no estaban recibiendo educación eficaz; si en los centros urbanos ya era complicado para muchas y muchos acceder a la tecnología de educación virtual, es fácil imaginar la frustración de miles de familias del área rural, donde, con muchas y muy honrosas excepciones, las y los maestros no supieron cómo responder a la circunstancia.

En algunos casos, padres y madres se organizaron para pagar a las y los profesores a fin de que sigan enseñando a sus hijos las competencias y habilidades programadas para el año. Pero esto tiene una doble consecuencia: por un lado muchos colegios privados pierden su razón de ser y su fuente de ingreso. Por el otro, mucho más grave, toda la educación se privatiza de facto: solo estudiarán quienes tengan recursos para pagar a sus maestros.

Ha fallado el Gobierno, y el costo se pagará dentro de algunos años. Mientras tanto, Bolivia seguirá descendiendo no solo en la escala que mide la calidad de su educación, sino en todas las listas que evalúan el estado de los derechos en general.

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Medicamentos esenciales

Son tiempos en que unos pocos sectores de la economía están prosperando, tal vez, como nunca antes, pero el resto no y la mayor parte de los negocios ven un oscuro porvenir. Toca que esos sectores transformen su inesperada prosperidad en solidaridad.

/ 3 de agosto de 2020 / 03:30

Por La Razón

Dependiendo del lugar y la circunstancia, una lista de medicamentos “esenciales” puede variar, pero no es descabellado sostener que en tiempos de pandemia por el COVID-19, son esenciales aquellos que combinados combaten los síntomas y pueden ayudar a un paciente leve o moderado a restablecerse sin necesidad de cuidados médicos en un hospital. El precio de estas medicinas ahora está regulado.

En efecto, en las últimas semanas, luego de que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz publicara la lista oficial de medicamentos para el tratamiento de pacientes leves, el precio de éstos se disparó gracias sobre todo a una combinación de escasez, agio y especulación, que ciertamente deben haber reportado una ganancia extraordinaria a unas cuantas personas inescrupulosas, a costa de quienes realmente necesitaban las medicinas y estaban dispuestos a pagar precios inverosímiles.

Fue tal el comercio descontrolado, que se identificó en El Alto y La Paz comerciantes que vendían los medicamentos de la lista, pero sin el registro sanitario correspondiente, que garantiza la calidad y efectividad de cualquier medicamento; eso trajo a la memoria el escándalo desatado cuando se descubrieron fábricas de medicinas falsificadas, que en el mejor de los casos eran caramelos o comprimidos de harina y en el peor, compuestos potencialmente tóxicos.

Ante el desorden, pero sobre todo el nivel de especulación, el Gobierno resolvió, luego de semanas de haber estado amenazando con hacerlo, regular el precio de los medicamentos de la lista de insumos esenciales para el tratamiento del COVID-19 en casos leves, estableciéndose una banda de precios en función de la industria y la procedencia de las medicinas. La lista incluye 300 productos y fue avalada por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, en consenso con propietarios de farmacias, el Colegio de Bioquímica y Farmacia, y las empresas industriales e importadoras.

Ahora, con esa lista de precios, que de manera obligatoria debe ser puesta en lugar visible de las farmacias, adquirir un paquete de esas medicinas para hacer el tratamiento completo, que dura poco más de una semana, costaría un mínimo de Bs 146, suponiendo que se tenga la improbable fortuna de encontrar todas las medicinas de la lista en su versión más barata. Aun así, se ha logrado poner límite al afán de lucro de los inescrupulosos.

Son tiempos en que unos pocos sectores de la economía están prosperando, tal vez, como nunca antes, pero el resto no y la mayor parte de los negocios ven un oscuro porvenir. Toca que esos sectores transformen su inesperada prosperidad en solidaridad y así no tengan que disponer recursos, se aseguren de que todas y todos los que necesitan medicinas y acceso a la salud puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles, sobre todo, habida cuenta que el Estado no ha dejado de fallar en ese aspecto.

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Ante la competencia desleal, el interés político y los ataques cobardes

Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y permanencia en el mercado.

/ 3 de agosto de 2020 / 02:16

Por La Razón

En los últimos años, los diarios del mundo fueron afectados por la irrupción de las tecnologías para la comunicación. El fenómeno cambió los hábitos de consumo de noticias, cuya consecuencia directa fue la caída de las ventas de periódicos y la publicidad, sin contar con el encarecimiento de los insumos y el control tributario.

Muchos diarios nacionales tomaron iniciativas propias para reinventarse, desde rediseñar su presentación y sus contenidos hasta decidir nuevos modelos de negocios. Y algunos optaron, de la manera más traumática, por el recorte masivo de personal o la reducción de salarios.

La Razón, como otros medios impresos del país, hizo sus propios esfuerzos por zafar el momento, pero en el intento tropezó con una serie de obstáculos, tanto internos como externos, y en este caso de la manera más artera desde flancos del mismo gremio periodístico, en una franca competencia desleal y sucesivos ataques inéditos contra su prestigio de líder nacional.

No es verdad que este diario haya tenido privilegios en la pauta publicitaria de parte del Estado; si es que de acuerdo con algunas publicaciones lo tuvo, fue gracias a sus tirajes, su llegada a todo el país, su liderazgo y, sobre todo, a su ejercicio responsable, sensato y plural del periodismo como lo tuvieron otros diarios de tiraje importante en el país.

El Estado (llámese Gobierno, gobernaciones, alcaldías, entidades o empresas estatales) no es el principal proveedor de publicidad de esta empresa. Así, no puede inferirse que el Estado sostiene a esta casa periodística; los mayores ingresos de publicidad de este diario corresponden a fuentes de la empresa privada, que usualmente llegan hasta el 88% del total. Aquí prevalece la preferencia por nuestra empresa por su liderazgo e influencia en el mercado.

Entre 2017 y 2019, la publicidad cayó gradualmente: la caída de 2018 respecto de 2017 fue de 12% y de 2019 en relación de 2017, 19%.

Así sea real, el monto de publicidad estatal conocido en el mismo periodo, cerca de Bs 12 millones (según anunciaron desde el Ministerio de Comunicación, antes de ser convertido en viceministerio), es ínfimo en relación al gasto en la partida de personal de La Razón, que alcanzó  Bs 101 millones en el mismo tiempo (total ganado del trabajador más aportes laborales)

Si a la carencia de publicidad estatal llaman algunos “asfixia”, La Razón también sufrió del problema, pero siempre entendió que su gestión financiera es independiente de la bienvenida pauta del Estado, sin tutelajes externos más que la conciencia de su dirección y sus periodistas por un trabajo profesional.

Como una empresa grande, este diario tenía la planta de trabajadores también más grande del rubro en el país (220 personas), que suponía a su vez una planilla laboral fuerte y ahora incompatible con el nivel de ingresos de la empresa. El pago de la planilla implicaba más del 80% del total de sus ingresos antes de la cuarentena por el COVID-19, sin contar los gastos de provisión de insumos o pago de servicios.

Aunque en los últimos meses La Razón tuvo dificultades en el pago de sueldos, que es el principal ítem de sus egresos, no incumplió sus obligaciones laborales, desde la atención de la seguridad social, el desembolso a las AFP, las liquidaciones en casos de salida de trabajadores o la misma provisión de condiciones favorables para el ejercicio periodístico, además de los anuales incrementos salariales y aguinaldos y doble aguinaldos.

Esas dificultades tienen su justificativo en la reducción de ingresos de publicidad y la caída de la venta de ejemplares, que de 2018 respecto de 2017 fue de 11% y de 2019 sobre los de 2017, 21%.

En la revisión de resultados en el periodo 2017 a enero de 2020, la pérdida acumulada de la empresa alcanza a Bs 42,6 millones.

Sus obligaciones con la renta están encaminadas. En este punto, hay que decirlo, La Razón también sufrió la presión del Estado por deudas tributarias de sus anteriores propietarios (uno de ellos es hoy propietario actual de un medio de la competencia en La Paz) que implicaron congelamiento de cuentas, anotaciones preventivas y procesos tributarios vencidos con justicia durante el anterior gobierno.

La presión política no fue ajena para nuestro diario, aunque la mejor respuesta fue periodismo sin concesiones. Sufrimos duros ataques desde el poder político de turno, autoridades nacionales y locales, y conocidos políticos-empresarios que hasta cortaron publicidad y suscripciones en su intento de influir en nuestros contenidos. La respuesta siempre fue periodismo sensato y responsable, sin represalias ni obsesiones.

Aún no está resuelto el juicio por “traición a la patria” contra la Directora y un periodista interpuesto por el Procurador del Estado del gobierno del MAS y, luego de un largo proceso judicial, derivado al Tribunal de Imprenta, donde siempre debió instalarse.

Y lo peor de todo es el ataque permanente que sufrió desde la competencia y algunos periodistas (con una extraña y ya conocida fijación con La Razón), que en los últimos años intentaron instalar un mito en la independencia de este diario, con falsedades, adjetivos, acusaciones, insultos y omisiones permanentes de su contraparte, acciones y hasta libros que a su vez trataron constantemente sembrar dudas sobre la ética y la profesionalidad de sus contenidos.

En esa andanada de ataques el blanco es el dueño de la empresa, Carlos Gill, cuyo único interés en el país fue invertir en distintos rubros luego de negociaciones de empresario a empresario, nunca con la intermediación del Gobierno y el Estado.

La compraventa de La Razón fue acordada con el anterior dueño de la empresa, el grupo español Prisa. Sus medios de información en Bolivia son únicamente La Razón y Extra, diario popular y no sensacionalista como con saña lo tildan.

La relación con ATB que los malintencionados se esmeran en repetir no es más que parte del mito que buscan construir sobre la arena de la mentira.

En el caso de las falsas acusaciones o constantes ataques, la razón estuvo de nuestro lado, es por eso que en al menos dos oportunidades el Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas obligó al diario Página Siete a rectificarse y evitar alusiones calumniosas contra La Razón.

En casa, la gestión fue complicada al menos en los últimos tres años, tiempo en el que el otrora Sindicato de Trabajadores de La Razón se mantuvo en permanente estado de emergencia. Pero lo más grave ocurrió el 13 de febrero, cuando una parte de los trabajadores paralizó sus labores, tomó la rotativa por horas, intentó boicotear la publicación de nuestras ediciones, amenazó con procesos sindicales a quienes trabajaron e impidieron cumplir sus labores a otros.

Con los antecedentes de una medida injusta, las calumnias a sus jefaturas y a su Directora, y el desprestigio contra el diario anotados por el Notario de Fe Pública, la empresa acudió al Ministerio de Trabajo para deslegitimar la medida, cuyas autoridades declararon ilegal dicho paro. No conforme con la determinación de esa oficina, un grupo de trabajadores impugnó la resolución pero también les fue denegada.

Ahora, en momentos en que las empresas periodísticas se encuentran en una grave crisis a raíz de la suspensión de sus operaciones y la imposibilidad de vender periódicos por una pandemia sin precedentes, los ataques acosan otra vez a la empresa desde los mismos flancos: autoridades que hostigan con acusaciones y acciones políticas, medios de comunicación como Página Siete que falsean la información y se aprovechan de ella para incurrir en competencia desleal, y ataques anónimos sumados a una presión del otrora Sindicato que siembra acusaciones que derivan en afirmaciones como que los trabajadores no se beneficiaron específicamente de la publicidad estatal (o sea, el pago de salarios supera los más de Bs 100 millones, pero el entonces Sindicato afirma que no se benefició de Bs 12 millones provenientes del Estado).

Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y su permanencia en el mercado. Hubo motivos de fuerza mayor para buscar ese camino y se lo hizo al amparo de las normas, en resguardo de su salud financiera y con respeto a las obligaciones con sus trabajadores.

En cuanto a sus lectores y sus clientes, La Razón siempre será la referencia. Es la oportunidad para reinventarnos en la adversidad.

*Éste es un espacio institucional de La Razón en el que compartiremos con nuestro público un detallado repaso a las tres décadas recorridas por este diario, mostrando los grandes hitos, los logros más importantes, los galardones, pero también los tropiezos y los momentos duros, como el que ahora nos ha tocado vivir. A partir de ahora, tanto en su versión impresa como en la digital, comenzamos a contar nuestra historia, pero con la mirada puesta en el porvenir. Acompáñennos.

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18 de octubre

Es necesario garantizar el proceso conforme al cauce institucional. Elecciones este año, sin bloqueos ni violencia, es el imperativo constitucional y democrático.

/ 2 de agosto de 2020 / 00:11

Por La Razón

De manera unilateral, sin diálogo con las fuerzas políticas ni coordinación con la Asamblea Legislativa, el TSE decidió postergar las elecciones generales 2020. La nueva fecha, definitiva según los vocales por razones constitucionales, es el 18 de octubre. Se alude a las proyecciones de contagios por el COVID-19 para el aplazamiento. La polémica decisión generó varios efectos políticos.

Lo primero que debe decirse, en beneficio del TSE, es que su decisión estuvo respaldada en consultas sobre la evolución de la pandemia en el país. Así, parece evidente que votar el 6 de septiembre, como estaba previsto, implicaba dificultades para garantizar una jornada electoral segura y participativa. Estaban en duda, asimismo, otros aspectos relevantes como las misiones de observación y el voto en el exterior. Claro que también influyó la tardanza del Ejecutivo en viabilizar los recursos requeridos.

El dato crítico de este nuevo aplazamiento de la votación tiene que ver con el cambio de actitud del TSE, así como con el procedimiento para cambiar la fecha. Desde su posesión, los nuevos vocales –en especial el presidente del organismo– se mostraron respetuosos del principio de legalidad. Así ocurrió con las tres leyes, asumidas plenamente por el TSE, que viabilizaron unos comicios excepcionales y sus postergaciones. Ahora en cambio se decidió mover la fecha por resolución de Sala Plena.

Siendo una cuestión discutible en torno a las atribuciones del TSE, pareciera que su decisión respondió más bien a la complejidad de construir un nuevo acuerdo político, la necesidad de suspender el calendario electoral por razones logísticas y administrativas, y presiones tanto internas (desmarque de dos tribunales departamentales) como externas (campaña sistemática de asedio contra el organismo electoral). Como sea, la postergación quebró un difícil y frágil equilibrio político en torno a los comicios.

¿Qué sigue ahora? Pese a que una parte de la población, bajo mandato y consigna de la COB y del Pacto de Unidad –ambos afines al MAS–, exige elecciones el 6 de septiembre y anuncia movilizaciones, resulta inviable dar marcha atrás toda vez que el calendario electoral, de hecho, fue suspendido. La cuestión entonces tiene que ver con las acciones necesarias, empezando por la voluntad política, para otorgarle legalidad y legitimidad al 18 de octubre, bajo la premisa de que no es una fecha probable, sino definitiva.

En materia de legitimidad, la reunión entre el TSE y los sectores sociales es una muy buena señal dado que abrió una puerta de diálogo y un posible acuerdo. Resta ahora precautelar la legalidad de los comicios con un encuentro ineludible entre el TSE y la Asamblea Legislativa Plurinacional para la pronta aprobación de una ley que reafirme la nueva fecha. Es necesario garantizar el proceso conforme al cauce institucional. Elecciones este año, sin bloqueos ni violencia, es el imperativo constitucional y democrático.

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