En el marco de un acuerdo político amplio y ante la firmeza del TSE, la presidenta-candidata Áñez decidió finalmente promulgar la ley para que las postergadas elecciones 2020 sean el 6 de septiembre. Es una buena noticia para la salud de la democracia y la legitimidad de los órganos Ejecutivo y Legislativo. El gran desafío ahora es cuidar la salud de la población en el proceso.
Luego de consultas con las diferentes fuerzas políticas, con acompañamiento de la comunidad internacional (en especial de la ONU), el TSE brindó al país, el pasado 2 de junio, una valiosa señal de certidumbre: los comicios que debían realizarse en mayo serán el primer domingo de septiembre. Solo la alianza Creemos expresó su desacuerdo con la fecha, en su afán de echar atrás todo el proceso. La alianza Juntos emitió un comunicado anunciando que acataría democráticamente la fecha definida por el TSE.
De ese modo, el TSE remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que la aprobó y sancionó con disenso de la bancada de Demócratas. La titular del Gobierno provisorio y algunos de sus voceros dieron señales contradictorias antes de promulgar la norma, hoy vigente. El hecho es que al final del camino, más allá de la disputa por la fecha de los comicios debido a la pandemia del coronavirus, Bolivia renovará sus máximas autoridades de gobierno y representantes en democracia.
¿Es posible realizar elecciones seguras y participativas en medio de una crisis sanitaria? Varios países han demostrado que se puede. Además, existen ya algunos protocolos internacionales y buenas prácticas para el efecto. Y el TSE, a través de su presidente, Salvador Romero, asegura que el proceso en sus diferentes etapas, en especial la jornada de votación del domingo 6 de septiembre, contará con medidas de bioseguridad para tranquilidad de jurados, votantes, personal técnico y fuerzas de seguridad.
La definición de una fecha cierta para los comicios, hoy consagrada por Ley, es fundamental no solo para eliminar un factor de tensión y conflicto, sino también para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, en especial el derecho a elegir. El alcance no tiene que ver solamente con las elecciones generales, sino también con las elecciones subnacionales, esto es, supone una ruta electoral a fin de contar con gobernantes y representantes electos con la legitimidad de las urnas.
Más allá del debate sobre la “responsabilidad” por realizar elecciones pese a la presencia del COVID-19, que ya forma parte de la campaña electoral, el TSE debe brindar señales claras y oportunas sobre las medidas y protocolos de bioseguridad para blindar los comicios. Ello incluye disponer de presupuesto adicional. Es responsabilidad de todos lograr que el 6 de septiembre tengamos una jornada de reafirmación democrática, con alta participación ciudadana y reconocimiento pleno de los resultados.