Voces

sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 18:25

Votar para vivir

El Gobierno usó la hecatombe sanitaria para prorrogarse con una falsa premisa: elecciones o salud.

/ 24 de junio de 2020 / 06:31

Para Cochabamba, 1878 fue un año aciago. Sus calles atestadas de muertos por la convergencia simultánea del tifus y la hambruna configuraron un escenario dantesco nunca visto. Un cronista de El Heraldo retrataba esa calamidad sanitaria: “Estamos viendo a todos esos desventurados trasladándose moribundos y de grandes distancias a buscar su salvación en los insuficientes hospitales de la ciudad, pero aún más lastimoso es todavía ver el aspecto cadavérico de tantos convalecientes que de puerta en puerta recorren mendigando un poco de alimento, un pedazo de pan. La muerte con todos sus horrores y la lúgubre perspectiva de una espantosa hambruna forman el lamentable cuadro de nuestra realidad”.

Esa descripción periodística fácilmente podría mostrar la actual crisis sanitaria. Hace pocos días, un moribundo, contagiado de COVID-19, luego de un recorrido por varios nosocomios colapsados, en ninguno querían recibirlo, no le quedó otra salida: escenificar su muerte y, a la vez, dejar un testimonio simbólico de la hecatombe sanitaria. El hombre agonizante envuelto en una frazada se bajó de un taxi en una calle céntrica deshabitada por la cuarentena de fin de semana y se arrojó sobre el cemento para morir.

La cuarentena rígida de más de dos meses tenía el propósito de equipar hospitales para evitar su colapso. Tarea insoslayable para enfrentar a la pandemia, pero no se hizo. El gobierno de facto de Jeanine Áñez se ocupó de militarizar, especialmente aquellos territorios donde radican/viven los “salvajes masistas”, propalar el miedo a los cuatro vientos, amedrentar a doquier y amenazar con creces. Pero no se ocupó de la salud. Aún peor, estaban haciendo una negociación pútrida con los respiradores automáticos. Quizás, el gobierno de Áñez se imaginó que, teniendo militares en las calles, el virus se iba a escapar despavorido.

Casi tres meses dilapidados. No hay test rápidos, los hospitales no están equipados. Y los enfermos con COVID-19 muriéndose en las calles. Desde hace unas semanas, vecinos que viven alrededor del cementerio público cochabambino miran al cielo ennegrecido. El humo proviene del horno crematorio que está sometido a un uso constante por la sobredemanda de incineración de fallecidos, contagiados por coronavirus. Al igual que los hospitales, el fogón de cremación colapsó, se calentó hasta malograrse. Antes de la pandemia se quemaba tres cuerpos diariamente, hoy la demanda de cremación subió dramáticamente.

Mientras tanto, el Gobierno transitorio se lava las manos. En medio de la pandemia no logró un consenso con los otros niveles gubernativos para articular esfuerzos y encarar seriamente la lucha contra el COVID-19. Todo lo contrario, se afanó en intervenir los Sedes. Quizás esa incapacidad obedece a la carencia de legitimidad democrática de origen. Cuando el ascenso de los casos de coronavirus estaba alcanzando su pico máximo (en junio los casos de contagios por coronavirus rompen los récords), había la necesidad de reforzar la cuarentena, el Gobierno dispuso flexibilizar la misma y traspasar la responsabilidad a los gobiernos departamentales y locales, pero sin los recursos económicos necesarios. Quizás para que los números de contagios sigan funestos.

El Gobierno usó la hecatombe sanitaria para prorrogarse con una falsa premisa: elecciones o salud; luego de sentirse acorralado, recién promulgó la Ley fijando la fecha de los comicios. La administración ineficiente y putrefacta de la pandemia develó que en Bolivia urge un gobierno democráticamente legítimo para encarar al coronavirus y, por lo tanto, la premisa es votar para vivir.

Yuri Tórrez
es sociólogo.

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La Biblia en el Palacio

/ 19 de junio de 2021 / 02:03

El sábado 9 de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, ingresó en el Palacio Quemado para plantar la Biblia en medio del hall central. Dijo que la palabra de Dios regresaba a Bolivia, después de una década de Estado laico —y de ateísmo con olor a comunismo habría que agregar—, de vaciamiento de los sacrosantos valores humanos proclamados por la fe católica.

Durante esa mañana, con las facilidades otorgadas por batallones policiales que habían decidido amotinarse contra el poder constituido, Tuto Quiroga daba vueltas por la plaza Murillo con la autosuficiencia de que la consumación del golpe de Estado era cuestión de horas, que con el gobierno ya sin apoyo del aparato represivo legal, la verde olivo se convertía en el brazo protector de los “pititas”, esos clasemedieros urbanos envalentonados con vigilias en domicilios particulares y persecuciones de autoridades, dirigentes y activistas vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al gobierno depuesto.

Durante los 21 días de las violentas movilizaciones producidas en el departamento de Santa Cruz, Camacho leía cada noche algún versículo y ponía de rodillas a quienes se congregaban alrededor del Cristo de la Monseñor Rivero. Las oraciones, las plegarias con los ojos cerrados y los brazos extendidos eran gestos de elocuente convencimiento de que los masistas, collas, sucios, sediciosos, terroristas, narcotraficantes, estaban a punto de perder a su presidente, que su caída era inminente.

El día en que Camacho secundado por Tuto, en plan Mariscal de Campo, decidió hacer de Dios la figura simbólica protectora del racismo conservador, sus enviados en la Tierra, los miembros de la jerarquía eclesiástica que conforman la Conferencia Episcopal Boliviana estaban listos para iniciar reuniones y así lo hicieron el domingo 10 de noviembre luego de que Evo Morales y Álvaro García Linera anunciaran sus renuncias. Ni cortos, ni perezosos, estos curas mal ordenados fueron los orquestadores de una reunión a la que no fueron invitados los representantes de la mayoría parlamentaria del MAS, porque estaban terminando de diseñar la sucesión ese mismo día anunciada desde Trinidad por Jeanine Áñez a través de la emisora televisiva que se convertiría en el canal oficial del gobierno de facto, Unitel. En esa reunión, ya conocida por los actores que intervinieron, se decidió la suerte de Bolivia al margen de la sucesión legal contemplada por nuestra Constitución Política del Estado.

La Iglesia Católica boliviana no actuó como mediadora. Tomó partido desde el primer momento en que ya se sabía que el aparato gubernamental a la cabeza de Evo Morales había quedado desvencijado, rendido, incapaz de seguir aguantando un asedio en el que campeaba la violencia, el ultimátum y una muy astuta puesta en escena mediática con barniz de legitimidad para que todos creyeran que en Bolivia se estaba produciendo una revolución ciudadana.

Durante la semana que concluye, a la Iglesia Católica no se le ocurrió mejor idea que emitir un documento de 25 páginas como si Dios, Jesucristo y sus discípulos fueran sus redactores. Apenas nos enteramos de su contenido, a través de sus primeros párrafos, supimos que volvían a la carga los Scarpellini (+), los Gualberti y todo ese pelotón de obedientes soldados del conservadurismo bien disfrazados con esas sotanas para largar homilías pretendidamente impolutas desde sus catedrales dominicales de misa.

El rol de la Iglesia Católica en la política boliviana nunca había sido tan abierto y descaradamente tendencioso. Retumba la voz de monseñor Jesús Juárez con esa voz de locutor de radio madrileña ofreciéndonos lecciones de moral y respeto por el prójimo, que por supuesto no fueron puestas en práctica durante el año en el que el gobierno de facto usó su poder como aplanadora para matar, encarcelar, torturar y extorsionar. De eso los obispos y los párrocos enemigos del MAS no tienen idea porque no les interesó averiguar. Les preocupaba nada más que formar parte del regreso de una estructura de poder en la que el catolicismo se mimetiza como ideología política, malversando la auténtica palabra del Dios predicada por esos sacerdotes de base, de aquellos pueblos perdidos y sumidos en la pobreza a los que se consuela y se ayuda con programas sociales.

En esa Iglesia Católica ligada al poder y al autoritarismo que se ejerció en Bolivia entre 2019 y 2020 es imposible creer. Solamente lo hacen quienes consideran que los pobres, los desheredados de la Tierra, no son otra cosa que la encarnación del demonio. En cualquier momento nos regalarán otro sesudo documento para volver a mentirle al país. Además de reaccionarios ya confirmamos que pasaron a formar parte de un conocido grupúsculo de pontificadores que proclaman verdades únicas de moral y buenas costumbres.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Verdad y desmesura

/ 19 de junio de 2021 / 01:58

Estamos inmersos en un torbellino de revelaciones sobre diversas facetas de la crisis política de 2019 y 2020. La necesaria búsqueda de la verdad histórica acerca de esos sucesos está, sin embargo, vinculada a procedimientos judiciales y controversias políticas. Esta imbricación plantea complejos desafíos si deseamos que su desenlace fortalezca la convivencia y la democracia.

Nadie podía prever que la detención de Murillo en Miami iba a desencadenar el torrente de nuevas informaciones que han ido mostrando descarnadamente la naturaleza del régimen que se hizo del poder después de la renuncia de Evo Morales. Esos datos están ayudando igualmente a conocer mejor la secuencia de decisiones y hechos que configuraron esa coyuntura.

Empecemos por reconocer que a estas alturas del partido ya existe un conjunto creíble de datos que muestran el nivel pasmoso de corrupción y autoritarismo del gobierno de Áñez. Las truculentas aventuras delincuenciales de Murillo y los juegos paramilitares de López ilustran pornográficamente lo peor de esas derivas.

Y por si eso no fuera poco, el “relato” de una transición constitucional, pacificadora y pactada está haciendo aguas. El propio informe de la Iglesia Católica sobre su mediación revela, quizás sin darse cuenta, elementos que refuerzan lo que ya se sospechaba: el “diálogo” de la Universidad Católica habría sido un intento de dar legitimidad a una definición política previa de ungir a Áñez como presidenta desde la tarde del 10 de noviembre y que habría sido decidida y operativizada desde otros espacios. Legitimación que resultó, además, infructuosa por la resistencia de los masistas a prestarse a ese juego pese al acoso que sufrieron. El ascenso de Áñez aparece nomás como el resultado de maniobras irregulares.

Esta exploración de la historia reciente se complica aún más porque está acompañada por el deseo de identificar responsabilidades y delitos en esas actuaciones. Propósito legítimo que debería ser realizado con debido proceso, profesionalismo y considerando algo que se suele olvidar: no toda responsabilidad es sinónimo de delito. Muchas veces, hay errores políticos o fallas éticas que se tienen que explicar y que la opinión pública juzgará severamente, pero que no tienen que acabar necesariamente con alguien en la cárcel.

Digo esto porque una búsqueda desordenada de culpables puede resultar contraproducente para un esclarecimiento de la verdad histórica y para que ésta sea asumida por la mayoría de la sociedad. Tarea difícil a la vista de la tercera dimensión de la cuestión: la aguda politización que alienta la proliferación de desmesuras, afirmaciones hiperbólicas y abiertas instrumentalizaciones de moros y cristianos ya sea para culpabilizar al adversario o para victimizarse para evadir responsabilidades.

Hago este apunte consciente de que quizás estoy pidiendo peras al olmo, pero me temo que ese cóctel desprolijo puede llevarnos a sembrar confusión y descreimiento, horadando la credibilidad de la clase política sin distinción y complicando la gobernabilidad del país.

Es que las élites partidarias olvidan, encapsuladas en sus mundos autorreferenciales, que las personas suelen tener otras preocupaciones igualmente relevantes que los conflictos, a veces barrocos, en las que ellas se empantanan. Prioridades prácticas que son aún más sentidas en momentos, como los actuales, en los que el bienestar de muchas familias está en riesgo. Por otra parte, tampoco hay que obviar que hay estándares y garantías procesales que se deben respetar en este tipo de casos para estar acordes con normas internacionales de derechos humanos.

Hay pues restricciones tanto sociales como externas que deberían ser muy tomadas en cuenta a la hora de avanzar en estos esclarecimientos, no todo se vale. La opinión pública desea saber lo que pasó y ya se va haciendo una idea del embrollo, la gente no es tonta, pero también reclama por un discurso y una acción política e institucional sosegada, pedagógica, con menos verborragia y que sobre todo sea percibida como justa, respetuosa de los derechos y equilibrada. Si sucede así, ganaremos todos.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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El legado de Juan José Bautista Segales

/ 19 de junio de 2021 / 01:53

La crítica a la modernidad no tiene mayor profundidad desde Bolivia, desde América Latina, desde Abya Yala, si no es a partir de la obra de Juan José Bautista Segales, filósofo aymara boliviano. La radicalidad de su pensamiento proviene de su posición desde los pueblos indígenas, para poder pensar la realidad. Su crítica a la modernidad encarna también una propuesta ética por la vida, que incluye, a diferencia de otros pensadores latinoamericanos, la problematización por la comprensión de la Madre Tierra (Pachamama).

Estudió sociología en la UMSA en la década de 1980 y luego, según contaba, viajó a México a estudiar un posgrado, pero tuvo que volver a empezar desde cero, y conoció al filósofo de la liberación Enrique Dussel, su mentor. Volvía periódicamente a Bolivia, fundó la revista Autodeterminación y fue miembro del grupo Episteme, vinculado a programas formativos o en otras ocasiones acompañando a Dussel, como parte de los promotores de la filosofía de la liberación. Juan José siempre recordaba al grupo del doctorado de epistemología de La Paz, donde expuso en 2004 obras filosóficas de pensadores de la talla de Martin Heidegger, intentando siempre pensar a los autores desde los problemas de los pueblos indígenas, en este caso, desde el camino de su liberación. En 2005 presentó su libro Crítica a la razón boliviana, con el anexo ¿Qué significa pensar desde América Latina?, publicado por un grupo de estudiantes suyos bajo un sello editorial poco conocido: Pisteuma.

Fue tiempo, también, en que Juan José inició, junto con este grupo de estudiantes, seminarios para revisar críticamente la obra de los filósofos de la modernidad con la intención de hacer la crítica desde los pueblos indígenas. En 2007 el mismo grupo creó otra editorial: Grito del Sujeto, con el que publica Hacia una crítica ética del pensamiento latinoamericano: Introducción al pensamiento crítico de Franz J. Hinkelammert, presentado en un congreso de la UMSA. Sin embargo, su pensamiento fue poco conocido hasta que ganó el Premio al Pensamiento Crítico en 2015, otorgado a otros filósofos y pensadores de la talla de Franz Hinkelammert, Enrique Dussel o Martha Harnecker. El libro ganador del profesor Juan José fue la ampliación de su artículo ¿Qué significa pensar desde América Latina?, donde expone su propuesta más filosófica-epistemológica. En varias oportunidades manifestó que iba a preparar un texto referente a ¿Qué significa pensar desde Amerindia?, pues, según Juan José, ese era el problema de fondo.

Poco reconocido entre el establishment boliviano e incluso latinoamericano, siempre tuvo el mundo a cuestas. Solía decir a quienes lo seguían en sus clases y seminarios que la respuesta a todo problema siempre es “trabajo, trabajo y trabajo”, al referirse al problema de la producción de pensamiento desde nuestros pueblos. En los últimos años, se puso a la tarea de revisar la obra de Carlos Marx y luego la de Walter Benjamin, con este último discutiendo sobre todo la mística, pues su pensamiento lo estaba llevando a problematizar la mística andina, la de los pueblos indígenas y su relación con la vida, con la Pachamama.

Juan José Bautista Segales falleció el 11 de mayo de 2021, a los 62 años. Tal vez, al igual que ocurrió con otro pensador boliviano como René Zavaleta Mercado, en este caso llegó la noche a mediodía. Menos mal que gracias a muchas de las grabaciones disponibles en internet, incluidas sus publicaciones, se pueda dar pasos para que las generaciones futuras puedan apreciar y seguir su legado.

Nelson Gutiérrez Rueda es teólogo y antropólogo.

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El Batallón Sagrado de Tebas

/ 18 de junio de 2021 / 01:37

Aunque todavía estamos a un par de semanas del 28 de junio, quiero aprovechar este espacio para escribir acerca de un tema que siempre se me sale por la garganta cuando estoy algo emocionado: la mariconería. Y no me refiero a ella peyorativamente, sino con el más halagador de los propósitos, pues quiero relacionarla con otra palabra con la cual a muchos hombres les gusta identificarse: valentía.

El 28 de junio se celebra, como muchos saben, el Día Internacional del Orgullo LGBT, en conmemoración a una serie de disturbios acontecidos en los Estados Unidos en 1969, cuando un montón de policías trataron de reprimir a la concurrencia de un pub que entonces se consideraba escandaloso por la orientación sexual de los asistentes. Acá en La Paz hemos tenido unos cuantos desfiles desde hace algunos años, pero no mucho ha cambiado en la mentalidad de las personas. Hubo un tiempo que pensé “vivimos en tiempos más civilizados, y pronto llegará el día en el que ser hombre o mujer o lo que sea será una cuestión de elección y no de lotería”.

Me equivoqué. Primero apareció Trump, y luego Bolsonaro, y acá en Bolivia nos llegaron unas versiones piratas con Chi y Cárdenas y… el “macho” Camacho. Ellos y muchos más amenazan con retroceder la cultura política boliviana hasta la Edad Media, con biblias y todo. Pero mi optimismo regresa cada vez que recuerdo un texto que descubrí por casualidad allá por mis años mozos, cuando concluía la universidad. Me refiero a la obra El Banquete, de Platón, que narra un divertidísimo encuentro de Sócrates con sus amigos en el cual se entregan a la tarea de reflexionar sobre la naturaleza del amor.

En una nota de pie de página se hace referencia a un valiente grupo de hombres que vencieron una serie de batallas contra un ejército que se consideraba hasta entonces imbatible, los espartanos. Sí, esos mismos tipos retratados en la película 300, de Zack Snyder, como el epítome de la masculinidad, con pelo en pecho y músculos hipertrofiados y voces gruesas, dándole una reverenda paliza a miles de persas en el estrecho de las Termópilas.

Grande fue mi sorpresa cuando leí que esa misma nación, o Polis, conocida por producir los mejores soldados fue derrotada por un grupo de homosexuales. Sí, tal como oyen, fueron vencidos por hombres enamorados de otros hombres. El pueblo de Tebas llevaba perdiendo contienda tras contienda frente a los espartanos, hasta que a su rey se le ocurrió una idea algo arriesgada. Organizó un cuerpo armado compuesto por amantes, bajo la premisa de que, al estar acompañados por sus seres más queridos en el combate, lucharían con más arrojo, presionados por la vergüenza de parecer cobardes frente a su pareja.

Y funcionó. El amor nos hace más fuertes. A partir de ese momento, los tebanos, ese grupo de valientes maricas, le dieron una paliza a un ejército que hoy en día es presentado como el modelo ideal de masculinidad. Fueron bautizados como el Batallón Sagrado de Tebas, que debería ser recordado hasta el día de hoy como ejemplo para desmentir muchos de los prejuicios machistas que todavía guían la mente y las acciones de mucha gente.

Pienso en ellos cada vez que veo al “macho” Camacho, no porque lo considere rudo, sino por todo lo contrario. Porque creo que se esfuerza demasiado por parecerlo, como yo a veces, tratando de sonar intelectual. Detrás de esa fachada de arrogante bravuconería se refugia un macho que solo salió a mostrar los puños cuando su padre ya había arreglado la pelea: Un cobarde.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Usurpación y retención

/ 18 de junio de 2021 / 01:33

Lo que en noviembre de 2019 se puso en la cuerda floja fue la estructura elemental del Estado que, como sabemos, se encuentra compuesta por cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Como lo sabe todo el país y la comunidad internacional, en una misma jornada el Ejecutivo se desmanteló inmediatamente tras la renuncia simultánea de los entonces presidente y vicepresidente del país y el Poder Electoral comenzó a desmantelarse con las aprehensiones de su presidenta y quien fuera su vicepresidente hasta hace unos días antes, seguido de varias otras aprehensiones de vocales de nivel nacional y departamental.

En pie quedaban dos poderes electos vía voto popular: el Legislativo y el Judicial. Pero además del Poder Judicial quedaba en pie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), principal guardián de la Constitución Política del Estado junto con las fuerzas del orden que son las llamadas a garantizar el imperio de la CPE.

En lo que respecta al TCP, se sabe que a los pocos minutos de la autoproclamación de la presidenta transitoria emitió un comunicado que entonces fue utilizado como respaldo de ese hecho. Durante el primer semestre de este gobierno algún magistrado de esa instancia señaló que ese comunicado no tenía valor legal ni era vinculante y luego —se dice— que una comisión de diputados les inició un proceso por este hecho, que ya finalizó con sobreseimiento.

Respecto al Poder Legislativo, la población ha ido conociendo versiones de algunos/ as relevantes asambleístas pero no de la totalidad de éstos/as. Durante los días de incertidumbre que atravesó el país hubo 166 personas a lo largo del país que tenían como mandato cuidar el poder otorgado, representar la voz de quienes los eligieron.

Sobre las instituciones policiales y militares algo también se ha dicho pero con el bajo perfil con el que siempre se maneja su información y bajo la sospecha de la impunidad que históricamente parece blindarlos. Aun así, quedan también dudas respecto a su rol, en tanto sumisión a un nuevo poder que nace de manera cuestionada como insubordinación a los poderes constituidos que quedaban en pie.

Todas y todos los actores que tenían un rol designado por la CPE o el mandato popular tenían obligaciones que cumplir durante esos días. ¿Lo hicieron o lo intentaron? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo?

Si la hipótesis principal que se maneja es que hubo ciudadanos y asambleístas que sobrepasaron sus atribuciones sin mandato para ello y “usurparon” el poder, es fundamental, para que la verdad sea completa, que conozcamos a detalle todas las acciones que se hicieron —en apego a mandato y por responsabilidad con él— para la “retención” del mismo por parte de quienes aún gozaban de un mandato en ese momento tan álgido para el país. Tomar un poder que no se te ha entregado democráticamente es tan grave e irresponsable como entregarlo cuando se te lo ha confiado.

Es tremendamente importante que el pueblo boliviano conozca hasta el último detalle cómo se dieron los sucesos que propiciaron, por acción u omisión, una ruptura institucional en el país y un posterior gobierno transitorio. Solo esa verdad permitirá que quienes tienen a cargo, en cada gobierno, preservar el imperio de la CPE lo hagan con responsabilidad y compromiso con la democracia como bien mayor; y no así apegados a la extrema pugna de poder personalizado que, en esta última ocasión, dejó en el limbo de la incertidumbre a la administración del orden institucional y democrático que nos mantiene en funcionamiento como sociedad. Lo cual no ha sido poco.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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