Posesionados en enero de 2018, después de la segunda elección de autoridades del Órgano Judicial, las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han mostrado más tropiezos que avances en su labor y casi ninguna capacidad para crear e implementar políticas institucionales que devuelvan la credibilidad en la justicia boliviana. Días atrás volvieron a mostrar malas señales.
La semana pasada una reunión de la Sala Plena del TSJ concluyó con su entonces Presidenta sufriendo una “descompensación” causada por una situación de mucho estrés, según declaró su médico, quien le recomendó reposo absoluto, lo cual le impidió asistir a la sesión del día siguiente. Es muy probable que la situación estresante haya sido el acto de interpelación que le hicieron sus colegas magistrados el jueves 18.
El fundamento de la unánime crítica, según informó el diario capitalino Correo del Sur, fue la poca capacidad de ejecución de Cristina Díaz, la Presidenta electa el 15 de noviembre de 2019, luego de la renuncia del entonces titular. El viernes la Sala Plena decidió retirarle su confianza y días después, el martes último, eligió como nuevo Presidente al magistrado Olvis Egüez. Se trata del tercer Presidente del Judicial en menos de dos años y medio de gestión.
El día que se decidió su reemplazo por el magistrado cruceño, la destituida denunció en conferencia de prensa una “maquinación” de sus colegas en su contra y anunció que se defenderá en estrados nacionales e internacionales. La afectada habló de una “intención desmedida y profana de hacerse el poder que representa la presidencia del TSJ” y afirmó que “las maquinaciones y actuaciones” de sus pares “ingresaron al ámbito de la ilegalidad”.
Las críticas de los magistrados a su entonces presidenta y la precipitada decisión de retirarle su confianza, que deriva en la cesación automática de la autoridad, vienen precedidas, recordó el citado matutino sucrense, de una declaración de Díaz, semanas atrás, afirmando que el Judicial es un Órgano independiente y que no recibe instrucciones del Ejecutivo.
Si bien es difícil negar que el Judicial se mostró incluso menos activo que antes desde el forzado reemplazo de primer mandatario del país, tampoco es fácil afirmar que la situación vaya a cambiar en lo inmediato, al menos para bien. Las y los magistrados se han mostrado, con la ayuda de su destituida expresidenta, como más preocupados por la administración del poder de ese Órgano constitucional que por hacer justicia.
Abonan, de esta manera, al tantas veces lamentado estado de postración del sistema de justicia boliviano, que desde hace décadas es acusado de estar al servicio de intereses parciales, habitualmente afines al gobierno, y se muestran poco proclives a combatir el mal de raíz. En el camino, no solo hacen daño a su imagen y reputación como hombres y mujeres de leyes, sino que, en tanto autoridades electas, muestran el peor rostro de la más importante institución de justicia en Bolivia.