Voces

sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 05:42

Los beneficiarios económicos de la educación virtual

La plataforma de videoconferencias Zoom, fundada por el chino Eric Yuan, actualmente se constituye en la más utilizada a nivel mundial.

/ 26 de junio de 2020 / 07:00

Desde la suspensión de las actividades educativas presenciales (12 de marzo) por la pandemia del COVID–19, las clases caracterizadas por e-learning (enseñanza y aprendizaje online) fueron aplicadas sistemáticamente con algunos estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria del subsistema de Educación Regular. 

El Decreto Supremo Nº 4260, promulgado el pasado 6 de junio, refiere la supuesta legalidad de la modalidad virtual, rechazada rotundamente por las Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales, inclusive por la máxima representación nacional de los padres de familia, bajo el argumento principal de la carencia de computadoras, dispositivos móviles (celular y tablet) y principalmente del acceso universal y gratuito al servicio de internet. Por consiguiente, ante la ausencia de los medios tecnológicos imprescindibles para la educación mediante e-learning, se avizora un desenlace complejo de la gestión escolar 2020.

Mientras algunos maestros, estudiantes y padres de familia realizan esfuerzos para abonar el monto económico del servicio de internet, indudablemente las empresas telefónicas multiplican sus ganancias cada día, exigiendo el pago a través de políticas coercitivas como la reducción de la velocidad al 10% de Mbps (ancho de banda) a usuarios postpago que adeuden al menos dos facturas, amparados en el Decreto Supremo Nº 4250, bajo el patético eslogan “Mantengámonos Conectados”, obligando tácitamente a pagar lo adeudado. Lo sorprendente es que fue avalado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

De las empresas telefónicas que brindan servicio de internet prepago, solamente dos ofrecen paquetes relativamente accesibles para afrontar la teleducación (comunicación sincrónica entre múltiples participantes), por medio de Zoom, Cisco Webex y Google Meet; empero, los estudiantes y padres de familia continúan erogando recursos económicos, debiendo elegir en algunos casos, entre comer o comprar datos (megas).

La plataforma de videoconferencias Zoom, fundada por el chino Eric Yuan, actualmente se constituye en la más utilizada a nivel mundial, independientemente de la prohibición en algunos países, por la carencia de privacidad y seguridad cibernética. En consecuencia, según Forbes Millonies 2020, hasta el mes de mayo la compañía con sede en San José, California (Estados Unidos), tuvo una capitalización de mercado de 42.000 millones de dólares (mdd) y el empresario un patrimonio neto de 5.000 mdd.

Para que maestros y estudiantes cumplan la competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión por e-learning, dinamizado a través  de las diferentes plataformas virtuales gratuitas y de pago como Claroline, Dokeos, Ilias, Dotlrn, Moodle, Sakai, Chamilo, Google ClassRoom, etc., necesitan imprescindiblemente de la señal de internet, que significa un consumo elevado de megas, naciendo la duda de si realmente las actividades curriculares procedimentales y evaluativas, por mencionados medios, tendrán validez en las calificaciones trimestrales.

Las demagógicas promesas de autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre el acceso gratuito a internet para estudiantes quedaron en discursos repetitivos. Pero más allá de las buenas acciones para lograr que la educación virtual sea universal, los beneficiarios económicos directos serán las empresas telefónicas que tienen el monopolio del servicio. Toda crisis sanitaria tiene tres elementos; una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. En el contexto educativo, la visión clara deberá ser, la universalización del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en todo el territorio de nuestra amada Bolivia.

Luis Alberto Callapino López es Magister en Políticas de Formación Docente.

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Classmate Kuaa en comodato

/ 24 de abril de 2021 / 01:35

Las computadoras Classmate Kuaa (saber, en guaraní) fueron distribuidas a estudiantes de quinto y sexto de secundaria, en el marco de los decretos supremos 2013, de 28 de mayo de 2014; 2812, de 22 de junio de 2016, y 3576, de 30 de mayo de 2018. Asimismo, se instalaron pisos tecnológicos en unidades educativas fiscales y de convenio. Actualmente, el ordenador de la empresa pública Quipus tiene un costo de Bs 3.132.

Bajo ese contexto, el 7 de abril, en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, entregó al titular de Educación, Adrián Quelca, el primer lote de 9.872 computadoras Classmate Kuaa, comprometiendo la entrega de dos partidas de 14.297 y 12.755 para un total de 36.924 ordenadores marca Quipus.

La transferencia de estas computadoras está inscrita en el Decreto Supremo 4483, del 7 abril de 2021. El artículo 3 autoriza al Ministerio de Educación transferirlas a título gratuito a los gobiernos autónomos municipales, para que a través de las unidades educativas fiscales y de convenio del Subsistema de Educación Regular se las pueda otorgar en calidad de comodato a estudiantes que por su situación de pobreza sean identificados, para asumir de manera simétrica las concreciones curriculares en la modalidad a distancia en tiempos de pandemia.

Con relación a esta entrega en comodato, la misma normativa, en su artículo 5, señala que será a favor de madres, padres o tutores para beneficiar a cada hija o hijo estudiante inscrito durante la gestión 2021. En consecuencia, el comodato se efectivizará a través de la suscripción de un contrato de adhesión (bajo el modelo elaborado por el Ministerio de Educación) entre la autoridad municipal competente y la madre, padre o tutor, los que se constituyen en responsables del buen uso, custodia y devolución de las Classmate Kuaa a los respectivos gobiernos autónomos municipales.

Según el artículo 880 del Código Civil, el comodato es el préstamo de cosas no fungibles, muebles (computadoras Kuaa) o inmuebles, contrato esencialmente gratuito. En el presente caso, el comodante es un determinado gobierno autónomo municipal y el comodatario, la madre, padre o tutor del estudiante beneficiario.

La lista de los alumnos beneficiarios de cada unidad educativa fiscal y de convenio deberá ser emitida por el director y la junta escolar, aplicando los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y buena fe. Por tanto, el Ministerio de Educación debe emitir lo antes posible instructivos para que se determine la cantidad y estado de las computadoras Classmate Kuaa en cada contexto educativo.

 Luis Callapino es magister en Políticas de Formación Docente.

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Inviable

/ 6 de enero de 2021 / 00:05

Día que pasa es más inviable el retorno a las aulas el venidero 1 de febrero en todo el territorio nacional, a causa del inicio del rebrote de contagios por COVID-19. El anhelo de algunas autoridades del Ministerio de Educación se desvanece y es urgente tomar nuevas políticas para la gestión educativa y escolar 2021.

Al respecto, en la conclusión Nº 5 del VI Encuentro Pedagógico, desarrollado el 17 y 18 de diciembre de 2020, se establece que, dependiendo de las condiciones sanitarias y los estudios epidemiológicos correspondientes en cada contexto educativo, se desarrollarán tres modalidades para garantizar el reinicio de actividades educativas: presencial, semipresencial y a distancia, complementadas con teleeducación, radioeducación, plataformas virtuales y otros recursos educativos pertinentes.

Consecuentemente, según el informe del ministro de Educación, Adrián Quelca, Santa Cruz y La Paz adoptarán clases a distancia debido al rebrote del coronavirus, y obviamente en las demás capitales de departamento optarán por la misma modalidad de atención.

Según el Decreto Supremo 4260 que continúa vigente, la modalidad a distancia es el proceso educativo caracterizado por la no asistencia de los estudiantes a las instituciones educativas y mediadas por recursos físicos (libros, documentos, CD, DVD), televisivos, radiales, digitales, telefónicos y otros.

La misma normativa señala que la modalidad presencial es el proceso educativo caracterizado por la presencia física e interacción entre maestro y estudiante, utilizando diversos recursos pedagógicos. Mientras la semipresencial es el proceso educativo caracterizado por combinar, de manera sistemática, la modalidad presencial con las modalidades de atención a distancia y/o virtual, sustentado en herramientas tecnológicas y la interacción entre estudiante y maestro.

Tanto la modalidad presencial como la semipresencial requieren la presencia física del maestro y estudiante; en tal sentido, por las características del rebrote se constituyen en alternativas inviables. Asimismo, ya fueron rechazadas por algunas representaciones departamentales y distritales de padres de familia.

Todo hace deducir que la modalidad a distancia se convertirá en el brazo operativo de las concreciones curriculares. Es hora de que las autoridades educativas reactiven los equipos multidisciplinarios departamentales y distritales, que determinen el nivel de responsabilidad de los maestros en la compilación, diagramación y edición de textos didácticos, pero principalmente el grado de competencia del nivel central y los gobiernos municipales en la impresión de los materiales elaborados. La declaratoria de 2021 como Año por el Derecho a la Educación debe cumplirse con hechos y no simplemente quedarse en un eslogan.

Luis Callapino es magíster en Políticas de Formación Docente.

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Mil propuestas, un camino

/ 5 de diciembre de 2020 / 01:27

Desde la posesión del nuevo ministro de Educación, renació la posibilidad del retorno a las aulas en la gestión educativa 2021. Los diferentes actores educativos organizados en sus entes matrices tienen la premisa de elaborar propuestas sostenibles a ser presentadas en el VI Encuentro Pedagógico, denominado “Retomemos el derecho a la educación”, que se desarrollará a mediados de diciembre.

El Ministerio de Educación tiene la propuesta de clases semipresenciales, en función a la necesidad que existe de un contacto directo entre maestros y estudiantes a través del apoyo de plataformas virtuales, materiales impresos, medios audiovisuales y programas educativos por televisión y radio.

Las federaciones regionales y departamentales de maestros urbanos y rurales comenzaron con los encuentros pedagógicos, bajo el propósito de elaborar planteamientos sostenibles para el inicio del proceso educativo en la próxima gestión. Asimismo, definir las modalidades de atención a fin de que sean utilizadas en las concreciones curriculares, siendo la más viable, la modalidad de atención semipresencial, caracterizada por la combinación entre la educación virtual, a distancia y presencial.  

No obstante, algunas representaciones distritales y departamentales de padres de familia sugieren que la modalidad de atención sea de libre elección, vale decir, no se obligue al estudiante asistir a las aulas. Hasta la fecha se desconoce de algún encuentro del referido sector, considerando la delicada coyuntura de la canasta estudiantil.

Lo preocupante es la pasividad de las federaciones de estudiantes de secundaria, ya que no se escuchó manifiesto alguno sobre propuestas inherentes al inicio de la gestión educativa y escolar del siguiente año.

En el ámbito gubernamental, el nuevo gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Roque Roy Méndez, tiene la difícil misión de ampliar la cobertura de la señal de internet para que el proceso educativo se desarrolle en todos los contextos educativos del país.

El VI Encuentro Pedagógico será el escenario propicio para conocer centenares de propuestas de los verdaderos actores educativos. El camino será, claro, determinar acciones concretas y sostenibles para que la próxima gestión educativa y escolar sea permanente, sin ninguna interrupción, pero principalmente con una planificación seria, resultado de consensos multisectoriales. 

Luis Callapino es magister en Políticas de Formación Docente.

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La LSB en la educación regular

/ 21 de noviembre de 2020 / 07:32

La Ley de Educación 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” cumplirá 10 años de vigencia el 20 de diciembre de esta gestión, entre luces y sombras, pero principalmente caracterizado por el incumplimiento de algunos artículos fundamentales por parte de las autoridades educativas nacionales, departamentales y distritales.

Por consiguiente, uno de los casos más soslayados es el artículo 7, numeral 6 de la norma, que establece que la enseñanza del lenguaje en señas es un derecho de los estudiantes que lo requieran en el sistema educativo. Además, es parte de la formación plurilingüe de los maestros.

Al respecto, la Constitución Política del Estado, en su artículo 70, indica que toda persona con discapacidad goza del derecho a la comunicación en lenguaje alternativo, vale decir en Lengua de Señas Boliviana (LSB), algo ausente en el proceso educativo del Subsistema de Educación Regular (niveles inicial, primario y secundario).

El artículo 36 de la Ley General 223 para Personas con Discapacidad determina que las unidades educativas están obligadas a incorporar la comunicación alternativa y un intérprete en LSB para la respectiva traducción a los alumnos con discapacidad auditiva, debiendo contar con recursos humanos capacitados y la señalización apropiada en la parte externa e interna de la infraestructura educativa.

En concordancia con el Decreto Supremo 0328, la persona sorda es aquella con pérdida y/o limitación auditiva en menor o mayor grado, que a través del sentido de la visión estructura su experiencia e integración con el medio, mientras la LSB es el sistema lingüístico cuyo medio es visual más que auditivo, teniendo su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis.

Consecuentemente, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (Unefco) y la Universidad Pedagógica, en coordinación con la Federación Boliviana de Sordos, deberá promover espacios de capacitación para maestros en ejercicio y egresados, los cuales deberán asumir el rol de intérpretes en el proceso educativo a fin de la traducción para los estudiantes con discapacidad auditiva, como ocurre actualmente en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros.

Por tanto, es imperante que el nuevo ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, efectivice políticas educativas a corto plazo para la implementación sistemática de la LSB en el Subsistema de Educación Regular, a partir de la gestión educativa y escolar 2021.

Luis Callapino es magíster en Políticas de Formación Docente.

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Secreto a voces

/ 23 de octubre de 2020 / 03:42

Para nadie debería resultar extraño que algunas unidades educativas fiscales y de convenio hayan retornado a las aulas para continuar con las concreciones curriculares a través de la modalidad de atención semipresencial. Atrás quedó la Resolución Ministerial 0050/2020 que determinó la clausura de la Gestión Educativa y Escolar 2020.

Según el controversial Decreto Supremo 4260 y su reglamentación específica para el Subsistema de Educación Regular, la modalidad de atención semipresencial es el proceso educativo caracterizado por combinar, de manera sistemática, la modalidad presencial con las modalidades de atención a distancia y/o virtual, sustentada en recursos físicos, televisivos, radiales, digitales, telefónicos, herramientas tecnológicas y en la interacción entre maestro y estudiantes.

Sin embargo, el Decreto Supremo 4314 del 27 de agosto, en su artículo quinto (Restricciones), inciso f, refiere textualmente la suspensión de clases presenciales en todo el territorio nacional, lo que fue ratificado por el Decreto Supremo 4352 del 29 de septiembre, que en su artículo único, parágrafo primero, amplía hasta el 31 de octubre la vigencia de las medidas de la fase de posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus.

La reanudación de las actividades curriculares en unidades educativas, en la modalidad semipresencial, tiene diferentes realidades y aristas. En algunos casos es el resultado del consenso entre maestros, estudiantes y padres de familia; no obstante, en otros contextos educativos prevalece el ultimátum de las juntas escolares y autoridades originarias, argumentando la cancelación de sueldos a los maestros y la desescalada de casos positivos por el COVID-19. 

Por consiguiente, es imperante que el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas emita un pronunciamiento oficial sobre la autorización o prohibición del retorno a las aulas en la modalidad de atención semipresencial, ya que se carece de sustento legal y protocolos de bioseguridad para el desarrollo curricular en presencia del maestro y estudiantes.

De persistir la omisión dolosa de las autoridades educativas nacionales, departamentales y distritales, quedará demostrado una vez más la ausencia del Estado en algunos contextos educativos, siendo inadmisible que el retorno a las aulas no tenga ningún sustento legal y sanitario.

Luis Callapino es magíster en Políticas de Formación Docente.

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