Desde la suspensión de las actividades educativas presenciales (12 de marzo) por la pandemia del COVID–19, las clases caracterizadas por e-learning (enseñanza y aprendizaje online) fueron aplicadas sistemáticamente con algunos estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria del subsistema de Educación Regular.
El Decreto Supremo Nº 4260, promulgado el pasado 6 de junio, refiere la supuesta legalidad de la modalidad virtual, rechazada rotundamente por las Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales, inclusive por la máxima representación nacional de los padres de familia, bajo el argumento principal de la carencia de computadoras, dispositivos móviles (celular y tablet) y principalmente del acceso universal y gratuito al servicio de internet. Por consiguiente, ante la ausencia de los medios tecnológicos imprescindibles para la educación mediante e-learning, se avizora un desenlace complejo de la gestión escolar 2020.
Mientras algunos maestros, estudiantes y padres de familia realizan esfuerzos para abonar el monto económico del servicio de internet, indudablemente las empresas telefónicas multiplican sus ganancias cada día, exigiendo el pago a través de políticas coercitivas como la reducción de la velocidad al 10% de Mbps (ancho de banda) a usuarios postpago que adeuden al menos dos facturas, amparados en el Decreto Supremo Nº 4250, bajo el patético eslogan “Mantengámonos Conectados”, obligando tácitamente a pagar lo adeudado. Lo sorprendente es que fue avalado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
De las empresas telefónicas que brindan servicio de internet prepago, solamente dos ofrecen paquetes relativamente accesibles para afrontar la teleducación (comunicación sincrónica entre múltiples participantes), por medio de Zoom, Cisco Webex y Google Meet; empero, los estudiantes y padres de familia continúan erogando recursos económicos, debiendo elegir en algunos casos, entre comer o comprar datos (megas).
La plataforma de videoconferencias Zoom, fundada por el chino Eric Yuan, actualmente se constituye en la más utilizada a nivel mundial, independientemente de la prohibición en algunos países, por la carencia de privacidad y seguridad cibernética. En consecuencia, según Forbes Millonies 2020, hasta el mes de mayo la compañía con sede en San José, California (Estados Unidos), tuvo una capitalización de mercado de 42.000 millones de dólares (mdd) y el empresario un patrimonio neto de 5.000 mdd.
Para que maestros y estudiantes cumplan la competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión por e-learning, dinamizado a través de las diferentes plataformas virtuales gratuitas y de pago como Claroline, Dokeos, Ilias, Dotlrn, Moodle, Sakai, Chamilo, Google ClassRoom, etc., necesitan imprescindiblemente de la señal de internet, que significa un consumo elevado de megas, naciendo la duda de si realmente las actividades curriculares procedimentales y evaluativas, por mencionados medios, tendrán validez en las calificaciones trimestrales.
Las demagógicas promesas de autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre el acceso gratuito a internet para estudiantes quedaron en discursos repetitivos. Pero más allá de las buenas acciones para lograr que la educación virtual sea universal, los beneficiarios económicos directos serán las empresas telefónicas que tienen el monopolio del servicio. Toda crisis sanitaria tiene tres elementos; una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. En el contexto educativo, la visión clara deberá ser, la universalización del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en todo el territorio de nuestra amada Bolivia.
Luis Alberto Callapino López es Magister en Políticas de Formación Docente.