La decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos la semana pasada para proteger el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) fue motivo de celebración, pero el ataque a los migrantes por parte del gobierno del presidente Donald Trump no ha terminado. Trump ya anunció que planea seguir ejerciendo presión para poner fin al DACA. Pero, de manera más inmediata, con el pretexto de la pandemia, el gobierno de Trump está enviando de vuelta a los menores no acompañados que llegan a la frontera, lo cual es una violación a las leyes federales.

En octubre de 2017, la Casa Blanca emitió una lista de políticas migratorias que quería implementar. El muro fronterizo era lo primero en la lista, seguido de deportar a los menores que viajaban solos. Eso está sucediendo ahora sin que nadie se entere, y el argumento para justificarlo es la salud pública.

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ampliaron de manera indefinida una orden que prohíbe el ingreso al país a los migrantes que busquen protección en las fronteras terrestres, incluidos los niños. Esta orden, que se emitió por primera vez en marzo, infringe las leyes federales contra el tráfico de personas que exige al gobierno que mantenga bajo custodia preventiva a los menores no acompañados y les permita comparecer ante un funcionario o juez de asilo.

Hasta ahora, los agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes no cuentan con capacitación para solicitar un testimonio ni para evaluarlo, les han negado el ingreso a más de 2.000 niños, ya sea enviándolos de regreso a México por la garita o deportándolos a sus países de origen en vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los niños, muchos de los cuales son menores de 13 años, llegan a Estados Unidos provenientes de todo el mundo en busca de seguridad. Nuestras leyes contra el tráfico de personas exigen que, tras su arresto por la Patrulla Fronteriza, los menores deben quedar bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y ser ubicados en un refugio donde puedan recuperarse lo suficiente para contar su historia, tengan la oportunidad de solicitar protección y se les coloque con familiares en Estados Unidos mientras realizan los procedimientos migratorios.

Nuestro gobierno está enviando a los niños que están en la mira de las pandillas directamente de vuelta a sus victimarios, a los niños abusados con sus abusadores. He trabajado con menores no acompañados durante 16 años. Se necesita tiempo para desentrañar las historias de estos niños, para dilucidar si tienen algún lugar adonde regresar.

En una ocasión, a mi grupo se le asignó trabajar con una niña de 16 años originaria de Haití que estaba embarazada. Nuestros voluntarios francófonos se reunieron con ella durante varios meses hasta que al fin se sintió cómoda para compartir su historia sobre la caminata de la escuela a la casa en la que una pandilla de hombres le vendó los ojos y la violó. Quedó embarazada tras la violación y se sentía tan avergonzada que le tomó meses hablar de ello con su abogado voluntario.

En otro caso, un adolescente de Guatemala, quien hablaba una lengua indígena y entendía muy poco español, fue traído a Estados Unidos por un coyote. Fue colocado en custodia preventiva y se le asignó un defensor de menores.

Pasó casi un año para que el defensor pudiera determinar que el muchacho había sido forzado a trabajar en los campos de maíz seis días a la semana de sol a sol. No se le permitía asistir a la escuela. Su defensor argumentó que enviarlo de regreso no sería benéfico para el adolescente. Le otorgaron asilo y ahora cursa la universidad comunitaria.

Otra prioridad en la lista de deseos del gobierno en 2017 era deshacerse del acuerdo resolutorio del caso Reno contra Flores, un decreto de consentimiento de 1997 que impide al Departamento de Seguridad Nacional mantener a menores en detención familiar durante más de 20 días. Aunque el gobierno de Trump ha tratado de evadir la sentencia Flores, los tribunales federales han frustrado sus intentos.

Sin embargo, altos funcionarios de la agencia han reinstaurado un plan llamado Decisión Binaria. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a los padres en detención familiar que, si les preocupa el coronavirus, pueden firmar los documentos necesarios para que sus hijos sean liberados. Los padres se enfrentan a la “decisión” tortuosa de mantener a sus hijos detenidos indefinidamente en condiciones que un tribunal federal describió como “caldos de cultivo para el contagio” o separarse de ellos. Nos encontramos ante otra versión de la separación de familias.

Durante la pandemia, todos hemos tenido que aceptar considerables limitantes a nuestra vida diaria para protegernos, para proteger a nuestras comunidades. Pero ese no es motivo para rechazar a los menores, en especial a los niños que desesperadamente necesitan protección.

Como señalaron hace poco los expertos en salud pública, existen medidas que podemos adoptar para reducir los riesgos sanitarios para los menores migrantes que llegan a la frontera por su cuenta, sin dejar de proteger a los estadounidenses. Los refugios que dirige la Oficina de Reasentamiento de Refugiados perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos están casi vacíos, hay mucho espacio para poner en cuarentena a los menores durante 14 días.

Las leyes para el bienestar infantil de los cincuenta estados exigen que antes de que un menor sea asignado a una familia o enviado de un estado a otro, un juez debe considerar si el menor estará seguro. Este requisito no desaparece porque haya una pandemia. Es lo mínimo que se merecen los menores migrantes no acompañados; tenemos una obligación, conforme a las leyes federales e internacionales, de conocer sus historias y asegurarnos de que estarán seguros en el siguiente lugar al que lleguen.

Maria Woltjen es directora ejecutiva de Young Center for Immigrant Children’s Rights. © 2020 The New York Times Company