Voces

sábado 15 ago 2020 | Actualizado a 07:07

‘No hay peor ciego que el que no quiere leer’

La lectura, para ganar algún espacio, debe competir con un montón de ‘pasatiempos’.

/ 28 de junio de 2020 / 07:20

Hace algunos años, a tiempo de presentar su librito de cuentos, Estela Mealla Díaz relató la siguiente anécdota clásica:

En el siglo V el emperador de la China envió un mensajero a la casa de Li Po, el poeta, con la orden de que acudiera al palacio de inmediato. “Decidle al emperador —murmuró Li Po— que no puedo ir, estoy conversando con los espíritus”. Li Po estaba leyendo. “Acompaño la respuesta del poeta chino —añadió Estela— converso con los espíritus, los momentos más bellos de mi vida los he pasado en compañía de libros”.

Era vecina de la urbanización Los Sauces, aquí en la región de Río Abajo. La semana recién cumplida falleció. “Estelita”, como todos le decíamos, era amante apasionada de la literatura y hallaba verdadero placer en el acto de leer. Imposible no asociar a su recuerdo, el tema de los libros y la práctica de la lectura.

Y estas son cuestiones de gran importancia y tremenda actualidad en los tiempos actuales. La cuarentena nos obliga a muchos a “quedarnos en casa” y a todos a salir a la calle lo menos posible. “Aislamiento social” le llaman a eso. Está bien, posiblemente sea necesario que las cosas ocurran de ese modo. Pero los “espíritus” no transmiten el COVID-19, podemos dialogar e incluso pelearnos con ellos sin ningún peligro.

Podemos platicar cara a cara, teniéndolos a escasos centímetros de nuestros ojos, sin correr riesgos. Es decir, podemos leer un poco más en el ensanchado tiempo “libre” que disponemos.

Lamentablemente la lectura, para ganar algún espacio, debe competir con un montón de “pasatiempos” adictivos, menos constructivos y muy poco edificantes, especialmente los que vienen a cuenta de las nuevas tecnologías. Y no estamos proponiendo un rechazo en bloque, sino un aprovechamiento más consciente y crítico de las herramientas tecnológicas. No ir donde se nos quiere llevar, sino utilizarlas para llegar donde nosotros querramos ir. Diferenciar la información del mar de fake news que pululan en la red, encontrar accesos a ensayos y obras literarias (lo que implica de hecho leer en pantalla). Y en no menor medida, participar en debates sobre temas de nuestro interés a través de numerosas plataformas que los hacen posibles. Y casi lo mismo puede decirse de la televisión, la mayoría se ocupa de competir en payasada a cual más estúpida, se hace muy necesario el ojo crítico para seleccionar el menú de sus programaciones.

Y volviendo a los libros, cierta vez entrevistamos para la radio a José Roberto Arze, académico muy conocedor de la producción bibliografía, y le pedimos que señalara los diez libros bolivianos que, a su criterio, eran las más importantes. Esta, su respuesta:

  1. Bernardo Monteagudo, Diálogo entre Atahuallpa y Fernando VII
  2. Alcides d’Orbigny, Viajes por Bolivia
  3. Alcides Arguedas, Pueblo enfermo
  4. Franz Tamayo, Creación de la pedagogía nacional
  5. Jaime Mendoza, El macizo boliviano
  6. José Antonio Arze, Hacia una unidad de las izquierdas bolivianas
  7. Carlos Montenegro, Nacionalismo y coloniaje
  8. Martín Cárdenas, Manual de plantas económicas de Bolivia
  9. Jorge Ovando Sanz, Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia
  10. Sergio Almaraz, El poder y la caída

Sobre gustos y colores no han hablado los autores. Cada quien puede confeccionar su propia lista para dialogar con los espíritus antes, durante y después de esta cuarentena.

Carlos Soria Galvarro
es periodista.

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Gerentes o directores, Anamar dio la voz de alerta

/ 9 de agosto de 2020 / 00:30

Algunos lectores entendieron erróneamente que esta columna se despedía de La Razón en la quincena anterior. Varios de ellos/ellas, con la motivación del apasionamiento político, querían efectivamente que esto ocurriera y hasta se nos ofreció espacio para cambiar de barco en medio de la tormenta. No hay tal. Lo que se dijo entonces fue nada más ni nada menos que existe una relación especial entre este diario y quien esto escribe, relación construida a lo largo de muchos años y totalmente independiente de los cambios de personas y de recomposiciones de los paquetes accionarios, o sea de las ventas y re-ventas de la empresa que lo produce y, por consiguiente, los cambios en su orientación editorial. Hasta ahora dichas relaciones han tenido lugar sobre un basamento único: el periodismo. Y mientras esto siga siendo así y tengamos la energía necesaria, no nos iremos, menos se nos ocurrirá cruzar la calle para ir en brazos de la competencia. Lo que dejamos planteado es que hay factores que pueden alterar esa situación. Por ejemplo, reaccionaría de inmediato si alguien intentara censurar o coartar las opiniones que aquí se plantean. Y también si por encima de los fundamentos del periodismo, este diario defendiera los negocios extra-periodísticos de sus propietarios, tema, este último, muy álgido y motivo de fuertes debates y razonables susceptibilidades.

Fue precisamente Ana María Romero de Campero quien lanzó la voz de alerta sobre esta cuestión cuando recibía el Premio Nacional de Periodismo en 1998.  En su disertación, Anamar señaló que era cada vez más evidente la peligrosa tendencia de otorgar mayor poder a los “gerentes”  por encima de los “directores”, especialmente en la toma de decisiones sobre los asuntos estrictamente periodísticos. De esta preocupación emerge la propuesta de separar a las empresas de difusión social del conjunto de los negocios. Vale decir que los medios deberían ser autónomos para no ser utilizados en la protección, consciente y/o inconsciente, de intereses de otros rubros empresariales. Objetivo utópico, por cierto, pero no por ello menos necesario.

El actual propietario de La Razón, que ahora además es importante accionista de las dos empresas ferrocarrileras y tiene otros negocios en Bolivia, ha sostenido reiteradamente que nunca se metió en la orientación del trabajo periodístico, que su participación se limita ahora a salvar del cierre a la empresa que en los últimos años trabajaba a pérdida. Reconoce que ha tomado en sus manos la reestructuración de la empresa. ¿Cómo influirá esto en la línea editorial? ¿Será evidente que en ese proceso de respetaron estrictamente las normas laborales? ¿Se tomaron en cuenta las propuestas y sugerencias de periodistas y trabajadores para encarar la crisis? Todavía hay muchas cosas que están por verse.

Entretanto quisiéramos remarcar algunas constataciones. Ante la irrupción de los canales digitales, los medios impresos atraviesan por una seria crisis en todas partes del mundo, por lo tanto los ajustes y reestructuraciones son por lo general necesarios e inevitables. Los durísimos efectos de la pandemia del coronavirus hicieron la situación más difícil y complicada todavía. Y si a ello añadimos el ingrediente del apasionamiento político que genera especulaciones y sospechas que envenenan el ambiente, el cuadro está completo.

Cuando se escriben estas líneas, viernes 7 de agosto, el panorama del país es de una terrible y dramática complejidad. Volveremos sobre estos temas venciendo la tentación maniquea de considerar que todos los buenos están de un lado y todos los malos del otro.

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Esta es una columna errante

/ 26 de julio de 2020 / 00:40

A lo largo de muchos años se fue construyendo una relación especial entre La Razón y quien esto escribe. Comenzó cuando jóvenes periodistas como Gustavo Guzmán y Rafael Archondo ejercían cargos de responsabilidad en el periódico y aceptaban y/o solicitaban colaboraciones. De ese tiempo fue la publicación de un extenso ensayo sobre la nacionalización de las minas que Archondo dividió en cinco capítulos aparecidos en otras tantas ediciones dominicales de La Razón. Era un material preparado para un suplemento del diario Presencia en el trigésimo aniversario de la firma del  decreto (31 de octubre de 1952) pero que a último momento Juan Cristóbal Soruco desechó por una supuesta censura de los obispos.

Más adelante la relación con el diario, entonces miraflorino todavía, escaló a nivel del Director, el destacado periodista Jorge Canelas, con quien se hizo un acuerdo para publicar en octubre de 1996 un suplemento sobre el Che en Bolivia, con documentos inéditos del Che y Pombo que finalmente la Cancillería autorizó fotografiar abriendo el sobre lacrado que se guardaba en una gaveta ubicada en las bóvedas del Banco Central. Tal operativo se realizó en presencia de policías y de un Notario de Fe Pública, quien levantó el acta respectiva. Para dar mayor seriedad al asunto la Cancillería delegó a Erick Torrico, periodista que entonces fungía como Director de Información Diplomática. El suscrito involucró al Centro de Documentación e Información (CEDOIN) del cual era director. Demás está decir que el suplemento denominado Tras las huellas del Che en Bolivia alcanzó un notable éxito, incluso más allá de nuestras fronteras.

Con estos y otros antecedentes, por iniciativa de Grover Yapura, entonces Jefe de Redacción, y ya en el tinglado de Santa Rita, La Razón publicó la serie El Che en Bolivia: Documentos y Testimonios. La primera edición del CEDOIN había salido trabajosamente en entregas anuales entre 1992 y 1996, con una preventa del tomo 1 para financiar la serie, sin afectar los estrechos presupuestos de la institución. En cambio, esta segunda edición, aumentada y corregida, circuló en entregas semanales entre septiembre y octubre de 2005 y se vendió masivamente en los puestos de periódicos. Juan Carlos Rocha Chavarría, a la sazón Director de La Razón, escribió un conceptuoso prólogo en el que, entre otros puntos, afirma sobre el autor de la recopilación: “….sobresale nítidamente la acuciosidad sistemática, dedicación incansable y pasión temática, pero con rigurosidad histórica”.

En una nueva etapa, en febrero de 2014, la nueva directora de La Razón, periodista Claudia Benavente, invitó al autor a escribir en el periódico que dirige. De ese modo, se recomenzó a publicar quincenalmente “Aquí y Ahora” (columna nacida en el semanario Aquí, publicada luego en el semanario La Época, inicialmente a invitación de Raúl Peñaranda y luego trasladada en formato digital a las páginas de Erbol).

Cabe recalcar que en ninguno de los sitios donde se publicó esta columna, jamás se produjo ni el más mínimo asomo de censura o manipulación. Primó un acrisolado respeto por las opiniones vertidas, independientemente de los cambios de directores o de recomposiciones de paquetes accionarios de las empresas. Se remarca esto especialmente para los últimos más de seis años como columnista de este diario.

La Razón atraviesa por una profunda crisis, todos lo saben. Una vez que el panorama se aclare se verá si priman las soluciones exclusivamente empresariales o se toman en cuenta aunque sea parcialmente los intereses de los periodistas, colegas y amigos la mayoría de ellos. Entonces esta columna errante decidirá si se queda o alza el vuelo a medios más propicios.

Carlos Soria Galvarro es periodista

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La ETIC y el analfabetismo digital

La ETIC boliviana fue considerada como un modelo de elaboración participativa y consensuada.

/ 14 de junio de 2020 / 06:07

Todos coinciden en que la crisis del COVID-19 está poniendo a la luz del día notables carencias y graves deficiencias en la gestión pública de nuestros países. En el gran tema de la salud, ni qué se diga, las lecciones a recoger tendrían que ser profundas y duraderas. Pero en otros rubros también se plantean similares observaciones, por ejemplo en la cuestión de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, de las que se viene hablando desde hace casi dos décadas. Incluso el sistema de las Naciones Unidas le dedicó al tema uno de esos megaeventos, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información realizada en dos grandes etapas: Ginebra 2003 y Túnez 2005. Ver: http//www.carlos soriag.com/category/dossiers/

Las inquietudes de un grupo de personas e instituciones permitieron avanzar hacia una significativa propuesta. Estamos hablando de la Estrategia Boliviana de Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo, entonces conocida como ETIC. Su elaboración en casi dos años estuvo a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB). En el proceso participaron más de 3.000 personas, representando a unas 700 instituciones del Estado y de la sociedad civil, reunidas en 15 talleres a lo largo y ancho del país. Vaya consuelo: la ETIC boliviana fue considerada en ese momento como un modelo de elaboración participativa y consensuada. El pequeño detalle es que no sirvió para maldita la cosa.

La desgracia de la ETIC fue haber nacido en el vértice del cambio: diciembre 2005, enero 2006. El gobierno transitorio de Rodríguez Veltzé no tuvo ni el tiempo ni las condiciones para ponerla en práctica. La nueva administración que asumió en enero de 2006 no tuvo la amplitud de criterio para encontrarle utilidad; predominó el prejuicio, siendo una propuesta que venía del pasado automáticamente había que desecharla; en vez de apropiársela para perfeccionarla, prefirió echarla al canasto y seguir inventando la pólvora con resultados que al final nos llevaron a la actual situación deficitaria.

Quisimos acceder al texto íntegro de la ETIC, pero curiosamente, hace varios años, ya no figura ni siquiera en los sitios web del PNUD y de ADSIB, lo que confirma que fue desechada en su totalidad. Tenía como ejes principales los siguientes:

  1. Conectividad e infraestructura. Condiciones técnicas y materiales necesarias para el acceso, generación, emisión, recepción de la información y el conocimiento (ENTEL afirma haber sembrado instalaciones para alrededor de 2.000 telecentros, pero nadie sabe si funcionan y si las autoridades locales se hicieron cargo de ellos).
  2. Sostenibilidad y financiamiento. Mecanismos de captación, administración y asignación de recursos públicos y privados y de otro carácter con criterios de sostenibilidad. El resultado es aún una nebulosa.
  3. Normativa y regulación. Actualizar y adecuar la normativa y regulación de las TIC. Algo se avanzó la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 164, agosto 2011). Pero sus reglamentos no pasaron la prueba de la práctica.
  4. Contenidos y aplicaciones. Procesos participativos de generación e intercambio de información y conocimiento. Para constatar el atraso basta ver los sitios web de las instituciones estatales, incluidas las académicas, casi siempre incompletos y desactualizados. Además, la escasa presencia de aplicaciones y contenidos bolivianos en la red.
  5. Capacidad humana. Venciendo el analfabetismo digital, habilitar a las personas en el uso e intercambio de información y conocimientos a través de las TIC. Se nota a las claras que hemos avanzado poco y demasiado lento. Los ejemplos sobran, pero el de miles de maestros que no saben qué hacer con sus relucientes laptops, es el más aterrador.
  6. Si la ETIC se hubiese convertido en una política pública, aplicada y desarrollada creativamente por diversidad de actores y en diferentes instancias, el panorama actual sería bastante diferente. Por lo menos no tendríamos que lamentar que la brecha digital sea otra fuente de desigualdad y discriminación, especialmente en el sistema educativo. No vale la pena llorar sobre la leche derramada, es mejor exigir que ahora no se siga haciendo lo mismo, en gran escala y sistemáticamente.

Carlos Soria Galvarro
es periodista.

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Sobre epidemias y pandemias en Bolivia

El COVID-19 parece la conjunción de todas las plagas conocidas. Ojalá la respuesta fuera la apropiada y oportuna

/ 31 de mayo de 2020 / 07:29

Breve repaso conceptual: un brote epidémico es la aparición repentina y localizada de una enfermedad originada en una infección. Una epidemia ocurre cuando una enfermedad se propaga activamente por el descontrol de un brote, que además perdura en el tiempo y aumentan los casos en una determinada área geográfica.

Para declarar lo que es una pandemia, se cumplen dos consideraciones: que el brote epidémico haya llegado a más de un continente, y que los casos dentro de cada país ya no sean “importados”, o sea, traídos del exterior, sino, provocados por trasmisión local o “comunitaria”. Y es ahí precisamente donde estamos.

Todos los días presenciamos angustiados el tenebroso “ranking” de contagiados (varios millones) y  fallecidos (cientos de miles) por el COVID-19. La magnitud y gravedad del fenómeno ha llevado a los gobiernos y a organismos multilaterales a tomar medidas de gran impacto socioeconómico, que repercutirán en los ámbitos políticos tal cual de hecho viene ya ocurriendo. Ciertamente el mundo ya no será el mismo después del COVID-19.

Apelamos al voluminoso Diccionario Histórico de Bolivia, confeccionado bajo la batuta de Josep M. Barnadas, “historiador boliviano nacido en Cataluña”, para indagar cuales de esos azotes del destino causaron los mayores daños en nuestro país: “En el actual territorio boliviano desde el Siglo XVI se han presentado casi todas las enfermedades infectocontagiosas…”, dice y atribuye el fenómeno a la diversidad climática y topográfica que crea las condiciones para su propagación.

Comienza enumerando la viruela traída por los españoles y que hizo verdaderos estragos entre la población nativa. El cronista Cieza de Leon calcula que en aquella época la viruela cobró aquí unas 200.000 vidas, entre ellas la del propio Inka Wayna Qhapaq. Solo en 1969 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que esa terrible enfermedad había sido erradicada de Bolivia, por supuesto gracias a la vacunación a escala mundial.

En cuanto a la fiebre amarilla en su variedad selvática, los primeros casos se presentaron en Bolivia en el siglo XIX y se han dado brotes epidémicos con elevados índices de mortalidad en zonas bajas tanto del norte como del sur del país y en valles profundos (Yungas). Viene después la tuberculosis desde épocas coloniales, especialmente entre los mitayos de las minas y en épocas como durante la Guerra del Chaco o de grandes movilizaciones sociales como las de la revolución de 1952. Es una enfermedad que se agrava por la desnutrición y las malas  condiciones de vivienda y trabajo.

Le sigue el chagas. Esta enfermedad, que es trasmitida por la picadura de la vinchuca y permanece inadvertida en varias zonas del país, pero está muy extendida (55% del territorio y 40% de la población), sigue siendo “una realidad insoslayable en la morbimortalidad nacional. Está también el cólera, enfermedad conocida desde fines del siglo XIX y que ha tenido hasta no hace mucho características de pandemia. En 1991 se presentó en países vecinos y obligó a drásticas medidas de seguridad como el cierre de fronteras con Perú, Chile y Argentina.

Por último, el citado Diccionario Histórico le dedica una entrada especial a la malaria, conocida en Bolivia desde tiempos lejanos como “calentura”, “terciana” o “paludismo”. También fue traída por los españoles, tanto de Europa como del África. La malaria, que se ha extendido a varios valles populosos del este y el sur del país, “es uno de los más graves problemas de salud desde el siglo XVI hasta nuestros días”. En efecto, pese a todas las campañas realizadas, los mosquitos y zancudos siguen activos trasmitiendo la enfermedad y sus variantes: el dengue, zika y la chikungunya. En resumen, el COVID-19 parece la conjunción de todas las plagas conocidas. Ojalá la respuesta fuera la apropiada y oportuna. Con pequeños brotes de gente desesperada y poco consciente, la mayoría de pueblo está haciendo su parte. Lamentablemente no se puede decir lo mismo del Gobierno transitorio.

Carlos Soria Galvarro, periodista.

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No pudieron amordazar la libertad de expresión

La llamada Disposición Adicional Única del DS 4231 tenía la marca y el sello de los tiempos de dictadura.

/ 17 de mayo de 2020 / 07:00

Como lo hicimos en anteriores y posteriores oportunidades, en 1987 y 1988, los trabajadores de la prensa libramos una exitosa batalla contra los resabios dictatoriales. Ocurrió que al senador banzerista Mario Rolón Anaya (quien, entre otras cosas, fue canciller de Luis García Meza) luego de una larga tramitación subrepticia hizo aprobar un proyecto de ley que a la letra decía: “Artículo único.- Los delitos previstos en la Ley de Imprenta de 10 de enero de 1925, serán tipificados de acuerdo al Código Penal vigente, y su trámite procesal se sujetará a las previsiones del Código de Procedimiento Penal”.

Todas las organizaciones del gremio periodístico, incluso algunos directores propietarios de medios de difusión, calificamos aquel proyecto como “Ley mordaza”. El semanario Aquí, dirigido entonces por Antonio Peredo y cuyo director-fundador (Luis Espinal) había sido torturado y asesinado en marzo de 1980 por los militares golpistas, fue el primero en dar la clarinada de alerta, en su edición del 24 de octubre de 1987: “El  Senado aprobó un proyecto de ley que intenta derogar la Ley de Imprenta. Mario Rolón Anaya es el autor de este atentado (…) Si se aprueba la ‘Ley Mordaza’, nadie se atreverá a denunciar la corrupción y el negociado”.

A renglón seguido se realizaron diversos encuentros y conferencias de reflexión y análisis sobre el tema, y se emitieron pronunciamientos, artículos de opinión y editoriales. De un modo general, se admitía la que la Ley de Imprenta adolecía de ausencias notables y procedimientos difíciles de aplicar, pero en sus aspectos esenciales garantizaba el ejercicio de la libertad de expresión, no solo de los y las periodistas, sino también de la ciudadanía en general. Paralelamente tuvieron lugar manifestaciones callejeras cada vez más numerosas y combativas con presencia creciente de dirigentes de organizaciones sociales e incluso parlamentarios, tanto oficialistas como opositores.

El diario Presencia, cuyo director entonces era Armando Mariaca, anotó lo que viene ser una conclusión compartida: “No se trata de sostener que la Ley de 1925 sea ‘intocable’, sino de evitar que una forma precipitada, parcial y poco meditada coarte las libertades que la vieja norma consagra y garantiza”.

Como remate notable y exitoso de esas movilizaciones, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STP-LP, ahora federación) organizó un seminario sobre legislación en comunicación, que marcó las principales pautas sobre el tema, y dio lugar a sendas resoluciones del Senado y de la cámara de Diputados declarando plenamente vigente la Ley de Imprenta. A Rolón Anaya y a los proyectistas que lo apoyaban les salió el tiro por la culata. Los materiales de este importante evento fueron recogidos en el libro Ley de Imprenta contra Ley Mordaza, publicado a fines de 1988 por el STP-LP

En más de 30 años, la situación no ha cambiado, aunque no han faltado intentos por “modernizar” esta ya casi centenaria norma legal o, como ocurrió ahora, querer pasarla por encima no obstante que los principios que la sustentan están ya recogidos en la Constitución Política del Estado, como derechos a la información y la comunicación, y con los mecanismos de autoregulación de los propios periodistas.

La llamada Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 4231, emitido por el Gobierno “transitorio”, tenía la marca y el sello de los tiempos de dictadura. En esencia era, agravado, lo mismo que pretendía Rolón Anaya. Querían luz verde para seguir con sus campañas revanchistas y para ocultar las tropelías y desatinos que cometen a diario. No sin razón la Asociación Nacional de Periodistas y la Asociación de La Paz emitieron un pronunciamiento conjunto, rechazando “la penalización de la libertad de expresión”. Las demandas de todos los sectores, dentro y fuera del país, fueron en aumento y les obligaron a dar marcha atrás. Más le vale.

Carlos Soria Galvarro, periodista

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