Voces

lunes 2 ago 2021 | Actualizado a 04:19

Un proceso electoral bajo fuego

La fundación Friedrich Ebert Stiftung presentó su estudio Delphi sobre escenarios prospectivos 2020

/ 29 de junio de 2020 / 06:26

En tiempos como los actuales, cuando el corazón, el cálculo y la brújula fracasan, nada mejor que contar con datos para guiarnos en el entendimiento de los sentidos comunes predominantes. Y en este empeño es muy útil el trabajo de la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), que presentó la semana pasada la segunda ronda de su estudio Delphi sobre escenarios prospectivos 2020. Este informe es el resultado de entrevistas a un muestreo por conveniencia de un grupo plural de 140 políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos. Su importancia como informantes clave se debe no solo a que reflejan un sentido común colectivo, sino que son personas que con sus opiniones influyen en sus círculos de opinión. Vayamos a los resultados.

Tal vez la pregunta inicial es la que refleja con claridad la profundización de un sentido pesimista sobre el contexto. Al indagar si el país va por buen camino o por mal camino, un 82% de los entrevistados optan por la opción negativa. Esta respuesta presenta un incremento significativo frente al 63% de la primera ronda (realizada en mayo de este año). Esto se ratifica cuando un 79% considera que la situación política y un 66% la económica es mala o muy mala. A este ambiente pesimista contribuyen nuestros miedos y principales preocupaciones: un 71% teme que la crisis económica aumente la pobreza, muy por encima de las inquietudes en torno al riesgo de contagio del coronavirus, el autoritarismo y el colapso del sistema de salud que son expresados en cerca de un 40% de los entrevistados.

En torno a la conflictividad, violencia y posibles enfrentamientos, las cosas no lucen mejor. Si asumimos que en la crisis política de 2019 se produjo una fractura social, un 58% de los entrevistados opinan que esa fractura no se ha superado y es aún más profunda. Un 94% considera que es probable que en las elecciones generales de este año se generen hechos de violencia y enfrentamiento puesto que el conflicto de octubre y noviembre no ha sido resuelto.

Así, el proceso electoral próximo se desarrollará en el marco de una persistente sensación de polarización y desconfianza. Podemos decir que le tememos en proporciones semejantes tanto al contagio del coronavirus como al posible fraude electoral. Por ello, el 92% de las personas considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene que priorizar la seguridad sanitaria para jurados y votantes, pero también un 89% marca como imprescindible para el reconocimiento del resultado la transparencia y corrección del proceso electoral. Una buena noticia en este contexto desalentador es que el TSE es la institución que genera mayor confianza, incluso por encima de la Iglesia católica. Esto es determinante si consideramos que, frente a la incertidumbre en torno al proceso electoral, el TSE es un factor crítico.

En términos de factores de riesgos significativos que el informe sugiere podemos destacar la incertidumbre en torno a las elecciones del 6 de septiembre, muy centrada en el prestigio del TSE y la falta de señales de acuerdos de corto plazo entre los actores políticos para enfrentar la crisis. Sumamos a estos factores de riesgo el potencial resultado del recurso de inconstitucionalidad contra la ley que posterga las elecciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y la propia gestión de la pandemia. También tenemos que prestar atención a la inseguridad generada por un posible ausentismo de votantes y jurados en la jornada electoral que podría impulsar el cuestionamiento de legitimidad de origen del nuevo gobierno, lo que impulsaría el desconocimiento del resultado de la votación con posible impugnación política y/o legal acompañada de movilización social.

Tiempos oscuros para celebrar elecciones, pero son la única salida a nuestra crisis múltiple.

Lourdes Montero
es cientista social.

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Yo grafitié Tarija

/ 25 de julio de 2021 / 00:20

Es sábado por la noche. Alistamos los aerosoles, nos ponemos las capuchas y salimos a pintar paredes para desenmascarar el machismo de nuestras ciudades. Como muchas otras, yo también acompañé a las “mochas” copleras para llenar los muros de consignas; por ello, reclamo mi nombre en la denuncia a la Fiscalía de Tarija. Como sostenemos en cada marcha: mientras nos sigan matando, seguiremos pintando.

“#Yo grafitié Tarija” fue la frase de apoyo compartido con las colectivas feministas que la semana pasada expresaron su lucha contra una sociedad machista, racista y patriarcal pintando paredes de iglesias y universidades. Y por supuesto, la “capital de la sonrisa” estalló en insultos, amenazas de procesos jurídicos y hostigamiento a esas “mochas” que se atreven a desatar su potencia política en los muros.

Y como toda sociedad conservadora, rápidamente buscaron en las extranjeras un chivo expiatorio que justifique los “hechos vandálicos”. María Galindo, y el mal ejemplo, pasó por la ciudad para presentar su libro Feminismo Bastardo y seguro fue ella la culpable de que sus paredes amanecieran pintarrajeadas. Qué maravillosa visita la de María, que logra a su paso que las paredes canten la indolencia de la justicia y la doble moral de una ciudad. Y es que los tarijeños y tarijeñas no quieren reconocer que, desde hace algunos años, sin intervención extranjera, en su ciudad florecen — como rosas pascua— grupos de jóvenes feministas dispuestas a “romperlo todo”.

Grafitiar se ha vuelto la forma en que las feministas jóvenes de toda la región expresan su rabia contra una sociedad que se resiste al cambio y un Estado cómplice del feminicida. Las paredes en Chile, Argentina o México pueden dar su testimonio. Frente a ello se desata la furia conservadora que reclama “el respeto por las paredes, la propiedad privada y las instituciones” o señalando que “esa no es una forma correcta de protestar”, lo que me genera la pregunta ¿hemos inventado acaso una forma de protestar que no moleste?

La palabra grafiti viene de la palabra italiana grafitto, que significa literalmente marcar o rasguñar en las paredes, una acción que como humanidad hemos llevado a cabo desde la época de las cavernas. Pero ¿por qué incomoda tanto el uso de un aerosol sobre una pared en el espacio público? Algunos analistas sostienen que el éxito actual de esta medida de protesta está en que la “grafitera” tiene una mezcla de romanticismo del siglo XVIII y hacker contemporáneo. Lo cierto es que, para ser exitoso, un grafiti requiere humor, simplicidad y que el lector callejero se identifique o se indigne frente al texto y, por tanto, tome posición política. Y por supuesto, la frase puede llegar a ser célebre si se cuela a las redes sociales y se comparte de manera orgánica.

Un grafiti causa revuelo cuando dice algo sobre el statu quo vigente. Como sostiene Muy Waso (medio digital autogestionado): “El grafiti es la expresión poética de la desobediencia. Es el aerosol puesto al servicio de la denuncia contra la violencia que campea en las calles como si nada”.

Con orgullo podría decirse que en Bolivia este tipo de protesta es uno de los aportes del feminismo. Es en la indignación de las jóvenes y el silencio social que las pintadas en la pared se volvieron una herramienta fundamental, no solo a través de los mensajes que vemos, sino también por las alianzas y complicidades que generan en otras y otros que se identifican con lo que las paredes dicen.

Seguramente aparecerán cada vez más latas de spray en manos de mujeres y disidencias dispuestas a seguir compartiendo pintadas con frases que inviten a la lucha y que nos recuerden que no estamos solas. Lo valioso es que, en esas marcas callejeras vemos la potencia de quién lo hizo, además de la historia política que hay detrás de un trazo de aerosol.

Por todo ello, yo también grafitié en Tarija.

Lourdes Montero es cientista social.

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Perder la certeza del futuro

/ 11 de julio de 2021 / 01:05

Nuestra región se encuentra bajo fuego. Desde Haití hasta Chile podemos dibujar un mapa de focos de calor de diversa intensidad que nos hablan de la debilidad institucional de los Estados para enfrentar la crisis y del descontento social en tiempos de pandemia.

La década pasada, la región era ejemplo de estabilidad macroeconómica, crecimiento y relativa firmeza democrática, en parte resultado del súper ciclo de las commodities. El mito de los países de renta media inundó las narrativas que veían en América Latina historias de éxito. Las modernas clases medias de las urbes latinoamericanas se lanzaron al consumo de electrodomésticos chinos y fast fashion, distraídos con la ilusión de igualdad que proveía las redes sociales. Un ilusorio “ascenso social” no nos permitía detenernos a discutir temas centrales como la calidad educativa o el acceso a un sistema de salud.

Pero despertamos y el dinosaurio todavía estaba allí. La desigualdad histórica de la región se muestra persistentemente sólida, y la extrema vulnerabilidad de las clases medias amenaza con devolvernos a la pobreza cualquier momento. Un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales con daños medioambientales y la provisión de mano de obra barata muestra sus límites, y alimenta una creciente desconfianza de la ciudadanía, particularmente de la juventud, hacia las instituciones del Estado y la democracia.

Y los titulares de los periódicos nos sacuden con hechos que parecen pertenecer a los oscuros tiempos del pasado. En Nicaragua, Ortega lleva 14 años al frente del país, y en noviembre buscará su cuarto mandato consecutivo. Para evitar cualquier interferencia en sus planes, llevó adelante las detenciones de una docena de dirigentes, entre ellos varios precandidatos presidenciales, acusados de lavado de dinero y por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Triste final para el legado de la revolución sandinista.

Volteamos la página para encontrar en El Salvador un mesías tropical que, arropado por su populismo, impone la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y el cese del fiscal general, vulnerando de un plumazo la división de poderes. Ante las críticas internacionales, cierra la conversación con un twitter: «El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos». Y con los niveles de migración de su país, tal parece que los ciudadanos le están tomando la palabra.

Haití nos deja sin habla. Su presidente murió este miércoles de madrugada en un ataque armado contra su residencia privada. Lo ocurrido amenaza con desestabilizar aún más un país que enfrenta desde hace años múltiples crisis, una pobreza crónica y recurrentes desastres naturales. Similar incertidumbre afronta Brasil frente a la posibilidad de un impeachment a su presidente, acusado de 23 delitos relacionados con su gestión de la pandemia, que ya mató a más de 520.000 personas. Y al igual que en Brasil, los ciudadanos y ciudadanas colombianas inundan las calles en protesta contra su gobierno que no duda en reprimir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un duro informe donde denuncia «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición (…)”.

Entre tanto, Perú nos mantiene en vilo a un mes de su segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pues hay cerca de 1.000 pedidos de nulidad que han retrasado la proclamación del presidente. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones resuelve los casos de denuncias pendientes, el Congreso apura la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional (TC) para cercar a Castillo, virtual vencedor de las elecciones, quien tendrá muy difícil avanzar en los cambios prometidos.

Todos estos escenarios en conflicto tienen algo más que proximidad geográfica. Los analistas coinciden en describir una región que enfrenta una espiral de crisis con problemas irresueltos. La pandemia, sumada a la crisis económica, hacen más evidentes en la región la desigualdad, la violencia, la brutalidad policial/militar, la falta de infraestructura, la inoperancia de los gobiernos, las brechas en el acceso a la educación y la salud y el desprestigio de la política.

La pandemia nos puso de frente al dinosaurio y ninguna vacuna nos podrá resolver un futuro que se vislumbra cada vez más incierto.

Lourdes Montero es cientista social.

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Perú: el fraude como posverdad

/ 26 de junio de 2021 / 23:31

El domingo 6 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú y, 20 días después, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha logrado proclamar quién será el próximo presidente. Hoy nos enfrentamos a un nuevo giro dramático de esta telenovela, cuando el fiscal supremo Luis Arce Córdova presenta su declinación al pleno del JNE, a pesar de que está legalmente impedido de renunciar a su cargo porque hay un proceso electoral en curso.

La virtual perdedora de los comicios, Keiko Fujimori, quien ha logrado aglutinar a las élites peruanas en apoyo a su candidatura, corre el riesgo no solo de perder su tercera (y tal vez última) oportunidad de gobernar, sino que podría enfrentar una acusación penal que le costaría 30 años de cárcel por recibir aportes ilícitos de Odebrecht para su campaña en 2011; así como perder la oportunidad de indultar a su padre. Con tanto en juego podemos entender por qué a Keiko se le va la vida en esta contienda.

Pero en estas elecciones se juega mucho más que el futuro de la familia Fujimori, y es una dura prueba para la calidad de la democracia y la gobernabilidad del Perú. Si Pedro Castillo es elegido, tendrá que enfrentar un Congreso conservador que asegura cinco años de inestabilidad política. Los resultados muestran un sistema de partidos altamente fragmentado, aunque las alianzas esperadas podrían favorecer al fujimorismo. La representación política refuerza una ruptura histórica irresuelta: la alta polarización entre una Lima moderna y cosmopolita, beneficiaria del modelo económico, y las regiones rurales, desde donde emergen liderazgos críticos al modelo centralista y desigual del Perú.

Por otro lado, la sociedad peruana actualmente está sometida a un escenario de desinformación sistemática que es el escenario ideal para la construcción de fake news. En el Perú electoral ha habido una clara alianza entre las élites económicas y los medios de comunicación tradicionales para favorecer a la candidatura fujimorista, con muy poco espacio para voces plurales y ejercicio de libertad de prensa, en un contexto de medios tradicionales capturados y decisiones gerenciales que involucran despido de periodistas emblemáticos.

Se trata de una sociedad donde, como lo reconoce el académico Marco Avilés, “Pedro Castillo podría vencer a la derecha peruana, pero no a su racismo”. En ese sentido, agudizar la polarización ha sido la táctica para movilizar votos, y lograr quebrar el voto antifujimorista de clases medias y altas. Para ello las narrativas se han articulado alrededor de la denuncia contra una supuesta amenaza de la izquierda comunista.

Los de arriba versus los de abajo/los privilegiados versus los olvidados, es el panorama que dejan estas elecciones. Una audiencia polarizada es un público cautivo y predilecto para tácticas comunicativas de posicionamiento de la narrativa del fraude puesto que el consumo informativo busca corroborar sus propias convicciones al margen de la verdad. Esto es apoyado por “la campaña de las mil campañas”, como se ha nombrado a la acción de grupos empresariales, bufetes de abogados, medios de comunicación, así como líderes de opinión y personalidades nacionales e internacionales, apoyados por una ciudadanía movilizada que buscan generar la sensación de mayoría para desestabilizar el proceso electoral.

Esta táctica de denunciar fraude ante un electorado que prefiere creer en una “estafa sistémica”, antes que reconocer que ha perdido una elección, es una práctica ya común que socava no solo la legitimidad de un nuevo gobierno, sino también daña la democracia. Todavía nos resuenan los gritos histéricos de Donald Trump que insistió hasta el final en el fraude, sin ninguna evidencia. Otra historia reciente fue la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien sostuvo que solo un fraude puede explicar su derrota. No necesito hablar de los casos nacionales que, siendo tan recientes, aún se encuentran en nuestra memoria corta.

Nos preocupa el desenlace del Perú porque puede socavar la legitimidad de la democracia en la región donde el sistema de representación ya presenta fisuras en la credibilidad de la ciudadanía. Fracturas sociales tan profundas tal vez necesiten lo que ha sido una promesa electoral de Pedro Castillo: encarar un diálogo nacional en forma de Asamblea Constituyente. El ejemplo de Chile puede ser un camino. Nuestros sistemas de representación en toda la región están viviendo ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones. Veremos qué queda en pie después de este estremecimiento.

Lourdes Montero es cientista social.

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Una Asamblea de la vergüenza

/ 13 de junio de 2021 / 01:52

Los bolivianos y bolivianas elegimos una Asamblea Legislativa como el espacio donde, salvando diferencias, se construye el bien común. Aspiramos a un órgano donde, a través de la exposición y debate de ideas, se deliberen las distintas visiones de país y se procesen los disensos de la que somos portadores todos y todas las bolivianas.

Actualmente ese espacio no existe. El bochornoso incidente que protagonizaron los honorables asambleístas la semana pasada demuestra que hoy prima una cultura política del irrespeto, la intolerancia y el uso de la violencia para imponer las ideas. ¿Les suena familiar esta descripción? Pues sí, son las características que las feministas utilizamos para describir una cultura patriarcal donde es legítimo el uso de la fuerza para “disciplinar” al otro e imponerle nuestra visión del mundo. Esa forma de hacer política es a quien debemos el mal nombre de nuestro sistema de representación.

Voy a ser más radical en mi afirmación. La Asamblea pasada (2015-2020) era liderada por mujeres que imprimieron a la cultura política una forma distinta de procesar las diferencias. Michelle Bachelet dijo: “Si una mujer entra a la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”. Hoy extrañamos el liderazgo de esa Asamblea donde el poder lo gestionaban Gabriela Montaño, Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Sonia Brito; pero también extrañamos la oposición que ejercían Lourdes Millares, Jimena Costa, Norma Piérola y Fernanda San Martín. Y no es que estas contrincantes políticas fueran menos duras y radicales en su polarización (todavía recordamos las fuertes interpelaciones que han protagonizado), pero claramente se gestionaban las diferencias de manera distinta.

Por supuesto no se trata de que estas mujeres sean portadoras de virtudes biológicamente determinadas, pero entendemos que como ellas no necesitaban ejercer el despliegue viril de los caballeros, preferían prácticas políticas distintas.

Hoy tenemos una Asamblea que carece de liderazgos que generen respeto. Parece que nuestros asambleístas, del oficialismo y la oposición, no han comprendido dónde están y qué espera la población de su mandato. Hoy solo vemos el despliegue de una “moral viril” imperante, base del machismo, que perpetúa el poder vinculado al hombre dominador y violento. Quien es irrespetuoso no puede exigir ser respetado, pues el respeto debe ser recíproco y construido día a día, como también se construye la legitimidad política de un órgano de representación.

Solo hace unos meses, en el mismo hemiciclo, aplaudíamos emocionados el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa cuando sostenía “Es obligación comunicarnos, obligación dialogar”, “los bolivianos nos miramos a todos iguales y sabemos que unidos valemos más” o “el cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda”. Es momento de llevar esas hermosas palabras a la práctica concreta, solo así la Asamblea Legislativa puede recuperar el respeto de sus votantes. Y para ello, se requiere de un liderazgo claro que desde todos los bandos transmita un estilo de hacer política distinta al que hoy observamos.

Los bolivianos y bolivianas que acudimos a las urnas para elegirlos no merecemos ser representados por esos pugilatos primitivos. En medio de una pandemia, con una crisis en la educación y en la economía, esperamos líderes de mayor talla. Tal vez vale la pena recordarles a nuestros asambleístas que no han sido elegidos de una vez para siempre y que deben construir su legitimidad en cada una de sus acciones.

Lourdes Montero es cientista social.

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¿Caras nuevas en la Convención chilena?

/ 15 de mayo de 2021 / 23:31

Este fin de semana Chile está votando para conformar su Convención Constituyente, en una de las elecciones más importantes de su historia. Producto de las masivas protestas de 2019 y el voto afirmativo en un referéndum, la ciudadanía podrá elegir a las 155 personas encargadas de elaborar una nueva Carta Magna que sustituya la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Esta será la primera vez en la historia que Chile cuente con una Constitución elaborada y aprobada por su ciudadanía, y será también la primera vez que esté escrita de forma paritaria y con la participación de representantes de sus 10 pueblos indígenas. Las mujeres nunca han constituido más de una cuarta parte del Congreso chileno, por lo que una convención con paridad de género es un hito importante; más aún la incorporación de los 17 escaños reservados para los indígenas, que en Chile viven una larga historia de negación.

En un momento de profundo desapego de la ciudadanía con su élite política, el mayor desafío de la Convención Constituyente es su legitimidad, que depende de que la Asamblea sea vista como lo suficientemente diversa e inclusiva, de modo que las élites políticas tradicionales no puedan controlar el proceso. Los partidos políticos tienen uno de los índices de aprobación más bajos entre las instituciones de Chile, con una reputación de liderazgo encapsulado.

Por ello, la ilusión está centrada en que la Convención aporte una mejor distribución del poder y permita que nuevas voces rompan lo que en Chile se denomina la “casta política” (de izquierda y derecha), que ha generado la profunda rabia contra todo el establishment, expresado por ejemplo en las palabras de Roberto Avila: “los dueños de Chile son un puñado de familias, dueños de todo: de la tierra y del agua, de tu trabajo de hoy y de mañana, dueños hasta del último ahorro que hagas para tu vejez. En todo lo que hagas, como tomar el Metro o fumarte un cigarrillo, debes pagarle un peaje institucionalizado”.

Frente a los datos estadísticos presentados por Jennifer M. Piscopo y Peter M. Siavelis, sobre las listas de candidatos y candidatas a la Convención, existe un moderado optimismo sobre el cambio de esa élite. Usando la información de los 1.373 candidatos aceptados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), se puede afirmar que cerca del 80% de los candidatos y candidatas a la Convención son caras nuevas y no políticos experimentados. Si bien muchos de ellos y ellas pueden tener apellidos conocidos, o ser miembros antiguos de partidos políticos, la mayoría de los candidatos y candidatas nunca antes ha buscado ganar una elección. Y esta novedad por supuesto es mayor entre las postulantes que entre los hombres.

Si bien los rostros y las voces podrán ser nuevos, solo el 44% tiene menos de 40 años. Aunque estos datos pueden decepcionar a aquellos que tenían esperanzas de que el proceso constitucional atrajera a más juventud, protagonista en la conquista de la Convención, de todos modos, la proporción de jóvenes es relativamente alta. Por ejemplo, la Unión Interparlamentaria reporta que solo un 15% de los parlamentarios en el mundo tienen menos de 40 años, lo que significa que la Convención chilena podría coincidir o superar el promedio global solo eligiendo una fracción de los candidatos jóvenes.

Esta Convención Constitucional, que promete una renovación de la política con rostros jóvenes, indígenas y femeninos, es solo el inicio de un cambio verdadero en las estructuras de uno de los países más desiguales de la OCDE. Muchos analistas tratan de prevenir una posible desesperanza y retorno a las calles del estallido social chileno cuando afirman que cambiar el texto de la Constitución no significa inmediatamente cambios profundos en la sociedad, pero sí significa tener un marco legal que permita hacer cambios. El inicio del camino en esa dirección lo definirán este domingo los chilenos y chilenas.

Lourdes Montero es cientista social.

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