Voces

jueves 15 abr 2021 | Actualizado a 07:20

Caminos opuestos

Es urgente que el Ministerio de Educación promueva espacios de diálogo a nivel nacional para la presentación de propuesta.

/ 30 de junio de 2020 / 06:21

Mientras la tozudez del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, le obliga a no dialogar con miembros de las Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales sobre la implementación de políticas educativas consensuadas de alcance universal en lo que queda de la gestión escolar 2020, los demás actores (autoridades educativas, maestros, estudiantes y padres de familia) de la Educación Regular toman diferentes caminos, de acuerdo a sus necesidades y prioridades.

Los padres de familia que tienen hijos estudiando en el sector privado rechazaron rotundamente la escala de descuentos por pago de pensiones mensuales, que oscilan entre el 6% y el 23% si se tiene plataforma digital de acuerdo a las exigencias de la modalidad virtual y del 11% al 28% si no tiene. Pero la exigencia es clara, descuento del 50% a las mensualidades.

La Confederación de Maestros Rurales, desde el 17 de junio, se mantiene firme en la extrema medida de la huelga de hambre, exigiendo la abrogación del Decreto Supremo Nº 4260 y la renuncia del ministro de Educación, haciendo énfasis en la lucha indeclinable, sobre la defensa de la educación fiscal y gratuita. De igual manera, la Confederación de Maestros Urbanos anuncia radicalizar las medidas de presión para los próximos días.

Algunas juntas escolares, mediante manifiestos, exigen el inmediato reinicio de las clases en la modalidad presencial, llegando al extremo de lanzar ultimátum a los maestros para que se constituyan en las aulas, haciendo caso omiso a la emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y mundial.

Determinadas Federaciones de  Estudiantes de Secundaria (FES), con algunos miembros que ahora son universitarios, tienen diferentes criterios; unos exigen la clausura de la gestión escolar con aprobación automática, los otros solicitan el acceso universal al servicio de internet y dispositivos móviles (celular y tablet) para encarar la modalidad virtual, los restantes exigen un diálogo nacional entre todos los actores para solucionar la coyuntura educativa.

Un buen número de direcciones departamentales y distritales promueven la priorización de contenidos del Plan Anual. Asimismo los maestros vienen produciendo textos didácticos en las áreas de los campos y saberes de los diferentes niveles de años de escolaridad, de acuerdo a las características de cada contexto educativo, para que posteriormente sean distribuidos a los estudiantes, principalmente con limitaciones de accesibilidad a los medios tecnológicos.

El Ministerio de Educación, con el numeroso personal “profesional” que cuenta, hasta la fecha se limita al anuncio de promesas que no se concretizan, claro ejemplo; la aplicación educativa (www.digital.entel.bo) lanzada con mucha alharaca el 8 de mayo, que debía ser gratuita, con contenido bibliográfico para maestros y estudiantes, pero a la fecha, referida página web simplemente ya no existe. La tan anunciada  educación a distancia por Bolivia TV, y las radios dependientes del Estado quedó en el olvido, pero hace meses atrás, la actual viceministra de Comunicación, María Isabel Fernández Suárez, aseguró que sería una realidad. Ahora, el ministro de Educación, promete que la página web www.minedu.gob.bo será el repositorio  bibliográfico digital para afrontar los procesos educativos en las modalidades establecidas en el Decreto Supremo Nº 4260, asegurando nuevamente que será de acceso gratuito.

Es urgente que el Ministerio de Educación promueva espacios de diálogo a nivel nacional para la presentación de propuestas que fueron producidas por los actores de la Educación Regular, por consiguiente, elaborar de manera conjunta un verdadero Plan de Contingencia Educativa sin que nadie se sienta perdedor, al contrario, fortalecido para asumir con mucho compromiso lo que resta de la gestión escolar, en beneficio de los estudiantes de toda nuestra amada Bolivia; caso contrario, se avizoran más conflictos sociales. Los caminos opuestos demostrados hasta ahora deberán ser reencaminados para el bien común de una educación para todos, sin que nadie se sienta excluido.

Luis Alberto Callapino López es Magister en Políticas de Formación Docente

Comparte y opina:

Inviable

/ 6 de enero de 2021 / 00:05

Día que pasa es más inviable el retorno a las aulas el venidero 1 de febrero en todo el territorio nacional, a causa del inicio del rebrote de contagios por COVID-19. El anhelo de algunas autoridades del Ministerio de Educación se desvanece y es urgente tomar nuevas políticas para la gestión educativa y escolar 2021.

Al respecto, en la conclusión Nº 5 del VI Encuentro Pedagógico, desarrollado el 17 y 18 de diciembre de 2020, se establece que, dependiendo de las condiciones sanitarias y los estudios epidemiológicos correspondientes en cada contexto educativo, se desarrollarán tres modalidades para garantizar el reinicio de actividades educativas: presencial, semipresencial y a distancia, complementadas con teleeducación, radioeducación, plataformas virtuales y otros recursos educativos pertinentes.

Consecuentemente, según el informe del ministro de Educación, Adrián Quelca, Santa Cruz y La Paz adoptarán clases a distancia debido al rebrote del coronavirus, y obviamente en las demás capitales de departamento optarán por la misma modalidad de atención.

Según el Decreto Supremo 4260 que continúa vigente, la modalidad a distancia es el proceso educativo caracterizado por la no asistencia de los estudiantes a las instituciones educativas y mediadas por recursos físicos (libros, documentos, CD, DVD), televisivos, radiales, digitales, telefónicos y otros.

La misma normativa señala que la modalidad presencial es el proceso educativo caracterizado por la presencia física e interacción entre maestro y estudiante, utilizando diversos recursos pedagógicos. Mientras la semipresencial es el proceso educativo caracterizado por combinar, de manera sistemática, la modalidad presencial con las modalidades de atención a distancia y/o virtual, sustentado en herramientas tecnológicas y la interacción entre estudiante y maestro.

Tanto la modalidad presencial como la semipresencial requieren la presencia física del maestro y estudiante; en tal sentido, por las características del rebrote se constituyen en alternativas inviables. Asimismo, ya fueron rechazadas por algunas representaciones departamentales y distritales de padres de familia.

Todo hace deducir que la modalidad a distancia se convertirá en el brazo operativo de las concreciones curriculares. Es hora de que las autoridades educativas reactiven los equipos multidisciplinarios departamentales y distritales, que determinen el nivel de responsabilidad de los maestros en la compilación, diagramación y edición de textos didácticos, pero principalmente el grado de competencia del nivel central y los gobiernos municipales en la impresión de los materiales elaborados. La declaratoria de 2021 como Año por el Derecho a la Educación debe cumplirse con hechos y no simplemente quedarse en un eslogan.

Luis Callapino es magíster en Políticas de Formación Docente.

Comparte y opina:

Mil propuestas, un camino

/ 5 de diciembre de 2020 / 01:27

Desde la posesión del nuevo ministro de Educación, renació la posibilidad del retorno a las aulas en la gestión educativa 2021. Los diferentes actores educativos organizados en sus entes matrices tienen la premisa de elaborar propuestas sostenibles a ser presentadas en el VI Encuentro Pedagógico, denominado “Retomemos el derecho a la educación”, que se desarrollará a mediados de diciembre.

El Ministerio de Educación tiene la propuesta de clases semipresenciales, en función a la necesidad que existe de un contacto directo entre maestros y estudiantes a través del apoyo de plataformas virtuales, materiales impresos, medios audiovisuales y programas educativos por televisión y radio.

Las federaciones regionales y departamentales de maestros urbanos y rurales comenzaron con los encuentros pedagógicos, bajo el propósito de elaborar planteamientos sostenibles para el inicio del proceso educativo en la próxima gestión. Asimismo, definir las modalidades de atención a fin de que sean utilizadas en las concreciones curriculares, siendo la más viable, la modalidad de atención semipresencial, caracterizada por la combinación entre la educación virtual, a distancia y presencial.  

No obstante, algunas representaciones distritales y departamentales de padres de familia sugieren que la modalidad de atención sea de libre elección, vale decir, no se obligue al estudiante asistir a las aulas. Hasta la fecha se desconoce de algún encuentro del referido sector, considerando la delicada coyuntura de la canasta estudiantil.

Lo preocupante es la pasividad de las federaciones de estudiantes de secundaria, ya que no se escuchó manifiesto alguno sobre propuestas inherentes al inicio de la gestión educativa y escolar del siguiente año.

En el ámbito gubernamental, el nuevo gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Roque Roy Méndez, tiene la difícil misión de ampliar la cobertura de la señal de internet para que el proceso educativo se desarrolle en todos los contextos educativos del país.

El VI Encuentro Pedagógico será el escenario propicio para conocer centenares de propuestas de los verdaderos actores educativos. El camino será, claro, determinar acciones concretas y sostenibles para que la próxima gestión educativa y escolar sea permanente, sin ninguna interrupción, pero principalmente con una planificación seria, resultado de consensos multisectoriales. 

Luis Callapino es magister en Políticas de Formación Docente.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La LSB en la educación regular

/ 21 de noviembre de 2020 / 07:32

La Ley de Educación 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” cumplirá 10 años de vigencia el 20 de diciembre de esta gestión, entre luces y sombras, pero principalmente caracterizado por el incumplimiento de algunos artículos fundamentales por parte de las autoridades educativas nacionales, departamentales y distritales.

Por consiguiente, uno de los casos más soslayados es el artículo 7, numeral 6 de la norma, que establece que la enseñanza del lenguaje en señas es un derecho de los estudiantes que lo requieran en el sistema educativo. Además, es parte de la formación plurilingüe de los maestros.

Al respecto, la Constitución Política del Estado, en su artículo 70, indica que toda persona con discapacidad goza del derecho a la comunicación en lenguaje alternativo, vale decir en Lengua de Señas Boliviana (LSB), algo ausente en el proceso educativo del Subsistema de Educación Regular (niveles inicial, primario y secundario).

El artículo 36 de la Ley General 223 para Personas con Discapacidad determina que las unidades educativas están obligadas a incorporar la comunicación alternativa y un intérprete en LSB para la respectiva traducción a los alumnos con discapacidad auditiva, debiendo contar con recursos humanos capacitados y la señalización apropiada en la parte externa e interna de la infraestructura educativa.

En concordancia con el Decreto Supremo 0328, la persona sorda es aquella con pérdida y/o limitación auditiva en menor o mayor grado, que a través del sentido de la visión estructura su experiencia e integración con el medio, mientras la LSB es el sistema lingüístico cuyo medio es visual más que auditivo, teniendo su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis.

Consecuentemente, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (Unefco) y la Universidad Pedagógica, en coordinación con la Federación Boliviana de Sordos, deberá promover espacios de capacitación para maestros en ejercicio y egresados, los cuales deberán asumir el rol de intérpretes en el proceso educativo a fin de la traducción para los estudiantes con discapacidad auditiva, como ocurre actualmente en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros.

Por tanto, es imperante que el nuevo ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, efectivice políticas educativas a corto plazo para la implementación sistemática de la LSB en el Subsistema de Educación Regular, a partir de la gestión educativa y escolar 2021.

Luis Callapino es magíster en Políticas de Formación Docente.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Secreto a voces

/ 23 de octubre de 2020 / 03:42

Para nadie debería resultar extraño que algunas unidades educativas fiscales y de convenio hayan retornado a las aulas para continuar con las concreciones curriculares a través de la modalidad de atención semipresencial. Atrás quedó la Resolución Ministerial 0050/2020 que determinó la clausura de la Gestión Educativa y Escolar 2020.

Según el controversial Decreto Supremo 4260 y su reglamentación específica para el Subsistema de Educación Regular, la modalidad de atención semipresencial es el proceso educativo caracterizado por combinar, de manera sistemática, la modalidad presencial con las modalidades de atención a distancia y/o virtual, sustentada en recursos físicos, televisivos, radiales, digitales, telefónicos, herramientas tecnológicas y en la interacción entre maestro y estudiantes.

Sin embargo, el Decreto Supremo 4314 del 27 de agosto, en su artículo quinto (Restricciones), inciso f, refiere textualmente la suspensión de clases presenciales en todo el territorio nacional, lo que fue ratificado por el Decreto Supremo 4352 del 29 de septiembre, que en su artículo único, parágrafo primero, amplía hasta el 31 de octubre la vigencia de las medidas de la fase de posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus.

La reanudación de las actividades curriculares en unidades educativas, en la modalidad semipresencial, tiene diferentes realidades y aristas. En algunos casos es el resultado del consenso entre maestros, estudiantes y padres de familia; no obstante, en otros contextos educativos prevalece el ultimátum de las juntas escolares y autoridades originarias, argumentando la cancelación de sueldos a los maestros y la desescalada de casos positivos por el COVID-19. 

Por consiguiente, es imperante que el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas emita un pronunciamiento oficial sobre la autorización o prohibición del retorno a las aulas en la modalidad de atención semipresencial, ya que se carece de sustento legal y protocolos de bioseguridad para el desarrollo curricular en presencia del maestro y estudiantes.

De persistir la omisión dolosa de las autoridades educativas nacionales, departamentales y distritales, quedará demostrado una vez más la ausencia del Estado en algunos contextos educativos, siendo inadmisible que el retorno a las aulas no tenga ningún sustento legal y sanitario.

Luis Callapino es magíster en Políticas de Formación Docente.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Asuntos pendientes

/ 9 de octubre de 2020 / 04:31

En la presente gestión educativa y escolar debía desarrollarse la décima Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana; no obstante, por la coyuntura educativa actual, quedó en la incertidumbre el desarrollo de tan importante espacio competitivo científico en el subsistema de educación regular.

Hasta el año pasado, los estudiantes de este subsistema de todas las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del Estado podían participar en las áreas de Matemática, Física, Química, Biología, Geografía y Astronomía-Astrofísica, de primero a sexto de secundaria; en Informática, de quinto de primaria a sexto de secundaria y en Robótica, de primero de primaria a sexto de secundaria. Asimismo, en la Feria Científica podían estar primero, segundo, quinto y sexto de secundaria.

El objetivo principal de la olimpiada fue promover el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, e identificar talentos científicos en estudiantes del referido subsistema, como aporte al desarrollo científico, productivo, económico y social del país. Esto se desarrollaba en cuatro etapas: la primera, a nivel de unidad educativa; la otra, a nivel distrital; la tercera, a nivel departamental y la cuarta, a nivel nacional. 

La novena versión de esta cita fue irregular por los conflictos sociales en el último trimestre de 2019. Por consiguiente, el 15 de marzo de la presente gestión debían desarrollarse las pruebas de la etapa nacional, pero por la suspensión intempestiva de las clases presenciales en todo el Sistema Educativo Plurinacional, a causa de la pandemia por el COVID-19, se suspendieron indefinidamente.

Obtener alguna medalla de oro, plata, bronce o una mención honorífica en la etapa nacional de la Olimpiada se constituye en la opción de postular a la modalidad de ingreso especial a alguna carrera universitaria pública.

Consiguientemente, los estudiantes clasificados a esta etapa de la novena olimpiada, que continúan en el Subsistema de Educación Regular, merecen que el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas les otorgue los premios e incentivos estipulados en la convocatoria, como justo reconocimiento al esfuerzo científico-tecnológico demostrado.

Por tanto, como justo homenaje a los estudiantes que continúan capacitándose en las áreas científicas y tecnológicas, el ministerio en cuestión, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Viceministerio de Educación Regular y las universidades bolivianas deberán planificar el desarrollo de la décima Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana 2020, de acuerdo con las modalidades de atención educativa establecidas en el Decreto Supremo 4260 y su reglamento específico, vale decir, a distancia y virtual.

Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente.

Temas Relacionados

Comparte y opina: