Caminos opuestos
Es urgente que el Ministerio de Educación promueva espacios de diálogo a nivel nacional para la presentación de propuesta.
Mientras la tozudez del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, le obliga a no dialogar con miembros de las Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales sobre la implementación de políticas educativas consensuadas de alcance universal en lo que queda de la gestión escolar 2020, los demás actores (autoridades educativas, maestros, estudiantes y padres de familia) de la Educación Regular toman diferentes caminos, de acuerdo a sus necesidades y prioridades.
Los padres de familia que tienen hijos estudiando en el sector privado rechazaron rotundamente la escala de descuentos por pago de pensiones mensuales, que oscilan entre el 6% y el 23% si se tiene plataforma digital de acuerdo a las exigencias de la modalidad virtual y del 11% al 28% si no tiene. Pero la exigencia es clara, descuento del 50% a las mensualidades.
La Confederación de Maestros Rurales, desde el 17 de junio, se mantiene firme en la extrema medida de la huelga de hambre, exigiendo la abrogación del Decreto Supremo Nº 4260 y la renuncia del ministro de Educación, haciendo énfasis en la lucha indeclinable, sobre la defensa de la educación fiscal y gratuita. De igual manera, la Confederación de Maestros Urbanos anuncia radicalizar las medidas de presión para los próximos días.
Algunas juntas escolares, mediante manifiestos, exigen el inmediato reinicio de las clases en la modalidad presencial, llegando al extremo de lanzar ultimátum a los maestros para que se constituyan en las aulas, haciendo caso omiso a la emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y mundial.
Determinadas Federaciones de Estudiantes de Secundaria (FES), con algunos miembros que ahora son universitarios, tienen diferentes criterios; unos exigen la clausura de la gestión escolar con aprobación automática, los otros solicitan el acceso universal al servicio de internet y dispositivos móviles (celular y tablet) para encarar la modalidad virtual, los restantes exigen un diálogo nacional entre todos los actores para solucionar la coyuntura educativa.
Un buen número de direcciones departamentales y distritales promueven la priorización de contenidos del Plan Anual. Asimismo los maestros vienen produciendo textos didácticos en las áreas de los campos y saberes de los diferentes niveles de años de escolaridad, de acuerdo a las características de cada contexto educativo, para que posteriormente sean distribuidos a los estudiantes, principalmente con limitaciones de accesibilidad a los medios tecnológicos.
El Ministerio de Educación, con el numeroso personal “profesional” que cuenta, hasta la fecha se limita al anuncio de promesas que no se concretizan, claro ejemplo; la aplicación educativa (www.digital.entel.bo) lanzada con mucha alharaca el 8 de mayo, que debía ser gratuita, con contenido bibliográfico para maestros y estudiantes, pero a la fecha, referida página web simplemente ya no existe. La tan anunciada educación a distancia por Bolivia TV, y las radios dependientes del Estado quedó en el olvido, pero hace meses atrás, la actual viceministra de Comunicación, María Isabel Fernández Suárez, aseguró que sería una realidad. Ahora, el ministro de Educación, promete que la página web www.minedu.gob.bo será el repositorio bibliográfico digital para afrontar los procesos educativos en las modalidades establecidas en el Decreto Supremo Nº 4260, asegurando nuevamente que será de acceso gratuito.
Es urgente que el Ministerio de Educación promueva espacios de diálogo a nivel nacional para la presentación de propuestas que fueron producidas por los actores de la Educación Regular, por consiguiente, elaborar de manera conjunta un verdadero Plan de Contingencia Educativa sin que nadie se sienta perdedor, al contrario, fortalecido para asumir con mucho compromiso lo que resta de la gestión escolar, en beneficio de los estudiantes de toda nuestra amada Bolivia; caso contrario, se avizoran más conflictos sociales. Los caminos opuestos demostrados hasta ahora deberán ser reencaminados para el bien común de una educación para todos, sin que nadie se sienta excluido.
Luis Alberto Callapino López es Magister en Políticas de Formación Docente