Desde su fundación en 1826 la Policía Boliviana tuvo un lento desarrollo Institucional debido a muchos factores, siendo el principal el político, que se profundizó en los gobiernos autoritarios, centralistas, militares y absolutistas, los que utilizaron a la Policía como un ente represivo de persecución política, creando inclusive instituciones civiles paralelas que solo profundizaron la percepción negativa de la ciudadanía. Sin embargo, gracias a iniciativas como las del Cnl. Pablo Caballero en 1973, se hizo posible un desarrollo institucional visible en educación, salud e infraestructura, pero que no tuvo continuidad por sus sucesores.

Con la recuperación de la Democracia en la década de los años 80, la Policía estrena su Ley Orgánica, sancionada por el Honorable Congreso Nacional el 21 de Marzo de 1985, normativa que dio la esperanza de un verdadero desarrollo institucional. Sin embargo, con el pasar de los años y la poca o nula atención de los Gobiernos de turno, muchas funciones y atribuciones quedaron estancadas.

La Constitución Política del Estado fue reformada y abrogada en varias épocas de nuestra historia, sin embargo el Régimen referente a la Policía conservó su texto de forma inalterable, al punto de que en la nueva CPE de 2009, pese a los intentos de cambiar el Régimen de la Policía, no se logró este cometido.

Con este panorama, el modelo de Policía Gubernamental que tuvo su origen en la vieja Europa en el siglo XIX y mitad del siglo XX durante la monarquía, en este régimen la Policía obedecía órdenes del Rey, actuaba bajo su interés y era utilizada como un instrumento coercitivo para someter al pueblo durante su reinado. Este mismo modelo fue transferido a América Latina e incorporando a sus constituciones de diferentes maneras, con esta acción el modelo permitía desde el marco normativo utilizar a la Policía bajo intereses políticos partidarios antes de velar por el interés social, siendo un instrumento de poder para los gobiernos liberales y neoliberales. Este modelo actualmente ya quedó caduco en América Latina, debido a que la mayoría de los Estados incorporaron la división de Poderes, cuyo objetivo es la libertad e independencia.

Bolivia no fue la excepción, ya que el Art. 251 al 54 (Régimen de la Policía) así como el Art. 172 inc. 18 y 19 (Atribuciones Órgano Ejecutivo) establecen la dependencia de la Policía al Poder Ejecutivo, que se profundizó en los últimos años debido a decisiones en sentido de reducir las funciones y atribuciones de la Policía con el pretexto de una reforma, descuidando por completo el área de educación, salud, vivienda, equipamiento e infraestructura vital para el desarrollo Institucional.

Por lo expuesto, frente a la situación actual que vive el país con una emergencia sanitaria (COVID-19) y la proximidad de las elecciones generales, existe la imperiosa necesidad de un cambio de modelo de “Policía Gubernamental” a un modelo de “Policía Profesional Especializada”, de aproximación ciudadana comunitaria, que responda al interés social antes que al interés político, de tal forma que el Gobierno que sea elegido democráticamente tenga la voluntad política de reformar el Régimen de la Policía de la actual CPE, requisito indispensable para una nueva Ley Orgánica de la Policía y demás normativas internas que permitan una verdadera reforma Institucional y, por consiguiente, un desarrollo real acorde a las necesidades y exigencias de la Policía Boliviana.

Cnl. Juan Manuel Quinteros Portillo es abogado y docente de postgrado