Voces

jueves 22 oct 2020 | Actualizado a 08:57

Recursos para propaganda

Es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a medidas de biodiversidad

Por La Razón

/ 1 de julio de 2020 / 06:43

En un nuevo y muy valioso acuerdo entre las principales fuerzas políticas rumbo a las elecciones generales del 6 de septiembre, el TSE logró que los recursos del “Fortalecimiento público”, esto es, para propaganda electoral, sean destinados a equipamiento de bioseguridad para los comicios. El hecho debe expresarse en una ley. Y corresponde al Ejecutivo asignar un presupuesto adicional.

La adopción del Fortalecimiento público como financiamiento público indirecto es una innovación relevante incluida en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP, 2018). Supone destinar recursos para el acceso a medios de comunicación en procesos electorales, y también para fines de formación y capacitación en años no electorales. Alcanza a las elecciones generales y, por tanto, beneficia solo a los partidos. Se estrenó en las elecciones de octubre de 2019. Y debió regir en los comicios de este año.

El modelo mixto de financiamiento (privado con excepciones y público indirecto) incluido en la LOP constituye un avance en la materia. Debe recordarse que el gobernante MAS decidió unilateralmente el año 2008 eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas. Así, en la región, únicamente Bolivia y Venezuela dependían de manera exclusiva del financiamiento privado. Hay un amplio debate al respecto. Lo fundamental es generar mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En el actual contexto de crisis sanitaria, que agrava la crisis político-institucional y anticipa una severa crisis socioeconómica, ciertamente es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a las medidas y protocolos de bioseguridad que anuncia el TSE para las diferentes fases del proceso electoral, en especial la jornada de votación del domingo 6 de septiembre. En ello han coincidido las diferentes fuerzas políticas. Son Bs 35 millones que ya no se destinará a propaganda electoral.

Claro que no basta que los partidos políticos (empezando por el MAS, que era el más favorecido) renuncien a estos recursos de financiamiento estatal. Es fundamental también que los millonarios recursos para propaganda gubernamental, que en este caso benefician directamente a la presidenta-candidata Áñez, sean destinados a mitigar los efectos de la pandemia. Es pésima señal usar dinero público para promocionar la imagen de una candidatura, como lo hacía en grado superlativo el expresidente Morales.

En relación al Fortalecimiento público, debe destacarse que la decisión impulsada por el TSE sea suspenderlos por esta única vez, y no eliminarlos de manera definitiva. En el difícil camino de superar la crisis de representación política en el país, el fortalecimiento de las organizaciones políticas, junto a su democratización interna, son aspectos fundamentales para la democracia representativa. Y ojalá que, en estos comicios, la propaganda ceda el paso a las propuestas y el debate público.

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Del TREP al Direpre

Se reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región.

Por La Razón

/ 21 de octubre de 2020 / 03:02

La tensión y la larga espera la noche del domingo plantean la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema seguro, rápido y confiable de resultados preliminares. La caída del Direpre anunciada por el TSE pocas horas antes de los comicios fue un gran retroceso. La certidumbre sobre el resultado no puede estar a merced de empresas privadas y medios de comunicación.

Desde la transición a la democracia, el sistema electoral boliviano ha privilegiado la seguridad por encima de la celeridad. Así, el cómputo oficial de votos, basado en actas físicas, puede tardar hasta una semana. Eso era aceptable el siglo pasado. Pero ahora resulta un exceso, además de un factor de riesgo, que la noche de la votación sean empresas encuestadoras, y no el organismo electoral, quienes nos brinden datos no oficiales. Se trata de un componente clave para la integridad electoral.

Durante casi cuatro décadas, la democracia en el país no supo dotarse de un sistema para agregar y proporcionar resultados preliminares. Eso cambió en 2016, en el referéndum constitucional, cuando por primera vez el TSE implementó un “sistema de aseguramiento de actas”. El sistema, luego bautizado como TREP, permitía contar con imágenes y datos de las actas desde las propias mesas de sufragio. Sobre esa base se proporcionaban resultados preliminares, a la espera del cómputo oficial.

Dicho sistema funcionó como factor de seguridad y de confianza, sin cuestionamientos, en el referéndum 2016, las elecciones judiciales 2017 y más de una treintena de referendos departamentales y locales sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Se trató sin duda de un gran avance para dar información oficial, con carácter informativo, la misma noche de los comicios. Se utilizó también en las fallidas elecciones del año pasado, hasta la imperdonable decisión de suspender la difusión de datos.

En marzo de este año, el TSE informó formalmente que se contaría con un nuevo sistema: el Direpre (Difusión de Resultados Preliminares), cuyo diseño fue encargado a una empresa británica. El sistema debía estrenarse en la votación del 3 de mayo, luego postergada tres veces. La innovación fue ampliamente respaldada. Pero no funcionó: primero se decidió no difundir imágenes de las actas y un día antes de la votación se lo canceló. Quedamos así sin resultados preliminares, lo cual es un lamentable retroceso.

El espectáculo que dieron varios canales de televisión el domingo con la proyección de resultados de Ciesmori y Tu voto cuenta, cuyos datos finalmente se difundieron a medianoche bajo presión, reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región. Es importante, pues, que el Órgano Electoral haga su trabajo para que tanto la seguridad como la celeridad, que no son excluyentes, sean parte de nuestro sistema democrático.

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El día después

Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

Por La Razón

/ 19 de octubre de 2020 / 06:52

Aunque no eran pocos quienes apostaban a un final de jornada con inestabilidad y cual agoreros afirmaban que estaban listos para enfrentar la violencia, la votación ayer fue, como ya es tradición en Bolivia, ejemplar y con una masiva asistencia de las y los electores; la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Rápidos (Direpre) fue seguramente el hecho más inesperado del día.

En efecto, aunque hasta el momento de escribirse estas líneas era imposible señalar siquiera cuál de los candidatos llevaba ventaja sobre el resto, sí se hizo posible afirmar que la gran victoria fue para la democracia, pues la ciudadanía asistió a votar y en muchos casos a vigilar el desarrollo de los comicios hasta el conteo de votos y firma del acta. La gran innovación este año estuvo en que en muchas mesas de sufragio hubo muchas personas tomando fotografías del acta.

El interés de muchas y muchos ciudadanos en tener un registro propio del acta tiene varias explicaciones, todas ellas relacionadas: por un lado queda la susceptibilidad producida por la narrativa del fraude, que vincula el sistema de Transmisión Rápida de resultados Parciales (TREP) con la alteración de resultados, pese a que siempre se supo que lo exhibido en este sistema no tenía carácter vinculante.

Precisamente por ello, uno de los mayores empeños del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvo en rediseñar dicho sistema, tarea que produjo el sistema Direpre, cuyas bondades y fortalezas fueron señaladas con insistencia, no obstante de lo cual fue súbitamente suspendido pocas horas antes de iniciarse la votación. Tareas que “no podían ejecutarse y era preferible dejarlas” fue la razón esgrimida por el presidente del TSE para esa decisión, que contra lo que se esperaba, produjo un evidente alivio en los diferentes actores políticos, con la clara excepción de Creemos, la agrupación que empujó al expresidente del Comité Civico pro Santa Cruz a la candidatura.

La otra novedad fueron las enormes filas en muchos recintos de votación de las ciudades. Las medidas de bioseguridad para evitar en lo posible los contagios de COVID-19 implicaron distancia social y distribución de las y los votantes por horario según la terminación de la cédula de identidad. Una vez más, la población votante del país demostró que existe disciplina a la hora de ejercer el derecho, que a la vez es deber, de elegir.

Queda, como ha pedido el presidente del TSE al anunciar el sábado la suspensión del Direpre, paciencia para conocer los resultados finales del cómputo, única fuente oficial para publicitar el resultado final de la elección. Mientras tanto, también cabe esperar templanza de los líderes políticos para aceptar el resultado sea cual fuere y, sobre todo, para calmar los ánimos de las bases en la eventualidad de la derrota. Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

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Hoy elegimos

En un escenario de crisis múltiple, polarización política exacerbada y alta incertidumbre, las y los bolivianos tenemos hoy una importante cita con la democracia.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2020 / 21:59

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Desorden estatal

No se puede seguir erosionando la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y el imprescindible acatamiento de las autoridades a las leyes que nos rigen a todos.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2020 / 03:57

Aunque la actual gestión gubernamental está en su fase menguante, no es admisible el espectáculo de desorden, descoordinación y abierto conflicto que se observa en varias acciones y situaciones en estos días. No se puede seguir erosionando la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y el imprescindible acatamiento de las autoridades a las leyes que nos rigen a todos.

En esta semana se está produciendo un nuevo “choque de trenes” entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a la promulgación de algunas normas y la censura a varias figuras del gabinete. Más allá de las razones de fondo de tales controversias, sobre las cuales quizás hay razones válidas que podrían argumentar sus protagonistas en un lado y el otro, lo preocupante es el espectáculo de ausencia de diálogo, de coordinación y de respeto por las formas en la manera como se están desenvolviendo estos conflictos.

De igual manera, es preocupante la cantidad de renuncias y renovaciones de altas autoridades de Estado faltando semanas para la transición hacia un nuevo gobierno, cuyo objetivo no parece evidente en un momento en el que lo prioritario es preparar la entrega ordenada de grandes asuntos a las autoridades que serán elegidas. Algunas de ellas, además, operadas en medio de controversias y hasta episodios insólitos, como los acontecidos en la Procuraduría hace unas semanas y ahora en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La institucionalidad estatal, tan necesaria en estos tiempos de incertidumbre, no se construye únicamente con normas impecables y diseños constitucionales exquisitos, sino sobre todo con prácticas, actitudes y el respeto de ciertas formas. Cuando estas últimas se rompen o no importan, suele ser una señal de disfuncionamientos aún más graves al interior de las instituciones.

¿Cómo exigir a la ciudadanía común y corriente respeto y acatamiento a las decisiones del Estado si los propios altos dignatarios confunden, a veces, autoridad con prepotencia o si no hay códigos de respeto y cumplimiento de las normas básicas en las altas esferas de decisión?

A todas luces es desaconsejado no ser críticos ante la desmesura o a un “todo vale” justificado en la confrontación política de este momento de transición. La preocupación de fondo es que en ese trajín de pugna por el poder en detrimento de la búsqueda del bien común estamos perdiendo todos y haciendo más difícil la resolución de los problemas urgentes que hoy aquejan al país, que sigue bajo la emergencia sanitaria. Estamos, lamentablemente, llegando al punto de pedir a algunas autoridades ya no una gestión a la altura de las actuales circunstancias, sino un mínimo de compostura.

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Resultados preliminares

El único resultado oficial es el que proviene del cómputo de actas a cargo de las y los vocales de los TED.

Por La Razón

/ 16 de octubre de 2020 / 10:10

En vísperas de la elección del domingo 18, uno de los temas centrales en el debate público es el de la Difusión Rápida de Resultados Preliminares (Direpre), procedimiento de publicación de datos que en 2019 llevaba el nombre de Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), y que fue fuente de las sospechas que llevaron a declarar un todavía no demostrado fraude electoral.

La principal observación ha sido a la decisión de eliminar la publicación de las fotografías de las actas que los jurados electorales elaboran al concluir el conteo de votos en cada una de las mesas. Quienes observan esta decisión, encabezados por los voceros del Movimiento Al Socialismo (MAS), creen que eso le quita transparencia.

El argumento, enarbolado en varias ocasiones y en una carta enviada por el expartido gobernante a las “misiones de observación internacional” y los “organismos internacionales”, es que el no mostrar las actas en el Direpre impide hacer observaciones antes de que el procedimiento de registro final de resultados precluya y sea imposible hacer cambios o enmiendas a ese conteo.

A simple vista, la observación es razonable, al punto que una de las personas que con mayor esfuerzo trató de demostrar el supuesto fraude de 2019, el ingeniero informático que denunció la manipulación de los servidores del TREP, terminó coincidiendo plenamente con la vocera del MAS. Sin embargo, tanto las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el equipo técnico electoral enviado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a fines de 2019 para ayudar a reconstruir la institucionalidad del Órgano Electoral han explicado que este extremo es falso.

En efecto, la Vicepresidenta del TSE, en entrevista con el programa Piedra, papel y tinta que produce La Razón y difunde a través de su sitio web, ayer aclaró detalladamente las razones por las que se adoptó la decisión: por una parte, porque ningún país donde exista un sistema de difusión de resultados preliminares muestra las actas; por otra, porque el mostrar esas actas fue el punto de partida de las sospechas de fraude que terminaron con la anulación de las elecciones de 2019.

Finalmente, se aclaró que no hay posibilidad de alteración de actas o de aprobación de actas fraudulentas porque tanto en el conteo en las mesas de votación, como en el procedimiento de cómputo a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), todas las fuerzas políticas en competencia tendrán delegados que se asegurarán, precisamente, de evitar cualquier irregularidad con las actas.

Estamos, pues, ante una suerte de fetichización de un procedimiento que en rigor es solo indicativo, pues el único resultado oficial es el que proviene del cómputo de actas a cargo de las y los vocales de los TED. Es inevitable percibir algo de mala intención en las críticas, y si bien es comprensible en tiempos de pugna electoral, es poco saludable para la institucionalidad democrática del país, tan severamente afectada desde hace un año.

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