Voces

sábado 4 jul 2020 | Actualizado a 22:27

Recursos para propaganda

Es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a medidas de biodiversidad

/ 1 de julio de 2020 / 06:43

Por La Razón

En un nuevo y muy valioso acuerdo entre las principales fuerzas políticas rumbo a las elecciones generales del 6 de septiembre, el TSE logró que los recursos del “Fortalecimiento público”, esto es, para propaganda electoral, sean destinados a equipamiento de bioseguridad para los comicios. El hecho debe expresarse en una ley. Y corresponde al Ejecutivo asignar un presupuesto adicional.

La adopción del Fortalecimiento público como financiamiento público indirecto es una innovación relevante incluida en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP, 2018). Supone destinar recursos para el acceso a medios de comunicación en procesos electorales, y también para fines de formación y capacitación en años no electorales. Alcanza a las elecciones generales y, por tanto, beneficia solo a los partidos. Se estrenó en las elecciones de octubre de 2019. Y debió regir en los comicios de este año.

El modelo mixto de financiamiento (privado con excepciones y público indirecto) incluido en la LOP constituye un avance en la materia. Debe recordarse que el gobernante MAS decidió unilateralmente el año 2008 eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas. Así, en la región, únicamente Bolivia y Venezuela dependían de manera exclusiva del financiamiento privado. Hay un amplio debate al respecto. Lo fundamental es generar mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En el actual contexto de crisis sanitaria, que agrava la crisis político-institucional y anticipa una severa crisis socioeconómica, ciertamente es una buena decisión destinar los recursos del fortalecimiento público a las medidas y protocolos de bioseguridad que anuncia el TSE para las diferentes fases del proceso electoral, en especial la jornada de votación del domingo 6 de septiembre. En ello han coincidido las diferentes fuerzas políticas. Son Bs 35 millones que ya no se destinará a propaganda electoral.

Claro que no basta que los partidos políticos (empezando por el MAS, que era el más favorecido) renuncien a estos recursos de financiamiento estatal. Es fundamental también que los millonarios recursos para propaganda gubernamental, que en este caso benefician directamente a la presidenta-candidata Áñez, sean destinados a mitigar los efectos de la pandemia. Es pésima señal usar dinero público para promocionar la imagen de una candidatura, como lo hacía en grado superlativo el expresidente Morales.

En relación al Fortalecimiento público, debe destacarse que la decisión impulsada por el TSE sea suspenderlos por esta única vez, y no eliminarlos de manera definitiva. En el difícil camino de superar la crisis de representación política en el país, el fortalecimiento de las organizaciones políticas, junto a su democratización interna, son aspectos fundamentales para la democracia representativa. Y ojalá que, en estos comicios, la propaganda ceda el paso a las propuestas y el debate público.

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Seguiremos vigentes

Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad.

/ 3 de julio de 2020 / 20:18

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo mundial en general, y los medios impresos, en particular, han enfrentado la más dura crisis de la historia, fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos hasta ponerlos en el límite de lo sostenible.

Los diarios La Razón y Extra no han sido la excepción. Desde hace mucho tiempo la administración de la empresa editora de ambos medios, como es de conocimiento general, ha realizado grandes esfuerzos para mantener la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo desde marzo de este año ambos medios nos vimos severamente afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad los servicios periodísticos y editoriales. No obstante, con mucho esfuerzo, ambos medios hemos seguido brindando información completa y oportuna al público lector.

En este contexto, nos hemos visto obligados a acelerar los planes de transformación para hacer frente al más grande desafío de nuestra historia. Después de una agresiva reducción de costos operativos, la administración inició un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación entramos días atrás en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que una parte importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados y a las nuevas circunstancias de los medios de comunicación masiva.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, la empresa se vio obligada a acogerse a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por las leyes vigentes, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos periódicos de trascendencia y liderazgo nacional, y para resguardar tantas fuentes de trabajo como sea posible, viéndose obligada sin embargo a concluir la relación laboral con una parte del personal. El proceso ha sido muy duro y ha causado dolor y desazón, no solo en quienes se van, sino en quienes han tenido que hacerse cargo de la ingrata tarea.

No obstante, una vez más La Razón reafirma su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y, sobre todo, la misión social expresada en su tarea periodística, como ha venido haciendo en estos casi treinta años de vida. Agradecemos a todas las personas que han sido parte de este diario a lo largo de su historia y que le han dado su identidad y su personalidad, pero especialmente a quienes han cargado en sus hombros la grave crisis que nos ha traído a este punto. Seguiremos vigentes, porque nuestro compromiso con la libertad de expresión no se agota.

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COMUNICADO

La Razón y Extra reafirman su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y el equilibrio en nuestra tarea informativa, como lo hemos hecho en estos treinta años de vida institucional.

/ 1 de julio de 2020 / 23:34

Por La Razón

En estos últimos años el periodismo impreso mundial ha enfrentado la más dura crisis de la historia fruto de la transformación tecnológica que ha acelerado la caída de la venta de ejemplares y, por tanto, la reducción y la no monetización de la publicidad, que afectaron seriamente sus ingresos.

Los periódicos La Razón y Extra no fueron la excepción, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, como es de conocimiento general, desde marzo del presente año adicionalmente se vieron afectados por la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19 y la consecuente cuarentena, que paralizaron casi en su totalidad sus servicios periodísticos; no obstante, con mucho esfuerzo siguen cumpliendo con sus lectores.

En este contexto, La Razón y Extra se han visto obligados a acelerar el plan de transformación para hacer frente al más grande desafío de su historia. Después de una agresiva reducción de costos empezamos con un plan de desvinculación voluntaria al amparo de la normativa laboral en vigencia, al que se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación entramos en la segunda fase, consistente, nuevamente de forma voluntaria, en que un porcentaje importante de nuestro personal continúe trabajando bajo nuevas condiciones, acordes a los desafíos planteados.

Habiendo concluido con las dos primeras fases del plan de transformación, y debido a la insostenible situación financiera, nos vemos obligados a acogernos a la figura legal de “fuerza mayor”, reconocida por el ordenamiento jurídico vigente, con el objetivo de precautelar el bien mayor, que es la sobrevivencia de estos dos prestigiosos periódicos de trascendencia nacional para resguardar fuentes de trabajo, para rescindir contratos de una parte del personal.

Una vez más, La Razón y Extra reafirman su compromiso con la sociedad boliviana de mantener la seriedad, el cumplimiento de las normas en vigencia y el equilibrio en nuestra tarea informativa, como lo hemos hecho en estos treinta años de vida institucional. Al mismo tiempo, agradecen el trabajo de quienes fueron un aporte importante en los últimos años. Gracias, seguiremos vigentes.

La Paz, 1 de julio de 2020

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Petroquímica

Las y los chaqueños evitaron la desaparición de un proyecto muy caro a sus anhelos.

/ 29 de junio de 2020 / 06:19

Por La Razón

La semana pasada, el Gobierno anunció un ambicioso plan para reactivar la economía, especialmente en los sectores más afectados por la pandemia y posterior cuarentena provocada por el COVID-19; el conjunto de medidas sería financiado a través de varias fuentes, entre ellas el dinero presupuestado, pero no ejecutado, para la construcción de una planta de petroquímica en el Chaco.

El solo anuncio de que los recursos, en total Bs 13.880 millones, otorgados a YPFB en 2016 en forma de crédito del Banco Central de Bolivia (BCB) serían desviados de su propósito original activó alarmas en el Chaco, especialmente entre organizaciones cívicas y sociales, además de algunos gobiernos locales. El Gobierno, además, sabía que para lograr tal propósito necesitaría una ley expresa, probablemente difícil de aprobar en una Asamblea Legislativa controlada por el MAS.

Así, el Ministro de Desarrollo Productivo más tardó en anunciar esa fuente de financiamiento que en retirar la iniciativa, manifestando que esa cifra será recaudada a través de la emisión de bonos y créditos externos, ambas eficaces medidas para obtener dinero, pero también para incrementar la deuda externa del país.

La polémica tanto como resistida iniciativa tiene entre sus antecedentes inmediatos el hecho de que autoridades del Gobierno transitorio, apoyadas en opiniones de expertos, ya pusieron reparos al proceso de estudios previos a la contratación de los servicios de diseño y construcción de la planta destinada a producir plásticos a partir de los líquidos obtenidos del gas natural en la planta de Gran Chaco.

Antes de eso, el anterior gobierno había iniciado en agosto dicho trámite, luego de que en 2017 el proceso hubiese quedado trunco debido a “errores administrativos” en la convocatoria, selección y contratación de una empresa italiana interesada en el trabajo de diseño y construcción. Es posible que algunos de esos errores hubiese tenido que ver con brechas legales y técnicas que hubiesen posibilitado actos corruptos.

Al final del día, el resultado es que el gobierno que hizo de su bandera la promesa de industrialización endógena de los recursos naturales que hasta hoy siguen siendo exportados en calidad de materia prima, no logró cumplir esa promesa en muchos casos. En aquellos que sí, el Gobierno transitorio parece decidido a demostrar que no son viables o rentables, en vieja y conocida receta para luego recomendar su privatización, a fin de que “la mano invisible” los conduzca a su éxito.

Queda mucho por decir acerca de los otros aspectos del plan gubernamental, que se anuncia a menos de tres meses de las elecciones que podrían sacar a las actuales autoridades del poder antes de fin de año; así como permanece la idea de que las y los chaqueños evitaron la desaparición de un proyecto muy caro a sus anhelos, pero que sigue siendo nada más que una promesa en espera de voluntad y capacidad para hacerlo realidad, así como de condiciones para su éxito.

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Calendario electoral

El TSE anunció la adopción de protocolos específicos, en especial durante el día de votación, así como varias medidas de bioseguridad.

/ 28 de junio de 2020 / 07:10

Por La Razón

En cumplimiento de la Ley N° 1304, promulgada por la presidenta-candidata Áñez, el TSE aprobó la resolución con las nuevas fechas del calendario electoral. Se formaliza así el 6 de septiembre como fecha de votación. Es una necesaria señal de certidumbre, aunque es evidente que algunas fuerzas están empeñadas peligrosamente en evitar los comicios y desacreditar al organismo electoral.

La resolución de la Sala Plena del TSE, en su condición de máxima autoridad en materia electoral del país, traza la ruta electoral en sus diferentes fases hasta la posesión de las autoridades electas. Ello debiera cerrar el debate inconducente sobre la fecha de votación. Hoy el reto mayor radica en que todos los órganos del poder público, las organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto se concentren en asegurar un proceso seguro y participativo.

De acuerdo al calendario publicado por el TSE, las actividades se reanudan esta misma semana con la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Luego, en la tercera semana de julio, hay dos plazos fundamentales: la sustitución de candidaturas por renuncia y la campaña en actos públicos. En agosto, en tanto, se prevé el sorteo para la selección de jurados electorales y la difusión de propaganda en medios de comunicación. El siguiente hito es el domingo 6 de septiembre, con la jornada electoral.

El calendario prevé también la eventualidad de una segunda vuelta electoral, prevista para el domingo 18 de octubre, así como la fecha de posesión del binomio presidencial y de los asambleístas electos. Apenas 48 horas después de dicha posesión el TSE debe convocar a los comicios subnacionales para la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales, a realizarse en el primer trimestre del 2021. La ruta electoral, pues, está definida. Y es bueno para la gobernabilidad y la paz social.

Respecto a la preocupación colectiva de un proceso electoral en medio de la pandemia, el TSE anunció la adopción de protocolos específicos para actividades relevantes, en especial durante el día de votación, así como varias medidas de bioseguridad. Cuenta para ello con buenas prácticas y el apoyo de organismos internacionales. Ello es fundamental para brindar confianza a la ciudadanía y conciliar su derecho a elegir con su derecho a la salud. Claro que se trata de una responsabilidad compartida.

Pero el camino al 6 de septiembre está lejos de ser llano. Más allá de la emergencia sanitaria, algunas fuerzas con escasas posibilidades de ganar las elecciones buscan frenarlas y golpear su legitimidad. Peor todavía: están en campaña contra el presidente del TSE, Salvador Romero, para bloquear la ruta electoral. Es una apuesta deplorable y riesgosa. La clausura de salidas democráticas y pacíficas a la crisis puede conducir a escenarios impredecibles, muy críticos, de violencia y derivas autoritarias.

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Confianza en los magistrados

Las y los magistrados se han mostrado más preocupados por la administración del poder de ese Órgano constitucional que por hacer justicia

/ 26 de junio de 2020 / 06:42

Por La Razón

Posesionados en enero de 2018, después de la segunda elección de autoridades del Órgano Judicial, las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han mostrado más tropiezos que avances en su labor y casi ninguna capacidad para crear e implementar políticas institucionales que devuelvan la credibilidad en la justicia boliviana. Días atrás volvieron a mostrar malas señales.

La semana pasada una reunión de la Sala Plena del TSJ concluyó con su entonces Presidenta sufriendo una “descompensación” causada por una situación de mucho estrés, según declaró su médico, quien le recomendó reposo absoluto, lo cual le impidió asistir a la sesión del día siguiente. Es muy probable que la situación estresante haya sido el acto de interpelación que le hicieron sus colegas magistrados el jueves 18.

El fundamento de la unánime crítica, según informó el diario capitalino Correo del Sur, fue la poca capacidad de ejecución de Cristina Díaz, la Presidenta electa el 15 de noviembre de 2019, luego de la renuncia del entonces titular. El viernes la Sala Plena decidió retirarle su confianza y días después, el martes último, eligió como nuevo Presidente al magistrado Olvis Egüez. Se trata del tercer Presidente del Judicial en menos de dos años y medio de gestión.

El día que se decidió su reemplazo por el magistrado cruceño, la destituida denunció en conferencia de prensa una “maquinación” de sus colegas en su contra y anunció que se defenderá en estrados nacionales e internacionales. La afectada habló de una “intención desmedida y profana de hacerse el poder que representa la presidencia del TSJ” y afirmó que “las maquinaciones y actuaciones” de sus pares “ingresaron al ámbito de la ilegalidad”.

Las críticas de los magistrados a su entonces presidenta y la precipitada decisión de retirarle su confianza, que deriva en la cesación automática de la autoridad, vienen precedidas, recordó el citado matutino sucrense, de una declaración de Díaz, semanas atrás, afirmando que el Judicial es un Órgano independiente y que no recibe instrucciones del Ejecutivo.

Si bien es difícil negar que el Judicial se mostró incluso menos activo que antes desde el forzado reemplazo de primer mandatario del país, tampoco es fácil afirmar que la situación vaya a cambiar en lo inmediato, al menos para bien. Las y los magistrados se han mostrado, con la ayuda de su destituida expresidenta, como más preocupados por la administración del poder de ese Órgano constitucional que por hacer justicia.

Abonan, de esta manera, al tantas veces lamentado estado de postración del sistema de justicia boliviano, que desde hace décadas es acusado de estar al servicio de intereses parciales, habitualmente afines al gobierno, y se muestran poco proclives a combatir el mal de raíz. En el camino, no solo hacen daño a su imagen y reputación como hombres y mujeres de leyes, sino que, en tanto autoridades electas, muestran el peor rostro de la más importante institución de justicia en Bolivia.

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